Crisis política, crisis del sistema

26/09/2014 #Ayotsinapa ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La crisis que estalló con el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y que alcanzó a golpear el mundo feliz de Enrique Peña Nieto y sus “reformas estructurales”, no es nada más una crisis coyuntural, es también una crisis del sistema político mexicano, de los partidos políticos y las elites políticas.

Además de la costosa y partidista burocracia incrustada en el INE, antes IFE, para garantizar la supuesta normalidad democrática y la transición fallida, es notable la incapacidad política y operativa de los tres niveles de gobierno, las instituciones del Estado mexicano y, particularmente, los partidos políticos y sus elites.

El PAN en Sonora y Puebla; el PRI en Michoacán y Veracruz; el PRD en Guerrero, entre otros casos, muestran la ineficacia, ineficiencia, connivencia entre elites políticas y delincuentes, uso descarado de recursos públicos para fines personales y partidistas, ausencia de transparencia, y economías a punto del colapso.

Durante los dos gobiernos federales del PAN, se fue perdiendo la centralidad del sistema político. El presidente era el factor de poder, por lo que al perder el PRI la presidencia, se genera una suerte de atomización política que fomentó una especie de feudalización, además de facilitar los tratos con la delincuencia.

Las elites políticas locales, sus burocracias y estructuras partidarias se adueñaron de la transición política a nivel local. En general, esta tendencia fue positiva, pero contribuyó al faccionalismo, reforzamiento de las mafias y la interacción con los grupos delincuenciales, los que se apoderaron de los gobiernos.

En Guerrero, Michoacán, y otras entidades, hay diversos ejemplos locales de las interacciones entre crimen organizado y elites políticas locales. Se argumenta que el miedo y las presiones favorecieron estas corruptelas, pero cuenta también el abandono gubernamental y las perversiones personales.

Si bien, estos tratos permitieron la operación del crimen organizado y su escalamiento hasta crispar económica y socialmente las tramas locales, a nivel estatal y nacional las sospechas de complicidades e impunidades entre gobiernos estatales, funcionarios gubernamentales y partidistas, persisten.

La esquizofrénica guerra del ex-presidente Felipe Calderón, en lugar de atacar las entrañas del problema a nivel local, estatal y federal, y entre las elites políticas y económicas, desató una cacería que pretendió otorgarle la legitimidad que no obtuvo en las urnas, además de exacerbar localmente la problemática.

Esta guerra dejó intactas las tramas nacionales, estatales y locales, permitiendo a las elites políticas y la delincuencia organizada pactar una especie de gobernabilidad que implicaba extorsiones, secuestros, asesinatos, expoliaciones y el ascenso de grupos y personajes a cargos públicos.

La crisis ha impuesto la inseguridad como un proceso cotidiano y elemento fundamental del despojo que impacta al trabajo, los territorios, los recursos estratégicos, la vida comunitaria, el tejido social. Esta es la normalidad política que la transición nos legó, no la democrática que realmente urge.

Esta normalidad política ha implicado que una parte de la sociedad civil observe, sin participar, la corrupción, normalizándola, mientras otra parte la pone en práctica. La complicidad e impunidad practicada entre las elites políticas y económicas es un hecho cotidiano y perverso.

¿Hasta dónde llegará esta crisis política y social? No hay respuesta fácil, pero el movimiento pacífico encabezado por los jóvenes y estudiantes de distintos orígenes sociales y económicos, además de la convergencia de otros reclamos y organizaciones de la sociedad civil, tienen la respuesta.

Obviedades. 1. Otro grave problema de esta crisis, es la mercantilización de las relaciones bilaterales y multilaterales. El PAN colapsó la tradicional política exterior mexicana, pero el nuevo PRI ha convertido a los embajadores en mercaderes y lobistas. Se dedican a hacer negocios. 2. La movilización del 22 de octubre, que unificó a nivel nacional y mundial el #Ayotzinapa, calificada por la prensa y algunos comentócratas oficialistas de ejemplar, sacó a la calle a hombres y mujeres jóvenes que PAN y PRI criminalizan sin razón. Marcharon indignados, unidos, ante las elites políticas que los minimizan y han pretendido convertirlos en simples consumidores. 3. Lamentable respuesta del IEM, organismo electoral caduco y costoso, a la queja interpartidista sobre la evidente falta de un gobernador, cuyas principales actividades han sido discursos vanos y vacíos, y frivolidades por doquier. 4. José María Martínez, senador del PAN, fanático derechista, misógino y homofóbico, celebró los cambios que personeros de los medios y la derecha hicieron a la ley sobre derechos de niños y adolescentes en la Cámara de Diputados, otra muestra más de discriminación y criminalización. 5. El PRI, en aras de sacar leña política electorera de una crisis en la que este partido, el gobierno priista y el Estado mexicano tienen la mayor responsabilidad, poniéndose a la par de los chuchos del PRD, enfoca sus baterías mediáticas contra AMLO, quien muy desafortunadamente no se ha deslindado, igual que Cuauhtémoc Cárdenas de los chuchos del PRD, de los involucrados en el problema con la contundencia necesaria. 6. El PAN no tardó en sumarse, como se esperaba, al PRI, su gran maestro y hermano. No sería mala idea investigar a AMLO, pero a condición de que investiguen a Vicente Fox, Martha Sahagún, los hijos de esta señora, y todas las atrocidades y corruptelas del sexenio de Felipe Calderón. Dos sexenios en los que el PAN fue el rey de la corrupción, la simulación, las complicidades. 7. Mientras las elites políticas buscan socavar a AMLO, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se propone un incremento de 10.37 por ciento real respecto al 2014, al Congreso, sin claridad sobre el destino de cuantiosos recursos. Es el caso también del Congreso michoacano. 8. Y Zambrano, chucho-perredista, quien se reunió horas antes de que el ex-alcalde Abarca huyera, no es cómplice. ¿Los chucho-perredistas tienen la venia del periodismo y los comentócratas oficialistas, PRI, EPN, PAN, para denostar a AMLO? 9. Y a Claudio X. González, ante la profundidad de la crisis mexicana, se le ocurre que se firme otro pacto, figura retórica que solo ha servido para saquear al país y favorecer a los empresarios. 10. La aprobación de EPN cayó 30 por ciento, lo que explica el ataque del PRI-PAN a AMLO, y refleja la conmoción y el pasmo de un gobierno y sus elites políticas ante su propio fracaso. Al interior crece el rechazo y en el exterior se revela el fracaso, como la prensa del capitalismo salvaje, The Economist, Financial Times, The Guardian, The New York Times, Le Monde, The New Yorker, El País, celebradora de las supuestas “reformas estructurales”, señala: México se hunde.

La política migratoria de EPN ¿parteaguas?

El gobierno mexicano insiste en que la administración de Enrique Peña Nieto es un parteaguas en la historia de México. Esta idea tiene al menos dos lecturas. Si nos atenemos al dicho y la propaganda gubernamental, efectivamente nuestro país está por tener su propio “sueño mexicano”.

Nuestro “sueño mexicano” será marcado por las “reformas estructurales” que nadie se había atrevido a realizar, a pesar de lo “necesarias” que eran para dar un supuesto salto histórico. La modernización primermundista anunciada por Carlos Salinas de Gortari finalmente nos alcanzó.

La otra lectura del “parteaguas histórico”, nos enfrenta a una regresión y desprecio por la historia de un país que ha buscado posicionarse a nivel mundial como una nación con un proyecto propio, probablemente muy limitado, pero con el potencial de cambio a favor de una sociedad estancada y plena de rezagos.

Bajo esta perspectiva, la política migratoria de EPN puede ser entendida como parteaguas, pero dramáticamente regresiva. Una política que es parte ya de la extraterritorial política antiterrorista estadounidense, la cual criminaliza la migración y convierte a los migrantes en delincuentes.

La edición del 20 de septiembre de The Economist, documenta que el gobierno mexicano, con el pretexto de evitar más muertes y accidentes de los migrantes centroamericanos que usan La Bestia para llegar a la frontera con Estados Unidos, está montando una política migratoria acorde con ese país.

Sin duda, el impacto de los más de 60 mil menores no acompañados, varados en la frontera, arreció las presiones del gobierno estadounidense sobre el mexicano para que implementara acciones más drásticas, como acelerar el paso de La Bestia e impedir que el tren sea abordado por los transmigrantes.

El semanario británico afirma que el nuevo programa migratorio mexicano, incluye redadas en alojamientos a lo largo de la ruta norte y más puntos de revisión en la frontera con Guatemala. Estas acciones han derivado en la reducción del número de menores no acompañados, así como el de familias en tránsito.

Se prevé un plan de modernización de 6 mil millones de pesos para asegurar que La Bestia no vuelva a ser usada por los transmigrantes. Incluye reemplazar vías estrechas para que el tren vaya más rápido y no permita el fácil abordaje, y el uso de vehículos que informen de los intentos de saltar de los migrantes.

Como parte del Plan Frontera Sur, la empresa Ferrosur, concesionaria del gobierno mexicano para el servicio de transporte de carga en tren, está construyendo una barda que dividirá el paso de la vía del tren de la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, buscando impedir que los migrantes lo aborden.

Los defensores de los derechos de los migrantes, señalan que estas medidas los harán más vulnerables y reforzarán el rol de los traficantes, las autoridades que los extorsionan y al crimen organizado, lo que podría elevar el riesgo migratorio, los secuestros, los abusos y asesinatos.

Esta es la respuesta del gobierno mexicano a la tormenta causada por los menores no acompañados, lo que muestra la proclividad de la administración de Enrique Peña Nieto a plegarse a los intereses de Washington, el desinterés por conocer y resolver el problema de raíz, y el rol de policía que tanto gusta al PRI.

Obviedades. 1. Los santones del periodismo mexicano, muchos atentos a los guiños del poder gubernamental y partidista, tantos favorecidos con prebendas provenientes del erario público y los dineros privados de algunos poderes facticos y gubernamentales, se retorcieron cuando acusaron a Carmen Aristegui de “falta de ética”, al dar a conocer los videos que exponen a dos periodistas michoacanos en connivencia con La Tuta. En su opinión, mejor callar, hacerse cómplice y reivindicar la corrupción. 2. Es falso que no se alteren los principios de política exterior con la participación de México en misiones de la ONU, incluidas las militares, porque el gobierno estadounidense ya apuntó a nuestro país en su coalición contra el Estado Islámico. 3. Para algunos, las “reformas estructurales” y los cambios que redefinirían la esencia del IPN, implican sepultar la Revolución Mexicana, porque la expropiación petrolera y la creación del IPN promovían el aprovechamiento de los recursos energéticos y la educación a favor del desarrollo y las mayorías del país, pero el movimiento revolucionario de 1910 fue enterrado mucho antes, lo que se busca ahora es enterrar totalmente el cardenismo porque causa escozor y desprecio, pues representa el polo opuesto a las políticas de EPN que favorecen a las elites. 4. La derecha empresarial michoacana presiona para imponer un gobernador que les otorgue más privilegios y los favorezca; no otra cosa significa el dicho del síndico de Morelia, el empresario priista Salvador Abud, cuando afirma que Michoacán requiere un "dictador”. A los empresarios únicamente les interesa la ganancia, los privilegios, reprimir a quienes luchan por sus derechos, excluir a las mayorías, la democracia les causa escozor y desprecio. 5. La ultraderecha y el fascismo iberoamericano, financiado por ultraconservadoras fundaciones estadounidenses, se reunió en Rosario, Argentina, para fomentar las rebeliones conservadoras contra los gobiernos de izquierda. 6. El senador Orihuela vive en un Michoacán ubicado en una dimensión paralela, pero cercana a Los Pinos; una tierra de fantasía. 7. El diputado Aureoles, con su pretensión de un gobierno de coalición, en el que los partidos políticos se pongan de acuerdo para definir al gobernante y sus acompañantes de elite en Michoacán, busca limitar los derechos ciudadanos de elegir por la vía del voto a sus gobernantes. 8. Tlatlaya, Iguala, Ciudad Hidalgo, Purépero: o los policías están al borde de un ataque de nervios o es parte de un patrón represivo contra niños, adolescentes, hombres y mujeres, que luchan por sus derechos y justicia. 9. Según Jeffrey Passel (Pew Research Center), cinco de cada seis indocumentados mexicanos podrían justificar su permanencia en Estados Unidos, medida que quizás sea parte de una posible acción ejecutiva que después de las elecciones de noviembre plantearía Barack Obama. 10. Son cinco las conclusiones que la UNAM hizo llegar a la SCT sobre la construcción del Portal de Salida del Túnel II a la Loma de Santa María. Su común denominador destaca la necesidad de evaluaciones más específicas y el potencial desestabilizador de los trabajos que se lleven a cabo, afectando ambiente, personas, propiedades, recursos acuíferos. Quienes apoyan la intervención por cuestiones puramente monetarias, sin aquilatar los riesgos, incluido el gobierno municipal, ojalá tengan un plan B.