Descomposición y barbarie

A pesar de las maniobras de los medios afines, las declaraciones deslumbrantes de la oficialidad, las edecanes generosas que se pasean ante los candidatos presidenciales, la masacre de Nuevo León, 49 personas asesinadas con los cuerpos desmembrados e incompletos, atestigua la barbarie que vivimos.
Este nuevo daño colateral, atroz por su crueldad, muestra el fracaso de una pretendida guerra contra el narco que, a decir de Noam Chomsky, es claro ejemplo de las simulaciones de la política estadounidense de seguridad que ha impuesto en el continente. Perfila también los odios rivales que los oficialismos internos y externos parecen promover.
Según un recuento periodístico (Provincia, 13/05/12), es la séptima masacre del año. De éstas, tres fueron reportadas en nuestro estado, y una en los siguientes sitios: crucero Agua Caliente (camino Pihuamo a Colima); Choix, Sinaloa; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la reciente en Cadereyta, Nuevo León. 143 personas en total.
En 2010 y 2011 se reportaron los asesinatos colectivos más turbadores desde el inicio de la guerra de Felipe Calderón. Según parece, la desquiciante búsqueda de legitimidad, que hasta ahora no ha logrado, aceleró la barbarie que vivimos, producto también de la descomposición social y la ruptura del tejido social.
A principios del presente siglo, mientras Vicente Fox y sus votantes se engolosinaban con “un gobierno de empresarios y para empresarios”, el candidato perredista por la gubernatura michoacana, a la postre gobernador de nuestra entidad, planteó la urgente necesidad de reconstruir el tejido social, cuya ruptura mostraba signos preocupantes.
Desafortunadamente poco hizo para diagnosticar y reconstruir el tejido social. Y en las siguientes campañas ningún candidato retomó seriamente la urgencia de analizar y plantear programas y políticas públicas para localmente desentrañar la descomposición social que en los últimos años se ha entronizado como barbarie cotidiana.
Los asesinatos colectivos son la punta del iceberg de profundos y complejos procesos sociales de descomposición a nivel local y comunitario. Los feminicidios, los asesinatos individuales, los secuestros, las desapariciones y otros atentados contra las personas, las cosas y los bienes, son también expresiones de la desintegración social.
Reportes periodísticos e investigaciones académicas recientes muestran la complejidad de los procesos sociales de los que cotidianamente surgen conductas e identidades asociadas con las formas delincuenciales que prácticamente se han incrustado en amplias regiones y localidades del país. Nuestro estado no escapa a este impacto.
Por ello, no basta con declarar que las rivalidades entre grupos delincuenciales, cuyas conductas patológicas van más allá de la deshumanización, pues el ejercicio de la violencia legítima por parte del Estado, tiene que ver con las brutales escenas de las masacres, regularmente signadas con narcomensajes y reivindicaciones de corte paramilitar.
En esta guerra, las delincuencias organizadas en cárteles ejercen un tipo de terrorismo contra sus rivales y la población civil, disputando el poder local y regional a los gobiernos electos. Sus pleitos por el territorio, el mercado de las drogas, los consumidores, los extorsionados y secuestrables, son un desafío al poder del Estado.
La fragmentación de los cárteles, el desprendimiento de células entrenadas para delinquir, el surgimiento de imitadores (copy cats), dan cuenta de que la base de su sustento sigue intacta. Las redes de lavado de dinero, producto de las actividades ilícitas, la complicidad e impunidad que otorgan algunas élites económicas y políticas siguen su curso.
A nivel local y regional, entre amplios segmentos de la población civil se ha ido construyendo una subcultura delincuencial, la que genera procesos de identidad y socialización que implican su reproducción y normalización. Estas situaciones hacen aún más notables las históricas ausencias del Estado en localidades y regiones.
Buena parte de los procesos de descomposición social tienen sus raíces en la ausencia y el olvido gubernamental, la pobreza, la marginación y la cultura patriarcal. Pero pesa aún más el abandono oficial y las formas caciquiles y clientelares que las élites económicas y políticas locales y regionales ejercen cotidianamente.
En una entidad como la michoacana, la profundización de la pobreza rural y la celeridad de la caótica urbanización acentuaron la fragmentación territorial, generándose así formas culturales e ideológicas locales y regionales e identidades altamente permeables a los procesos delincuenciales.
La ruptura del tejido social es así producto de dinámicas internas y externas, potencializadas por políticas económicas y sociales implementadas en los últimos 30 años que únicamente han administrado la pobreza, la marginación y la descomposición social, sin generar vías reales para evitar su reproducción y profundización.
Sin duda, los programas de combate a la pobreza, las políticas neoliberales y la globalización como proceso que a la vez que incluye, excluye a amplios territorios y segmentos de la población, no tienen el interés de resolver la pobreza y la marginación, sino administrar algunas de sus tendencias de corto plazo.

Migración cero

La sensible baja de la migración mexicana a Estados Unidos, confirmada por un estudio del Pew Hispanic Center, tuvo buenos usos políticos y mediáticos, pero los factores detrás del descenso fueron ignorados. Incluso Felipe Calderón abusó de la información señalando que la creación de empleos en nuestro país explicaba esta situación.
Sin embargo, como lo hemos venido comentando en diversos foros, la disminución de la migración mexicana obedece a factores externos básicamente. La crisis económica en Estados Unidos, el reforzamiento de los controles fronterizos y el aumento de las deportaciones, destacan en el proceso.
La caída en las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera norte muestra la efectividad de la política inmigratoria estadounidense que reforzó la vigilancia, aumentó el número de agentes e incrementó el uso de tecnología militar de punta para la detección y control de la movilidad humana.
El impacto de la crisis en el mercado laboral estadounidense tuvo su mayor expresión en la caída de las remesas, las que después de siete meses han comenzado una lenta recuperación, lo que indica que los indocumentados y la población latina en general también está en proceso de recuperación de las plazas laborales perdidas.
Pero esta recuperación tiene aún importantes claroscuros pues la economía de ese país muestra todavía signos adversos. Los sectores que demandan mano de obra indocumentada están sujetos también a las presiones de las leyes y posiciones anti inmigrantes. La discusión inicial de la SB1070 de Arizona no vislumbra una solución favorable.
La composición de la SCJN de Estados Unidos, dominada por jueces conservadores, podría inclinar la balanza en favor de la Ley SB1070, lo que se extendería a otras normativas cuestionadas por su alto grado antiinmigrante (Alabama, por ejemplo). Sin duda éste sería un golpe negativo para la campaña reeleccionista del presidente Obama.
Un aspecto destacable del descenso de la migración mexicana es el carácter que ha adquirido el proceso de deportación. Por un lado, en los centros de trabajo y en las calles arrecian las detenciones, y por el otro, como lo destaca el Colef, Estados Unidos está deportando más gente de la que está entrando a ese país.
Como destacan las estadísticas del Departamento de Seguridad Interna de ese país (DHS, por sus siglas en inglés), las detenciones en la frontera han caído a sus niveles más bajos en los últimos tres años, mientras tierra adentro crecen las detenciones y las deportaciones sin miramientos de indocumentados que tenían entre uno y cinco años en la clandestinidad.
Por lo mismo, como el reporte Trac de la Universidad de Syracuse lo muestra, tanto los casos de encarcelamiento como los procesos por violaciones a las leyes inmigratorias van en ascenso. Asimismo, las cárceles estadounidenses confinan actualmente a numerosos inmigrantes, cuya criminalización es evidente, según registran activistas pro inmigrantes.
En el caso de los controles migratorios, la caída en las detenciones combina el aumento de agentes que vigilan la frontera y el uso de tecnologías de tipo militar. A la construcción del muro fronterizo siguió el levantamiento de un muro virtual con cámaras que detectan el movimiento por el calor corporal y otros sensores militares.
Como vemos, esto es lo que significa la migración cero: un indicador de las entradas y salidas de la migración mexicana a Estados Unidos, cuya explicación no está en México, tierra arrasada por una vergonzosa guerra que ha dejado más de 60 mil muertos y ha producido desplazamientos masivos internos, no reconocidos oficialmente.
La población que en nuestro país huye de la violencia de la guerra contra el narco y las masacres entre los cárteles, está impedida de cruzar la frontera por una política inmigratoria restrictiva y anti inmigrante. Como lo he constatado en algunas entrevistas de campo, a algunos estados del centro-occidente de México han llegado algunos desplazados.
En Michoacán, tanto la capital del estado como algunas ciudades medias y zonas metropolitanas están experimentando cambios profundos en sus movimientos de población. La pobreza endémica, el trabajo jornalero y los desplazamientos producto de las presiones de la delincuencia organizada han intensificado la movilidad poblacional.
Los resultados del Pew Hispanic Center, en ningún momento sugieren el fin de la migración mexicana a Estados Unidos. Hablan de su descenso y proporcionan una visión certera de los factores que están produciendo esa baja. Esta información debería servir para que en México se diseñen e implementen políticas públicas para atender este hecho.
Asimismo, la migración cero muestra cómo las medidas implementadas por el gobierno estadounidense pueden normar y regular los flujos migratorios, cuya tendencia a la baja fue percibida a partir del 2007. Quizás se ha llegado a su punto más profundo y para que se sostenga, la política inmigratoria estadounidense tendrá que mantenerse.
Si la SCJN de Estados Unidos avala, con modificaciones sustanciales pero aduciendo que los estados pueden implementar medidas que regulen la inmigración indocumentada en sus territorios, la propuesta de reforma migratoria comprehensiva que será relanzada en busca de votos latinos se verá severamente limitada.
Como parte de este proceso, propuestas como la Dream Act y los beneficios para los inmigrantes, se verían seriamente cuestionados. De ganar Barack Obama la reelección, cualquier propuesta que se enarbole será limitada; tal vez favorezca a los patrones, pero a la población indocumentada le impondría múltiples condiciones para permanecer en ese país.
En México, como lo he comentado en otras colaboraciones, ningún candidato ha propuesto algo para repensar el proceso migratorio México-Estados Unidos. Pero cualquier propuesta debe tener en cuenta los flujos migratorios mexicanos, la transmigración, los desplazados de la violencia y la migración interna.
La atención al flujo migratorio México-Estados Unidos debe integrar una visión de la complejidad sociocultural, económica, política y binacional del fenómeno. Si bien la principal motivación para emigrar a ese país sigue siendo económica, hay un conjunto de aspectos que norman, regulan y movilizan a los mexicanos.
El caso de los deportados debe recibir particular atención, pues también implica la salida forzosa de ese país de mexicanos que llevan viviendo allá varios años; muchos con hijos nacidos en Estados Unidos, provocando rupturas en las familias y graves daños a infantes. En la mayoría de los casos, los deportados se enfrentan a una realidad mexicana dramática.
La transmigración es de urgente atención. Aplicar las directrices estadounidenses para detener los flujos migratorios del sur ha tenido consecuencias devastadoras. Tal es el caso de la delincuencia organizada que ha convertido a los transmigrantes en objeto de secuestro, asesinato, abuso, con la complicidad de muchas autoridades mexicanas.
Sin duda, el tema de los desplazados por la violencia de la guerra contra las drogas y los enfrentamientos entre cárteles es de particular preocupación. Además de que oficialmente no se reconoce, no existen los instrumentos jurídicos y de política pública para atender la movilidad humana por esta situación que ha producido miles de muertos.