Un país emproblemado

A unas semanas del bicentenario de nuestra independencia, en México los cambios urgentes se acompasan y diluyen en los dimes y diretes del “gobierno” federal, la jerarquía católica, la reiterada violación a las leyes, y el socavamiento de las instituciones. Los retrocesos de la transición son cada vez más evidentes.

En una década, en cerca de dos sexenios de panismo faccioso, mediocre y sin rumbo, la esperanza de la transición, el cambio democrático, la modernización, se siguen hundiendo en corruptelas, impunidad y complicidades. Durante el foxismo, los analistas de la gobernabilidad criticaban la impericia y falta de profesionalismo de muchos funcionarios.

Se afirmaba, con razón, la ausencia de cuadros entrenados para el trabajo administrativo y político en el mediocre “gobierno del cambio”. Hoy la situación no ha variado, pero el cinismo, descaro y privilegios de la burocracia panista, en los diversos niveles de la estructura burocrática, está socavando aún más la vida institucional del país.

Ejemplos sobran. En lo que respecta a la licitación de espectro en la banda de 1.7 gigahertz (Ghz), el director jurídico de la SCT se envalentona y afirma que no acatará el fallo cautelar dictado por un juez, pues a nada lo obliga dicho laudo. Es decir, al diablo las instituciones y las leyes, frase que en su momento escandalizó a la intelectualidad de derecha.

Respecto al pomposo espectáculo mediático Diálogos por la Seguridad, que incluye llamados a la unidad y que los ciudadanos nos convirtamos en soplones y asumamos nuestra propia seguridad, ya entendimos que el “gobierno” gasta millones de pesos en la publicidad de una guerrita perdida, aunque la derecha intelectual diga que es necesaria.

El mensaje de ese espectáculo reduce el combate al narcotráfico a lo policíaco y el supuesto de que la milicia en la calle es la única vía. Hace mutis de la pobreza y precariedad de la vida de la gente y su relación con la delincuencia. Incluso llama a transferir recursos del gasto social para lanzar más policías y soldados a la calle.

Sin duda la política social focalizada apenas administra la pobreza creciente. Se subsidia a los pobres según ciertas carencias dimensionadas (patrimonio, alimentación, educación) estadísticamente, pero se ignoran las condicionantes estructurales (desempleo, empleo precario, salarios ínfimos, entre otros) que crean y recrean la pobreza.

En el campo educativo, la negativa a poner en marcha la normatividad que prohíbe la venta de comida chatarra, refleja las complicidades gubernamentales y los privilegios a favor de proveedores y empresas. Es claro que el problema de la obesidad tiene raíces en las familias y sus formas de alimentación y consumo, pero las instituciones también son responsables.

La cantidad de comida chatarra, nutricionalmente negativa y dañina para la niñez y los adultos es impresionante. Las “tienditas” de la esquina proliferan; no hay regulación en las localidades rurales, y se aplaza la normativa para sacarla tales alimentos de las escuelas. Parece que la impunidad alimentaria prevalece por sobre la salud colectiva.

Dicha situación ha sido signo distintivo del panismo en el gobierno; es decir, no solamente es pro-empresarial, sino también se han amplificado los privilegios y abusos de la iniciativa privada en contra de los trabajadores. Ya no es solo el salario mínimo que resulta hasta inconstitucional, sino que la política laboral es claramente anti-laboral.

Antes fue Luz y Fuerza del Centro, junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mentiras y decretos aviesos unos 40 mil empleos fueron borrados del mapa laboral, condenando a miles de familias mexicanas a la precariedad y pobreza. Hoy son los trabajadores de Mexicana de Aviación, empresa obsequiada por el foxismo.

Tal es el talante de las elites económicas mexicanas y extranjeras. A costa del empleo, la calidad de vida de la gente y las leyes laborales vigentes, se promueve desde el “gobierno” la desaparición, precarización y explotación laboral, mientras la derecha intelectual y política se escandaliza cuando se habla de clases sociales y explotación.

En este contexto, es interesante revisar la información sobre el crecimiento económico en México. Por un lado, destaca la euforia gubernamental por el incremento del PIB a 7.6 por ciento anual durante el segundo trimestre, pero por otro, los especialistas señalan que dicho aumento está siendo manipulado mediáticamente.

Acorde con los economistas, el incremento del PIB no implica que el valor total de la producción de bienes y servicios haya aumentado. Está por abajo del valor anterior a la crisis financiera. Asimismo, el CEESP advierte que el dinamismo de la economía se reducirá en la segunda mitad del año y en todo el 2011.

Cabe preguntar ¿qué celebramos? El señor de Los Pinos inició esta semana una gira mediática, previa a la presentación de su “informe de gobierno” y antesala del espectáculo de miles de millones de pesos que supuestamente conmemorará la independencia de México, fecha que parece no tener muchos significados para la derecha.

Obviedades. 1. La derecha gubernamental ha abierto un debate en torno a las estadísticas de los “ninis”; el secretario de Educación jura que no pasan de los 285 mil, mientras que con datos oficiales, el rector de la UNAM afirma que son 7 millones, pero se evade el problema real de la situación de estos jóvenes en cifras. 2. La familia tradicional, católica y patriarcal, está cambiando, aterrorizando a los jerarcas católicos por el poder y la dominación que pierden, desdeñando que el asunto no es de orientaciones sexuales, sino de derechos de las personas y ciudadanos.

Las inseguridades de los otros

Sin duda la inseguridad es un asunto que involucra, tanto a los diversos órdenes de gobierno como a la sociedad civil, organizada o no; pero pretender responsabilizarla de su propia seguridad, como ha sugerido reiteradamente el inquilino de Los Pinos, implica la confesión pública de incapacidad e ineficacia, por decir lo menos.

La teoría política moderna sugiere que el papel del Estado, respecto de la seguridad pública (que comprende a personas y sus bienes), ha cambiado históricamente, introduciéndose nuevos paradigmas, pero los elementos esenciales prevalecen. En este sentido, parece pertinente resaltar el rechazo de muchos ciudadanos a convertirse en su propio policía.

Asumir una “lucha” que en ningún momento fue debatida o consultada, en el entendido de que vivimos en un sistema democrático que va más allá de las decisiones autoritarias y discrecionales, no justifica los alegatos mediáticos que apuran la “participación” de la población en tareas de denuncia, vigilancia y policiacas, con altos riesgos personales.

Los sucesos del sábado pasado, un motín de integrantes de la Policía Federal, donde se denunciaron vínculos de algunos mandos con la delincuencia organizada, no favorecen la “participación” ciudadana. Al contrario, refuerzan la idea de que los cuerpos encargados de la seguridad pública están involucrados con los trasgresores de la ley.

Esta situación cuestiona también la idea de “participación” ciudadana que mediáticamente promueve el gobierno federal. Es decir, la ciudadanía está sometida a un sistema electoral donde los votos son la única vía de “participación”, sin lugar a revisar y discutir resultados dudosos, pero se pretende que la ciudadanía “participe” en labores de alto riesgo.

Convertir a la población en delatora y denunciante de probables hechos delictivos, con o sin recompensas monetarias, implica ponerla en riesgo. Asimismo, releva al gobierno federal y al Estado de sus responsabilidades en materia de seguridad personal y colectiva, además de imponer una visión individualista de los delitos y los responsables.

En opinión del gobierno federal, la “participación” ciudadana y de los actores políticos, debería de estar más allá de sus intereses particulares; lamenta que anteriormente no hubo una acción contundente que evitara que la inseguridad se diseminara, además de defender el uso de las fuerzas armadas en su guerrita contra el narco.

Los medios de comunicación también han sido receptores de reclamos de la burocracia federal. Al respecto, es interesante la postura del arzobispo de Guadalajara, quien se hace eco del cuestionamiento gubernamental. El prelado asegura que los medios promueven un estilo de vida de dinero fácil y facilitan la penetración del crimen en la sociedad.

Dicho reclamo moral ignora que el ciudadano global se forma en espacios sociales, económicos, políticos y culturales, donde el individualismo y el culto al mercado tienden a promover, en algunos aspectos, lo que se critica. Los negocios globales, la desregulación, un Estado ausente, entre otros, pueden fomentar la rapiña y el egoísmo extremo.

En los últimos cuarenta años, la ideología neoliberal y la globalización excluyente, han promovido la desigualdad y la ruptura del tejido social, favoreciendo y exacerbando la respuesta individual a los crecientes problemas que enfrentan las sociedades globalizadas. La pobreza sin gradaciones, rural y urbana, asoma cotidianamente en México.

La inseguridad y la seguridad ciudadana son asuntos que competen al Estados y los aparatos gubernamentales. El cambio de paradigma sobre las funciones del Estado global, no ha tenido referentes a nivel social y político en México; se trata de una imposición que la transición ni siquiera alcanzó a plantear y menos a resolver.

Por otro lado, el saldo de 28 mil muertos en la guerrita contra el narco, refleja los problemas de un aparato gubernamental que no se preparó para esta guerra. La militarización de las acciones tampoco ha resuelto un conflicto que arroja abusos y muertes civiles. La impunidad fomenta la huida individual de los ciudadanos.

Las personas en la calle y autos, son bunkers individuales, social y moralmente atrapados por el miedo, la ansiedad y la angustia por sobrevivir, mientras el desempleo y las crisis de salud física, mental y emocional, no alcanzan a ser atendidas por el aparato de salud pública colapsado. “Participar”, como la propaganda oficial apremia, es otro golpe.

El reclamo oficial no puede ser atendido por una sociedad en la que los valores universales, como la democracia, la solidaridad, la convivencia, entre otros, y los valores morales impulsados por las religiones están siendo cuestionados estructuralmente. La crisis de la sociedad global, en su vertiente de americanización, lleva la ventaja.

Tregua migratoria

La ley SB1070 entró en vigor la semana pasada en Arizona, aunque tres de sus preceptos más polémicos fueron detenidos. La policía no podrá exigir que un detenido por otras razones, compruebe su estatus migratorio; los inmigrantes tampoco estarán obligados a llevar su documentación para demostrar su estancia legal en Estados Unidos.

Asimismo, se suspendió el artículo que convertía en delito que los jornaleros, muchos indocumentados, solicitaran empleo en lugares públicos. La juez federal Susan Bolton argumentó una “probabilidad sustancial” de que fueran detenidos inmigrantes legales, además de imponer una carga sustancial a los indocumentados en un asunto federal.

Tal como fue planteada la demanda, la resolución suspendiendo tres apartados en los que el gobierno estatal de Arizona invadía la esfera federal, no cuestionó el fondo de la legislación, la discriminación y el racismo. Tampoco podemos sobredimensionar el impacto de la disposición, de haberse aplicado como fue decretada, fuera de Estados Unidos.

En Arizona, acorde con información estadística ponderada y seria, estaban asentados alrededor de 500 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos. Acorde con la prensa local y algunos diarios de circulación nacional estadounidenses, semanas antes se inició un éxodo de regulares proporciones, pero de gran impacto mediático.

Como era de esperarse, algunas organizaciones de migrantes asentadas en los estados fronterizos en ambos lados, dieron la voz de alarma, además de apoyar la demanda que aún espera una solución final. En México, como sucedió con la crisis de las hipotecas, algunas instancias gubernamentales y medios afines, sobredimensionaron un supuesto retorno.

La investigación sobre la migración mexicana a Estados Unidos ha demostrado sobradamente que los mexicanos han aprendido a manejar racionalmente el proceso migratorio, cuya complejidad no responde a simples iniciativas individualistas, sino a un entramado social, económico y cultural históricamente construido.

También, es irresponsable invocar la SB1070 como de gran impacto en la reducción de las remesas que se envían a México. Las remesas empezaron a descender desde el 2006, aunque la crisis de las hipotecas aceleró su caída; la lenta recuperación de la economía estadounidense, reflejada en tasas de desempleo todavía inusuales, seguirá afectándolas.

En este punto vale la pena retomar lo planteado, por un lado, por algunos organismos empresariales, y por el otro, especialistas en estudios migratorios, en el sentido de que los migrantes están saliendo de Arizona, pero para reubicarse en otros estados de la Unión Americana, además de que nuestro país no está preparando para un retorno masivo.

Como en las deportaciones masivas del siglo pasado (1921-1923, 1929-1933, 1939, 1954), la retórica gubernamental resalta en la euforia de la Cancillería mexicana celebrando el bloqueo parcial de la SB1070 y la hipócrita postura “no intervencionista”, mientras más de 400 mil mexicanos son “repatriados” anualmente por un acuerdo México-Estados Unidos.

Sin duda, la complejidad del proceso migratorio, en cuanto fenómeno auto-regulado y auto-sostenido, juega a favor de la situación crítica que viven los mexicanos que no se han marchado. Es decir, la mayor parte de los indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los pasados diez años, prefieren el desplazamiento interno a regresar a México.

En Michoacán, en diversas localidades de origen de los migrantes, hemos encontrado migrantes retornados, deportados y que no han podido entrar a Estados Unidos, siguiendo los ciclos acostumbrados, pero no representan contingentes importantes. Los problemas derivados de la migración internacional siguen y son los menos atendidos.

Con ello nos referimos a las condiciones que a nivel local y regional estimulan la migración, además de los impactos en la salud física y mental, la educación de los niños migrantes, el abandono rural, el despoblamiento. A la fecha, las acciones implementadas no han revertido estos procesos, agravados por la inseguridad actual.

Finalmente, no es de extrañar el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte, pues como parte del problema de la inmigración no resuelto, se vienen llevando a cabo acciones aún más restrictivas de la administración de Obama para intentar controlar el ingreso de más indocumentados.

Acorde con el INEGI, en los últimos meses la salida de mexicanos ha bajado a niveles nunca vistos en los pasados diez años, cuando más de 400 mil migrantes al año se iban a Estados Unidos. Por su parte, expertos estadounidenses reportan que desde mediados de 2007 es notable el descenso de inmigrantes indocumentados.

En contraparte, el número de redadas, al menos hasta el año pasado, en los sitios de trabajo, los procesos legales en contra de inmigrantes indocumentados, y las deportaciones han tendido a incrementarse de manera importante. El roto sistema inmigratorio de Estados Unidos no está siendo reparado, pero los parches que les ponen son antiinmigrantes.