Montajes

Es difícil lamentar o aplaudir la polémica decisión de la SCJN, en el caso de Florence Cassez. Hubo ganadores y perdedores, si usamos esta maniquea visión. Lo evidente es la exhibición del gobierno de Felipe Calderón y sus subordinados y la constatación de la pudrición de nuestro sistema judicial.

La SCJN otorgó un amparo “liso y llano” a la francesa acusada de secuestro, a partir de un montaje mediático, cuya coproducción estuvo a cargo de una conocida televisora y quien fuera responsable de la AFI y después secretario de Seguridad Pública. La resolución no abordó si era o no culpable.

El problema con la manipulación y la corrupción del “debido proceso”, es que nunca sabremos si fue o no culpable. Por ejemplo, dos de los principales testigos y víctimas, cuyos testimonios se pedía fueran invalidados en la resolución original de la magistrada ponente, “reconocieron” a la indiciada al ver el video montaje.

De ninguna manera se duda aquí de su dicho, pero la resolución evidencia, con un botón de muestra, el desaseado manejo del sistema judicial por un gobierno mediocre, incapaz y corrupto. Refleja también que no interesaba la justicia, sino apabullar a las mayorías con video montajes aparentemente contundentes.

La resolución, marcada por el compás político, también evidencia a quienes se erigieron en adalides antisecuestro y acompañaron al gobierno panista en la supuesta defensa de las víctimas, en este y otros casos, como parte del entramado de complicidades y respaldo a la impunidad de la autoridad.

Su lucha personal, pues al menos dos de estos supuestos adalides antisecuestro fueron víctima de hechos tan lamentables, se desvirtuó y enrareció al oficializar sus demandas por justicia y convertirse en cómplices de la autoridad. La defensa de los derechos humanos que blanden es otra farsa mediática.

Acorde con el presidente del STJE de Michoacán, es falsa la contraposición que afirma que se vulneró el derecho de las víctimas, pues también debe “interesarles el juicio justo y el derecho a la verdad” (La Jornada Michoacán, 24/01/13), pues si el proceso no garantiza ambos aspectos tampoco se hace justicia.

No comparto totalmente la idea; elude el meollo del asunto: la actuación facciosa, falaz y corruptora de un gobierno ilegitimo, cuyos miembros deberían ser llevados ante la justicia. Las críticas a la SCJN y el sistema de justicia deberían dirigirse a ese grupo que presumía sus montajes y una guerra que ha violentado al país.

Observamos también, por un lado, manifestaciones extremas de chauvinismo y auto-victimización, cuando se plantea que la nacionalidad y el color de la piel de la implicada pesaron en la decisión de la SCJN, y por el otro, lamentos de pérdida de la soberanía y entreguismo por recuperar una relación diplomática.

En otro momento he señalado que la diplomacia mexicana, nuestras relaciones bilaterales y multilaterales, se hundieron en la mediocridad y la tormenta (Cuba y Francia), durante estos doce años de panismo. Al intentar ponerle su sello, los gobiernos panistas despedazaron una tradición sólida e histórica.

Las expresiones de chauvinismo y auto-victimización parecen confirmar lo que Octavio Paz aborda en El laberinto de la soledad, sobre la añeja idiosincrasia del mexicano, en contrapartida con lo que César Cancino plantea en El excepcionalismo mexicano (Océano, 2012). Han cambiado poco los mexicanos.

Más allá de las implicaciones políticas y diplomáticas, la SCJN reconoció lo que muchos comentan y otros lamentan cuando ellos o sus familiares son involucrados en hechos que afirman son fabricados por la autoridad: un sistema judicial que falta cotidianamente a la más elemental justicia.

Lo que debería preocuparnos es la intencionalidad de un gobierno al fabricar escenarios de culpabilidad para normalizar la violencia del estado, criminalizar a inocentes, desdeñar como “daños colaterales” a miles de asesinados en la guerra contra el narco, hacer del abuso a los derechos humanos norma.

Obviedades. 1. Para The New York Times (23/01/13), el monumento a las víctimas de la guerra de Calderón, mandado construir por su victimario, es una metáfora accidental de la niebla y las dudas que giran en torno al debate sobre la violencia y la victimización en México. 2. Desideologización y modernización en el cambio de estatutos del PRI para ofertar PEMEX y aumentar el IVA a alimentos y medicinas, son los principales argumentos de la tecnocracia neoliberal que no se ha enterado que ni la historia ni las ideologías se han acabado. 3. Canonjías, personalismo, es lo que persigue la “representación pluripartidista” en el Congreso local, fruto de la escisión de la bancada del PRD y la chiquillada. 4. Dos hechos incontrovertibles: la Defensoría Jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán afirma que si la autoridad se lleva al corralón los vehículos que no hayan cambiado sus placas violenta la ley y los derechos de los particulares, mientras esa misma autoridad señala que no tiene suficientes elementos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. 5. Crece el optimismo en Washington por una reforma migratoria; el presidente Obama iniciará en Nevada una gira para impulsar su propuesta, en tanto congresistas de ambos partidos declaran ufanos que al menos este año se preparará el escenario para impulsar una iniciativa que satisfaga a todos. 6. El comentario del representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, quien aseguró que Michoacán es de los estados del país que actualmente experimenta una escalada de violencia, destempló a las autoridades michoacanas, que días después tuvieron que aceptar sorprendidas que en Morelia los delitos del fuero común aumentaron 80 por ciento y los homicidios 40 por ciento. 7. Las recientes “resoluciones” del IFE son un monumento a la ridiculez e ignominia de un organismo que cada vez más se transmuta en lo que el dinosaurio requiere: consejeros con salarios y prestaciones millonarias aduladores y lambiscones. 8. Una reforma migratoria en Estados Unidos parece tener un escenario propicio, pero quizás es muy pronto para expresar nuestro optimismo; adicionalmente, es un error que el gobierno de Enrique Peña Nieto no impulse abiertamente un acercamiento con Washington para al menos opinar sobre las condiciones que podrían afectar a unos 7 millones de mexicanos indocumentados actualmente residiendo en ese país.