Juegos electorales, ciudadanos arrasados

La cacería de “El más loco” o “Chayo” se conjugó con el escándalo mediático armado por el subalterno de la líder vitalicia magisterial sobre “La Tuta”; todo por un juego electoral, nada por la seguridad de la gente. El desafuero anunciado del diputado Godoy Toscano es otro elemento para apuntalar ese juego y la inseguridad de la gente.

Sigue reinando en Los Pinos el golpe mediático del fascista español, nacionalizado mexicano ipso facto, que fraguó la guerra que respaldó el fraude electoral de 2006. Las revelaciones de WikiLeaks corroboran el camino emprendido ilegítimamente, la ausencia de cordura, el imperativo de imponer y arrasar con la ciudadanía.

El panismo abusivo, autoritario, sin proyecto de nación y programa de gobierno, busca abrir paso al neocaciquismo familiar como sea, en medio de zonas arrasadas por la estructura policíaco-militar, ciudades bloqueadas y ciudadanos vulnerables y desprovistos de vida propia. La consigna es tener un cuerpo que exhibir para someter.

La lectura atenta de declaraciones, filtraciones, conferencias de prensa a modo, discursos que dan por hecho situaciones sin evidencias, dimes y diretes mediáticos sobre información que el de la voz debe conocer, pero usa abusivamente para culpar al otro, permite observar el entramado ideológico-político-electoral de la derecha.

El espaldarazo de Obama, presidente del imperio abusivo, evidenciado por sus propios comunicados, vapuleado por el electorado, reforma de salud bloqueada por la Suprema Corte estadounidense, e intentando la aprobación de la Dream Act, es noticia para la derecha panista, sus amigos y privilegiados.

Sin duda el peligro para México es el PAN, sus corifeos y gobernantes. Ante la falta de un programa de gobierno siguen aplicando las recetas fondomonetaristas y bancomunidalistas, muchas ya desechadas en el imperio, haciendo del país un territorio económicamente dependiente del ritmo de Estados Unidos y las transnacionales.

En cuanto a política interna, WikiLeaks es claro: el fascista Aznar duda de la cordura del “gobernante” mexicano al emprender la guerrita contra el narco, además de mostrar la desesperación por el “apoyo” estadounidense, lo que nos hace socios del antiterrorismo de Estados Unidos, que atiza la guerra en México para proteger su territorio y su gente.

Mientras, la pobreza sigue su curso ascendente; más de 50 millones de pobres están siendo administrados para volverlos consumidores con subsidios que no llevan a lo mismo, y el sistema educativo público en manos de la mafia elbista colapsa, aunque el uso del aparato burocrático es evidente para golpear gobiernos e imponer al panismo abusivo.

La presión guerrera continúa, pues el escenario buscado no acaba de imponerse. Las acusaciones contra funcionarios y servidores públicos fueron revertidas; el cerco mediático da tumbos frecuentes por las evidentes manipulaciones; las encuestas muestran a una opinión pública reacia a seguir apoyando sin cuestionamientos.

En este contexto se inscribe el ataque doloso a la revista Proceso. El trinomio Televisa-“gobierno”-PAN, buscan horadar una de las pocas lecturas abiertas, no oficialistas. Los privilegios, el abuso y la desinformación son compartidas por los tres actores sociales y políticos, buscando, no solo desprestigiar, golpear y arrasar.

Los juegos electorales, sustentados en la guerrita contra el narco, están arrasando las conciencias ciudadanas. Aunque no es problema de un estado, pues prácticamente en todo el país la ciudadanía vive sobresaltos cotidianos, tanto por parte de la delincuencia organizada como del sector gubernamental, el objetivo está puesto en una entidad.

En términos mediáticos, para el neocaciquismo familiar interesa nuestro estado para relanzar la campaña del odio y ocultar el fracaso de diez años de panismo que lo único que ha hecho es reproducir y mejorar la corrupción del régimen priista. El cambio y la transición no están en el juego de las elites políticas y económicas.

México es hoy más pobre, más desigual, más excluyente que hace diez años. A pesar de las supuestas cifras alegres de empleo y macroeconómicas que para lo único que sirven es para obtener más créditos fondomonetaristas, acrecentando la deuda pública a niveles nunca vistos. Ni siquiera el defensor del peso como perro manipuló y mintió tanto.

Obviedades. 1. El escritor sinaloense de novela negra y policíaca mexicana dice que la narcocultura florece porque el estado no puede generar iconos; parafraseándolo, creo que la basura televisa-azteca tampoco, pues únicamente inventa ídolos y estrellitas que viven del escándalo y de exhibir su vida privada, no del arte. Actualmente, esa narcocultura, sobre todo su parafernalia, deja huella, no tanto por la vida delincuencial, sino por la brillantez de sus objetos y sus formas ideológicas y culturales. En tanto, lo único que las supuestas “buenas conciencias” hacen es escandalizarse, condenar y reprimir, en lugar de diseñar e implementar políticas públicas que la contrarresten inteligentemente. 2. El SELA afirma que la migración calificada, lo que en otros términos se llama la fuga de cerebros, va creciendo en América Latina, implicando a 5 millones de personas. Esta pérdida de capital humano, sin lugar a dudas debería preocupar al “gobierno” y la sociedad mexicana, pero el primero está entretenido en su guerrita y en acabar con un gobierno democráticamente electo, y la segunda vive aterrorizada y alimenta ese éxodo. Esta migración, que combina flujos legales e indocumentados, también hace de México uno de los más importantes expulsores a nivel latinoamericano.

Migración y desarrollo

Paralelo al proceso de masificación de la migración internacional, la que hoy representa más de 200 millones de personas, 3 por ciento de la población mundial, varios organismos financieros y de desarrollo internacionales, junto con algunos académicos y gobiernos nacionales, vendieron la idea de la migración como palanca del desarrollo.

Sin embargo, en México como en otros países receptores de importantes volúmenes de remesas, la hipótesis está aún por ser probada empíricamente. A principios del presente siglo, el foxiato impulsó lo que hoy se conoce como programa 3x1, catalogado incluso como la primera política pública dirigida a la diáspora mexicana.

El hecho es que los recursos invertidos, que en conjunto provienen de cuatro fuentes (3 niveles de gobierno y los migrantes organizados), no consiguen aún articular un proceso que integre a miles de localidades de origen de los migrantes al desarrollo. Se urbanizan continuando la marginación, desigualdades y condiciones que expulsan a la gente.

Como parte de mi interés por cerca de quince años sobre la migración michoacana a Estados Unidos, he realizado trabajo de campo en localidades de añeja tradición histórica migratoria así como en poblaciones que se incorporaron en el último decenio al flujo migratorio. Hay cambios importantes, pero la migración continúa su marcha.

En diversas localidades de origen de los migrantes se han implementado acciones y proyectos bajo el esquema del 3x1. Calles, caminos vecinales, algunas carreteras, escuelas, becas, invernaderos, plazas, jardines públicos, alcantarillado, entre otros, han transformado la portada rural de esos pueblos, mientras las familias se aprestan a salir al norte.

Las familias y localidades de origen de los migrantes han cambiado. Las primeras ampliaron su consumo y bienestar en general; las segundas reflejan la generosidad de los migrantes, pero encontramos pueblos de mujeres solas, con hijos y adultos mayores, cuya dependencia de las remesas es dramática.

En algunas localidades esta dependencia es sobrellevada con el acceso, limitado, a algunos programas estatales y federales (Oportunidades, Adultos Mayores, Canasta Básica, entre otros). En el caso de la inversión pública, a pesar de su signo político, los CODECOS, han complementado positivamente el apoyo a familias y pueblos de migrantes.

Con todo, las limitaciones son evidentes: los caminos vecinales no suplen la falta de integración horizontal y vertical regional; en el caso de los invernaderos, alguno con cierto éxito, ofertan seis o siete empleos, precarios todos, que no suplen la demanda local y regional; las plazas públicas y calles dan una portada atractiva, pero no más.

La teoría, como algunos de los acérrimos defensores de los dictados de los organismos financieros y de desarrollo internacionales empiezan a reconocer, está fallando. Algo pasa. Parece ser que las remesas no son la panacea. La crisis global reciente demostró hasta la saciedad que entre migración y desarrollo no hay una relación unívoca.

Sin duda la migración, por medio de las remesas, ha hecho la diferencia en cientos de localidades michoacanas. Ante el abandono gubernamental, el uso político, la ausencia de programas, apoyos y condiciones para impulsar actividades económicas locales y regionales, y la falta de integración a los mercados, la migración ha sido positiva.

Pero seguir promoviendo la idea de la palanca del desarrollo, es desconocer el papel real del trabajo migrante en la globalización. Si la migración continua es porque el desarrollo local, regional y nacional es precario o de plano no existe. La gente migra por expectativas de mejora económica, y el mercado global requiere mano de obra de distinta calificación.

Los países desarrollados, las regiones económicamente dinámicas, alientan la inmigración a pesar de las políticas restrictivas vigentes. El problema es que los países desarrollados requieren mano de obra barata, pero se oponen a que los migrantes se asienten de manera permanente en sus territorios. Oferta y demanda.

El proceso migratorio internacional se comporta diferencialmente según las regiones y países de destino. El motivo del migrante es económico, aunque esté aderezado de situaciones históricas, tradicionales, familiares, de género. Tal es el caso de la región de Norteamérica, donde la emigración mexicana históricamente destaca.

Durante los pasados cien años, la migración mexicana a Estados Unidos creció y decreció al ritmo de la economía estadounidense y las necesidades del mercado laboral. De 1942 a 1964 el Programa Bracero reguló la movilidad humana; al finalizar aumentó la emigración indocumentada. La IRCA (1986) o “amnistía” pretendió regular el fenómeno de nuevo.

Entre 1990 y el presente decenio, la emigración mexicana cambio patrones y perfiles, además de masificarse. La IRCA, los mayores controles instaurados desde 1994 y reforzados después de los ataques terroristas de 2001 bajo el mandato de Bush, influyeron en ese cambio, pero las condiciones de expulsión en México se han agravado.

Los gobiernos priistas y panistas no han sacado del atolladero al país; en los últimos diez años la pobreza, exclusión y marginación se han profundizado; el tejido social está roto, y la inseguridad crece mientras la delincuencia organizada se apropia de amplias zonas, reflejando de manera dramática la ausencia gubernamental de un gobierno fallido.

A pesar de los anuncios mediáticos y las cifras “positivas”, internas y externas, la crisis global sigue golpeando a las mayorías. El desarrollo publicitado a través de la migración y las remesas no llega. La salida de mexicanos continúa, ahora también forzada por la inseguridad, pero el problema mayor es que la migración no genera desarrollo.

La migración internacional, con excepción de casos aislados en otros lugares del planeta que han cambiado ciertas condiciones de pobreza y marginación, pero no desarrollos nacionales plenos, presenta actualmente un panorama complejo: su intensidad crece y el número de personas involucradas también, además de arreciar los abusos y violaciones.

El rostro actual de la migración internacional es de abusos y violaciones a los derechos humanos; muy pocos creen que pueda ser sostenida como generadora de desarrollo. Históricamente la migración jamás ha sido palanca del desarrollo. Las evidencias de las migraciones de fines del siglo XIX y principios del XX son contundentes.

Sin duda los países hoy desarrollados son los beneficiarios de la inmigración, pero los países expulsores siguen debatiéndose entre pobreza y marginación de millones de sus habitantes, y la exclusión impulsada por las políticas neoliberales y la globalización. Las localidades de origen de los migrantes siguen preparando a su gente para migrar.

Esta digresión es una mirada a la realidad mexicana a cien años de la Revolución Mexicana, cuya conmemoración entre la parafernalia mediática y frívola oscurece que lo mucho por lo que se luchó sigue estando fuera del alcance de las mayorías. Los migrantes son parte de esos muchos que se van en busca de una expectativa distinta.

Espectáculos y paradojas

Con diferencia de días, Felipe Calderón y Enrique Peña ofrecieron sendos shows mediáticos. El primero, en un ambiente amigable, develó las bondades de un “gobierno” que solamente él y sus cuates alcanzan a asir entre privilegios y complicidades. Me recordó la novela de Michael Ende (1979), hecha película The Neverending Story (1984).

Entre paradojas, Enrique Peña, gobernador del Estado de México, pretendió exorcizar el autoritarismo priista si el PRI recupera el poder, y acusó a la extraña alianza PAN-PRD de buscar el poder por el poder. Olvidó que durante poco más de setenta años su partido encabezó la asombrosa historia unipartidista que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta.

Mientras ambos personajes celebraban en costosas ceremonias pagadas con nuestros impuestos, nos enteramos que el “gobierno” federal obtuvo malas notas. Consulta Mitofsky refiere que para 83 por ciento de los mexicanos la economía está peor; 78 por ciento piensa que vivimos peores momentos respecto al año pasado; 80 por ciento considera que la seguridad ha empeorado, y para 25 por ciento la inseguridad es el mayor problema.

Asimismo, 60 por ciento de los mexicanos considera que al “gobierno” se le han salido las cosas de control. Aunque salud, combate a la delincuencia y educación son las áreas mejor evaluadas, ninguna supera el 40 por ciento. El combate a la inflación, la creación de empleos y la lucha contra la pobreza, son los rubros peor valorados.

Finalmente, el 58 por ciento cree que vamos por el rumbo equivocado. Los números suelen ser hechizos; por ello, el festejo continúa. Los spots siguen dando la buena nueva, mientras evaluaciones serias (Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM-UNAM), son ignoradas. En el rubro laboral no se han recuperado las más de 700 mil plazas perdidas.

A agosto de 2010 el IMSS registra 35 mil empleos menos respecto a igual mes del año pasado, y más de un millón 400 mil mexicanos forma parte de la economía informal o el subempleo. En junio de este año más de 8 millones de personas estaba desempleada, mientras el nivel real de desocupación alcanzó 15.3 por ciento y no 5.3 por ciento.

El presidente del empleo olvidó dichas cifras; también, escamoteó los números del endeudamiento que hoy alcanza cifras estratosféricas. En el 2006, al calor de la guerra sucia electoral, ofreció que no endeudaría al país, en relación con el candidato de izquierda: el mesías tropical krauziano. Pero las cosas van de mal en peor.

La matanza de transmigrantes centroamericanos y sudamericanos, exhibió al “gobierno” católicamente correcto en su desinterés por los migrantes. Si los mexicanos que emigran a Estados Unidos sólo valen un discurso, los transmigrantes están sujetos, no solamente al mercado global laboral, sino también al crimen global. Laissez faire, laissez passer.

Entre la comentocracia oficialista, disculpar las ausencias sobre la realidad es permisible, pues según su particular punto de vista los mandatarios deben hablar de sus “logros”, aunque sea para imaginar otro país. El hecho es que la crítica no es bienvenida, pues es mejor aderezar con frases supuestamente contundentes esa realidad.

No parece que el show mediático sea de larga duración, a pesar del bombardeo de spots publicitarios que venden un país inexistente, pues la crítica de la sociedad gana presencia. Los llamados a la “unidad” son cada vez más huecos, sin muchos destinatarios. Es la paradoja: nos embarcaron en líos por los que jamás se nos consultó.

La comentocracia oficialista rechaza la idea del Estado y el gobierno fallido, pero observamos que las respuestas a los problemas perfilan, no solamente fallos cotidianos sino también el colapso gubernamental y estatal. En los círculos cercanos a Los Pinos se vive la euforia de una fiesta de privilegios y complicidades ajena a México.

Obviedades. 1. En Estados Unidos, el debate sobre la inmigración indocumentada será un punto crucial en las elecciones de noviembre próximo. La SB1070 de Arizona reafirmó entre la opinión pública el tema, además de generar nuevas batallas en otros estados en los que se están impulsando leyes similares. Las posiciones en juego en el Congreso de ese país serán definidas por el talante pro o anti-inmigrante de los candidatos, mientras el gobierno de Obama continua reforzando las medidas antiinmigrantes promovidas por Bush. 2. Según una reciente encuesta, 59 por ciento de la población estadounidense y 76 por ciento de las elites en Washington, DC, desean acciones respecto a la reforma inmigratoria. El 61 por ciento de los demócratas e independientes, y el 59 por ciento de los republicanos, piensan que el Congreso debe promover un esquema para discutir la reforma inmigratoria. Estos números contrastan con la desaprobación de los votantes a las leyes de estimulo económico y de salud, y el rumbo del Congreso, pues desean que esta instancia actúe a pesar de haber eludido las promesas de Obama y Bush sobre el tema.

La Bestia o el colapso del Estado mexicano

Indignación, asco, estupefacción, alarma; fueron algunas de las reacciones en medios impresos, electrónicos e internet. La Bestia, el ferrocarril que transporta a los transmigrantes desde el sur hasta la frontera con Estados Unidos, perdió a 72 pasajeros de Centro y Sudamérica, en un final de viaje cruel en Tamaulipas.

El martes de la semana pasada, los informes de la CNDH, organismos humanitarios asentados en la frontera norte, organizaciones internacionales de derechos humanos, hicieron un recuento cruento de la violencia cotidiana hacia los transmigrantes, aunque el “gobierno” mexicano intentó justificar su inacción y desprecio por los migrantes.

Son cotidianos los abusos; están documentadas las vejaciones; peor, se sabe que el círculo de la extrema violencia hacia los transmigrantes está formado por traficantes, polleros, zetas, policías municipales, estatales y federales. Impunidad, complicidad, corrupción, sobresalen y corroen al gobierno fallido y un Estado a punto del colapso.

En los Estados Unidos, entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, se ha criticado acremente la postura del “gobierno” mexicano: En ese país blande un discurso, soso y hueco, en torno al abuso de los indocumentados mexicanos, pero poco hace sobre el trato y abuso a los transmigrantes.

Los transmigrantes, la mayoría centroamericanos, pero también sudamericanos, árabes, cubanos, chinos y de otras nacionalidades, transitan por territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos. La propia política inmigratoria de ese país, al mover las rutas tradicionales de acceso, ha favorecido el tráfico de seres humanos.

En los últimos diez años, el tráfico de personas se convirtió en un negocio lucrativo, involucrando a la delincuencia organizada y a los carteles de la droga. Los transmigrantes, mujeres, niños y niñas, son sus principales víctimas. Los abusos, vejaciones, secuestros, asesinatos, crecen. Para muy pocos el sueño americano es alcanzable.

Los abusos y explotación a los indocumentados mexicanos, en un contexto de xenofobia, racismo y odio en Estados Unidos, son preocupantes; reflejan cuán lejos está una reforma migratoria integral. Pero en México, es vergonzante y horroroso el maltrato que sufren los transmigrantes. No solamente el ferrocarril se ensaña con ellos, la otra “Bestia” también.

Esta otra “Bestia”, la burocracia migratoria, las policías de todos los niveles, se entremezclan con polleros, zetas, traficantes y demás delincuencia, para hacer del derecho a migrar, a la movilidad, un acto peligrosamente aterrador. Huir de la precariedad y la pobreza de un país de origen es un viaje al laberinto del horror en suelo mexicano.

La reforma a la Ley de Población que evita criminalizar a los indocumentados que pasan por México, no les otorgó garantías para denunciar los abusos y las vejaciones. Pero en un país en el que muchas situaciones se norman y sancionan, la justicia sigue estando ausente. El cúmulo de leyes existentes no es garantía de respeto, equidad, imparcialidad.

Asimismo, el “gobierno” mexicano, al asumir la Iniciativa Mérida, se convirtió en garante de la política antiterrorista, antidrogas y antiinmigrante de Estados Unidos. Una de las vertientes del papel de México en dicho acuerdo es reducir la “porosidad” de nuestra frontera sur; es decir, detener el paso de los migrantes.

Las vejaciones sufridas por los mexicanos al internarse en Estados Unidos, las muertes de mexicanos en su intento por alcanzar el “sueño americano”, deberían conducir a una estrategia diplomática y bilateral para resolver el problema migratorio entre ambos países. A la par, se tendría que discutir el problema de los transmigrantes.

Sin duda, en la migración mexicana a Estados Unidos la motivación laboral así como la expectativa de una vida mejor siguen pesando. En México, salvo las mentiras mediáticas de la supuesta recuperación, millones de mexicanos siguen sin empleo; y cuando lo tienen, sobresale la precariedad, inequidad y un salario que ya ni siquiera cubre la canasta básica.

En Centroamérica, Sudamérica, y otros países, la migración laboral sigue conduciendo el flujo migratorio que lleva a Estados Unidos. La supuesta tierra de las oportunidades ha convertido al territorio mexicano en uno de los principales corredores migratorios sur-norte, norte-norte. A pesar de las evidencias, en México no se entiende esto.

La postura de los gobiernos panistas, después del acto fallido Fox-Castañeda, apenas atina a mal administrar una de las caras del proceso migratorio internacional que define en mucho las relaciones México-Estados Unidos: la emigración mexicana. En cambio, la transmigración se la han dejado a la violencia y crueldad de la delincuencia organizada.

Según se sabe, la actual comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), está en su cargo por la gracia de Dios y su amigo Calderón. Informes de todo tipo le han llegado, pero apenas atina a decir que la delincuencia ha invisibilizado a los transmigrantes y culpa a diputados y senadores por no crear una ley de migración.

También sabemos que en el INM, delegaciones estatales y estaciones migratorias, se tejen acompasadamente las redes de la impunidad, complicidad y corrupción. Hay historias desgarradoras de transmigrantes centroamericanos que, al menos a quienes públicamente violentan con su fe católica al Estado laico, deberían compungir su cristiano corazón.

Migrar es un derecho. La movilidad humana, histórica, milenaria, ha llevado a la especie humana, en distintos estadios, a poblar y repoblar el mundo. La hominización, la geografía, la adaptación, el cambio climático, la búsqueda de comida y refugio, el aprovechamiento de los recursos, la organización social, han hecho del caminar humano un signo de evolución.

La constitución de los Estados-nación, la aparición de las fronteras políticas y administrativas, la racialización de la especie humana, el otro, el extraño, las guerras de conquista y colonización, han impuesto normas al caminar humano. En una época de modernización y democracia, la migración tiene que ser reivindicada como un derecho.

Un país emproblemado

A unas semanas del bicentenario de nuestra independencia, en México los cambios urgentes se acompasan y diluyen en los dimes y diretes del “gobierno” federal, la jerarquía católica, la reiterada violación a las leyes, y el socavamiento de las instituciones. Los retrocesos de la transición son cada vez más evidentes.

En una década, en cerca de dos sexenios de panismo faccioso, mediocre y sin rumbo, la esperanza de la transición, el cambio democrático, la modernización, se siguen hundiendo en corruptelas, impunidad y complicidades. Durante el foxismo, los analistas de la gobernabilidad criticaban la impericia y falta de profesionalismo de muchos funcionarios.

Se afirmaba, con razón, la ausencia de cuadros entrenados para el trabajo administrativo y político en el mediocre “gobierno del cambio”. Hoy la situación no ha variado, pero el cinismo, descaro y privilegios de la burocracia panista, en los diversos niveles de la estructura burocrática, está socavando aún más la vida institucional del país.

Ejemplos sobran. En lo que respecta a la licitación de espectro en la banda de 1.7 gigahertz (Ghz), el director jurídico de la SCT se envalentona y afirma que no acatará el fallo cautelar dictado por un juez, pues a nada lo obliga dicho laudo. Es decir, al diablo las instituciones y las leyes, frase que en su momento escandalizó a la intelectualidad de derecha.

Respecto al pomposo espectáculo mediático Diálogos por la Seguridad, que incluye llamados a la unidad y que los ciudadanos nos convirtamos en soplones y asumamos nuestra propia seguridad, ya entendimos que el “gobierno” gasta millones de pesos en la publicidad de una guerrita perdida, aunque la derecha intelectual diga que es necesaria.

El mensaje de ese espectáculo reduce el combate al narcotráfico a lo policíaco y el supuesto de que la milicia en la calle es la única vía. Hace mutis de la pobreza y precariedad de la vida de la gente y su relación con la delincuencia. Incluso llama a transferir recursos del gasto social para lanzar más policías y soldados a la calle.

Sin duda la política social focalizada apenas administra la pobreza creciente. Se subsidia a los pobres según ciertas carencias dimensionadas (patrimonio, alimentación, educación) estadísticamente, pero se ignoran las condicionantes estructurales (desempleo, empleo precario, salarios ínfimos, entre otros) que crean y recrean la pobreza.

En el campo educativo, la negativa a poner en marcha la normatividad que prohíbe la venta de comida chatarra, refleja las complicidades gubernamentales y los privilegios a favor de proveedores y empresas. Es claro que el problema de la obesidad tiene raíces en las familias y sus formas de alimentación y consumo, pero las instituciones también son responsables.

La cantidad de comida chatarra, nutricionalmente negativa y dañina para la niñez y los adultos es impresionante. Las “tienditas” de la esquina proliferan; no hay regulación en las localidades rurales, y se aplaza la normativa para sacarla tales alimentos de las escuelas. Parece que la impunidad alimentaria prevalece por sobre la salud colectiva.

Dicha situación ha sido signo distintivo del panismo en el gobierno; es decir, no solamente es pro-empresarial, sino también se han amplificado los privilegios y abusos de la iniciativa privada en contra de los trabajadores. Ya no es solo el salario mínimo que resulta hasta inconstitucional, sino que la política laboral es claramente anti-laboral.

Antes fue Luz y Fuerza del Centro, junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mentiras y decretos aviesos unos 40 mil empleos fueron borrados del mapa laboral, condenando a miles de familias mexicanas a la precariedad y pobreza. Hoy son los trabajadores de Mexicana de Aviación, empresa obsequiada por el foxismo.

Tal es el talante de las elites económicas mexicanas y extranjeras. A costa del empleo, la calidad de vida de la gente y las leyes laborales vigentes, se promueve desde el “gobierno” la desaparición, precarización y explotación laboral, mientras la derecha intelectual y política se escandaliza cuando se habla de clases sociales y explotación.

En este contexto, es interesante revisar la información sobre el crecimiento económico en México. Por un lado, destaca la euforia gubernamental por el incremento del PIB a 7.6 por ciento anual durante el segundo trimestre, pero por otro, los especialistas señalan que dicho aumento está siendo manipulado mediáticamente.

Acorde con los economistas, el incremento del PIB no implica que el valor total de la producción de bienes y servicios haya aumentado. Está por abajo del valor anterior a la crisis financiera. Asimismo, el CEESP advierte que el dinamismo de la economía se reducirá en la segunda mitad del año y en todo el 2011.

Cabe preguntar ¿qué celebramos? El señor de Los Pinos inició esta semana una gira mediática, previa a la presentación de su “informe de gobierno” y antesala del espectáculo de miles de millones de pesos que supuestamente conmemorará la independencia de México, fecha que parece no tener muchos significados para la derecha.

Obviedades. 1. La derecha gubernamental ha abierto un debate en torno a las estadísticas de los “ninis”; el secretario de Educación jura que no pasan de los 285 mil, mientras que con datos oficiales, el rector de la UNAM afirma que son 7 millones, pero se evade el problema real de la situación de estos jóvenes en cifras. 2. La familia tradicional, católica y patriarcal, está cambiando, aterrorizando a los jerarcas católicos por el poder y la dominación que pierden, desdeñando que el asunto no es de orientaciones sexuales, sino de derechos de las personas y ciudadanos.

Las inseguridades de los otros

Sin duda la inseguridad es un asunto que involucra, tanto a los diversos órdenes de gobierno como a la sociedad civil, organizada o no; pero pretender responsabilizarla de su propia seguridad, como ha sugerido reiteradamente el inquilino de Los Pinos, implica la confesión pública de incapacidad e ineficacia, por decir lo menos.

La teoría política moderna sugiere que el papel del Estado, respecto de la seguridad pública (que comprende a personas y sus bienes), ha cambiado históricamente, introduciéndose nuevos paradigmas, pero los elementos esenciales prevalecen. En este sentido, parece pertinente resaltar el rechazo de muchos ciudadanos a convertirse en su propio policía.

Asumir una “lucha” que en ningún momento fue debatida o consultada, en el entendido de que vivimos en un sistema democrático que va más allá de las decisiones autoritarias y discrecionales, no justifica los alegatos mediáticos que apuran la “participación” de la población en tareas de denuncia, vigilancia y policiacas, con altos riesgos personales.

Los sucesos del sábado pasado, un motín de integrantes de la Policía Federal, donde se denunciaron vínculos de algunos mandos con la delincuencia organizada, no favorecen la “participación” ciudadana. Al contrario, refuerzan la idea de que los cuerpos encargados de la seguridad pública están involucrados con los trasgresores de la ley.

Esta situación cuestiona también la idea de “participación” ciudadana que mediáticamente promueve el gobierno federal. Es decir, la ciudadanía está sometida a un sistema electoral donde los votos son la única vía de “participación”, sin lugar a revisar y discutir resultados dudosos, pero se pretende que la ciudadanía “participe” en labores de alto riesgo.

Convertir a la población en delatora y denunciante de probables hechos delictivos, con o sin recompensas monetarias, implica ponerla en riesgo. Asimismo, releva al gobierno federal y al Estado de sus responsabilidades en materia de seguridad personal y colectiva, además de imponer una visión individualista de los delitos y los responsables.

En opinión del gobierno federal, la “participación” ciudadana y de los actores políticos, debería de estar más allá de sus intereses particulares; lamenta que anteriormente no hubo una acción contundente que evitara que la inseguridad se diseminara, además de defender el uso de las fuerzas armadas en su guerrita contra el narco.

Los medios de comunicación también han sido receptores de reclamos de la burocracia federal. Al respecto, es interesante la postura del arzobispo de Guadalajara, quien se hace eco del cuestionamiento gubernamental. El prelado asegura que los medios promueven un estilo de vida de dinero fácil y facilitan la penetración del crimen en la sociedad.

Dicho reclamo moral ignora que el ciudadano global se forma en espacios sociales, económicos, políticos y culturales, donde el individualismo y el culto al mercado tienden a promover, en algunos aspectos, lo que se critica. Los negocios globales, la desregulación, un Estado ausente, entre otros, pueden fomentar la rapiña y el egoísmo extremo.

En los últimos cuarenta años, la ideología neoliberal y la globalización excluyente, han promovido la desigualdad y la ruptura del tejido social, favoreciendo y exacerbando la respuesta individual a los crecientes problemas que enfrentan las sociedades globalizadas. La pobreza sin gradaciones, rural y urbana, asoma cotidianamente en México.

La inseguridad y la seguridad ciudadana son asuntos que competen al Estados y los aparatos gubernamentales. El cambio de paradigma sobre las funciones del Estado global, no ha tenido referentes a nivel social y político en México; se trata de una imposición que la transición ni siquiera alcanzó a plantear y menos a resolver.

Por otro lado, el saldo de 28 mil muertos en la guerrita contra el narco, refleja los problemas de un aparato gubernamental que no se preparó para esta guerra. La militarización de las acciones tampoco ha resuelto un conflicto que arroja abusos y muertes civiles. La impunidad fomenta la huida individual de los ciudadanos.

Las personas en la calle y autos, son bunkers individuales, social y moralmente atrapados por el miedo, la ansiedad y la angustia por sobrevivir, mientras el desempleo y las crisis de salud física, mental y emocional, no alcanzan a ser atendidas por el aparato de salud pública colapsado. “Participar”, como la propaganda oficial apremia, es otro golpe.

El reclamo oficial no puede ser atendido por una sociedad en la que los valores universales, como la democracia, la solidaridad, la convivencia, entre otros, y los valores morales impulsados por las religiones están siendo cuestionados estructuralmente. La crisis de la sociedad global, en su vertiente de americanización, lleva la ventaja.

Tregua migratoria

La ley SB1070 entró en vigor la semana pasada en Arizona, aunque tres de sus preceptos más polémicos fueron detenidos. La policía no podrá exigir que un detenido por otras razones, compruebe su estatus migratorio; los inmigrantes tampoco estarán obligados a llevar su documentación para demostrar su estancia legal en Estados Unidos.

Asimismo, se suspendió el artículo que convertía en delito que los jornaleros, muchos indocumentados, solicitaran empleo en lugares públicos. La juez federal Susan Bolton argumentó una “probabilidad sustancial” de que fueran detenidos inmigrantes legales, además de imponer una carga sustancial a los indocumentados en un asunto federal.

Tal como fue planteada la demanda, la resolución suspendiendo tres apartados en los que el gobierno estatal de Arizona invadía la esfera federal, no cuestionó el fondo de la legislación, la discriminación y el racismo. Tampoco podemos sobredimensionar el impacto de la disposición, de haberse aplicado como fue decretada, fuera de Estados Unidos.

En Arizona, acorde con información estadística ponderada y seria, estaban asentados alrededor de 500 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos. Acorde con la prensa local y algunos diarios de circulación nacional estadounidenses, semanas antes se inició un éxodo de regulares proporciones, pero de gran impacto mediático.

Como era de esperarse, algunas organizaciones de migrantes asentadas en los estados fronterizos en ambos lados, dieron la voz de alarma, además de apoyar la demanda que aún espera una solución final. En México, como sucedió con la crisis de las hipotecas, algunas instancias gubernamentales y medios afines, sobredimensionaron un supuesto retorno.

La investigación sobre la migración mexicana a Estados Unidos ha demostrado sobradamente que los mexicanos han aprendido a manejar racionalmente el proceso migratorio, cuya complejidad no responde a simples iniciativas individualistas, sino a un entramado social, económico y cultural históricamente construido.

También, es irresponsable invocar la SB1070 como de gran impacto en la reducción de las remesas que se envían a México. Las remesas empezaron a descender desde el 2006, aunque la crisis de las hipotecas aceleró su caída; la lenta recuperación de la economía estadounidense, reflejada en tasas de desempleo todavía inusuales, seguirá afectándolas.

En este punto vale la pena retomar lo planteado, por un lado, por algunos organismos empresariales, y por el otro, especialistas en estudios migratorios, en el sentido de que los migrantes están saliendo de Arizona, pero para reubicarse en otros estados de la Unión Americana, además de que nuestro país no está preparando para un retorno masivo.

Como en las deportaciones masivas del siglo pasado (1921-1923, 1929-1933, 1939, 1954), la retórica gubernamental resalta en la euforia de la Cancillería mexicana celebrando el bloqueo parcial de la SB1070 y la hipócrita postura “no intervencionista”, mientras más de 400 mil mexicanos son “repatriados” anualmente por un acuerdo México-Estados Unidos.

Sin duda, la complejidad del proceso migratorio, en cuanto fenómeno auto-regulado y auto-sostenido, juega a favor de la situación crítica que viven los mexicanos que no se han marchado. Es decir, la mayor parte de los indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los pasados diez años, prefieren el desplazamiento interno a regresar a México.

En Michoacán, en diversas localidades de origen de los migrantes, hemos encontrado migrantes retornados, deportados y que no han podido entrar a Estados Unidos, siguiendo los ciclos acostumbrados, pero no representan contingentes importantes. Los problemas derivados de la migración internacional siguen y son los menos atendidos.

Con ello nos referimos a las condiciones que a nivel local y regional estimulan la migración, además de los impactos en la salud física y mental, la educación de los niños migrantes, el abandono rural, el despoblamiento. A la fecha, las acciones implementadas no han revertido estos procesos, agravados por la inseguridad actual.

Finalmente, no es de extrañar el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte, pues como parte del problema de la inmigración no resuelto, se vienen llevando a cabo acciones aún más restrictivas de la administración de Obama para intentar controlar el ingreso de más indocumentados.

Acorde con el INEGI, en los últimos meses la salida de mexicanos ha bajado a niveles nunca vistos en los pasados diez años, cuando más de 400 mil migrantes al año se iban a Estados Unidos. Por su parte, expertos estadounidenses reportan que desde mediados de 2007 es notable el descenso de inmigrantes indocumentados.

En contraparte, el número de redadas, al menos hasta el año pasado, en los sitios de trabajo, los procesos legales en contra de inmigrantes indocumentados, y las deportaciones han tendido a incrementarse de manera importante. El roto sistema inmigratorio de Estados Unidos no está siendo reparado, pero los parches que les ponen son antiinmigrantes.

Crisis y pobreza

La crisis que aun no termina, que ha lanzado a la pobreza a unos 60 millones de personas más en el mundo, según el Banco Mundial, sirve hoy al “gobierno” federal para sacar cuentas vergonzosas. Acorde con el secretario de Hacienda, 6 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza por la crisis, e ironiza señalando que son la mitad de 1995.

Es decir, tranquilicémonos que en la larga pesadilla neoliberal el priismo zedillista hundió aún más al pueblo mexicano en la miseria; el hundimiento panista calderonista es una minucia. El problema de las cifras gubernamentales está en la ausencia de ética y moral, no solamente en las mediciones, como ha sido señalado en diversas ocasiones.

Observando el acomodo insano que se hace de la tragedia humana, no queda más que pensar en la lejanía discursiva y el desinterés social y ético de la burocracia actual en los millones de pobres que habitan las ciudades y campos mexicanos. El panismo cuya derrota cultural es evidente, se parapeta entre la estupidez humana por votos y privilegios.

A los “logros” del actual “gobierno” federal sumemos, además de los 25 mil muertos de la guerrita esquizofrénica, 6 millones de nuevos convidados a la miseria e indigencia. Para aderezar esa cifra, al último trimestre del 2009, 3.2 millones de mexicanos carecía de recursos suficientes para adquirir la mísera canasta básica decretada por la burocracia.

En este contexto, el reciente reporte Panorama Educativo de México 2009, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), es revelador: 322 mil menores de 6 a 14 años no van a la escuela pues trabajan más de 20 horas a la semana. Niños y niñas que pronto serán adultos en extrema pobreza y calidad de vida precaria.

No olvidemos el reciente desdén a jubilados y pensionados de hoy y mañana, instigado por la nada Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir una irónica jurisprudencia basada en una norma derogada por el priismo neoliberal, para hundirlos aún más en la pobreza, la precariedad alimentaria y la vejez sin horizonte, respaldada por el panismo neoliberal.

La pobreza, como problema estructural del capitalismo, se agrava por el desdén ético y moral de la alta burocracia panista, actualmente rodeada de privilegios. Sonrientes acuden a darse golpes de pecho, dan una limosna que lava sus culpas judeo-cristianas, y regresan a sus torres de marfil, ignorando a millones hundidos en la miseria.

Asimismo, prevalece, como en los viejos tiempos priistas, el uso electorero de la pobreza para conservar el poder. Después de las recientes elecciones del 4 de julio, donde las derechas se reposicionaron, haciendo aún más patente la patética ausencia de la izquierda electoral y las otras izquierdas, todo discurso y despliegue mediático alude al 2012.

La crisis de la globalización nos enfrenta a una cotidianeidad furiosa. Los pobres, quienes no ven salida a su situación histórica, están donde la delincuencia, organizada o no, teje y desteje su accionar con “protección”, “apoyos”, reclutamiento, violencia, convencimiento. Donde el Estado ya no está, y el “gobierno” ya es menos que fallido.

Obviedades. 1. Arizona está a un día y horas de convertirse en el primer estado de la Unión Americana donde se perseguirá legalmente a los inmigrantes indocumentados, si es que la juez encargada de la demanda presentada por la administración de Obama y respaldada por organizaciones pro-inmigrantes y otros países (“amigos de la corte”) no la detiene. 2. Investigadores mexicanos señalan con razón que México no está preparado para recibir a los probables deportados de Arizona, pues ni los anuncios de fondos extras y proyectos supuestamente productivos cambiarán de la noche a la mañana la situación crítica que todos vivimos. 3. En realidad, los probables deportados de Arizona se sumarían a los cerca de 400 mil “repatriados” que anualmente expulsa Estados Unidos, producto de las redadas, inspecciones, detenciones arbitrarias, apresamientos por ingresar a ese país, y un acuerdo de “repatriación voluntaria” que el panismo aplaude diariamente. 4. De acuerdo con el Southern Poverty Law Center, cada año aumenta 20 por ciento los crímenes de odio contra inmigrantes en Estados Unidos, además de que existen unos 602 grupos racistas antiinmigrantes a lo largo de la frontera entre ambos países. 5. 81 legisladores republicanos solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona desestimar la demanda de Obama contra la ley SB1070, por falta de méritos, porque el gobierno federal no hace mucho para frenar la inmigración indocumentada y porque suponen que Arizona está en su derecho al tomar acciones contra los “ilegales”. 6. Acorde con la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, siglas en inglés), 18 estados de la Unión Americana están promoviendo leyes similares a la de Arizona, la cual, como hemos dicho en otros lados, solamente va a institucionalizar, si es que comienza a aplicarse, la discriminación y racismo históricos. 6. Acorde con el Washington Post, las deportaciones de inmigrantes indocumentados alcanzaron su máximo histórico en 2009, pero a junio de 2010 la cifra está arriba del 50 por ciento del año anterior; las redadas en los sitios de trabajo han descendido, pero las inspecciones a las empresas en busca de trabajadores indocumentados, crecen. 7. En la tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, celebrada en Ginebra, Suiza, 8 asambleas legislativas latinoamericanas condenaron la ley SB1070 por xenofóbica, racista y discriminatoria; además el representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y parlamentarios de Ghana, Senegal y Turquia, apoyaron la declaración.

¡Todos al suelo!

La porra de los boy scouts, narra la prensa nacional, congeló la sonrisa de la esposa del señor de Los Pinos. En Chihuahua, en el norte del país, el orgullo del México moderno se transformó en ¡Todos al suelo!, grito y escenificación del miedo. La inseguridad y la violencia que desde el búnker del poder se convierte en simple percepción.

Mientras niños y jóvenes escenifican su miedo, el señor de Los Pinos arenga a los “jodidos” (el Tigre Azcárraga dixit) con nuevas convocatorias mediáticas a dialogar y “reconocer lo que nos une”. Según percibe, la inseguridad es la principal amenaza a la libertad. Las mayorías pueden expresarse, actuar y criticar con plenitud, pero corren peligro.

En este sentido, nuestras libertades, garantías constitucionales y derechos humanos están amenazados por la inseguridad y la violencia de los “otros”: los narcos, la delincuencia organizada o no. Nada menciona de una guerrita que en cuatro años ha implicado 25 mil muertos, donde la violencia impulsada por el Estado también coacciona, amedrenta.

Lo que nos acerca en este año de centenario y bicentenario es la inseguridad y sus implicaciones. Poco hay que celebrar, a pesar del dispendio y la arrogancia de la derecha intelectual que justifica cualquier espectáculo mediático, como es el caso de la Expo Bicentenario, cuyo costo asciende a mil 100 millones de pesos.

En general, la derecha se solaza con las frivolidades mediáticas disfrazadas de creatividad e innovación; el México del marketing, el dispendio y la apariencia. También se erige en moral colectiva, acusatoria, que convierte en pecado hasta lo que la Iglesia católica se atreve a dispensar, como es el caso de las mujeres con tatuajes.

Según la titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), “los tatuajes en las mujeres reflejan la pérdida de valores en la sociedad”. Un tatuaje, acorde con una mujer que ocupa un cargo en una institución que se supone con “perspectiva de género”, resume en la piel el pecado original del catolicismo militante.

A contracorriente de los creyentes que satanizan cualquier acto de libre albedrío, identidad o resistencia reflejada en el cuerpo humano, el gobernador de Guanajuato y el arzobispo de la diócesis de ese estado, discreparon. El segundo negó que tatuarse el cuerpo sea pecado y que se pueda juzgar a alguien por su apariencia.

El catolicismo militante, al erigirse en juez y parte, golpea con su moralina derechista discriminando, estigmatizando y violentando los derechos de las mujeres. Pero la discriminación en este país tiene otras caras y objetivos. Es el caso de la gente que vive con VIH-SIDA. En 30 de las 32 entidades mexicanas está penalizada la transmisión de enfermedades infeccionas, como el VIH.

De acuerdo con especialistas y defensores de los derechos de las personas con VIH, estas leyes discriminan y estigmatizan a los portadores de esta enfermedad, haciendo más difícil la labor de concientización, respeto y defensa de sus derechos. El Estado mexicano es garante de la discriminación, cuando debería ser árbitro y protector.

La violencia e inseguridad en este país tiene sus matices, dimensiones y expresiones territoriales y corporales. ¡Todos al suelo!, dibuja los miedos del norte violentado por el narco y la guerrita fracasada. La discriminación y estigmatización de las mujeres tatuadas y los portadores de VIH, hablan de la violencia legalizada contra el cuerpo humano.

Finalmente, la violencia fiscal contra las entidades federativas mexicanas también debería importarnos, además del uso faccioso de los recursos e instancias de seguridad, como en los casos del Distrito Federal y Chihuahua. Mientras, el dispendio y la frivolidad se imponen en las “celebraciones” del centenario y el bicentenario, en simulación neoporfirista.

Inmigración en EU, retórica e hipocresía

La emigración mexicana a la Unión Americana ha tendido a bajar, por lo menos desde 2006, presentando una caída importante en 2009-2010, pero actualmente alrededor de 12 millones de mexicanos reside en ese país, 11 por ciento de la población de México; 3 de cada 5 vive en California y Texas.

Tanto el CONAPO como la OCDE destacan el descenso, según recientes reportes; el número de mexicanos en Estados Unidos da una idea de su impacto demográfico en el mercado laboral y la sociedad estadounidense en general, además de que la crisis entre los indocumentados ha tenido mayores consecuencias respecto a otros grupos.

Asimismo, dicha cifra, aunada a los efectos de la crisis, alimenta, por un lado, el rechazo injustificado a los inmigrantes, traducido en xenofobia y odio por conservadores, ultraderechistas, supremacistas y antiinmigrantes, y por el otro, la objeción a una reforma migratoria que encamine soluciones al problema inmigratorio.

Es interesante observar, acorde con una encuesta de Gallup, que el 50 por ciento de los estadounidenses se opone a la demanda interpuesta por el gobierno de Obama contra la ley Arizona, opinión que refuerza los resultados de otras encuestas en los que importantes mayorías apoyaron la SB1070 cuando fue promulgada.

La retórica del gobierno estadounidense parece estar en línea con ambas opiniones, pues a pesar de la demanda contra dicha ley, prácticamente será imposible impulsar una propuesta de reforma inmigratoria este año. Las elecciones de noviembre próximo y la negativa de los republicanos, según el presidente Obama, hacen imposible cualquier paso a favor.

Pero esta postura cómoda e hipócrita, pretende sacar del debate las acciones emprendidas por la administración demócrata, las cuales han reforzado lo impuesto por Bush, haciendo de la política inmigratoria un conjunto de medidas antiinmigrantes. Así, en vez de redadas, se audita a las empresas, las que se ven obligadas a despedir a los indocumentados.

Tampoco se puede ignorar que la SB1070 no es la única medida antiinmigrante. En diversas localidades proliferan iniciativas, varias aprobadas, quizás menos severas, que impulsan la dispersión de los inmigrantes en busca de empleo, menor hostilidad, además de evitar la racialización de los mexicanos, tema presente en la discusión, pero ocultado.

En un reciente reporte, Human Rights Watch propone un marco para mejorar las leyes locales, y apoya una reforma migratoria que lleve a la legalización de los indocumentados, asegure la protección gubernamental de sus derechos, reduzca su vulnerabilidad, y promueva que denuncien ante la autoridad cuando son victimas de delitos.

Como la prensa y los políticos estadounidenses repiten diariamente, el sistema inmigratorio estadounidense está “roto” y exige una cirugía mayor, pero la retórica y la hipocresía poco hacen. Adicionalmente, las medidas de la era Bush siguen intactas, haciendo de la inmigración indocumentada una condición cada vez más vulnerable.

Por lo pronto, este año la reforma inmigratoria está fuera del alcance de los millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. Mientras, crece el apoyo a medidas más severas contra los inmigrantes, particularmente los de origen mexicano, y la retórica pro y antiinmigrante campea en los discursos políticos, legales y académicos.

La transición fallida

El tránsito del autoritarismo a la democracia, iniciado a fines de los ochenta, y en aparente consolidación con la alternancia en el 2000, se ha convertido en un acto fallido. Los actos fallidos (Fehlleistung), según el catecismo freudiano son los lapsos o acciones defectuosas de las intenciones originales. En política, a mi parecer, la transición falló.

Pretender que los votos definan la democracia, mientras la imposición y la manipulación del sufragio universal se imponen, desvirtuó la transición. La derecha en el poder desde 2000 es una de las grandes herederas de la cultura priista. El llamado triunfo cultural del panismo, su lucha por la democracia, quedó en una grotesca copia del autoritarismo.

Durante las elecciones del 2006, predominó la llamada guerra sucia, salida de las catacumbas de la derecha y la ultraderecha, financiada por la oligarquía y promovida por el gobierno federal y su partido. Cada elección posterior ha reivindicado la basura política como arma para desbarrancar y destruir moralmente adversarios.

Esa guerra sucia ha sido la divisa del gobierno actual, aderezada del espectáculo mediático que la oligarquía ha puesto a su servicio. Políticos y opositores detenidos por supuestos y nunca probados vínculos con el narco; desapariciones, encarcelamiento y asesinato de integrantes de movimientos sociales; desaparición de empresas estatales.

Todo como parte de la impunidad, alentada o no, desde el Estado y los aparatos y la burocracia gubernamental. Pero sobresale la mediocridad, incapacidad e ignorancia de un grupo para gobernar. La administración ineficaz incluso ha sido notada por la oligarquía que apoyó el asalto al poder, pues para unos hay privilegios y para otros nada.

Sin duda la actuación de la partidocracia también ha promovido la transición fallida, entre alianzas espurias y corrupción. Mientras los expertos, la comentocracia y los medios celebran los votos, se ocultan las artimañas que han hecho de la transición un espectáculo mediático grotesco, en el que sobresale la impunidad e injusticia.

Las elecciones estatales de este cuatro de julio, reflejan el patetismo de la izquierda derechizada y la derecha mediocre, mientras el PRI, el dinosauro tecnocrático, neoliberal y corrupto, refuerza su estatus como elite política y partido aliado a la oligarquía. Hemos vivido, entre el 2000 y el 2010, la transición más perversa y grotesca.

Entre la derecha y la izquierda, estas elecciones confirman, no solamente las prácticas probadas por el PRI en más de setenta años, sino el aprendizaje de sus herederos, los llamados grandes partidos y la chiquillada. Unos y otros se aplicaron para superar a su maestro e hicieron uso de recursos, artimañas y trampas por doquier.

Asimismo, estas elecciones, en el contexto de la guerrita contra el narco, cuyo saldo asciende ya a unos 25 mil muertos, refrendaron el miedo impulsado, tanto por el Estado y el “gobierno” fallido como por la delincuencia organizada. La “democracia” del voto, fue un simple acarreo despensero y tamalero; el voto útil probó su inutilidad.

Como se esperaba, los medios, oficialistas, oficializados, partidistas, mediatizados, fueron el mejor canal y el mensaje contundente para posicionar ganadores antes de tiempo, además de negar la violencia, tanto la generada en la contienda como la causada por la delincuencia, convirtiendo los comicios en zona de paz y participación multitudinaria.

Sin embargo, en varios estados reinó la abstención y es falso que quienes salieron a votar estén enviando algún mensaje a la delincuencia. Si algo entendemos de este proceso electoral, es que la gente que votó le anunció a las alianzas, el partido en el poder y los partidos en general, su hartazgo y miedo porque las cosas sigan como están.

Infierno federal

Las últimas declaraciones del secretario de Gobernación, insensibles y acusatorias, contra los medios de comunicación, particularmente los que no se oficializan, y las comisiones y organizaciones de derechos humanos, por no ser cómplices del abuso al fragor de la guerrita contra el narco, me llevaron a tomar prestada la cabeza de esta nota.

“Infierno federal”, es una frase pronunciada en otro contexto, que tomé prestada de la columna del periodista Federico La Mont; me pareció acertada para pensar, tanto las declaraciones comentadas como la violencia y sus implicaciones en la vida social y comunitaria, impulsada desde el Estado por un gobierno fallido.

El “gobierno” federal, a través de sus voceros, nos muestra diariamente que el circulo agazapado en Los Pinos construye percepciones cada vez más absurdas. El problema con las declaraciones oficiales está en el discurso ominoso y amenazante contra aquellos medios de comunicación que no se someten y los defensores de los derechos humanos.

Asistimos a la develación de los propósitos de la derecha y la ultraderecha en México: no gobernar, porque ha dado claras muestras de ineptitud, ignorancia, desconocimiento, nepotismo y amiguismo, sino imponer la vía autoritaria y antidemocrática, donde su único sostén sería la policía y la milicia, justificando el atropello y el abuso.

Según el secretario de Gobernación, tanto la prensa crítica como los defensores de los derechos humanos juegan el juego de los carteles de la droga. La guerrita es justificable, en un arrebato napoleónico comparable a la lucha por la independencia, por lo que los abusos, las vejaciones, los atropellos, son un mal menor.

Las víctimas tendrían que probar su inocencia, pero como ya son parte de la estadística, nada pueden hacer. Así, mientras la SSP y Sedena acumulan más de 6 mil quejas por abusos, y los familiares de los inocentes “caídos” por el fuego cruzado reclaman y piden justicia, se arremete contra los únicos que al menos las reivindican parcialmente.

Ante la injusticia y la connivencia, a la sociedad civil agraviada lo único que parece quedarle es la fortaleza de los medios de comunicación críticos, así como defensores de los derechos humanos que todavía estén dispuestos, a pesar de la vulnerabilidad creciente, a realizar indagaciones que nos acerquen al terreno de los hechos y la elusiva verdad.

Por supuesto que la sociedad civil tiene más espacios para denunciar y reclamar justicia, particularmente cuando se organiza, pero el accionar de los medios oficialistas, sobre todo los electrónicos, y la comentocracia derechista y oficialista que en ellos pulula, es apabullante. La perversión discursiva y la manipulación tienen un impacto importante.

Entre los discursos amenazantes y la criminalización de las víctimas de abusos y atropellos, la prensa crítica y los defensores de los derechos humanos, se ubica el “Infierno federal”. Un espacio en el que el Estado, por medio de un “gobierno” fallido, promueve la violencia, la división y ruptura social, el miedo, la corrupción, la injusticia y la impunidad.

Nuestro “Infierno federal” también manipula las cifras de empleo y desempleo, festeja el dato macroeconómico que nada representa para las mayorías, lanza mensajes en cadena nacional que hacen de las mentiras espectáculos mediáticos, y promueve, con el favor de intelectuales, comentócratas y medios de derecha iniciativas de superación personal.

Con un lamentable saldo, la ejecución a mansalva del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas y acompañantes, la violencia del narco y la inseguridad, ese fantasma que el “gobierno” federal insiste en trivializar y envolver en llamados mediáticos a la unidad, dejaron un mensaje contra la guerrita perdida y a la sociedad mexicana, particularmente.

El mensaje del “Infierno federal” tiene como contexto un proceso electoral desaseado, la guerra sucia impulsada desde los gobiernos federal y estatales, y las cúpulas de los partidos, la grosera intervención del “gobierno” federal en los comicios, las alianzas corruptas y mezquinas, donde participan las elites económicas y políticas, cada vez más divididas.

Mientras, la sociedad desmovilizada y organizada, observa el escalamiento de la violencia, el uso que de ella hacen los partidos políticos y las elites económicas en tiempos electorales, la acumulación de vejaciones y abusos signados por la impunidad, complicidad y corrupción, además de ser violentada y excluida de la toma de decisiones.

Saramago, Monsiváis

A riesgo de repetir y cansar nuestra memoria y recuerdos, dedico este espacio a dos grandes personajes del siglo XX. José Saramago, portugués, Nobel de Literatura, y Carlos Monsiváis, mexicano, escritor, crítico, periodista. Ambos nos han ayudado en la lectura y comprensión del mundo; sus saberes nos harán mucha falta.

Leer a Saramago ha sido, para este escribano, aterrizar en un mundo de metáforas y lenguajes difíciles, pero plenos de significado. Su texto sobre la vida de Jesucristo, por ejemplo, a contracorriente de la versión y verdad oficial del catolicismo, el protestantismo y demás denominaciones del cristianismo, fue un bálsamo para mis inquietudes.

Con todo, la vida de Saramago en comunión con la gente marginada, su declarado comunismo y zapatismo, en una época en la que la corrección política se impone sin pudor ético y moral, fueron sostén de visiones y contravisiones críticas de las izquierdas, particularmente de las burocracias corruptas izquierdistas.

Sostener en tiempos de la estúpida idea del fin de la historia el comunismo como actitud y postura personal, además de celebrar y acompañar a los movimientos sociales encabezados por los marginados, los pobres, los excluidos, fue uno de los grandes triunfos de Saramago, sobre todo ante las burocracias derechistas, fascistas e izquierdistas.

El camino de Monsiváis, más allá de haber sido parte del movimiento del 68, se multiplicaba cotidianamente. Como escritor, narrador, cronista, periodista, crítico de las burocracias priistas, panistas y perredistas, sus saberes reivindicaron la cultura popular y las luchas de muchos, de todos, por un México diferente.

Tiene razón Elena Poniatowska cuando pregunta quién leerá nuestro México a partir de ahora, con sarcasmo, ironía y crítica. La increpación al mediocre y elbista secretario de Educación, en el homenaje en Bellas Artes a Monsiváis, arrecia la tensión y muestra la ignorancia y carencias de la burocracia panista en el poder.

El Monsiváis del 68, el 85, Juárez, y la defensa de las causas perdidas, pero siempre presentes, no deja lecciones, sino puentes para entender la dinámica de la sociedad y la cultura mexicana. No porque se centrara en la ciudad de México, es menos cierto que su lectura de la realidad ignorara las provincias, las periferias.

La centralización cultural y política del país también fueron una crítica constante y una ironía pertinente. Monsiváis estaba presente en los intersticios y bisagras del centro y la periferia, en lo que su lectura y narración implicaba para entender la cultura popular y el desdén de las elites, regularmente ignorantes, consumidoras de basura costosa.

Su cercanía con las causas perdidas, incluyo la defensa de los derechos de todos: marginados, pobres, estudiantes, discapacitados, diversidad sexual, mujeres. El sólo hecho de nacer en un país, en una nación, implicaba para él tener derechos. Las minorías siempre serán más que las mayorías, parecía entender y proclamar.

Saramago y Monsiváis nos convocaron, involuntariamente, a un fin de semana agotador. Pensar en uno y en otro; revisar los homenajes que se les rindieron; constatar la diversidad de voces consternadas, particularmente de la gente común, por estos muertos, nos llevan de nuevo a su obra, pero no solamente la escrita, sino también su periplo vital.

En ningún caso sus vidas estuvieron vacías de afectos y presencias; así como defendían a los muchos contra el autoritarismo y la violencia estatal, cientos, si es que no miles, acudían a sus llamados: un libro, una entrevista, una opinión, una ocurrencia, como despectivamente dijo de Monsiváis alguna vez Octavio Paz, eran motivos y gozos.

Nuestro país, como dijeron ya muchos durante este consternado fin de semana, ha perdido una voz, una consciencia, imprescindibles. Sus lecturas y narraciones de la realidad nos dejan huérfanos –al menos a quienes seguíamos a Monsiváis como escritor, periodista, no como la verdad absoluta, menos como el fundador de una secta.

Ojalá que entre las izquierdas en México se lea a Monsiváis y a Saramago, pero sería más importante si retornaran a las causas reales que se supone abanderan. El oropel, los privilegios y los discursos vacíos del izquierdismo mexicano solamente representan a esos grupúsculos enquistados en partidos y en presupuestos públicos.

José Saramago y Carlos Monsiváis son, desde mi punto de vista, referentes obligados para entender la cultura popular, la literatura, la escritura y lectura de buena parte del siglo XX. Sus muertes en esta primera década del siglo XXI cierran momentos, abren expectativas. Encabezaron sin duda movimientos, ideas y presencias múltiples.

Ambos nos harán falta. México ha perdido a uno de sus grandes intelectuales. La izquierda libertaria ha perdido a otros de sus mayores referentes; Carlos Montemayor, Bolívar Echeverría, se adelantaron. Los dos primeros figuraron y escribieron, desde sus múltiples saberes, al México profundo (Guillermo Bonfil Batalla), el tercero renovó el marxismo.

El norte, la frontera, la violencia

La otrora zona norte del país, pujante, moderna, asiento de poderosos grupos empresariales, de agricultura e industrias potentes, volcada e integrada al sur estadounidense, por medio de una frontera con una dinámica propia y compleja, binacional, es hoy protagonista, ya no del México moderno, sino de la barbarie extrema.

En el norte de México y nuestra frontera con Estados Unidos se resume la tragedia mexicana: ingobernabilidad, gobierno fallido, localidades y regiones acechadas y violentadas por el narco, masacres cotidianas, producto de la perdida guerrita contra el narco y enfrentamientos entre grupos delictivos rivales, fuego cruzado.

Tamaulipas, Chihuahua y Monterrey, enfrentan la descomposición de sus sociedades, asediadas por la violencia delincuencial, la irresponsable visión sobre una pretendida guerra y el abandono gubernamental. La frontera norte, antes generoso y peligroso paso de la emigración, refleja el odio y el maltrato a los mexicanos indocumentados.

En ambas situaciones, la repuesta del gobierno federal ha sido tibia. La diplomacia mexicana, hundida en la mediocridad, servil al socio y vecino del norte, apenas balbucea notas diplomáticas, mientras en Estados Unidos algunos sectores antiinmigrantes apoyan a la Patrulla Fronteriza y avivan la controversia por la ley SB 1070 de Arizona.

Los bloqueos en Monterrey y los asesinatos a sangre fría en Chihuahua y Ciudad Madero Tamaulipas, apenas alcanzaron un “discurso indignado”, agitado por el futbol y el mediocre inicio de la Selección Mexicana en el Mundial del espectáculo. Según la secretaría de Gobernación, es la desesperación, pero más que nada es muestra de poderío.

Vale la pena recordar que un Estado es fallido cuando no tiene control de parte de su territorio y el ejercicio legítimo de la fuerza está extraviado, entre otros factores. En mi opinión, el Estado mexicano todavía no llega a esos extremos; el problema está en el grupo asentado en Los Pinos, cuyo andar es definido por los viajes y el espectáculo mediático.

En la frontera norte, las brutales muertes de un adulto y un adolescente mexicanos, son la muestra del uso excesivo de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza. En 2008 fueron cinco los casos; en 2009, 12, y en 2010, van 17. Pero también ocurren otras muertes, algunas anónimas, otras rescatadas en el desierto y lugares recónditos.

La muerte migrante se fue convirtiendo en un gran riesgo en la última década del siglo pasado; la emblemática Operación Guardián (Gatekeeper Operation), precedida y seguida por acciones similares en esos 3 mil kilómetros de frontera, redefinieron las rutas de acceso de los indocumentados, haciendo el internamiento más costoso y mortal en varios casos.

El disparo y la mortal golpiza a estos mexicanos, que impactaron el espectro mediático, refleja el riesgo migratorio atizado por el odio antiinmigrante. La prensa estadounidense afirma: la SB 1070 hundió la reforma migratoria; y en la interparlamentaria del ocio, se dice que hasta después de las elecciones de noviembre iniciarían pláticas al respecto.

Nuestro norte pudiente y moderno muestra las contradicciones de una guerrita, que los senadores estadounidenses señalan que es erróneo llamarle guerra, cuyos fracasos están a la vista. Y las muertes en la frontera, reflejan la inoperancia de una diplomacia definida por el servilismo y la falta de visión de un grupo en el poder.

El día que arrancó el Mundial de Futbol en Sudáfrica, 77 muertos empañaron el mediocre empate de los pupilos del “vasco” Aguirre, quien por varios millones de euros se ha convertido en animador de autoayuda y superación personal de la ridícula Iniciativa México, otro gran espectáculo del duopolio televisivo.

39 personas fueron ejecutadas; 19 internos de un centro de rehabilitación de adictos a drogas en la ciudad de Chihuahua, y otros 20 individuos durante la mañana en Ciudad Madero, Tamaulipas. Entre los muchos, que para el “gobierno” son lo de menos, dos mujeres preparatorias murieron y cuatro jóvenes fueron heridos por el fuego cruzado.

El lunes, en Michoacán 12 policías federales murieron en una emboscada, bien planeada y sincronizada. A riesgo de que se confunda mi opinión con algún tipo de apología, si la delincuencia estuviera desesperada no planificaría tales ataques, los que por supuesto quedarán impunes. Las aprehensiones, extradiciones y decomisos, son rasguños.

De acuerdo con el índice del Instituto para la Economía y la Paz, en base a información de The Economist Intelligence Unit (EIU), la crisis financiera global ha hecho menos pacífico al mundo al avivar el crimen y el descontento civil. La tasa de homicidios se incrementó un 5 por ciento, las manifestaciones son más violentas y crece el miedo hacia el crimen.

El Índice de Paz Global 2010 refleja la fractura de las sociedades y culturas locales y nacionales que se globalizan, acentuándose la exclusión, la pobreza y las desigualdades. La incertidumbre, atizada por la crisis global que desplomó los niveles de bienestar, mostró cómo la globalización socializa las pérdidas, pero concentra las ganancias.

Asimismo, ese Índice complementa los sobresaltos que en muchas naciones a nivel local redefinen el tejido social. La violencia delincuencial, atizada por guerritas perdidas, ingobernabilidad, burocracias privilegiadas pero fallidas, mayor corrupción e impunidad, está terminando por resquebrajar las culturas y sociedades locales.

Y en otra cara de la exclusión, el servilismo gubernamental pone en bandeja de plata la fibra oscura. En una licitación de risa, parte de la oligarquía mediática hace alarde de su gusto por lo monopolios y los negocios de ocasión. El golpe a los mineros de Cananea y Pasta de Conchos, son también parte de esa Iniciativa México. Circo, pero sin pan.

Impunidad, dolor y circo

El sábado 5 de junio, se cumplió un año de la tragedia de la guardería ABC. Entre recuerdos, conmemoraciones, lágrimas, fotografías, los padres de 49 bebes muertos por la negligencia, mentira y los privilegios de unos pocos, siguen reclamando justicia, lo que el panismo gobernante está lejos de resolver.

Declarar ese día, luto nacional, raya en el cinismo. Es una bofetada al reclamo de justicia. La SCJN, al entregar a los medios los resultados de su investigación, con nombres de algunos responsables, hizo del dictamen por resolverse un espectáculo que, se especula, podría ser un trueque por la resolución del SME, además de que no es vinculatorio.

Mientras la memoria de los niños de ABC irrumpía, otros tres niños se sumaban a los 900 asesinados en el contexto de la guerrita contra el narco. Y para contribuir a la impunidad, los responsables de su muerte inventaban que entre sus uniformes de secundaria se ocultaban sicarios. Como se ve, los muchos son lo de menos.

Para enrarecer más el clima social, el cínico secretario del Trabajo buscaba cómo justificar el asalto a la mina de Cananea, además de ocupar la mina de la ignominia, Pasta de Conchos. Según el discurso oficialista, el desalojo fue limpio, pero el sindicato argumenta que hubo violencia. Por fin la rapaz oligarquía cobró otro apoyo dado al panismo.

Vale la pena retomar lo dicho por los rectores de instituciones de educación superior de 23 países latinoamericanos, reunidos la semana pasada en Guadalajara: no se puede perder a uno más de nuestros jóvenes; la ignorancia y la miseria son el mayor problema social, y el reto es ligar el conocimiento con la creación de una sociedad más justa.

Interesantes resultan los dichos del Banco Mundial, el mayor impulsor de la desigualdad en países como México, precisando que el rostro de América Latina es la desigualdad y tomará varias generaciones superarla, y la OCDE, que asienta que la pobreza favorece la delincuencia, siendo el desarrollo local la única vía contra la criminalidad y la inseguridad.

Los organismos financieros y de desarrollo internacionales, en su típico cinismo, tienen el diagnóstico de muchos de los males de México y el mundo, pero continúan celebrando e imponiendo las políticas neoliberales que han acentuado la pobreza y la desigualdad, procesos que se han entretejido con el aumento de la delincuencia y la inseguridad.

En este marco, el gobierno fallido, en confesión de cinismo, ineficacia y clientelismo, afirma que la inseguridad y drogadicción se gestan en la familia y que es más preocupante y lacerante la pobreza urbana, pero según el PRI, el PAN ha convertido los programas de combate a la pobreza en brazos electorales, como el tricolor en sus buenos tiempos.

Por su parte, el CEESP señala que en lugar de cobrar mayores impuestos, es necesario revisar el sistema tributario y la asignación del gasto público: el 80 por ciento no está ligado al desarrollo económico; no hay indicadores confiables para medir eficacia y eficiencia, y cuestiona su uso en deudas privadas. Diagnóstico interesante, aunque parcial.

Y para continuar con la impunidad, el duopolio televisivo y otros medios abyectos al gobierno fallido lanzan la “Iniciativa México”, un circo para desvanecer la memoria de los niños de ABC, y ocultar la violencia generada por la guerrita contra el narco, la pobreza, la desigualdad. El problema es que el pan no está disponible para la mayoría.

Impunidad y dolor, la injusticia y el sentimiento que el espectáculo buscará borrar las próximas semanas a través de los medios electrónicos e impresos, además de un viaje turístico e inútil, pagado por nuestros impuestos. Tiene razón el CEESP, los recursos públicos financian viajes y gastos de un grupo ineficiente, ineficaz y fallido.

Transición, incertidumbre y violencia

Los discursos sobre la transición mexicana y lo que los “transitólogos” suelen llamar normalidad democrática, ignoran los daños colaterales de la alternancia conservadora y derechista, en estos casi 10 años de panismo. Claro, el PAN ha profundizado lo que la tecnocracia neoliberal priista inició en los ochenta del siglo pasado. No va solo.
El Estado reducido a su mínima expresión; el mercado como eje único de la interacción humana; la ruptura del tejido social; la profundización y extensión de la pobreza; la focalización del clientelismo y el altruismo estatal y privado para administrar la pobreza; la obsesión del déficit público cero; la exclusión para muchos, y los privilegios para pocos.
Son algunos de los rasgos que en alrededor de 40 años han tomado carta de naturalización en México. Asimismo, la alternancia conservadora ha exacerbado actitudes y conductas de raigambre priista como la complicidad, corrupción e impunidad. Los sexenios panistas no se distinguen por la probidad, diligencia y mesura en los asuntos públicos.
La vieja burocracia y el sindicalismo de corte priista, viven en la incertidumbre, si es que no se han sometido al panismo reinante. Las relaciones laborales cuestionadas, primero por la llamada “nueva cultura laboral” impulsada por el foxismo, actualmente enfrentan el cínico embate del productivismo, la extrema flexibilización laboral y las mañas estadísticas.
Según el irresponsable secretario del Trabajo, México experimenta hoy el pleno ascenso, a contracorriente de lo que sucede en Estados Unidos y la Unión Europea. Señala que en nuestro país hay menos desempleo que en otras naciones de la OCDE, mientras las cifras del INEGI reportan el repunte de la desocupación a 5.42 por ciento.
Adicionalmente, la CEPAL llama a América Latina y el Caribe, particularmente a México, a regresarle al Estado el papel que el neoliberalismo sepultó con el “laissez faire, laissez passer”: actor imprescindible y decisivo del desarrollo. La recuperación mexicana aparenta tener “buenos” números, pero prevalece la incertidumbre, la pobreza y la exclusión.
En consonancia con los recientes planteamientos sobre los derechos, la CEPAL afirma que no basta el acceso a las oportunidades, estrategia central de los organismos internacionales financieros (Banco Mundial, FMI, BID) para administrar la pobreza, sino que es necesaria la titularidad de derechos. El hecho de nacer en un país, significa que todos tienen derechos.
La transición derechista privilegia la focalización y la hueca idea de las oportunidades como vía para integrarse al mercado, al consumo, mientras las condiciones que reproducen la pobreza se agudizan y profundizan. Acorde con la CEPAL, 9 millones de latinoamericanos más fueron arrastrados a la pobreza por la crisis.
En este contexto, es importante observar que la ola conservadora ha incidido en la conculcación de los derechos, tanto de las mujeres como de las minorías étnicas y las personas con orientación sexual distinta a la predominante. La interrupción del embarazo es hoy un delito en varias entidades del país, mientras crece la violencia de género.
Como parte de la violencia asociada a la perdida guerrita contra el narco, la violencia estatal y la delincuencia organizada, los casos de mujeres atrozmente asesinadas crecen. El abuso y asesinato de género dejó de ser un “asunto” de Ciudad Juárez. En varios estados del país los feminicidios, golpizas, vejaciones y violaciones a mujeres inundan la nota roja.
Los asesinatos y abusos contra las personas con orientación sexual distinta a la dominante aumentan. Las encuestas especializadas anotan que la mayoría de los mexicanos aborrece a la comunidad LGTB y preferiría no tener un miembro de la misma en su familia, en tanto integrantes del sector son masacrados y los muertos vejados por la prensa amarillista.
En los sexenios panistas, los periodistas en peligro aumentan. En el actual sexenio, 32 periodistas fueron ejecutados en diversidad de circunstancias, además de que el número de desaparecidos crece. En el “asunto”, persiste la impunidad, complicidad e injusticia. Lo mismo sucede con los defensores de los derechos humanos, hoy muy vulnerables.
Según los “transitólogos”, las “renovadas” leyes electorales, la participación ciudadana, la contraloría social (concepto de moda del Banco Mundial), entre otros elementos de la “normalidad democrática”, serían suficientes para la democratización e impulso de una sociedad democrática. Pero la transición conservadora solo los usa de parapeto.
Los resultados de los últimos procesos electorales muestran, por un lado, el uso faccioso y perverso de la justicia en contra de los adversarios, y por el otro, el dispendio y abuso de poder para comprar, manipular y conculcar los derechos de los ciudadanos. Esta transición derechista apunta a profundizar la ingobernabilidad y excluir a la gente.
Como vemos, la transición, alternancia y normalidad democrática son ideas vacías, cuyo uso por el conservadurismo y la derecha; la izquierda derechizada, y el centro-derecha, no contribuyen a la titularidad de derechos como personas nacidas en este país. La incertidumbre y la violencia, atizadas por el conservadurismo, dominan el espectro.

Gobierno fallido y derechos humanos

Los derechos humanos no importan al gobierno fallido. Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Copala, Oaxaca, comunidad Triqui, sitiada por paramilitares; el fallo de la SCJN contra los ombudsman; el rechazo del gobierno a la condena de la ONU sobre Oaxaca, y su intento porque se ignoren en Europa los feminicidios, hablan por sí solos.
No otra cosa se espera de un grupo en el poder que vende sin miramientos (México, negocio que da utilidades, dice) y con mentiras a un país en crisis; privilegia la guerra contra el narco, por encima de los derechos de la gente, y ofrece obsequioso los deteriorados recursos naturales y la riqueza de una sociedad que profundiza la exclusión.
En Copala, Oaxaca, la muerte estaba anunciada; el gobernador de esa entidad ha dado muestras de intolerancia, autoritarismo, violencia, protección a grupos de choque, y hasta cierta xenofobia. La condena de los relatores de la ONU no es exagerada, no así la falacia gubernamental, cuyo planteamiento desdeña el papel de los derechos humanos.
Si bien, en Europa el representante del gobierno fallido se comprometió a esclarecer la emboscada de Copala, nada indica que cumplirá; la semana anterior a la cumbre Unión Europea-América Latina, sus operadores buscaban eliminar de la agenda el tema de los feminicidios, incluyendo la histórica sentencia de la CIDH contra el gobierno mexicano.
Al deterioro de la defensa de los derechos humanos y la mayor vulnerabilidad de los defensores de los mismos, se añade la actitud de la SCJN, organismo cupular y faccioso que ha negado facultades a los ombudsman para demandar la inconstitucionalidad en leyes que no respeten los tratados internacionales en la materia.
Mientras la secretaria de Estado de la Unión Americana sostenía que el gobierno fallido carece de una “estrategia efectiva” de combate al narcotráfico, el mexicano representante del mismo, precisaba que a pesar de la violencia su “estrategia” seguiría. Lo que habla del desdén de las implicaciones de “su” guerra, que ya alcanzó a prominente panista.
Sin duda la vida del panista “desaparecido”, “secuestrado” o lo que el gobierno diga, vale lo mismo que la de cualquier mexicano y ser humano; el asunto es que la mayoría de quienes han perecido por y padecido la violencia del narco, como “problema menor”, no reciben atención mediática y menos la del aparato burocrático para su esclarecimiento.
En tanto, la PGR confirma los fallos del gobierno fallido: “los cárteles de la droga y grupos del crimen organizado han implantado su ley de violencia y muerte en regiones donde la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad eran ya una problemática profunda y arraigada” (La Jornada, 13/05/10).
La profundización del fallido gobierno panista corre paralelo al deterioro de los derechos humanos. Incluso boicoteó la condena contra la homofobia (17 de mayo) con una declaración políticamente correcta: “Día de la Tolerancia”, que diluye la defensa explícita de los derechos de la diversidad, y favorece al oscurantismo y la derecha.
El cambio social y cultural de la sociedad democrática, es resistido de manera violenta por el autoritarismo, la derechización de los grupos sociales, los privilegios de los poderosos y un gobierno que no solamente se identifica con el oscurantismo, sino también pone en marcha su aparato burocrático y sostiene a sus aliados para socavar los derechos humanos.

Entre la guerra y la plegaria

Dice René Girard (Clausewitz en los extremos. Política, guerra y apocalipsis. Buenos Aires, Katz Editores, 2010), que la violencia actual provoca una confusión entre los desastres causados por la naturaleza y las catástrofes de los hombres; una confusión de lo natural y lo artificial. Así parece operar el “gobierno” fallido, confusión tras confusión.
El optimismo gubernamental no tiene desperdicio. Ahora el “gobierno” fallido lanza plegarias a un Dios para que “ilumine” a los gobernantes en el asunto del combate a la pobreza. Una invocación que refleja, por decir lo menos, el fracaso de un grupo, un aparato burocrático ineficaz y corrupto, y políticas y programas que no funcionan.
Mientras se invoca la intervención divina, se exalta el arrojo del Ejército en la guerrita contra el narco, además de implementar nuevos operativos militares (Paz en la frontera). Y contra el supuesto oficial del descenso de la violencia, el FBI y la DEA señalan que la “horripilante violencia” seguirá creciendo.
Adicionalmente, un alto mando de la Secretaría de Marina afirma que el problema del crimen organizado es “mayúsculo”. La exaltación elude la autocrítica y rechaza las crecientes evidencias de que la militarización y la guerra como única estrategia para combatir al narcotráfico han implicado daños y abusos igual de mayúsculos.
En México se privilegia la guerra contra el narco, ignorando sus impactos entre la población. En Estados Unidos el presidente Obama recién anunció una nueva estrategia antidroga, replanteando el enfoque para privilegiar la prevención y el tratamiento que busque reducir el consumo en determinados plazos.
Asimismo, “refuerza los programas comunitarios antidrogas, estimula a los proveedores médicos a detectar problemas de drogas antes de que se afiance la drogadicción y expande el tratamiento más allá de los centros especializados a las instalaciones regulares del cuidado de la salud” (eluniversal.com.mx, 11/05/10).
La OEA señala que para enfrentar el problema de las drogas “debe hacerse especial énfasis en su impacto sobre la pobreza y la marginalización, e impulsar la implementación de políticas y acciones que favorezcan la inclusión social y la reducción de esas vulnerabilidades”, con enfoque de género (Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2010).
En ambos casos se observa un cambio en los enfoques y las estrategias, haciendo a un lado la confrontación violenta y sanguinaria como vía única y eficaz para combatir el problema de las drogas. Pero en México se exalta el arrojo militar y se encomienda a Dios para solucionar los inconvenientes de un país de discursos mediáticos.
La pobreza en México, dramática y endémica, es la asignatura pendiente del panismo que llegó a Los Pinos en el 2000. Entre cifras mañosas y apoyos interesados (CEPAL), se argumentó que a la mitad del foxismo se había reducido el número de pobres. Datos recientes, muestran que el catarrito nacional profundizó la exclusión y la pobreza.
Son múltiples las evidencias y los llamados de los especialistas para observar las vinculaciones entre pobreza, delincuencia organizada y violencia. La desesperanza, frustración y nulas expectativas de vida pueden llevar a la gente a ser parte de las mafias y organizaciones delincuenciales.
No hay causa-efecto en esta situación, pero las circunstancias personales, familiares, comunitarias y la ruptura del tejido social, aunado al uso clientelar de las políticas públicas, el abandono y maltrato oficial, ofrecen escenarios que pueden alimentar las filas de la delincuencia. Además, las mafias llenan los vacíos del Estado.
La narcoguerra es ya intolerable; las plegarias a la divinidad, como asunto de fe individual son plausibles, pero no van a resolver la pobreza, corrupción y la guerra. Es lamentable tal confesión pública de mediocridad e ineficacia. La burocracia panista no tiene la menor idea de lo que son las políticas públicas; suponen que los rezos y las jaculatorias son suficientes.

Días sin guardar

En Días de guardar (1971), Carlos Monsiváis, a quien esperamos ver restablecido pronto, aborda el 68 y sus implicaciones en la modernidad mexicana. Retomo el espíritu del libro pensando en la barbarie mexicana (¿modernidad trastocada?). Ejemplos: Día del Niño (30 de abril); Día del Trabajo (1 de mayo); Día de la Libertad de Expresión (3 de mayo).
Según algunas fuentes, en México el 30 de abril devino Día del Niño por mandato del presidente Álvaro Obregón, siendo José Vasconcelos, secretario de Educación; la ONU estableció el 20 de noviembre de 1954 como día universal del niño. Hoy la parafernalia comercial seduce a adultos y menores, quienes para el mercado son simples consumidores.
Así, en el “tema” de los niños mexicanos tenemos varios México: Los niños jornaleros que acompañan a su familia buscando sobrevivir más allá de sus comunidades de origen, como es el caso de quienes arriban de otros estados o migran internamente en Michoacán. Están también los niños solos que emigran a Estados Unidos por diversas razones.
Otro amplio contingente es el de los niños de la calle, quienes devienen adolescentes y adultos en la vía pública. También consideramos a los niños y adolescentes que mueren en la guerrita contra el narco, muertes que el “gobierno”, su Ejército y Policía, se empeñan en negar, manipular, convertir en “problema menor”.
Un reporte de la Universidad de California (Berkeley y Davis) resalta que 88 mil niños se han quedado sin padres por las deportaciones de inmigrantes indocumentados; acción producto de la política inmigratoria establecida por George Bush, pero que la administración Obama ha profundizado. La SB 1070 se enmarca en ese proceso.
Buena parte de la niñez mexicana actual transita como: consumidores, migrantes, jornaleros, de la calle, muertos en batallas ajenas, abandonados. Población altamente vulnerable que, a diferencia del famoso “la niñez, futuro de México”, vive un presente en el que la barbarie prevalece. Hasta el famoso bono demográfico parece hoy escarnio.
El primero de mayo recuerda a los Mártires de Chicago. Hoy la fecha emblemática llevó a miles de personas en 80 ciudades en Estados Unidos a gritar “Todos somos Arizona”, rechazar la exclusión, discriminación y racismo de la SB 1070, y alertar, en México, de la agudización del conflicto entre capital y trabajo; de clase, en palabras llanas.
Actualmente es políticamente incorrecto hablar de lucha de clases, como si el sistema económico prevaleciente no fuera el capitalismo. En México, la mano amiga gobernante de la oligarquía pretende someter aún más al trabajo y los trabajadores a la barbarie de la exacción, a la subsistencia precarizada, y la exclusión de la riqueza.
La ley Lozano es una SB 1070 a tono con el capitalismo salvaje, la arbitrariedad de los dueños del capital y el desprecio gubernamental. Es necesario y urgente reformar la legislación laboral, pero no en la vía del “gobierno” fallido y la oligarquía que con sus “reformas estructurales” van por una sociedad más inequitativa y excluyente.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue establecido por la ONU en 1991. Hoy más que nunca debe ser memoria y protesta de una situación en la que el periodismo se ha convertido en una profesión altamente peligrosa. México es actualmente territorio de periodistas asesinados, desaparecidos, censurados y temerosos.
Si bien el clima de violencia, donde la delincuencia organizada es la protagonista principal, a pesar del espectáculo mediático del “gobierno” (“vamos ganando”), golpea diariamente el ejercicio periodístico, en todos los niveles gubernamentales, independientemente del color partidista, se fomenta y practica la animadversión a la prensa y los periodistas.
La libertad de expresión, por censura, autocensura, presiones criminales, amenazas gubernamentales, refleja el peligro en el que vivimos todos. Resulta incluso insultante la abyecta clasificación de depredadores de la prensa de la derechista Reporteros sin Fronteras, que omite la situación de Honduras y México, por señalar dos casos.

Stop the hate

“Stop the hate”: una de las leyendas en pancartas y voces en las calles de Arizona, antes y después de que la gobernadora Jan Brewer firmara la controversial ley SB 1070, instrumento que legaliza la discriminación, exclusión, maltrato y racismo hacia los indocumentados, particularmente los mexicanos.
Arizona no es parte del asentamiento histórico de mexicanos en Estados Unidos. La política inmigratoria de ese país, instaurada en los noventa del siglo pasado que redefinió las rutas de acceso, convirtieron a ese estado en paso obligado de los indocumentados; además, la pujanza económica de los últimos años los atrajo por la creciente oferta laboral.
Sin duda, la ley SB 1070 tiene intereses electorales, pero podría ser punta de lanza para que otros estados, a pesar de que la política inmigratoria es un asunto estrictamente federal, tomen en sus manos lo que para la gobernadora Brewer es ya un problema que el gobierno estadounidense no quiere enfrentar y menos resolver.
La gobernadora de Arizona apoya así al extremismo republicano, representado por el sheriff del condado de Maricopa, y el tea party, grupos de ciudadanos conservadores organizados fuera del Partido Republicano, de creciente influencia. En la búsqueda por la reelección no parece importar ser calificado de nazis y racistas.
En menos de noventa días, atravesar, vivir, trabajar en Arizona, podría ser peligroso para la integridad de los inmigrantes, indocumentados o no; la SB 1070 basa sus indagatorias en el perfil de quien es sospechoso de estar en ese estado de manera ilegal. Ese perfil tiene mucho que ver con el color de la piel, la estatura y la aparente filiación mexicana.
Hace algún tiempo, recibí un extrañamiento porque, dicen que cuando abordo el tema que da cabeza a esta columna, resulto “pro-inmigrante”. Es decir, que apoyo y valoro aún más a los mexicanos que cruzan nuestra frontera norte y viven como indocumentados en Estados Unidos. Argumenté que esa jamás había sido o sería mi postura.
La situación es muy simple: creo, de corazón, conciencia y compromiso, que migrar es un derecho humano. Yo mismo soy migrante, pero mi condición personal poco tiene que ver con esta idea. Desde hace más de diez años he dedicado mi vida profesional a estudiar, comprender y explicar la migración mexicana a Estados Unidos.
Hay razones individuales, colectivas y comunitarias que empujan a la gente a emigrar; la expectativa de una vida diferente sigue siendo el motor, pues un empleo mejor remunerado puede hacer la diferencia entre la precariedad, la pobreza, la indiferencia, el abandono y el bienestar. Y la gente tiene derecho al trabajo, la migración y a la diferencia.
La inmigración mexicana y latina, como problema, reflejan, por un lado, las tremendas disparidades socioeconómicas y políticas persistentes en América del Norte, y por el otro, la subordinación y dependencia de México a Estados Unidos. El asunto es bilateral, pero se sigue manejando como doméstico y político en ambos lados.
Esta ley antiinmigrante muestra también la incapacidad política y diplomática del “gobierno” mexicano. No sorprende la tibia reacción: “la criminalización del fenómeno migratorio, lejos de contribuir a la cooperación y colaboración entre México y ese estado, representa un obstáculo en la solución de los problemas comunes” (El Universal, 24/04/10).
La inmigración indocumentada no es nada más un asunto de colaboración y cooperación con una entidad fronteriza; tiene que ver con la relación bilateral con un país socio y vecino. El narcotráfico y el terrorismo que amenazan con irrumpir en territorio estadounidense, como la Iniciativa Mérida lo muestra, hace a un lado lo demás.
Asimismo, a pesar de que México depende de la recuperación económica de Estados Unidos, nada se hace para impulsar medidas en las que la mano de obra mexicana sea un elemento importante. La emigración mexicana sigue siendo la válvula de escape de un gobierno fallido, entrampado en una guerrita perdida.
“Stop the hate”, es apenas un llamado de atención sobre lo que podría convertirse en una cruzada antiinmigrante de incalculables consecuencias. Hoy Arizona es territorio antiinmigrante, pero en otros rincones de la Unión Americana crece el temor al otro, al indocumentado, transformándose en odio irracional.
Quizás sea el momento para que el “gobierno” mexicano deje la retórica de un lado y plantee el problema inmigratorio al mismo nivel que el de la violencia del narco y el peligro del terrorismo. Es tiempo de poner en la mesa un asunto que ambos países, sus gobiernos y oligarquías, tienen que enfrentar.
La profundización de la pobreza en México, así como sus vínculos y derivaciones con la delincuencia organizada, particularmente el narco, tienen que hacer que la relación bilateral y la diplomacia salgan de su propio entrampamiento y oscuridad. México tiene que pasar de la reacción y la retórica de la defensa de los mexicanos al activismo y compromiso.