La degradación del periodismo mexicano

 En cuatro años hemos observado, a veces con asombro e incredulidad, cómo el periodismo mexicano se degrada. No es que la historia reciente deba narrarse con un antes, durante o después del gobierno de #AMLO, pero es necesario revisar cómo el autollamado cuarto poder que gozó de prebendas y privilegios, marcado por la censura, con contados cuestionamientos a los gobiernos neoliberales, y asesinatos de periodistas de a pie, fue cayendo a las pocas horas del triunfo de #AMLO, cuyo duro discurso de posesión como presidente constitucional de México, les mostró lo que vendría después. A la fecha no hay columna de supuesta opinión, 8 columnas, cabezas y balazos de notas periodísticas, editoriales, cartones, que no pretendan reducir a #AMLO, la 4T, #Morena, los ciudadanos que apoyan al mandatario, las acciones del gobierno federal, a simples ocurrencias y la nulidad. El periodismo actual no informa ni respeta el derecho a la información.

Como en el caso de quienes añoran el supuesto paraíso neoliberal, con sus prebendas, privilegios, saqueo y corrupción, la élite periodística en México reclama lo que no tuvo: libertad de expresión, nula censura, pero sí amenazas, asesinatos y ninguneo gubernamental de los gobiernos del #PRIAN a los periodistas. A quienes afirman que el gobierno de #AMLO es el más peligroso y letal para ejercer el periodismo, les recordamos que, en el sexenio de Felipe Calderón, fueron asesinados más de 100 periodistas, ninguneados y encarcelados varios otros. De ningún modo es un alivio que durante el presente gobierno no se rebase esa cifra, pero los medios corporativos tienen una agenda política e ideológica que pretende, en connivencia con empresarios, la llamada clase política y sus partidos políticos, derrocar a #AMLO. Para estos grupos, la democracia solo es tal si los favorece. Que los ciudadanos decidan no cuenta.

El lamentable atentado contra Ciro Gómez Leyva, conocido presentador y lector de noticias de los medios tradicionales corporativos, resume de muchas maneras la degradación del periodismo en México. Un video con un guion, política e ideológicamente adverso, en defensa del locutor, hashtags demandando censurar las mañaneras y culpando al presidente de México, supuestos periodistas e influencers pidiendo que #AMLO sea asesinado, 8 columnas en los medios corporativos intentando vincular el discurso presidencial con la agresión, columnas que en sospechosas coincidencias escupen libelos sin fundamentos, el nado sincronizado en redes sociales de conocidos derechistas y ultraderechistas, influencers, trolls, bots, exhiben cómo el periodismo, periodistas, presentadores y lectores de noticias, se deslizan en un interminable túnel de odio, desprecio, mentiras, #Fakenews, ataques y una narrativa que se conecta sin cortapisas con el Lawfare, el golpe blando e híbrido en marcha en América Latina.

Según los columneros de los medios corporativos, no hay una campaña para censurar al presidente de México, pero tanto en la prensa, radio y televisión, como en redes sociales y desplegados de los abajofirmantes más representativos de la derecha golpista mexicana, se busca vincular las respuestas que #AMLO da a las mentiras, #Fakenews y odio que diariamente tejen sus adversarios y enemigos, con el atentado contra Ciro Gómez Leyva y los asesinatos de periodistas, los que al supuesto cuarto poder jamás les han importado, pero los usan para revictimizarlos e intentar golpear. Así es como llegó la campaña a la prensa derechista extranjera como #TheNewYorTimes y #WashingtonPost, con libelos que falsean los dichos y señalamientos presidenciales. Si esto no es una campaña orquestada por la oligarquía, los políticos y sus partidos golpistas, entonces es un simple nado sincronizado.

Los medios corporativos, tanto mexicanos como extranjeros, tienen una agenda ideológica y política que busca reproducir, aunque sea parcialmente, el golpe de estado en Perú. En todos los casos, culpan al exmandatorio de lo que la oligarquía peruana y Estados Unidos perpetraron.

Lawfare y golpes de estado

 Lo sucedido hace dos semanas en Perú, es buen ejemplo de la guerra de las oligarquías latinoamericanas contra la reciente ola de gobiernos progresistas e izquierdistas. Son guerras en las que el clasismo, el racismo, la discriminación y el poder económico y su brutal concentración en pocas manos, juegan un papel fundamental. Las oligarquías en América Latina, la mayoría de origen criollo, no solo repelen las ideologías con orígenes en la izquierda, guerrillas, movimientos sociales, la defensa de los pueblos, el protagonismo de líderes y políticos provenientes de los pueblos originarios, sino también cualquier cambio que atente en contra del estatus quo que resguarda sus privilegios, apropiación de la riqueza, explotación de los trabajadores y grupos étnicos, las instituciones estatales que garantizan su poder económico y político, los medios corporativos y el intervencionismo de gobiernos extranjeros, como Estados Unidos.

Sin embargo, los escenarios han cambiado, no solo porque los mecanismos de dominación y explotación están transformándose de manera acelerada, sino también porque los gobiernos progresistas y de izquierda han decido jugar el juego de la democracia burguesa. Lo anterior no significa que la esencia de la acumulación capitalista no continúe determinando a sociedades y naciones. Por ejemplo, el neoliberalismo, a pesar de la crisis de sus principales premisas que revelan la crisis del capitalismo, penetró todos los rincones de las sociedades, e incluso arrebató a la izquierda una serie de causas y empoderó a grupos que se autonombraron la “sociedad civil”, muchos de los cuales buscaron llenar los huecos dejados por la minimización del Estado, financiados por los gobiernos nacionales y extranjeros.

Asimismo, la oligarquía y sus grupos política e ideológicamente afines, simulando luchar por los derechos de los más necesitados, grupos vulnerables y la diversidad sexual, fueron elaborando una perversa narrativa por medio de la que se apoderaron de luchas y causas justas, muchas enarboladas por la izquierda, movimientos sociales y liderazgos progresistas e izquierdistas, además de usar las leyes y el estado de derecho sancionado por el neoliberalismo, para minar a los gobiernos izquierdistas y progresistas que arribaron al poder político acorde con las reglas de la democracia burguesa, pero que las oligarquías nacionales y extranjeras experimentaron como atentados a sus privilegios y el estatus quo. Fue el caso de Lula en Brasil, acusado falsamente de corrupción por jueces derechistas y replicado por los medios corporativos, incluidos aquellos “independientes” y supuestamente progresistas.

Es en este contexto en el que se consolida el golpe blando, la guerra híbrida y el lawfare. Es decir, el derrocamiento de los gobiernos de izquierda y progresistas por otros medios: las constituciones nacionales, leyes de todo tipo y el poder judicial afín a la oligarquía y la derecha y ultraderecha. En el caso de Lula en Brasil, bastó un cúmulo de falsedades para encarcelarlo y derribar a su sucesora, Dilma Rousseff. En Bolivia se usó el aparato electoral y judicial para derrocar a Evo Morales e impulsar un golpe de estado. En Ecuador se inventó un expediente de supuestos sobornos contra el expresidente Rafael Correa, en el intento de la derecha ecuatoriana para encarcelarlo y evitar su candidatura a la presidencia. En Argentina, el aparato judicial que sobrevive a las sangrientas dictaduras condenó a la cárcel y a no poder ejercer ningún cargo público a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, mientras en Perú, acorde con la constitución prevaleciente, en la que el congreso puede inventar cualquier cargo contra un presidente electo legítimamente, se promovió un golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo.

En México, basta recordar el desafuero contra AMLO como antecedente del lawfare o el intento de la derecha para encarcelar al hoy presidente de México, y evitar su participación en procesos electorales, lo que no lograron, pues millones de ciudadanos se responsabilizaron del cambio.

#AMLO: aprobación, popularidad y reconocimiento

 Las encuestas, como instrumento de medición de la opinión pública sobre temas electorales o mercadológicos, ofrecen una imagen de un momento determinado. Si bien hay diferencias entre las que se levantan vía telefónica o cara a cara, su metodología y el tamaño de la muestra permiten tener un dato estadístico que tienden a reflejar el decir de las personas. En México, hay serías casas encuestadoras, pero también las que manipulan resultados según el mejor postor. Las elecciones sexenales e intermedias, en el espectro electoral, son buen ejemplo del uso político e ideológico de las encuestas. Por ejemplo, en las elecciones de 2018, mientras la mayoría de las encuestas daba importante ventaja a #AMLO, el periódico #Reforma presentaba números en los que supuestamente el candidato del #PAN llevaba la delantera.

Medir la aprobación y popularidad de gobernadores, presidentes municipales y el presidente de la República, es ya un ejercicio demoscópico cotidiano. Cada cierto tiempo, algunas casas encuestadoras realizan sus entrevistas, telefónicas o cara a cara, que dan seguimiento al político o funcionario de interés público. Es el caso del presidente de la República. En las últimas semanas conocimos algunos resultados de los medios corporativos en los que la medición de la aprobación y popularidad de #AMLO ocupa un lugar central. Se incluyen también las preferencias electorales y otros temas de interés para la ciudadanía. La prensa corporativa, en voz de #ElFinanciero, #ElUniversal, #Excelsior, #Reforma y algunas casas demoscópicas publican periódicamente sus resultados.

Acorde con los resultados más recientes, la aprobación de #AMLO sigue estando arriba de 60%, aunque en periódicos como #Reforma se le ubica por debajo de ese umbral y se le intenta equiparar a presidentes previos, los que en muchos casos no alcanzan, salvo el conocido cuchareo periodístico, al actual primer mandatario. Pero se trata de manipular y restar el apoyo que #AMLO, en su cuarto año de gobierno, conserva. E incluso entre mediciones de la prensa corporativa y algunas casas encuestadoras, su aprobación y popularidad parecen inamovibles o van al alza. Por ejemplo, la encuesta de líderes mundiales #MorningConsult, casa encuestadora estadounidense con sedes en Nueva York, Washington, DC y San Francisco, reporta semanalmente la aprobación del presidente de México respecto a otros mandatarios (primeros ministros, presidentes, etc.); según la más reciente medición, el 73% de los encuestados aprueba a #AMLO.

Hace casi dos semanas una multitud de más de 1.2 millones de personas lo acompañaron durante cinco horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la #CDMX, lo que de seguro influyó en su aprobación en las dos últimas semanas. De 71% el jueves de la semana anterior a 73% el jueves de esta primera semana de diciembre. Aunque la encuestadora #Enkoll, empresa demoscópica con sede en la #CDMX registre 65% en la aprobación de #AMLO, refrenda tanto la aprobación como la popularidad del presidente de México. Entre otros temas interesantes en esta encuesta, la opinión pública destaca la inseguridad como el principal problema del país (41%), y en este marco, los asaltos (37%) son los más preocupantes. En cuanto a la aprobación de #AMLO, los hombres le otorgan un 66% respecto a las mujeres, 65%, y en cuanto a la edad, en todas las cohortes (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y 65 años y más) la aprobación va del 59% al 70%.

Por último, importante la variación en cuanto preferencias electorales de los apartidistas. A noviembre de este año, el apartidismo se ha reducido a 21%, mientras que la preferencia por Morena ha aumentado a 41%, y entre los partidos de oposición, el PAN representa el 16%, el PRI, 8%, el PRD, 2%, y Movimiento Ciudadano 5%. Tanto el PAN como el PRI perdieron uno y dos puntos respectivamente, mientras el PRD sigue hundido en desfigurados 2 puntos, y Movimiento Ciudadano avanzó dos puntos.