Mientras en México el calderonato busca estigmatizar, discriminar y criminalizar a los transmigrantes del sur, por medio de nuevas normas que violan los derechos humanos y el derecho a la libertad y la justicia, en Estados Unidos los hispanos, epíteto que intenta desdibujar la riqueza cultural latinoamericana, enfrentan la retórica y propaganda antiinmigrante y las recientes medidas antiinmigratorias internas, corolario del debate sobre la inmigración indocumentada.
Acorde con el reciente reporte del Pew Hispanic Center, 2007 National Survey of Latinos: As Illegal Immigration Issue Heats Up, Hispanics Feel a Chill, más de la mitad de los hispanos adultos está preocupado por ser deportado personalmente, por algún miembro de su familia o amigo cercano; dos tercios considera que el fracaso de la reforma migratoria ha hecho su vida más difícil; la gran atención en el tema inmigratorio ha tenido efectos negativos, los cuales incluyen dificultades para encontrar trabajo o casa, menos posibilidades de usar servicios gubernamentales o viajar al exterior, y más probabilidades de que les pidan sus documentos que prueben su estatus migratorio.
Actualmente, los hispanos son la minoría más grande de Estados Unidos; representan el 15.5. por ciento de la población total, 47 millones. Un cuarto de los adultos son inmigrantes no autorizados y muchos llegaron a ese país a partir de los setenta. Asimismo, en los dos últimos años el Congreso estadounidense ha tratado de aprobar una legislación comprehensiva para resolver la inmigración indocumentada, sin conseguirlo.
En ese contexto, los gobiernos federal, estatales y locales están presionando con cientos de leyes, regulaciones y procedimientos contra los inmigrantes indocumentados que incluyen deportaciones, redadas en empresas y fábricas, y restricciones sobre licencias de conducir y otros beneficios y servicios gubernamentales. Una batalla en la que el Congreso y la campaña presidencial hacia el 2008 también juegan un papel importante.
Tres actores, Congreso, gobiernos (federal, estatales y locales) y campaña electoral, que están alimentando, quiérase o no, al movimiento antiinmigrante que se ha instalado en la política estadounidense, más allá del control de cualquier individuo u organización. Adicionalmente, algunas instancias (Think Tanks) líderes en políticas públicas en Washington, DC, que promueven medidas restrictivas, están definiendo la agenda de las fuerzas antiinmigrantes y de los políticos.
El reporte encuentra zozobra, miedo y preocupación entre los hispanos ante el escalamiento de la polémica y las acciones antiinmigrantes, muchas de las cuales están tendiendo a convertirse en un movimiento antihispano. Entre los hispanos, el 75 por ciento desaprueba las redadas; un 79 por ciento rechaza que la policía local tenga atribuciones sobre la inmigración indocumentada, y un 55 por ciento se opone a que en los estados se verifique el estatus migratorio de quienes solicitan licencias para conducir.
La población no-hispana apoya todas esas medidas, además de que aprueban las redadas y la verificación del estatus migratorio. Adicionalmente, entre la comunidad hispana hay grandes desacuerdos: muchos hispanos nacidos en Estados Unidos favorecen dichas disposiciones, respecto a los nacidos en el extranjero. Además, los primeros no resienten un impacto negativo personal respecto a los segundos en cuanto al tema inmigratorio. Los hispanos que no son ciudadanos se sienten más vulnerables que los ciudadanos.
El estudio comentado da cuenta de un medio en el que el movimiento antiinmigrante parece tener un impacto decisivo en las percepciones y sentimientos de los hispanos inmigrantes indocumentados. En el caso de los mexicanos, se comparten esas apreciaciones, además de que la postura del calderonato no pasa de ser retórica y propaganda, lo cual está muy lejos de convertirse en una postura política frente al gobierno estadounidense.
Al clima antiinmigrante, hay que agregar la reciente aprobación, por parte de la Cámara de Representantes, de mil 600 millones de dólares para seguridad fronteriza que incluyen la construcción de 595 kilómetros de vallas en la frontera, y la implementación de otras medidas con tecnología de punta y barreras vehiculares en 1,126 kilómetros.
