Más allá de pruritos ideológicos,
asistimos a la agudización de la ingobernabilidad en Michoacán. Ya no es un
epíteto, arrogancia partidista, postura ideológica o mercadotecnia. El actual gobierno
priista, entre quejas contra el anterior, exhibición mediática, parálisis
burocrática, naufraga.
El naufragio es, como vemos en
los medios y en la realidad, de consecuencias incalculables. Las autodefensas
son grupos armados de corte paramilitar que hoy tienen objetivos concretos en
contra de criminales bien identificados, grupos que crecieron a la vera de la
inacción y complicidad gubernamental.
Como la CNDH afirmó, las
autodefensas son ilegales, pero surgieron porque los gobiernos federal, estatal
y municipal, nada han hecho por la seguridad de la población. Igualmente porque
prevalece la complicidad, impunidad e imposición de la fuerza de los
delincuentes que parecen gozar de protección.
Los registros etnográficos de
algunos investigadores, periodistas y gente común que se atreve a narrar las
atrocidades de los criminales erigidos en autoridad por diversas vías, ofrecen
testimonios de extorsión, secuestro, asesinato, violencia cotidiana, violación
a niñas y mujeres, ejecuciones.
Según diversos medios, la
delincuencia organizada posee una fuerza de al menos 10 mil efectivos, todos
entrenados para asesinar, secuestrar, extorsionar e imponer la enfermiza
voluntad de un grupo que violenta la cotidianidad de miles de pobladores con el
pretexto de luchar contra otros carteles.
En las dos últimas semanas, la
violencia ha subido de tono, por el avance de las autodefensas, en un contexto
de inacción y parálisis gubernamental, cuyo despliegue mediático naufraga. Su
comunicación social pretende escamotear el derecho a la información, en aras de
una simplista imagen.
Y finalmente, este fin de semana
el gobierno estatal claudicó y urgió acciones del gobierno federal, el cual se
regodea con una costosa campaña mediática de mentiras para celebrar las
“reformas estructurales”, mientras la delincuencia organizada y las
autodefensas se enfrentan en nuestro estado.
El lunes, después de una reunión
en la que el gobierno federal afirmó que tomará el control de la zona de
conflicto, y el arribo de cientos, quizás miles de nuevos efectivos, la pequeña
guerra parece que dará un nuevo giro, pero en contra de las autodefensas, como
ocurrió en la población de Antúnez.
No hay, desde la perspectiva de
este escribano, novedad en la estrategia. El ejército va en contra de las
autodefensas, pero no contra los criminales. Lo mismo han hecho los dos últimos
gobiernos del estado. Su inacción, burocratización y perversidad mediática, alimentaron
el escenario actual.
El gobierno estatal, entre
anuncios mediáticos (“despachará de manera recurrente” en la zona de conflicto),
se atrinchera en Morelia, una ciudad en la que la inseguridad va al alza. Robos
de vehículos, asesinatos, ejecuciones, extorsiones, inacción y obras de
relumbrón.
Por supuesto que esta pequeña
guerra tiene como principal escenario la Tierra Caliente, pero la gente guarda
largos silencios en las ciudades a las que actualmente arriban los desplazados
de la zona de conflicto, porque sus nuevos destinos no están libres de
delincuentes e inacción gubernamental.
En alguna pasada colaboración
sostuve que el conflicto, concentrado en una zona, no debía ser usado
políticamente para solicitar la desaparición de poderes. Lo sigo sosteniendo,
pero urge desburocratizar y dejar de usar la costosa campaña mediática en
marcha para aparentar que todo está bien.
La estrategia debe ser clara. El
crimen organizado, sus bases de apoyo, las redes que tejió en el último
decenio, fuentes financieras y cómplices, deben ser removidos paulatinamente
para que la conflictividad descienda. Esta lucha, que hasta la fecha no se ha
dado, debería ser el principal objetivo.
Sin duda, las autodefensas
deberán desarmarse paulatinamente también. Pero los gobiernos federal y
estatal, no pueden seguir con su campaña mediática donde la lucha contra el
crimen organizado apenas aparece, mientras las autodefensas se mueven entre el
fuego criminal y la inacción gubernamental.
Al descender la conflictividad en
la zona, deberá implementarse una política pública fuera de partidismos y
complacencias altruistas y caritativas. Es urgente penetrar las entrañas de la
estructura social y económica para revertir el proceso social e ideológico que
hizo de la delincuencia organizada alternativa de vida.
Es claro que tales acciones van
más allá del electorelismo de la Sedesol y otras instancias supuestamente
encargadas de combatir la pobreza. Es necesario reconocer, asumir y diseñar una
política pública que revierta décadas de abandono gubernamental, marginación,
precariedad, pobreza.
Un artículo del Global Post (01/13/2014), señala que las
autodefensas están llenando el vació dejado por el gobierno y representan un
desafío de incalculables consecuencias. Son ilegales, pero contradictoriamente
la presencia del crimen organizado ha sido normalizada, o al menos eso se
pretende.
En realidad, el crimen organizado
ocupó en diferentes momentos los vacíos dejados por el gobierno. A nivel de las
estructuras socioeconómicas de cientos, quizás miles de comunidades y
localidades, la presencia de la delincuencia se fue normalizando por la inacción
gubernamental.
A este escribano le han narrado
historias en las que la delincuencia organizada actúa como benefactora y
autoridad, por medio del uso de la fuerza, el asesinato, la extorsión, la
amenaza, las ejecuciones, las violaciones, el chantaje, el secuestro. El tejido
social fue colonizado por estas prácticas en el último decenio.
Las autodefensas están ocupando
los vacíos gubernamentales, particularmente el de la seguridad, porque las
complicidades en variados niveles han paralizado la obligación del Estado, no
sólo de usar legítimamente la fuerza sino también que la gente viva segura y no
amenazada y con miedo.
Observemos cómo se desarrolla
este nuevo episodio. La estrategia, nada novedosa, pretende controlar la zona
de conflicto ante el avance de las autodefensas, pero olvida que la
delincuencia podría desplazarse hacia otras regiones del estado, lo que no
parece estar en la agenda gubernamental.
Finalmente, en tanto las
complicidades tejidas durante años, tanto a nivel del tejido social como institucional
no sean exhibidas y desmanteladas, esta “nueva” estrategia del gobierno federal
tendrá poco éxito. Las armas pueden hacer mucho, pero el problema de la
delincuencia y sus vínculos es estructural.
