Es difícil
lamentar o aplaudir la polémica decisión de la SCJN, en el caso de Florence
Cassez. Hubo ganadores y perdedores, si usamos esta maniquea visión. Lo
evidente es la exhibición del gobierno de Felipe Calderón y sus subordinados y
la constatación de la pudrición de nuestro sistema judicial.
La SCJN otorgó
un amparo “liso y llano” a la francesa acusada de secuestro, a partir de un
montaje mediático, cuya coproducción estuvo a cargo de una conocida televisora
y quien fuera responsable de la AFI y después secretario de Seguridad Pública.
La resolución no abordó si era o no culpable.
El problema con
la manipulación y la corrupción del “debido proceso”, es que nunca sabremos si fue
o no culpable. Por ejemplo, dos de los principales testigos y víctimas, cuyos testimonios
se pedía fueran invalidados en la resolución original de la magistrada ponente,
“reconocieron” a la indiciada al ver el video montaje.
De ninguna
manera se duda aquí de su dicho, pero la resolución evidencia, con un botón de
muestra, el desaseado manejo del sistema judicial por un gobierno mediocre,
incapaz y corrupto. Refleja también que no interesaba la justicia, sino
apabullar a las mayorías con video montajes aparentemente contundentes.
La resolución,
marcada por el compás político, también evidencia a quienes se erigieron en adalides
antisecuestro y acompañaron al gobierno panista en la supuesta defensa de las
víctimas, en este y otros casos, como parte del entramado de complicidades y respaldo
a la impunidad de la autoridad.
Su lucha
personal, pues al menos dos de estos supuestos adalides antisecuestro fueron
víctima de hechos tan lamentables, se desvirtuó y enrareció al oficializar sus
demandas por justicia y convertirse en cómplices de la autoridad. La defensa de
los derechos humanos que blanden es otra farsa mediática.
Acorde con el
presidente del STJE de Michoacán, es falsa la contraposición que afirma que se
vulneró el derecho de las víctimas, pues también debe “interesarles el juicio
justo y el derecho a la verdad” (La
Jornada Michoacán, 24/01/13), pues si el proceso no garantiza ambos
aspectos tampoco se hace justicia.
No comparto
totalmente la idea; elude el meollo del asunto: la actuación facciosa, falaz y
corruptora de un gobierno ilegitimo, cuyos miembros deberían ser llevados ante
la justicia. Las críticas a la SCJN y el sistema de justicia deberían dirigirse
a ese grupo que presumía sus montajes y una guerra que ha violentado al país.
Observamos
también, por un lado, manifestaciones extremas de chauvinismo y
auto-victimización, cuando se plantea que la nacionalidad y el color de la piel
de la implicada pesaron en la decisión de la SCJN, y por el otro, lamentos de
pérdida de la soberanía y entreguismo por recuperar una relación diplomática.
En otro momento
he señalado que la diplomacia mexicana, nuestras relaciones bilaterales y
multilaterales, se hundieron en la mediocridad y la tormenta (Cuba y Francia),
durante estos doce años de panismo. Al intentar ponerle su sello, los gobiernos
panistas despedazaron una tradición sólida e histórica.
Las expresiones
de chauvinismo y auto-victimización parecen confirmar lo que Octavio Paz aborda
en El laberinto de la soledad, sobre
la añeja idiosincrasia del mexicano, en contrapartida con lo que César Cancino
plantea en El excepcionalismo mexicano
(Océano, 2012). Han cambiado poco los mexicanos.
Más allá de las
implicaciones políticas y diplomáticas, la SCJN reconoció lo que muchos
comentan y otros lamentan cuando ellos o sus familiares son involucrados en
hechos que afirman son fabricados por la autoridad: un sistema judicial que
falta cotidianamente a la más elemental justicia.
Lo que debería
preocuparnos es la intencionalidad de un gobierno al fabricar escenarios de
culpabilidad para normalizar la violencia del estado, criminalizar a inocentes,
desdeñar como “daños colaterales” a miles de asesinados en la guerra contra el
narco, hacer del abuso a los derechos humanos norma.
Obviedades.
1. Para The New York Times (23/01/13),
el monumento a las víctimas de la guerra de
Calderón, mandado construir por su victimario, es una metáfora accidental
de la niebla y
las dudas que giran en torno al
debate sobre la violencia y la victimización en México. 2. Desideologización y modernización en
el cambio de estatutos del PRI para ofertar PEMEX y aumentar el IVA a alimentos
y medicinas, son los principales argumentos de la tecnocracia neoliberal que no
se ha enterado que ni la historia ni las ideologías se han acabado. 3. Canonjías,
personalismo, es lo que persigue la “representación pluripartidista” en el
Congreso local, fruto de la escisión de la bancada del PRD y la chiquillada. 4.
Dos hechos incontrovertibles: la Defensoría Jurídica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán afirma que si la autoridad se lleva al
corralón los vehículos que no hayan cambiado sus placas violenta la ley y los
derechos de los particulares, mientras esa misma autoridad señala que no tiene
suficientes elementos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. 5. Crece
el optimismo en Washington por una reforma migratoria; el presidente Obama
iniciará en Nevada una gira para impulsar su propuesta, en tanto congresistas
de ambos partidos declaran ufanos que al menos este año se preparará el
escenario para impulsar una iniciativa que satisfaga a todos. 6. El comentario
del representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en
México, quien aseguró que Michoacán es de los estados del país que actualmente
experimenta una escalada de violencia, destempló a las autoridades michoacanas,
que días después tuvieron que aceptar sorprendidas que en Morelia los delitos
del fuero común aumentaron 80 por ciento y los homicidios 40 por ciento. 7. Las
recientes “resoluciones” del IFE son un monumento a la ridiculez e ignominia de
un organismo que cada vez más se transmuta en lo que el dinosaurio requiere:
consejeros con salarios y prestaciones millonarias aduladores y lambiscones. 8.
Una reforma migratoria en Estados Unidos parece tener un escenario propicio,
pero quizás es muy pronto para expresar nuestro optimismo; adicionalmente, es
un error que el gobierno de Enrique Peña Nieto no impulse abiertamente un
acercamiento con Washington para al menos opinar sobre las condiciones que
podrían afectar a unos 7 millones de mexicanos indocumentados actualmente
residiendo en ese país.