La visita de
Obama a México, el entusiasmo mediático que provocó o la crítica que generó, no
movió un ápice el rumbo de la reforma migratoria integral en el Senado. De
acuerdo con ILW.com, sitio web de apoyo legal a la inmigración, en el Comité
Judicial donde se discute la iniciativa, sus miembros han planteado alrededor
de 300 enmiendas a la S.744.
Uno de los
planteamientos que es visto como amenaza es la enmienda sobre los derechos gay,
la cual permitiría a los gay estadounidenses apoyar a sus parejas extranjeras
para solicitar una green card. Diversos grupos proinmigrantes se oponen, pues
podría descarrilar toda la iniciativa. El tema, señalan, hay que dejarlo para
otro momento.
La enmienda,
acorde con uno de los senadores republicanos impulsores de la S.744, podría
fracturar a los republicanos, no sólo en el Senado sino particularmente en la
Cámara de Representantes. Según ILW.com, la revisión es “fútil” y contraproducente.
Afirma que es necesario ver la reforma como un todo; después habrá tiempo y un
contexto más favorable.
Mientras el
debate sube de tono, me referiré a un asunto que los expertos prevén que
promoverá la iniciativa, de ser aprobada: fortalecer la economía y el mercado
laboral estadounidense. En efecto, buena parte de los contenidos se centra en
cambios fundamentales al sistema de visas laborales, sus características y
requisitos.
Lo anterior no
significa que la reforma atienda únicamente este aspecto, pues las nuevas visas
están vinculadas al reforzamiento de la frontera México-Estados Unidos, y a la
aplicación de la ley en los centros de trabajo. La reforma establece la visa W
para no inmigrantes, permitiendo el empleo multianual y la opción de solicitar
la residencia legal.
Establece una nueva
oficina de estadísticas, que haría recomendaciones a los tomadores de
decisiones sobre límites numéricos y otros aspectos del sistema de visas
laborales; incrementa los límites de la visa H-1B y plantea nuevas regulaciones
para los patrones que la usan, y otorga autorizaciones de trabajo a algunos
cónyuges de ciertos países.
Como parte del
paquete, introduce sustanciales cuotas y restricciones a los patrones que
contraten amplios números de trabajadores por medio de visas laborales
temporales. También establece un nuevo registro en línea para las visas H-1B, y
expande y modifica el suministro de trabajadores temporales para reemplazar el
programa de visas H-2A.
Detrás de estos
cambios sustanciales, observamos la eliminación de las visas de diversidad,
solicitudes de hermanos y e hijos casados mayores de 31 años; no reconoce a
parejas; el estatus en espera RPI queda sujeto a la seguridad fronteriza, y no
se puede transitar a residente legal hasta que todas las peticiones de visas
disponibles sean aprobadas.
Asimismo, las visas
de trabajadores W inicialmente tienen un límite de 20 mil, lo que se considera
bajo. Quienes accedan al estatus en espera, no podrán calificar al sistema de
méritos hasta diez años después, y quienes ingresen a Estados Unidos después
del 31 de diciembre de 2011 serán sujetos de detención y deportación.
La iniciativa
establece el programa E-verify obligatorio; un nuevo programa de seguridad
fronteriza que costaría más de 4 mil millones de dólares; nuevos criterios de
inadmisibilidad y deportación relacionados a documentos y pasaportes
fraudulentos, membresía en alguna banda criminal, y conducir un vehículo con
aliento alcohólico.
Pondera también situaciones
como violencia doméstica, abuso infantil, acoso, violación de órdenes de restricción
y faltas al no denunciar a un depredador sexual. Establece nuevas penalidades
por ingreso ilegal, obstrucción a investigaciones inmigratorias, y exclusiones
por 3 a 10 años por presencia ilegal, entrada ilegal y privación de la
libertad.
Desde una
perspectiva crítica, las bondades que se le atañen a la iniciativa,
destacadamente la legalización, estarán acotadas y delimitadas por un sistema
punitivo y costoso. En el caso de las multas e impuestos a cubrir, una familia
con un número importante de miembros, tendría que pagar hasta 10 mil dólares.
Es claro que la
reforma integral promovida por la Pandilla de los ocho, busca la aprobación y
los votos de los legisladores más reticentes a la misma, pero es una iniciativa
restrictiva, cuyos ejes centrales son mayores controles fronterizos, castigos,
impuestos y limitaciones que al parecer opacarán los indudables beneficios que
implicaría la legalización.
Con todo, no
está claro si tantas restricciones en verdad serán un dique para los futuros
flujos migratorios, tanto mexicanos como los provenientes de Centroamérica y
otras nacionalidades que escogen la ruta mexicana para ingresar a Estados
Unidos. Un problema adicional, observado por algunos expertos, es que no prevé
un programa de integración.
Con excepción de
aprender inglés y civismo, el Migration Policy Institute destaca esta ausencia.
Pero detrás de la idea integracionista está el viejo planteamiento
asimilacionista y nativista. Para muchos sectores estadounidenses reacios a
legalizar a millones de indocumentados, la falta de integración seguirá siendo
un problema.
Obviedades. 1. En una
interesante entrevista al titular del SAT, Carmen Aristegui (MVS noticias,
05/14/2013) enfrentó un farragoso y legaloide discurso que al final de cuentas
justificó el regalo adelantado de cerca de 3 mil millones de pesos a la empresa
Televisa, además de culpar al Congreso de la Unión de aprobar leyes que
favorecen y dan ventaja a las elites económicas que contribuyeron al retorno
del dinosaurio. 2. La ruta elegida por los normalistas ya llegó a un punto sin
retorno, que podría en derivar en lo que buscan: represión y violencia. Desde
un punto de vista crítico, no es posible que se les sigan otorgando más
privilegios a grupos irreflexivos y que nada proponen para superar su
empantanado activismo. 3. El fallo histórico contra el dictador y genocida
guatemalteco, Ríos Mont, aún pende de una elite que podría borrar de un plumazo
la condena, pero es el un ejemplo de una lucha incansable encabezada por muchas
mujeres víctimas de la atroz dictadura guatemalteca. 4. En México, los
genocidas descansan en paz en sus tumbas, en sus soleadas mansiones o en
instituciones de elite en otros países. La justicia en México por nuestros muertos
seguirá siendo un anhelo no cumplido. 5. Estado de excepción o ingobernabilidad
en Michoacán. Normalistas secuestradores; guardias comunitarias; el jefe de los
malosos amenazando porque le devuelvan “sus” pueblos; asesinatos y ejecuciones
por doquier; cuerpos flotando en los ríos; habitantes vilipendiados por
organizarse para defender su patrimonio y hábitat; éxodos de zonas de alto
riesgo. What is all about? 6. Y la suciedad de la administración caderonista
sigue saliendo a la luz pública: Pemex demandó a César Nava, ex-presidente del
PAN, ex-director jurídico de la paraestatal, consentido del panismo michoacano
y las elites políticas entonces reinantes, ante una corte de Nueva York por
participar en una conspiración criminal, junto con dos compañías extranjeras,
para cometer fraude en las obras de la Refinería de Cadereyta. 7. Finalmente el
SPUM determinó levantar su huelga, mientras el SUEM amenaza y chantajea con
iniciar otra. Sindicatos cuyos derechos han sido convertidos en privilegios, en
tanto las autoridades se parapetan detrás de discursos ocurrentes y sin
sentido, carentes de autoridad.