Subordinación e intransigencia

Durante el último gobierno panista, la relación México-Estados Unidos, por esquizofrenia personal, ignorancia y mediocridad, favores económicos para implementar esta guerra que empeora, cayó en la total subordinación a la política y estrategia interna y continental de la Unión Americana.

Ahora el gobierno priista confirma que más vale estar subordinado que protagonizar una relación bilateral en la que la vecindad geográfica, la dependencia económica, un proceso migratorio histórico, entre otros, sean integrados a una estrategia que favorezca a nuestro país.

Señala un subsecretario de la SRE, que en cuanto a los millones de indocumentados mexicanos, no se le va a dar “gusto” a quienes insisten en que el gobierno mexicano tenga una postura activa en un problema claramente bilateral, diplomático, económico, político y social.

Como en el siglo pasado, ni regresen, quédense en Estados Unidos y cualquier cosa que ese país les otorgue, es lo mejor que podrían tener. Mientras tanto, México “calladito”, sin aspavientos, se ve bien. Que los indocumentados, expulsados por los gobiernos pasados se las arreglen.

La postura mexicana está a tono con la política continental estadounidense que define la migración como potencialmente terrorista. Y en la estrategia México es parte de un entramado en la que nuestra frontera sur es clave para regular y detener la migración centroamericana y el sur continental.

Barak Obama profundizó la política restrictiva contra la inmigración que George W. Bush implantó a raíz de los atentados terroristas de septiembre de 2001. El segundo promovió las redadas y detenciones, mientras el primero las acentuó criminalizando y deportando a 400 mil inmigrantes cada año.

El cálculo político, que no alcanza a arraigar entre la derecha republicana, el Tea Party, los antiinmigrantes y los anglosajones blancos protestatanes (WASP, siglas en inglés), ha llevado al escalamiento de una política inmigratoria discriminatoria, restrictiva y violatoria de los derechos humanos.

Mientras tanto, en nuestro país el gobierno actual marcha con el estadounidense en acatamiento a una estrategia que ve en los inmigrantes indocumentados una seria amenaza. Una política continental que incluye la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el saneamiento económico del país del norte.

Pero no solo eso. El gobierno mexicano espera, ante la eventualidad de una reforma migratoria, alejar el fantasma del retorno masivo que termine por romper el aparente idilio mediático que propaga unas supuestas “reformas estructurales”, donde el extranjero es lo único que salvará a este país.

En el plano interno, la “guerrilla” mediática que intenta fijar en las percepciones de la ciudadanía un país inexistente y un futuro aún más improbable, no cesa. Pero cada día esa plataforma ideológica-política se desvanece, a pesar de los jilgueros mediáticos. Las reformas están despeñándose.

Tal es el caso de las reformas educativa y laboral. La primera restringe y atenta contra los derechos laborales del magisterio, además de suponer que los padres de familia, sin tomar en cuenta su condición de precariedad, tendrán que financiar una educación pública definida por el empresariado.

La reforma laboral únicamente ha acentuado la precariedad laboral, para solaz esparcimiento de los empresarios y los abusos de los “emprendedores” del outsourcing. Datos oficiales muestran la caída libre del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y la indefensión de los trabajadores.

Como se observa en los presupuestos de egresos e ingresos, tanto de la federación como de Michoacán, la austeridad se aplica a los ciudadanos. Los legisladores, burócratas de primer nivel, las áreas de propaganda (de comunicación social nada tienen), tendrán aumentos más que sustantivos.

A la fecha, las reformas educativa y laboral, junto con la propaganda de austeridad, están deslegitimadas. Una es parte del saldo favorable de la movilización magisterial; la segunda, las estadísticas la han evidenciado, y la tercera, sigue produciendo efectos contrarios a los que se pretenden.

Sin duda, “Manuel” e “Ingrid” terminaron de desnudar a los gobiernos de todos los colores, al nacional y los estatales. Mientras la fiesta seguía, el desastre nos mostró la realidad de un país devastado económica, social y ecológicamente. La marginación, la pobreza, la violencia, la precariedad, siguen ahí.

En la relación México-Estados Unidos continuará la herencia panista que también devastó y desfiguró la larga tradición mexicana en cuanto a su papel en las relaciones internacionales, mientras internamente la intransigencia de hecho y mediática exhiben las caras de un gobierno y un país con graves problemas.

Obviedades. 1. Es razonable suponer que en cuanto al IVA en alimentos y medicinas y otros impuestos planteados en la “reforma hacendaria”, los diputados y senadores harán su tarea: aplicarlos para así dar otro respiro a un presidente de la república cada vez más cuestionado y con importantes derrotas. 2. Estudiantes de universidades privadas, en su derecho, alzan la voz en contra del IVA en las colegiaturas, pero el “movimiento” tiene tufo pro-empresarial. La IP usando a sus estudiantes para presionar al gobierno de EPN. 3. En Sinaloa, el cartel del golfo reparte despensas ante la parálisis priista, mientras en Michoacán en mantas se acusa a ese mismo gobierno de complicidad e inoperancia. 4. Dice Gustavo Madero, el presidente del PAN, junto con los pripanistas, que la privatización del petróleo y el sector energético de este país está “sobreideologizada” como para someterla a consulta, pero saben que una mayoría de mexicanos, independientemente de su grado de conservadurismo, porque la izquierda sigue siendo una minoría, se opone. 6. El Papa Francisco, en una extensa y provocadora entrevista, llamó a la anquilosada Iglesia católica y a sus fieles, a hacer a un lado los extremismos sobre el aborto, la homosexualidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo, para renovar una religión que debería ser luz ante tantas injusticias, discriminación y abuso de poder. 7. 232 millones de personas, 3.2 por ciento de la población mundial, viven actualmente en otro país. La mayoría de los migrantes salen del sur para asentarse en otras naciones del sur y del norte, mientras Estados Unidos sigue siendo el principal receptor. 8. El Pew Hispanic Center, en su reciente reporte, afirma que la tendencia a la disminución de la inmigración indocumentada en la Unión Americana se está revirtiendo. A marzo de 2012, el número de indocumentados llegó a 11.7 millones respecto a los 11.3 de 2009. 9. Efectivamente, el tipo de cambio ha aligerado la caída continua de las remesas, pero ya es supina ignorancia seguir viéndolas como la única oportunidad para el bienestar de las familias, mientras ninguna política pública se pone en marcha en nuestro estado. 10. La emigración del sur del país a Estados Unidos sigue cobrando relevancia: 81 por ciento son jóvenes entre 20 y 39 años que no han concluido la secundaria; el 73 por ciento son hombres y el 27 por ciento mujeres.

Dreamers

Nueve jóvenes mexicanos, entre deportados y retornados por distintas razones, retaron al sistema jurídico de Estados Unidos al plantarse en la garita que une las Nogales mexicana y estadounidense. Solicitaron una visa humanitaria, que obligó al gobierno de ese país, discutir su postura, después de arrestarlos por 17 días.

Los jóvenes, que originalmente habían sido llevados a ese país siendo niños, buscan regresar, acogerse a las leyes que podrían favorecerlos, detener las deportaciones y las rupturas familiares por estas causas, realizaron sus acciones semanas antes del primer aniversario del programa DACA.

El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, fecha que presentó contrastantes posiciones, cifras y discursos. Fue establecida por la ONU, con motivo de la Primera Sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, para concientizar sobre el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de 1995.

DACA, son las siglas del programa Deferred Action for Childhood Arrivals, el cual entró en vigor el 15 de agosto de 2012; cumplió el jueves pasado un año de su operación mandatada por el presidente Obama. La finalidad es detener por dos años las deportaciones de jóvenes que llegaron a ese país siendo niños.

Acorde con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés), al 13 de julio, del total de solicitudes recibidas (573,404), 552,918 habían sido aceptadas. De ese número, 421,649 mexicanos aparecen como aceptados a la fecha, pero de estos, 329,833, habían sido aprobados.

Un reciente estudio de la Brookings Institution refiere que más de la mitad de la población estimada, había presentado su solicitud. Asimismo, tres cuartas partes de los aceptados habían sido aprobados. Del total, 54 por ciento son menores de 21 años, mientras el 51 por ciento de los solicitantes son mujeres.

Entre los dreamers que retaron al sistema jurídico estadounidense y que hoy esperan la resolución de las cortes, y los dreamers cuya solicitud fue aceptada y aprobada bajo el programa DACA, la única diferencia es la amenaza de deportación. Coinciden en su esperanza y esfuerzo por hacer realidad su “american dream”.

Los jóvenes en su día, acorde con cifras y discursos, son actualmente un grupo altamente vulnerable. Sus derechos más atacados son el trabajo, educación, empleo, salud y no discriminación. Están sometidos a las presiones de la pobreza, la marginación, el abandono y la discriminación gubernamental, el consumismo.

Destaca la reprobable postura del titular de la Secretaría de los Jóvenes en Michoacán: solo le importan los jóvenes que “si trabajan y sí estudian”, desdeñando a los atrapados en la delincuencia. Llamó a convertir en un acto de propaganda la situación que vive el estado: “hablar en positivo” y “limpiar la imagen del estado”.

Esta postura revive la promovida por Felipe Calderón durante todo su sexenio en el contexto de su esquizofrénica guerrita contra el narco: criminalizados, desdeñados como “daño colateral”, asesinados y desaparecidos por las burocracias policíaco-militares. La exclusión como política gubernamental.

Los jóvenes mexicanos que no fueron llevados de niños a Estados Unidos, que todavía no han emigrado, y forman parte del bono demográfico que la transición epidemiológica nos legó, también son dreamers. Por las razones que sean, siguen con sus esperanzas y esfuerzo en este país a pesar del desdén oficial.

Según la ONU, de las 214 millones de personas que anualmente emigran a nivel mundial, el 30 por ciento son jóvenes. Y los migrantes entre 15 y 24 años, salen de su país por amenazas a su seguridad y la pobreza. En México, la migración de mujeres y niñas aumentó 30 por ciento en el 2012, por cuestiones económicas.

Las cifras del programa DACA son positivas, pero los hijos de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos son más pobres, con salud más vulnerable y menores niveles de inscripción en preescolar. La Foundation for Child Development, afirma que los padres de estos niños presentan los peores indicadores de pobreza.

Sin duda, los dreamers en Estados Unidos representan un importante sector que busca cambiar las percepciones sobre la inmigración indocumentada. Miles de jóvenes mexicanos están poniendo a prueba sus sueños y esperanzas. Igualmente, son un llamado de atención al gobierno y sociedad mexicana.

Efectivamente, en México, los dreamers viven en condición de vulnerabilidad. Más de siete millones de “ninis”; jóvenes, hombres y mujeres, y niños y niñas, intentando alcanzar el “sueño americano”; miles atrapados en la pobreza, la marginación y la delincuencia; miles desparecidos y asesinados.

La juventud en este país está en entredicho. Y el desdén gubernamental está a la orden del día. La exclusión promovida por los funcionarios públicos no es solo reprobable, es muestra de la ignorancia oficial y el desinterés gubernamental por diseñar políticas públicas que respondan a los retos actuales.

Obviedades. 1. Las detenciones en Aquila parecen enredar aún más la situación que se vive en esa región, mientras los delincuentes siguen el baño de sangre: 9 hombres asesinados fueron encontrados en una localidad cercana a Buenavista Tomatlán; adicionalmente, las autoridades hacen caso omiso de las denuncias de los involucrados y detenidos en esa población. 2. Una lectura detenida de la iniciativa de reforma energética da cuenta de que la mitad es propaganda pura, retórica dinosáurica, salinismo trasnochado y el intento por convertir a PEMEX y la CFE en administradoras de contratos y la corrupción reinante. Lo real vendrá en las leyes secundarias, ahí es donde se está preparando el regalo a las transnacionales y las elites económicas mexicanas. 3. La corrupción calderonista sigue dando información: su gobierno creó una serie de filiales de PEMEX en el extranjero para el manejo discrecional, opaco y fuera de la ley mexicana, por decir lo menos, de miles de millones de pesos. ¿Los votos del PAN para aprobar la reforma energética acallarán este nuevo escándalo? 4. La propaganda que busca imponer una reforma energética se monta en una historia manipulada y costosa; no explica cómo los gobiernos y las elites económicas y políticas han hundido a Pemex y la CFE, además de apropiarse de una riqueza que hoy manipulan para legitimar el saqueo. 5. Adicionalmente a la feroz campaña para imponer la reforma energética, hay otra paralela para convencer de los supuestos beneficios del maíz transgénico, y por extensión de otros alimentos; miente sobre su impacto en la biodiversidad, el maíz y otros alimentos tradicionales, y omite el debate sobre sus efectos en la salud humana.

Michoacán convulso

La semana pasada, nuestra entidad vivió una serie de episodios, todavía no sabemos si han terminado, en los que la delincuencia organizada mostró su estrategia, la cual parece incluir información proveniente del Estado mexicano, capacidad organizativa, armamento y envalentonamiento.

En los últimos meses, entre los conflictos con otros grupos delincuenciales, el hartazgo en algunas poblaciones que se han armado para defender su vida, las presiones de la Policía Federal y el ejército, se fueron tejiendo una serie de escenarios que están convulsionando nuestro estado.

Según el parte del gobierno federal, los ataques son respuestas desesperadas de la delincuencia organizada a las acciones oficiales. En contra de esta versión, en otros ámbitos se sugiere que la delincuencia de factura local se está reposicionando, mostrando fuerza, estrategia y capacidad de ataque.

El arresto del líder de los Zetas, cuyo reemplazo ya está en funciones, previó reacomodos en las zonas de dominio de los distintos cárteles. Michoacán parece un experimento para medir fuerzas con la autoridad, el involucramiento de algunos pueblos en su propia defensa y el reposicionamiento de las delincuencias locales.

La muerte de un almirante de la Marina mexicana, es uno de los problemas que el gobierno federal debe asumir, pero la militarización no lo resolverá. Del 28 de junio a la fecha, 48 personas han muerto: dos oficiales de la Marina, siete agentes federales, 10 civiles y 29 presuntos delincuentes. Hay 31 policías federales heridos.

Pero las cifras de muertos y heridos, y el impacto de los enfrentamientos, opacan las realidades locales. En otro momento he comentado, a partir de entrevistas y reportes obtenidos de algunas localidades, sobre la capacidad irruptora de la delincuencia organizada en las estructuras sociales y económicas.

El tejido social, un manoseado término sociológico, fue roto y copado desde hace más de diez años. La delincuencia organizada irrumpió en la cotidianidad de las sociedades civiles, productores agropecuarios, pequeños y grandes propietarios, comuneros, con miedo, asesinatos, extorsiones y violencia paramilitar.

Un sitio web llamado Subversiones, tiene en su portal videos de entrevistas realizadas por agenciasubversiones.org, que exponen situaciones que cuestionan todo el discurso gubernamental, la estrategia guerrera hasta ahora seguida, y el hartazgo de múltiples poblaciones de la Tierra Caliente y la Costa michoacana.

La solicitud de indígenas purépecha de Los Reyes, en la ciudad de México, al gobierno federal para acabar con las extorsiones e inseguridad, actualiza públicamente los videos señalados y muestra una exasperante realidad donde el crimen organizado pretende sustituir al Estado y los gobiernos locales.

Según la derecha partidista, representada por el PAN y el PRD en Michoacán, el Congreso local debe convocar a nuevas elecciones, con la finalidad de que ambos o uno de esos partidos, se haga del poder para terminar de hundir al estado. Porque su interés no es por el bien de los michoacanos, sino cupular.

La desaparición de poderes o nuevas elecciones no van a resolver la situación de violencia. El argumento de que el actual gobernador interino carece de autoridad, omite ominosamente el actuar de ambos partidos durante el sexenio federal y el cuatrienio estatal pasados.

Uno de esos partidos, a nivel federal, lanzó una guerra que lleva más de 100 mil muertos, y el otro, a nivel local, únicamente salía a reclamar por su “honestidad y moral”, mientras la administración era un desbarajuste y la delincuencia organizada se enraizaba a punta de ejecutados y violencia.

El gobierno estatal carece de estrategias para enfrentar años de enraizamiento e irrupción del crimen organizado en las estructuras sociales y económicas locales, mientras el gobierno federal se pasma ante la conflictividad en Michoacán, y su única respuesta es militarizar.

Afirman algunos analistas que Enrique Peña Nieto podría enfrentar en Michoacán el fracaso o el éxito, si no delinea una estrategia distinta, o al menos renovada, de combate al crimen organizado. Igualmente, los partidos políticos deberían ser más propositivos y dejar de sacar leña de los árboles caídos en nuestro estado.

Obviedades. 1. No es mala idea la de los senadores mexicanos de entablar algún tipo de dialogo con el gobierno estadounidense, respecto al muro cuya construcción podría continuar de aprobarse la reforma migratoria, pero los políticos mexicanos no acaban de entender la política en ese país, la que no va a cambiar con mesas de ningún tipo; esta situación requiere la intervención directa del gobierno mexicano, no de políticos ignorantes. 2. Mientras un grupúsculo de la IP, a cuyo líder recién premiaron con un hueso en el gobierno municipal, sigue golpeando la educación pública, se acumulan las evidencias del tremendo fracaso de su caro modelo educativo copiado a Estados Unidos y Europa; las pruebas estandarizadas, la evaluación pro-empresarial, la formación para el mercado, la transferencia de recursos públicos para abrir fracasadas escuelas privadas, acumulan batalla tras batalla perdida en nuestro vecino del norte. 3. Es increíble la ignorancia y falta de solidaridad del gobierno federal, partidos políticos y elites económicas, que suponen que obsequiando la renta petrolera e imponiendo el IVA a alimentos y medicinas, el país va a mejorar. Las simulaciones econométricas carecen de variables humanas. 4. El Senador Camarillo del PAN, supuesto genio de la iniciativa de ese partido para obsequiarle la renta petrolera a la IP nacional e internacional, exhibe su simplismo y enajenante manía por el sector del que proviene al denostar propuestas alternas que limiten y regulen efectivamente la intervención empresarial en la producción petrolera. 5. Según Miguel Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, “México tiene una oportunidad histórica para construir consensos que permitan impulsar reformas estructurales de gran calado y dar un salto cualitativo en su nivel de desarrollo”, palabras en el prólogo de Getting it right, una agenda estratégica para las reformas en México (OCDE Publishing, 2012); publicación que marca los momentos y orden en el que el gobierno mexicano debe emprender las supuestas reformas estructurales de una vez por todas. 6. La SEP canceló la prueba Enlace, una evaluación estandarizada impuesta por organismos extranjeros y aplaudida por la IP, la cual ha tenido poca utilidad, sirvió para denostar a escuelas y docentes, estableció metas y puntajes que generó más vicios y simulación en las prácticas docentes, y de 2006 a 2013 el gobierno invirtió mil 514 millones de pesos. 7. La inflación en México es la segunda más alta entre todos los países de la OCDE.