¿Diversidad étnica y multicultural?
Carlos Enrique Tapia
La Oficina del Censo de Estados Unidos (US Census Bureau), dio a conocer que a mediados del presente siglo ese país tendrá una portada demográfica y social étnicamente diversa. Este proceso es impulsado por el crecimiento poblacional de las minorías, las que en 2042 serán mayoría, con un amplio porcentaje de adultos mayores.
Hispanos o latinos, asiáticos y negros, cambiarán el mapa sociodemográfico, pero en especial los primeros, pues las mujeres latinas presentan actualmente las más altas tasas de natalidad. Se espera que la población infantil crezca un 62 por ciento en el 2050, de la que el 39 por ciento serán hispanos, en relación al 22 por ciento actual.
Esta “diversidad étnica y racial”, como la Oficina del Censo califica sus proyecciones demográficas al 2050, resultan paradójicas en el contexto actual dominante en ese país: antiinmigrante y, en algunos casos, antihispano y antimexicano. Muchos cambios tienen que ver con la dinámica inmigratoria y demográfica de los hispanos y los mexicanos.
Por ello, es interesante cuestionar si la “diversidad étnica y racial” será también multicultural. Un elemento de peso en la ola antiinmigrante reciente tiene que ver con el supuesto de que amplios sectores hispanos, particularmente mexicanos, se niegan a integrarse al mainstream o lo hacen lentamente y conservan mucho de su origen.
Los estadounidenses están en el camino de convertirse en la “mayoría-minoritaria” debido al ritmo de crecimiento demográfico de los hispanos, aunque este proceso ya va adelantado en cerca del 10 por ciento del total de los condados (3,141) de ese país. En 218 condados se llegará a dicho escenario en los próximos años.
Hay condados grandes y pequeños; rurales y urbanos. Muchos de estos condados están concentrados en ciertas áreas de Estados Unidos: al sureste, suroeste, especialmente en la frontera con México, en el centro y sur de California, en las zonas rurales de las Grandes Planicies, y en Alaska y Hawaii.
En varios condados una minoría comprende más del 50 por ciento de la población total. Dicho predominio varía: al sureste la “minoría-mayoritaria” es afroamericana; al suroeste, sur de Florida y partes de California son hispanos. Los indios americanos son mayoría en varios condados de Alaska, las Grandes Planicies, Arizona, Nuevo México y Utah.
Pero el juego de la “mayoría-minoritaria” y la “minoría-mayoritaria”, presenta problemas. El ingreso de los hogares en 43 por ciento de 302 condados de “mayoría-minoritaria” está debajo de los 30 mil dólares anuales; en 66 por ciento 1 de cada 5 residentes es pobre, y las condiciones económicas podrían agravarse para las crecientes minorías.
Así, la relación entre “mayoría-minoritaria” y “minoría-mayoritaria” tendería a profundizar las desigualdades, tanto socioeconómicas como raciales y étnicas. Estas tendencias no consideran la conformación de una sociedad multicultural; enfatizan la ideología de la mayoría “blanca no-hispana”, aunque en el 2050 sería una minoría.
Ello, a pesar de que para esa década la “mayoría-minoritaria”, particularmente los baby boomers, como adultos mayores, se beneficiarían de los impuestos, tanto de hispanos residentes legales, los nacidos en Estados Unidos y los inmigrantes indocumentados, al retirarse de la vida laboral.
Los mexicanos en Estados Unidos, residentes legales, naturalizados, mexicoamericanos, según la nomenclatura racial y racista del mainstream estadounidense, son una de las minorías cuyo crecimiento demográfico está cambiando el mapa social y económico de ese país, pero no se pueden hacer cuentas alegres sobre sus vínculos con México.
Importantes sectores mexicoamericanos están integrándose al mainstream; rechazan la inmigración indocumentada; culpan a los indocumentados por los bajos salarios y falta de empleo en algunos sectores; desconocen la sociedad mexicana, a pesar de la parafernalia cultural de sus progenitores, y tienden a ser conservadores.
miércoles, 27 de agosto de 2008
Migración México-EU
Autodeportación: Ironías de la relación México-Estados Unidos
Carlos Enrique Tapia
México y Estados Unidos están llevando a niveles escandalosos el problema de la migración indocumentada. Mientras la política interna estadounidense toma expresiones particulares a nivel local, entre ambos gobiernos se instaura una política bilateral cínica y antiinmigrante, que no se aleja mucho de la iniciada hace semanas por Europa.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), inició en Estados Unidos el Scheduled Departure Program (SDP), vigente del 5 al 22 de agosto, mientras en México el Instituto Nacional de Migración (INM), comenzó el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 2008 (PRVI), que rige del 21 de julio al 30 de septiembre.
La “repatriación voluntaria” es una política bilateral instaurada en el foxiato, que en los hechos complementa distintas acciones de la política interna de Estados Unidos. El PRVI, que entra en su quinta edición, ha trasladado desde Tucson, Arizona, a la Ciudad de México, a 63,445 mexicanos detenidos durante el verano en el corredor Sonora-Arizona.
En Estados Unidos, el SDP es piloto, complementa al Fugitive Operations Program, cuyo objetivo son los extranjeros fugitivos para arrestarlos y expulsarlos de ese país, e “invita” a los inmigrantes indocumentados a abandonar territorio estadounidense “voluntariamente”, sin enfrentar cargos criminales.
Dicho programa ha causado otro agrio debate en Estados Unidos, en el que abogados migratorios y defensores de los derechos de los inmigrantes, acusan de hipócrita al gobierno de su país, pues tendría similares consecuencias que las redadas, la deportación y el encarcelamiento de indocumentados por delitos hoy graves.
La convergencia de ambos programas, habla de una política intergubernamental, bilateral, para regular la migración. Del lado estadounidense, la criminalización de los indocumentados implica su deportación “programada”, mientras México los traslada al interior, para dificultar su intento de volver a cruzar la frontera con Estados Unidos.
En Estados Unidos, la prensa ha dado cabida al debate sobre el SDP, aderezando la crítica con evidencias sobre la expulsión de indocumentados enfermos por parte de algunos hospitales, el maltrato y abuso que sufren las mujeres detenidas, la ruptura de familias, el abandono de niños ciudadanos de ese país, entre otros graves problemas.
Un aspecto del debate mediático, es la ironía con que es calificado el SDP, pues ha sido lanzando como un programa “humanitario”, que ofrece “garantías# a los indocumentados para abandonar Estados Unidos, pero evita discutir su impacto en las familias, los niños y el significado del retorno a países devastados económica y socialmente.
En México, salvo el aplauso que algunos dicen merece el calderonato por modificar la Ley de Población para reducir el maltrato a los transmigrantes del sur, no se discute el PRVI, el cual también tiene un supuesto componente “humanitario”, pues pretende “salvar” vidas en el corredor Sonora-Arizona, pero no es más que una medida antiinmigrante.
La negativa a abrir el TLCAN, particularmente para introducir el tema de la movilidad de la población, la migración y el desplazamiento por razones laborales, favorece la implementación de medidas bilaterales que buscan regular la migración internacional, pero que se reducen a acciones antiinmigrantes avaladas por ambos países.
Carlos Enrique Tapia
México y Estados Unidos están llevando a niveles escandalosos el problema de la migración indocumentada. Mientras la política interna estadounidense toma expresiones particulares a nivel local, entre ambos gobiernos se instaura una política bilateral cínica y antiinmigrante, que no se aleja mucho de la iniciada hace semanas por Europa.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), inició en Estados Unidos el Scheduled Departure Program (SDP), vigente del 5 al 22 de agosto, mientras en México el Instituto Nacional de Migración (INM), comenzó el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 2008 (PRVI), que rige del 21 de julio al 30 de septiembre.
La “repatriación voluntaria” es una política bilateral instaurada en el foxiato, que en los hechos complementa distintas acciones de la política interna de Estados Unidos. El PRVI, que entra en su quinta edición, ha trasladado desde Tucson, Arizona, a la Ciudad de México, a 63,445 mexicanos detenidos durante el verano en el corredor Sonora-Arizona.
En Estados Unidos, el SDP es piloto, complementa al Fugitive Operations Program, cuyo objetivo son los extranjeros fugitivos para arrestarlos y expulsarlos de ese país, e “invita” a los inmigrantes indocumentados a abandonar territorio estadounidense “voluntariamente”, sin enfrentar cargos criminales.
Dicho programa ha causado otro agrio debate en Estados Unidos, en el que abogados migratorios y defensores de los derechos de los inmigrantes, acusan de hipócrita al gobierno de su país, pues tendría similares consecuencias que las redadas, la deportación y el encarcelamiento de indocumentados por delitos hoy graves.
La convergencia de ambos programas, habla de una política intergubernamental, bilateral, para regular la migración. Del lado estadounidense, la criminalización de los indocumentados implica su deportación “programada”, mientras México los traslada al interior, para dificultar su intento de volver a cruzar la frontera con Estados Unidos.
En Estados Unidos, la prensa ha dado cabida al debate sobre el SDP, aderezando la crítica con evidencias sobre la expulsión de indocumentados enfermos por parte de algunos hospitales, el maltrato y abuso que sufren las mujeres detenidas, la ruptura de familias, el abandono de niños ciudadanos de ese país, entre otros graves problemas.
Un aspecto del debate mediático, es la ironía con que es calificado el SDP, pues ha sido lanzando como un programa “humanitario”, que ofrece “garantías# a los indocumentados para abandonar Estados Unidos, pero evita discutir su impacto en las familias, los niños y el significado del retorno a países devastados económica y socialmente.
En México, salvo el aplauso que algunos dicen merece el calderonato por modificar la Ley de Población para reducir el maltrato a los transmigrantes del sur, no se discute el PRVI, el cual también tiene un supuesto componente “humanitario”, pues pretende “salvar” vidas en el corredor Sonora-Arizona, pero no es más que una medida antiinmigrante.
La negativa a abrir el TLCAN, particularmente para introducir el tema de la movilidad de la población, la migración y el desplazamiento por razones laborales, favorece la implementación de medidas bilaterales que buscan regular la migración internacional, pero que se reducen a acciones antiinmigrantes avaladas por ambos países.
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