El reciente
anuncio del presidente Obama que reactiva, con restricciones, la llamada Dream
Act (acrónimo de Development, Relief, and Education for Alien
Minors Act), ha generado reacciones encontradas en el contexto electoral que
también en Estados Unidos está en camino. Los republicanos tienen un nuevo
frente para reforzar su postura antiinmigrante.
Barack
Obama, en uso de sus atribuciones, ordenó detener las deportaciones de
estudiantes indocumentados, quienes arribaron a Estados Unidos siendo niños
cuando sus padres se establecieron definitivamente en ese país. Según el Migration
Policy Institute, podrían beneficiarse 1.4 millones de niños y jóvenes menores
de 15 y hasta 30 años de edad.
Según la Secretaria
de Seguridad Interna (DHS, siglas en inglés), no se iniciarán acciones de
deportación a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16
años de edad, que hayan residido al menos 5 años en ese país, que estén
estudiando, sean graduados de High School o veteranos del ejército, y menores
de 30 años sin antecedentes criminales.
Las reacciones
en Estados Unidos van de la férrea oposición, tanto de los republicanos,
incluido su candidato presidencial, como de los grupos y Think Tanks
antiinmigrantes, a la bienvenida por una medida largamente esperada y reclamada
por abogados, defensores y activistas a favor de una reforma inmigratoria
comprehensiva.
El candidato
presidencial republicano, Mitt Romney, acusó al presidente Obama de implementar
una medida “motivada políticamente” por las elecciones presidenciales del 6 de
noviembre. Insistió, según The New York Times (17/06/2012), en que debió hacer
algo en los pasados tres años y medio, no en los últimos meses de que finalice
su mandato.
Sin duda la
medida es polémica, y resulta de al menos dos situaciones: responde, por un
lado, a las acciones de los activistas pro-inmigrantes que se han manifestado
en contra de las deportaciones y la política inmigrante más restrictiva y, por
el otro, al proceso electoral en puerta, en el que el voto latino o hispano
podría ser determinante.
Efectivamente,
en los pasados tres años y medio, la promesa de una reforma inmigratoria
comprehensiva de Obama a los electores latinos, estuvo condicionada por el
cálculo político y sus implicaciones. Cuando tuvo mayoría en el Congreso de ese
país, los demócratas se abstuvieron y los republicanos que apoyaban la
iniciativa, retiraron su voto.
Después de continuar
con la política inmigratoria restrictiva de Bush, en esos tres años y medio,
que resultó en la caída de la inmigración y el alza de las deportaciones a 400
mil personas anualmente, violaciones a los derechos humanos, entre otros, se
decide electoralmente detener parcialmente las deportaciones de un sector de
los inmigrantes.
Por supuesto que
la medida no es desdeñable, pero es producto del cálculo político de los
demócratas y el desistimiento de aquellos republicanos que en su momento
favorecieron la reforma inmigratoria, todo en consonancia con la crisis, la
opinión pública, las voces pro y anti-inmigrantes, y el clima electoral.
El trabajo de
los activistas latinos y pro-inmigrantes es también un factor que en el
contexto electoral favoreció la medida. Las presiones, protestas y marchas
contra una política inmigratoria gubernamental restrictiva y dañina a las
familias, particularmente latinas, y la urgencia de atraer votos para la causa
reeleccionista, jugaron su papel.
La medida en sí
misma rechaza la amnistía; únicamente provee un marco para regular la estancia
de niños y jóvenes indocumentados, ofrece un alivio a las tensiones creadas por
los procesos de deportación, y detiene los procedimientos contra la población
que cubra ciertos requisitos, por lo que es igualmente restrictiva.
Para los
inmigrantes mexicanos es favorable, pues la mayoría de los latinos es de este
origen. Sin duda es una medida que ofrece una pausa a los hijos de los
inmigrantes que nacieron en México y cuyos padres decidieron, en los pasados 30
años, establecerse definitivamente en Estados Unidos.
Muchos de estos inmigrantes
indocumentados, niños y jóvenes, hombres y mujeres, a pesar de su situación
legal, están integrados a la sociedad estadounidense, son regularmente
bilingües, estudian y tienen entre sus metas vitales permanecer en ese país.
Enfrentar un proceso de deportación es particularmente devastador para ellos y
sus familias.
Como Gustavo
López Castro (El Colegio de Michoacán) está documentando, la migración de
retorno está al alza. Buena parte de los retornados son niños y jóvenes, además
de que muchos fueron objeto de procesos de deportación. Y el problema es que en
los distintos niveles de gobierno nadie está diseñando alguna política pública
al respecto.
La Dream Act
electoral de seguro tendrá efectos positivos para la reelección de Barack
Obama. De seguro formará parte de otra serie de promesas de campaña que en un
momento dado podrían implicar una reforma migratoria restringida, pues la
presión del electorado conservador y antiinmigrante no es desdeñable.
Esta medida es
sin duda un gran avance respecto a una política que golpea cotidianamente a los
inmigrantes, particularmente latinos e indocumentados. A pesar de las
restricciones, un considerable número de niños y jóvenes indocumentados podrían
acogerse a la medida, incluso podrían tramitar licencias de conducir y trabajar
legalmente.
