La semana pasada, nuestra entidad
vivió una serie de episodios, todavía no sabemos si han terminado, en los que
la delincuencia organizada mostró su estrategia, la cual parece incluir
información proveniente del Estado mexicano, capacidad organizativa, armamento
y envalentonamiento.
En los últimos meses, entre los
conflictos con otros grupos delincuenciales, el hartazgo en algunas poblaciones
que se han armado para defender su vida, las presiones de la Policía Federal y
el ejército, se fueron tejiendo una serie de escenarios que están
convulsionando nuestro estado.
Según el parte del gobierno
federal, los ataques son respuestas desesperadas de la delincuencia organizada
a las acciones oficiales. En contra de esta versión, en otros ámbitos se
sugiere que la delincuencia de factura local se está reposicionando, mostrando
fuerza, estrategia y capacidad de ataque.
El arresto del líder de los Zetas,
cuyo reemplazo ya está en funciones, previó reacomodos en las zonas de dominio
de los distintos cárteles. Michoacán parece un experimento para medir fuerzas
con la autoridad, el involucramiento de algunos pueblos en su propia defensa y
el reposicionamiento de las delincuencias locales.
La muerte de un almirante de la
Marina mexicana, es uno de los problemas que el gobierno federal debe asumir,
pero la militarización no lo resolverá. Del 28 de junio a la fecha, 48 personas
han muerto: dos oficiales de la Marina, siete agentes federales, 10 civiles y 29
presuntos delincuentes. Hay 31 policías federales heridos.
Pero las cifras de muertos y
heridos, y el impacto de los enfrentamientos, opacan las realidades locales. En
otro momento he comentado, a partir de entrevistas y reportes obtenidos de
algunas localidades, sobre la capacidad irruptora de la delincuencia organizada
en las estructuras sociales y económicas.
El tejido social, un manoseado
término sociológico, fue roto y copado desde hace más de diez años. La delincuencia
organizada irrumpió en la cotidianidad de las sociedades civiles, productores
agropecuarios, pequeños y grandes propietarios, comuneros, con miedo,
asesinatos, extorsiones y violencia paramilitar.
Un sitio web llamado
Subversiones, tiene en su portal videos de entrevistas realizadas por
agenciasubversiones.org, que exponen situaciones que cuestionan todo el
discurso gubernamental, la estrategia guerrera hasta ahora seguida, y el
hartazgo de múltiples poblaciones de la Tierra Caliente y la Costa michoacana.
La solicitud de indígenas purépecha
de Los Reyes, en la ciudad de México, al gobierno federal para acabar con las
extorsiones e inseguridad, actualiza públicamente los videos señalados y
muestra una exasperante realidad donde el crimen organizado pretende sustituir
al Estado y los gobiernos locales.
Según la derecha partidista,
representada por el PAN y el PRD en Michoacán, el Congreso local debe convocar
a nuevas elecciones, con la finalidad de que ambos o uno de esos partidos, se
haga del poder para terminar de hundir al estado. Porque su interés no es por
el bien de los michoacanos, sino cupular.
La desaparición de poderes o
nuevas elecciones no van a resolver la situación de violencia. El argumento de
que el actual gobernador interino carece de autoridad, omite ominosamente el actuar
de ambos partidos durante el sexenio federal y el cuatrienio estatal pasados.
Uno de esos partidos, a nivel
federal, lanzó una guerra que lleva más de 100 mil muertos, y el otro, a nivel
local, únicamente salía a reclamar por su “honestidad y moral”, mientras la
administración era un desbarajuste y la delincuencia organizada se enraizaba a
punta de ejecutados y violencia.
El gobierno estatal carece de
estrategias para enfrentar años de enraizamiento e irrupción del crimen
organizado en las estructuras sociales y económicas locales, mientras el
gobierno federal se pasma ante la conflictividad en Michoacán, y su única
respuesta es militarizar.
Afirman algunos analistas que
Enrique Peña Nieto podría enfrentar en Michoacán el fracaso o el éxito, si no
delinea una estrategia distinta, o al menos renovada, de combate al crimen
organizado. Igualmente, los partidos políticos deberían ser más propositivos y
dejar de sacar leña de los árboles caídos en nuestro estado.
Obviedades. 1. No es mala idea la de los senadores
mexicanos de entablar algún tipo de dialogo con el gobierno estadounidense,
respecto al muro cuya construcción podría continuar de aprobarse la reforma
migratoria, pero los políticos mexicanos no acaban de entender la política en
ese país, la que no va a cambiar con mesas de ningún tipo; esta situación
requiere la intervención directa del gobierno mexicano, no de políticos
ignorantes. 2. Mientras un grupúsculo de la IP, a cuyo líder recién premiaron
con un hueso en el gobierno municipal, sigue golpeando la educación pública, se
acumulan las evidencias del tremendo fracaso de su caro modelo educativo
copiado a Estados Unidos y Europa; las pruebas estandarizadas, la evaluación
pro-empresarial, la formación para el mercado, la transferencia de recursos públicos
para abrir fracasadas escuelas privadas, acumulan batalla tras batalla perdida
en nuestro vecino del norte. 3. Es increíble la ignorancia y falta de
solidaridad del gobierno federal, partidos políticos y elites económicas, que
suponen que obsequiando la renta petrolera e imponiendo el IVA a alimentos y
medicinas, el país va a mejorar. Las simulaciones econométricas carecen de
variables humanas. 4. El Senador Camarillo del PAN, supuesto genio de la
iniciativa de ese partido para obsequiarle la renta petrolera a la IP nacional
e internacional, exhibe su simplismo y enajenante manía por el sector del que
proviene al denostar propuestas alternas que limiten y regulen efectivamente la
intervención empresarial en la producción petrolera. 5. Según Miguel Ángel
Gurría, secretario general de la OCDE, “México tiene una oportunidad histórica
para construir consensos que permitan impulsar reformas estructurales de gran
calado y dar un salto cualitativo en su nivel de desarrollo”, palabras en el
prólogo de Getting it right, una agenda
estratégica para las reformas en México (OCDE Publishing, 2012);
publicación que marca los momentos y orden en el que el gobierno mexicano debe
emprender las supuestas reformas estructurales de una vez por todas. 6. La SEP
canceló la prueba Enlace, una evaluación estandarizada impuesta por organismos
extranjeros y aplaudida por la IP, la cual ha tenido poca utilidad, sirvió para
denostar a escuelas y docentes, estableció metas y puntajes que generó más
vicios y simulación en las prácticas docentes, y de 2006 a 2013 el gobierno
invirtió mil 514 millones de pesos. 7. La inflación en México es la segunda más
alta entre todos los países de la OCDE.
