Elecciones, candidatos y migrantes

Las elecciones presidenciales, tanto en México como en Estados Unidos, se mueven de formas caprichosas. En nuestro país, cuatro candidatos arremeten mediáticamente contra los ciudadanos, pero en dos casos el guión ya está trazado, por lo que los monopolios televisivos, radiofónicos y periodísticos están a su servicio sin rubor.

Desde mi punto de vista, en la Internet es donde se están dando batallas más interesantes, pues el compromiso de algunos ciudadanos y la zalamería de otros que suponen estar en los medios tradicionales, protagonizan duelos abiertos y sin tapujos. La libertad en la red de redes alienta movilizaciones y críticas virtuales de gran potencia.

En Estados Unidos las batallas están comenzando. Definido el candidato republicano, el presidente Obama está dirigiendo parte de su batería electoral a un individuo cuyas posturas radicales favorecen al establishment y las fuerzas antiinmigrantes. El presidente Obama busca el voto latino y al blanco clasemediero para refrendar su mandato.

Como parte de la batalla electoral en Estados Unidos, la reforma migratoria comprehensiva regresa a la arena política, pero en esta ocasión con profundas divisiones entre el electorado y un activismo pro y antiinmigrante creciente. Esta semana se discute en la SCJN la ley SB1070 y sus resultados incidirán en el uso político de la reforma migratoria.

En México ninguno de los candidatos presidenciales ha tocado el tema de la migración mexicana seriamente. El abanderado de las izquierdas señaló que si gana Obama, la reforma migratoria tendría el camino despejado, pero parece ser retórica pura, pues el tema migratorio es abordado de manera particular en Estados Unidos.

Asimismo, el embajador de México en ese país afirmó, no sin razón, que de haber reforma migratoria no sería fruto de un acuerdo entre países y gobiernos, pues la visión estadounidense refrenda el tema inmigratorio como un asunto estrictamente doméstico, en el que la opinión de los países expulsores de migrantes no cuenta.

Tampoco ningún candidato ha mencionado el tema de los transmigrantes y el tráfico de personas que está asociado al movimiento masivo de personas de allende nuestra frontera sur que busca alcanzar territorio estadounidense. Mientras los defensores de los derechos de los migrantes son amenazados, los candidatos guardan silencio.

En ambos países, los temas económicos dominan las campañas. El lento crecimiento de la economía estadounidense, los vaivenes del mercado laboral, son asuntos destacados en las mediciones de la opinión pública en ese país. El reciente estudio del Pew Hispanic Center que refrenda la interrupción de la migración mexicana, tendrá buen uso político.

Con todo, la nueva promesa sobre la reforma migratoria todavía no consigue entre los latinos una postura definitoria. En estos cuatro años lo que se profundizó fue la política inmigratoria que el ex–presidente Bush reforzó a raíz de los ataques terroristas de 2001. Las deportaciones de mexicanos y otros indocumentados siguen al alza.

El tema en el que coincide plenamente el actual gobierno panista, y de seguro la abanderada del PAN refrendará, es la seguridad en la frontera de ambos países, donde la inmigración indocumentada juega un papel, y cuyas implicaciones para la migración mexicana y la transmigración pueden ser graves, pues podría reforzar a la delincuencia organizada.

La inseguridad en las fronteras México-Estados Unidos y México-Centroamérica, es de particular interés geopolítico para la nación allende el Bravo. La migración y la transmigración son parte de la política estadounidense como tema de seguridad doméstica, pero en nuestro país apenas se discuten abiertamente.

Como era de esperarse, el reciente estudio del Pew Hispanic Center ya está siendo usado políticamente por el gobierno mexicano, que afirma que el empleo en México ha llevado a la migración mexicana a tasa cero. Desde mi punto de vista, esta descarada manipulación tiene el fin de ocultar el desastre nacional.

En Estados Unidos el tema migratorio estará presente en el debate electoral, en parte como promesa para reconquistar los votos latinos y en parte como reforzamiento del activismo antiinmigrante. En México, el desplazamiento de las personas no es motivo de interés para el discurso y las propuestas de cuatro candidatos presidenciales.

Desde mi punto de vista, quien gane la elección mexicana no va a poner en la mesa de la relación bilateral el tema migratorio, pues no parece convenir a los intereses, tanto de los candidatos y sus partidos como de la propia relación entre ambos países. Seguirá siendo un asunto que las inercias económicas y políticas redefinan.

Asimismo, si en Estados Unidos el presidente Obama consigue otro mandato, la reforma migratoria que proponga de seguro que tendrá serias limitaciones, porque buscará engarzar la actual política inmigratoria restrictiva con alguna vía que atienda el clamor de los grupos pro-inmigrantes y antiinmigrantes.

En México, urge una política migratoria que enfoque integralmente la emigración a Estados Unidos, la transmigración, la movilidad interna con sus implicaciones y el desplazamiento producto de la inseguridad y la violencia. Aparte de las ocurrencias de algunos legisladores, entre los candidatos y los partidos políticos no parece haber el mayor interés.

Migración, entre el bienestar y el abuso

Las remesas no son únicamente las transferencias en dólares que el Banco de México registra, de las que persisten dudas sobre si lo que califica esta institución como “Remesas familiares” son efectivamente los envíos de los migrantes a sus familiares o incluyen otros rubros, son también parte de historias regularmente ignoradas por muchos.

Como múltiples investigaciones de campo lo demuestran, las remesas, el salario de los migrantes que residen y trabajan en Estados Unidos, independientemente de su situación legal, proporcionan bienestar a las familias y localidades de origen de los migrantes, por medio del consumo, el financiamiento a la educación, salud, vivienda, entre otros.

Asimismo, el impacto de las remesas a nivel local y regional resulta contradictoriamente positivo a los mercados (alimentos, agricultura, construcción de vivienda, vestido, etc.) y negativo, porque la derrama económica favorece a empresas y negocios regionales y extra-regionales, mientras en las localidades es marginal.

Por ello, en lo álgido del debate sobre la inversión productiva o no de las remesas en los pasados diez años, destacó lo que desde la década de los setenta del siglo pasado se había documentado: la profunda dependencia de familias, localidades y regiones de los envíos de los migrantes, lo que las sujeta también a los vaivenes de los mercados laborales.

Lo anterior resume esquemáticamente lo que muchos hemos investigado con detalle en las localidades y regiones de origen de los migrantes, pero poco se sabe sobre las situaciones que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Detrás de los vaivenes del mercado hay contextos más o menos dramáticos y altamente explosivos.

En los pasados diez años, con antecedentes singularmente trágicos en la última década del siglo pasado cuando la política inmigratoria estadounidense tendió a ser más restrictiva, el gobierno del ex-presidente Bush, en el contexto de los ataques terroristas de 2001, fue implementando instancias, programas y acciones cuyos resultados hoy están a la vista.

La política inmigratoria estadounidense ha tendido a restringir la entrada de los indocumentados; por un lado, modificando las rutas de acceso tradicionales, incrementando el riesgo migratorio, de lo que han resultado más de 5 mil muertes en 1998-2008, y por el otro, ha promovido su arresto en lugares de trabajo y en las calles.

Como parte de este contexto, en varios estados de la Unión Americana las percepciones y actitudes hacia la inmigración indocumentada han dado un vuelco. En diversos casos, grupos xenofóbicos, antiinmigrantes, derechistas y fascistas han presionado, tanto a la opinión pública como a los políticos, hasta incluir en las agendas políticas sus fobias.

Asimismo, hemos visto cómo el restriccionismo se convierte en política y ley. El sonado caso de la HB 1070 de Arizona es paradigmático; aunque sus artículos más controversiales que criminalizan y discriminan a los inmigrantes indocumentados fueron bloqueados por una jueza federal, el activismo de las autoridades gubernamentales a favor sigue.

Pero este ha sido el caso más publicitado, pues actualmente existen varias leyes (Alabama, por ejemplo) que han sido sancionadas estatalmente y están siendo controvertidas ante las autoridades, tanto por activistas a favor de la inmigración como por los propios inmigrantes, pues las restricciones violan flagrantemente los derechos humanos.

De acuerdo con el informe “Violaciones de los Derechos Humanos contra los mexicanos detenidos en Estados Unidos”, elaborado por varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en la frontera, cuatro de cada 10 migrantes repatriados fueron objeto de abuso verbal o físico, y se les negó acceso a atención médica y un abogado.

Basado en entrevistas a migrantes deportados entre 2010 y 2011, el informe documenta las violaciones a las propias normas del gobierno estadounidense por personal gubernamental, así como la normatividad internacional, al impedir a los detenidos comunicación con sus familiares y negarles el acceso a atención médica básica.

Este es el caso de los deportados, pero como señala el The New York Times (03/27/12), en torno a una audiencia realizada en marzo pasado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, irónicamente llamada “Holiday on ICE”, sobre el trato a los inmigrantes detenidos en centros penitenciarios en Estados Unidos, no hay tal fiesta.

Acorde con el periódico, las draconianas leyes inmigratorias han hecho de la detención de inmigrantes la más veloz y en aumento forma de encarcelamiento. Actualmente hay más de 30 mil hombres, mujeres y niños en custodia inmigratoria en cárceles y centros penitenciarios, varios manejados por compañías privadas.

Y la audiencia sugiere que el trato que reciben es el mejor, rayando en lujos que otros no reciben. Pero igualmente insinúa que esas 30 mil personas vulnerables tienen pocos derechos a la atención médica, que viven en condiciones lujosas, y que no es responsabilidad, tanto del gobierno como de la sociedad estadounidense protegerlos.

El reciente informe de Amnistía Internacional (Violaciones a Derechos Humanos al implementar las leyes de inmigración en Estados Unidos), afirma que en el caso de las comunidades indígenas fronterizas, con territorio en México y la Unión Americana, la aplicación de las normas migratorias aumenta su vulnerabilidad, discriminación y abusos.

Históricamente, los indígenas, parte de estas comunidades, atraviesan frecuentemente la frontera, y debido a las restricciones fronterizas son intimidados y acosados por policías fronterizos por hablar poco inglés o español y tener documentos de identificación tribales. También la política inmigratoria interna y las leyes estatales tienen efectos adversos.

Sin duda, como afirma Amnistía Internacional, las percepciones, actitudes y opiniones sobre la inmigración en Estados Unidos están construyendo una visión en la que los sobrevivientes del tráfico humano y crímenes como la violencia doméstica, son observados como criminales y no como víctimas.

La documentación de estas situaciones proporciona un contexto necesario en el que las remesas son el resultado de la venta de la fuerza de trabajo en un mercado internacional. Son parte de procesos complejos donde la movilidad humana y sus múltiples motivaciones son igual de importantes que los salarios de los migrantes.

El proceso migratorio México-Estados Unidos es actualmente muy complejo social, cultural, económica y políticamente hablando. Si bien la migración laboral sigue siendo la principal motivación, las expectativas que rodean a la movilidad humana tienen implicaciones más allá de los salarios pagados por el trabajo migratorio.

Por ello, es importante observar ese contexto. Y hemos insistido en este espacio y en encuentros académicos y publicaciones que las remesas son la punta del bienestar familiar y local, pero poco pueden hacer respecto al desarrollo local, regional y nacional. En más de 150 años de migración, Michoacán continúa con profundos rezagos de todo tipo.

Migración, empleos y remesas

A pesar de que la migración mexicana internacional sigue a la baja, particularmente la que se dirige a la Unión Americana, acorde con datos oficiales tanto de México como de Estados Unidos, las remesas hilaron a febrero de este año 17 meses consecutivos de alzas, cerrando con un crecimiento anual de 8.5 por ciento en dólares.

En pesos el aumento real fue superior al 10 por ciento; el crecimiento es sin duda efecto de la recuperación de empleos que el todavía lento andar de la economía estadounidense está conduciendo, favorable sobre todo a los hispanos, quienes a febrero ocuparon 21.6 millones de empleos (BBVA Bancomer, Flash Migración México, abril 2, 2012).

Acorde con la fuente citada, el aumento de las remesas se debió al incremento de las operaciones registradas (11.1 por ciento anual), pues el promedio de las remesas enviadas cayó -2.3 por ciento, lo que puede sugerir que un mayor número de migrantes mexicanos están volviendo a enviar dinero a sus familias, pero en menores cantidades.

En los últimos meses, la recuperación del empleo en general en Estados Unidos muestra una tendencia positiva, la cual ha favorecido a la población de origen hispano, donde los mexicanos han ido recobrando sus puestos de trabajo, cuya pérdida se calcula, entre 2007 y 2010, en unos 400 mil puestos de trabajo.

Las remesas al alza, confirman la tendencia mundial que, de acuerdo al Banco Mundial, alcanzó un 8 por ciento en 2011 respecto al 2010. Pero este dato registra los aumentos más que favorables a las regiones en desarrollo más allá de América Latina y el Caribe, cuyos flujos dependen particularmente de Estados Unidos y España.

Esta situación confirma la vulnerabilidad de los flujos de remesas, las que no son más que los salarios de los trabajadores migrantes, quienes dependen de la recuperación de las economías desarrolladas, cuyas expectativas siguen siendo inciertas, por las crisis de las deudas públicas y los ajustes draconianos impuestos por el FMI en Europa.

Respecto a América Latina y el Caribe, la modesta alza del flujo de remesas, en comparación con otras regiones del mundo, depende del desempeño económico de Estados Unidos principalmente, y España en menor medida. En el primer país los signos positivos favorecen a los migrantes mexicanos, pero en el segundo los ajustes que la derecha gobernante y los organismos financieros han impuesto, golpearán a los inmigrantes.

Bajo la perspectiva del Banco Mundial, México es actualmente el tercer receptor de remesas a nivel mundial, precedido por India y China. Pero el volumen de las remesas oculta su vulnerabilidad. En nuestro país, por ejemplo, su alza relativa se ha visto favorecida por el tipo de cambio y la depreciación del peso.

De acuerdo con BBVA Bancomer, en los últimos cuatro meses del año pasado y el primero del presente, el tipo de cambio ha sido favorable para las familias e individuos que reciben remesas en nuestro país, lo que ha favorecido un aumento en el consumo y otros rubros, tendencia que desde mi punto de vista es temporal y de corto plazo.

Sin duda estamos ante un panorama positivo, pero esta tendencia al alza de las remesas depende mucho de las condiciones internas de los países destino de los migrantes. Por ello ninguna política económica puede descansar en este tipo de ingresos, pues su vulnerabilidad es alta, además de que son salarios e ingresos privados no públicos.

Este planteamiento no es nuevo, pero a pesar de las evidencias empíricas, los organismos financieros y de desarrollo internacionales así como gobiernos nacionales como el mexicano, siguen pretendiendo que las remesas desarrollen al país. Las remesas favorecen localmente el bienestar familiar, individual y colectivo, pero nada más.

Desde mi punto de vista, es necesario revisar todos los programas y acciones (3x1 y otros fondos públicos) para reorientar sus impactos, pues su alta dependencia de los ingresos de los migrantes así como del clientelismo, el burocratismo, las finanzas públicas y la ausencia de políticas públicas, reducen su operatividad.

Asimismo, cualquier política pública mexicana tiene que tomar en cuenta la situación de los migrantes que actualmente residen en Estados Unidos. La mayoría indocumentados que hoy están sujetos a discriminación, abusos y redadas, como parte del clima que se vive en muchos estados y localidades de ese país.

Entre los inmigrantes mexicanos indocumentados, miles tienen entre 5 y 10 años que no han regresado a México, además de que se han visto obligados a desplazarse, en su búsqueda de trabajo, a otros lugares donde todavía el odio por el otro y la discriminación no hacen mella en los pobladores. Estas situaciones forman parte de las remesas.