Migración México-EU

Autodeportación: Ironías de la relación México-Estados Unidos

Carlos Enrique Tapia

México y Estados Unidos están llevando a niveles escandalosos el problema de la migración indocumentada. Mientras la política interna estadounidense toma expresiones particulares a nivel local, entre ambos gobiernos se instaura una política bilateral cínica y antiinmigrante, que no se aleja mucho de la iniciada hace semanas por Europa.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), inició en Estados Unidos el Scheduled Departure Program (SDP), vigente del 5 al 22 de agosto, mientras en México el Instituto Nacional de Migración (INM), comenzó el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 2008 (PRVI), que rige del 21 de julio al 30 de septiembre.
La “repatriación voluntaria” es una política bilateral instaurada en el foxiato, que en los hechos complementa distintas acciones de la política interna de Estados Unidos. El PRVI, que entra en su quinta edición, ha trasladado desde Tucson, Arizona, a la Ciudad de México, a 63,445 mexicanos detenidos durante el verano en el corredor Sonora-Arizona.
En Estados Unidos, el SDP es piloto, complementa al Fugitive Operations Program, cuyo objetivo son los extranjeros fugitivos para arrestarlos y expulsarlos de ese país, e “invita” a los inmigrantes indocumentados a abandonar territorio estadounidense “voluntariamente”, sin enfrentar cargos criminales.
Dicho programa ha causado otro agrio debate en Estados Unidos, en el que abogados migratorios y defensores de los derechos de los inmigrantes, acusan de hipócrita al gobierno de su país, pues tendría similares consecuencias que las redadas, la deportación y el encarcelamiento de indocumentados por delitos hoy graves.
La convergencia de ambos programas, habla de una política intergubernamental, bilateral, para regular la migración. Del lado estadounidense, la criminalización de los indocumentados implica su deportación “programada”, mientras México los traslada al interior, para dificultar su intento de volver a cruzar la frontera con Estados Unidos.
En Estados Unidos, la prensa ha dado cabida al debate sobre el SDP, aderezando la crítica con evidencias sobre la expulsión de indocumentados enfermos por parte de algunos hospitales, el maltrato y abuso que sufren las mujeres detenidas, la ruptura de familias, el abandono de niños ciudadanos de ese país, entre otros graves problemas.
Un aspecto del debate mediático, es la ironía con que es calificado el SDP, pues ha sido lanzando como un programa “humanitario”, que ofrece “garantías# a los indocumentados para abandonar Estados Unidos, pero evita discutir su impacto en las familias, los niños y el significado del retorno a países devastados económica y socialmente.
En México, salvo el aplauso que algunos dicen merece el calderonato por modificar la Ley de Población para reducir el maltrato a los transmigrantes del sur, no se discute el PRVI, el cual también tiene un supuesto componente “humanitario”, pues pretende “salvar” vidas en el corredor Sonora-Arizona, pero no es más que una medida antiinmigrante.
La negativa a abrir el TLCAN, particularmente para introducir el tema de la movilidad de la población, la migración y el desplazamiento por razones laborales, favorece la implementación de medidas bilaterales que buscan regular la migración internacional, pero que se reducen a acciones antiinmigrantes avaladas por ambos países.