La iniciativa de reforma
migratoria llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Acorde con
algunos medios estadounidenses, podría quedarse en el limbo de cumplirse las
amenazas de los republicanos, quienes a pesar de no conformar un grupo
compacto, su oposición puede ser fiera y duradera.
Según un analista de The New York
Times, entre los republicanos prevalecen, con sus matices, variadas posiciones:
los que votarían sin mover un ápice la iniciativa propuesta por el Senado; los
que jamás aprobarían una ley con los términos “comprehensiva” y “reforma”,
dejando solamente “inmigración”.
Están los preocupados por la seguridad
fronteriza y la E-Verify (sistema para verificar la estancia legal de un
trabajador); los pro-empresariales a favor de un nuevo programa de trabajadores
huéspedes; quienes ven la reforma como una causa humanitaria o creen que la
única respuesta está en la política inmigratoria.
Hay republicanos preocupados por
el impacto de la reforma en los salarios, la asimilación y la cohesión
cultural; los que aceptan por propio interés la reforma como única vía para
salvar su partido de la debacle, y los que creen que la reforma crearía una
reserva de votos incalculable para los demócratas.
En este contexto de opiniones
encontradas, el ex-presidente George W. Bush, llamó a su partido a votar por la
reforma migratoria porque favorecería el control fronterizo; además, afirmó que
no deberían temer a la base conservadora de su partido. Pero entre los mismos
republicanos se plantea que nadie le hará caso.
Asimismo, el presidente Barack
Obama hizo un nuevo llamado a aprobar la reforma, en un momento en que las
críticas sobre su política inmigratoria crecen. Según diversas fuentes, este ha
sido el peor año en deportaciones, además de que más de cien mil indocumentados
sin antecedentes penales han sido expulsados.
Para algunos grupos defensores de
los derechos de los inmigrantes, esta política busca compaginar su retórica
criminalizadora con los reclamos de los conservadores para obtener la
aprobación de la iniciativa. Se afirma que se ha inventado un fantasma
“inmigrante criminal” para justificar las deportaciones.
Con todo, no resultan
contradictorios los informes que afirman que la reforma tendría grandes beneficios
económicos. Destaca el crecimiento del PIB, de 3.3 por ciento en 2023 a 5.4 en
2033; fomento a la innovación, pues los inmigrantes son grandes emprendedores,
lo que favorecería el empleo y el crecimiento económico.
Asimismo, se afirma que
incrementaría la productividad e implicaría nuevas protecciones a los
trabajadores estadounidenses; reduciría el déficit público; balancearía el
problema de la vejez de la población al integrar trabajadores jóvenes al mercado
laboral, y reforzaría la seguridad social en términos financieros.
Las deportaciones y los
beneficios de la reforma son sin duda parte de una misma retórica. Finalmente,
el gobierno de Estados Unidos busca asegurar un stock de migrantes indocumentados
para que a partir del mismo se pueda dirimir, de aprobarse la reforma
migratoria, quien califica y quien se va del país.
Por supuesto que la reforma
implicará beneficios económicos. Si la migración indocumentada es un negocio,
con más razón la migración regulada es un gran negocio. No se trata nada más de
reparar un sistema migratorio roto, sino aprovechar un stock de inmigrantes
para la economía de un país en problemas.
En este contexto, tampoco la
reciente alerta de viaje del Departamento de Estado, sobre México, es
inexplicable. Como la inmigración, este tipo de mecanismos son una extensión de
la política de seguridad doméstica de Estados Unidos. La extraterritorialidad
es fundamental para ese país.
La renovación de la alerta de
viaje afecta diversas regiones de México en particular. Es parte de una
relación bilateral que incluye el espionaje, el apoyo financiero para combatir
al narco, la implementación de controles por parte de nuestro país en nuestra
frontera con Centroamérica, y la intervención de diverso modo.
Durante el calderonato se
exacerbó el intervencionismo estadounidense en todos los niveles, por lo que no
deben extrañar las tibias respuestas, a veces timoratas, ante estas situaciones
del actual gobierno mexicano. Y la reacción de la IP michoacana es por demás
exagerada e impertinente.
Suponer que los medios y las
percepciones mediáticas van a resolver el problema de la inseguridad, llamando
particularmente a censurar las líneas editoriales, resulta abusivo. La
Constitución mexicana protege el derecho a la información y la libertad de
expresión. Ocultar, censurar, omitir, es un abuso en el contexto actual.
Algunos analistas mexicanos
señalan que las alertas de viaje poco han impactado la visita de
estadounidenses a nuestro país, particularmente a las zonas que el Departamento
de Estado señala como muy peligrosas. Que es el caso de Michoacán. Tal vez el
reclamo debería dirigirse a otro ámbito.
En nuestro estado, si bien la
gobernabilidad es cuestionada en algunas zonas, no es generalizable. Algunas
situaciones en ciertos lugares, que parecen parte de la cotidianidad, como las
ejecuciones, son las que causan gran impacto y temor, pero suceden. Los medios
únicamente transmiten a los ciudadanos la información.
No se trata de justificar. Los
gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad. Pero no es un problema
de los medios. Estos sucesos muestran la fragilidad de la gobernabilidad, la
necesidad de una estrategia conjunta y la importancia de la respuesta
gubernamental ante una delincuencia envalentonada.
Obviedades. 1. Lamentables las declaraciones de los
irresponsables dirigentes de la CNTE: amenazan con no comenzar el próximo ciclo
escolar y reclaman como supuesto “derecho histórico” las plazas automáticas de
las normales. 2. Ernst & Young, una consultora internacional, aplicó una
encuesta a un mil 700 compañías a nivel mundial, revelando que México ocupa el
primer lugar con mayor grado de corrupción y pago de sobornos a empresas y
gobiernos en América Latina. 3. En relación con las recientes elecciones, un
estudio del IFE admite que un 20 por ciento del total de las secciones
electorales tenía problemáticas de alta inseguridad, lo que de seguro
repercutió en los resultados electorales y el remedo de normalidad democrática
que se impone en nuestro país. 4. El reciente reporte sobre la migración
mexicana a Estados Unidos del Grupo BBVA, afirma que México cayó al cuarto
lugar como país receptor de remesas; las remesas prácticamente se han
estancado, mientras en Centroamérica crecen; unos 6.8 millones de mexicanos
indocumentados podría aspirar (subrayado) a la
regularización, y la historia migratoria mexicana está entrando a una nueva
etapa histórica.
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