Sin duda la inseguridad es un asunto que involucra, tanto a los diversos órdenes de gobierno como a la sociedad civil, organizada o no; pero pretender responsabilizarla de su propia seguridad, como ha sugerido reiteradamente el inquilino de Los Pinos, implica la confesión pública de incapacidad e ineficacia, por decir lo menos.
La teoría política moderna sugiere que el papel del Estado, respecto de la seguridad pública (que comprende a personas y sus bienes), ha cambiado históricamente, introduciéndose nuevos paradigmas, pero los elementos esenciales prevalecen. En este sentido, parece pertinente resaltar el rechazo de muchos ciudadanos a convertirse en su propio policía.
Asumir una “lucha” que en ningún momento fue debatida o consultada, en el entendido de que vivimos en un sistema democrático que va más allá de las decisiones autoritarias y discrecionales, no justifica los alegatos mediáticos que apuran la “participación” de la población en tareas de denuncia, vigilancia y policiacas, con altos riesgos personales.
Los sucesos del sábado pasado, un motín de integrantes de la Policía Federal, donde se denunciaron vínculos de algunos mandos con la delincuencia organizada, no favorecen la “participación” ciudadana. Al contrario, refuerzan la idea de que los cuerpos encargados de la seguridad pública están involucrados con los trasgresores de la ley.
Esta situación cuestiona también la idea de “participación” ciudadana que mediáticamente promueve el gobierno federal. Es decir, la ciudadanía está sometida a un sistema electoral donde los votos son la única vía de “participación”, sin lugar a revisar y discutir resultados dudosos, pero se pretende que la ciudadanía “participe” en labores de alto riesgo.
Convertir a la población en delatora y denunciante de probables hechos delictivos, con o sin recompensas monetarias, implica ponerla en riesgo. Asimismo, releva al gobierno federal y al Estado de sus responsabilidades en materia de seguridad personal y colectiva, además de imponer una visión individualista de los delitos y los responsables.
En opinión del gobierno federal, la “participación” ciudadana y de los actores políticos, debería de estar más allá de sus intereses particulares; lamenta que anteriormente no hubo una acción contundente que evitara que la inseguridad se diseminara, además de defender el uso de las fuerzas armadas en su guerrita contra el narco.
Los medios de comunicación también han sido receptores de reclamos de la burocracia federal. Al respecto, es interesante la postura del arzobispo de Guadalajara, quien se hace eco del cuestionamiento gubernamental. El prelado asegura que los medios promueven un estilo de vida de dinero fácil y facilitan la penetración del crimen en la sociedad.
Dicho reclamo moral ignora que el ciudadano global se forma en espacios sociales, económicos, políticos y culturales, donde el individualismo y el culto al mercado tienden a promover, en algunos aspectos, lo que se critica. Los negocios globales, la desregulación, un Estado ausente, entre otros, pueden fomentar la rapiña y el egoísmo extremo.
En los últimos cuarenta años, la ideología neoliberal y la globalización excluyente, han promovido la desigualdad y la ruptura del tejido social, favoreciendo y exacerbando la respuesta individual a los crecientes problemas que enfrentan las sociedades globalizadas. La pobreza sin gradaciones, rural y urbana, asoma cotidianamente en México.
La inseguridad y la seguridad ciudadana son asuntos que competen al Estados y los aparatos gubernamentales. El cambio de paradigma sobre las funciones del Estado global, no ha tenido referentes a nivel social y político en México; se trata de una imposición que la transición ni siquiera alcanzó a plantear y menos a resolver.
Por otro lado, el saldo de 28 mil muertos en la guerrita contra el narco, refleja los problemas de un aparato gubernamental que no se preparó para esta guerra. La militarización de las acciones tampoco ha resuelto un conflicto que arroja abusos y muertes civiles. La impunidad fomenta la huida individual de los ciudadanos.
Las personas en la calle y autos, son bunkers individuales, social y moralmente atrapados por el miedo, la ansiedad y la angustia por sobrevivir, mientras el desempleo y las crisis de salud física, mental y emocional, no alcanzan a ser atendidas por el aparato de salud pública colapsado. “Participar”, como la propaganda oficial apremia, es otro golpe.
El reclamo oficial no puede ser atendido por una sociedad en la que los valores universales, como la democracia, la solidaridad, la convivencia, entre otros, y los valores morales impulsados por las religiones están siendo cuestionados estructuralmente. La crisis de la sociedad global, en su vertiente de americanización, lleva la ventaja.
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