Tregua migratoria

La ley SB1070 entró en vigor la semana pasada en Arizona, aunque tres de sus preceptos más polémicos fueron detenidos. La policía no podrá exigir que un detenido por otras razones, compruebe su estatus migratorio; los inmigrantes tampoco estarán obligados a llevar su documentación para demostrar su estancia legal en Estados Unidos.

Asimismo, se suspendió el artículo que convertía en delito que los jornaleros, muchos indocumentados, solicitaran empleo en lugares públicos. La juez federal Susan Bolton argumentó una “probabilidad sustancial” de que fueran detenidos inmigrantes legales, además de imponer una carga sustancial a los indocumentados en un asunto federal.

Tal como fue planteada la demanda, la resolución suspendiendo tres apartados en los que el gobierno estatal de Arizona invadía la esfera federal, no cuestionó el fondo de la legislación, la discriminación y el racismo. Tampoco podemos sobredimensionar el impacto de la disposición, de haberse aplicado como fue decretada, fuera de Estados Unidos.

En Arizona, acorde con información estadística ponderada y seria, estaban asentados alrededor de 500 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos. Acorde con la prensa local y algunos diarios de circulación nacional estadounidenses, semanas antes se inició un éxodo de regulares proporciones, pero de gran impacto mediático.

Como era de esperarse, algunas organizaciones de migrantes asentadas en los estados fronterizos en ambos lados, dieron la voz de alarma, además de apoyar la demanda que aún espera una solución final. En México, como sucedió con la crisis de las hipotecas, algunas instancias gubernamentales y medios afines, sobredimensionaron un supuesto retorno.

La investigación sobre la migración mexicana a Estados Unidos ha demostrado sobradamente que los mexicanos han aprendido a manejar racionalmente el proceso migratorio, cuya complejidad no responde a simples iniciativas individualistas, sino a un entramado social, económico y cultural históricamente construido.

También, es irresponsable invocar la SB1070 como de gran impacto en la reducción de las remesas que se envían a México. Las remesas empezaron a descender desde el 2006, aunque la crisis de las hipotecas aceleró su caída; la lenta recuperación de la economía estadounidense, reflejada en tasas de desempleo todavía inusuales, seguirá afectándolas.

En este punto vale la pena retomar lo planteado, por un lado, por algunos organismos empresariales, y por el otro, especialistas en estudios migratorios, en el sentido de que los migrantes están saliendo de Arizona, pero para reubicarse en otros estados de la Unión Americana, además de que nuestro país no está preparando para un retorno masivo.

Como en las deportaciones masivas del siglo pasado (1921-1923, 1929-1933, 1939, 1954), la retórica gubernamental resalta en la euforia de la Cancillería mexicana celebrando el bloqueo parcial de la SB1070 y la hipócrita postura “no intervencionista”, mientras más de 400 mil mexicanos son “repatriados” anualmente por un acuerdo México-Estados Unidos.

Sin duda, la complejidad del proceso migratorio, en cuanto fenómeno auto-regulado y auto-sostenido, juega a favor de la situación crítica que viven los mexicanos que no se han marchado. Es decir, la mayor parte de los indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los pasados diez años, prefieren el desplazamiento interno a regresar a México.

En Michoacán, en diversas localidades de origen de los migrantes, hemos encontrado migrantes retornados, deportados y que no han podido entrar a Estados Unidos, siguiendo los ciclos acostumbrados, pero no representan contingentes importantes. Los problemas derivados de la migración internacional siguen y son los menos atendidos.

Con ello nos referimos a las condiciones que a nivel local y regional estimulan la migración, además de los impactos en la salud física y mental, la educación de los niños migrantes, el abandono rural, el despoblamiento. A la fecha, las acciones implementadas no han revertido estos procesos, agravados por la inseguridad actual.

Finalmente, no es de extrañar el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte, pues como parte del problema de la inmigración no resuelto, se vienen llevando a cabo acciones aún más restrictivas de la administración de Obama para intentar controlar el ingreso de más indocumentados.

Acorde con el INEGI, en los últimos meses la salida de mexicanos ha bajado a niveles nunca vistos en los pasados diez años, cuando más de 400 mil migrantes al año se iban a Estados Unidos. Por su parte, expertos estadounidenses reportan que desde mediados de 2007 es notable el descenso de inmigrantes indocumentados.

En contraparte, el número de redadas, al menos hasta el año pasado, en los sitios de trabajo, los procesos legales en contra de inmigrantes indocumentados, y las deportaciones han tendido a incrementarse de manera importante. El roto sistema inmigratorio de Estados Unidos no está siendo reparado, pero los parches que les ponen son antiinmigrantes.