La porra de los boy scouts, narra la prensa nacional, congeló la sonrisa de la esposa del señor de Los Pinos. En Chihuahua, en el norte del país, el orgullo del México moderno se transformó en ¡Todos al suelo!, grito y escenificación del miedo. La inseguridad y la violencia que desde el búnker del poder se convierte en simple percepción.
Mientras niños y jóvenes escenifican su miedo, el señor de Los Pinos arenga a los “jodidos” (el Tigre Azcárraga dixit) con nuevas convocatorias mediáticas a dialogar y “reconocer lo que nos une”. Según percibe, la inseguridad es la principal amenaza a la libertad. Las mayorías pueden expresarse, actuar y criticar con plenitud, pero corren peligro.
En este sentido, nuestras libertades, garantías constitucionales y derechos humanos están amenazados por la inseguridad y la violencia de los “otros”: los narcos, la delincuencia organizada o no. Nada menciona de una guerrita que en cuatro años ha implicado 25 mil muertos, donde la violencia impulsada por el Estado también coacciona, amedrenta.
Lo que nos acerca en este año de centenario y bicentenario es la inseguridad y sus implicaciones. Poco hay que celebrar, a pesar del dispendio y la arrogancia de la derecha intelectual que justifica cualquier espectáculo mediático, como es el caso de la Expo Bicentenario, cuyo costo asciende a mil 100 millones de pesos.
En general, la derecha se solaza con las frivolidades mediáticas disfrazadas de creatividad e innovación; el México del marketing, el dispendio y la apariencia. También se erige en moral colectiva, acusatoria, que convierte en pecado hasta lo que la Iglesia católica se atreve a dispensar, como es el caso de las mujeres con tatuajes.
Según la titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), “los tatuajes en las mujeres reflejan la pérdida de valores en la sociedad”. Un tatuaje, acorde con una mujer que ocupa un cargo en una institución que se supone con “perspectiva de género”, resume en la piel el pecado original del catolicismo militante.
A contracorriente de los creyentes que satanizan cualquier acto de libre albedrío, identidad o resistencia reflejada en el cuerpo humano, el gobernador de Guanajuato y el arzobispo de la diócesis de ese estado, discreparon. El segundo negó que tatuarse el cuerpo sea pecado y que se pueda juzgar a alguien por su apariencia.
El catolicismo militante, al erigirse en juez y parte, golpea con su moralina derechista discriminando, estigmatizando y violentando los derechos de las mujeres. Pero la discriminación en este país tiene otras caras y objetivos. Es el caso de la gente que vive con VIH-SIDA. En 30 de las 32 entidades mexicanas está penalizada la transmisión de enfermedades infeccionas, como el VIH.
De acuerdo con especialistas y defensores de los derechos de las personas con VIH, estas leyes discriminan y estigmatizan a los portadores de esta enfermedad, haciendo más difícil la labor de concientización, respeto y defensa de sus derechos. El Estado mexicano es garante de la discriminación, cuando debería ser árbitro y protector.
La violencia e inseguridad en este país tiene sus matices, dimensiones y expresiones territoriales y corporales. ¡Todos al suelo!, dibuja los miedos del norte violentado por el narco y la guerrita fracasada. La discriminación y estigmatización de las mujeres tatuadas y los portadores de VIH, hablan de la violencia legalizada contra el cuerpo humano.
Finalmente, la violencia fiscal contra las entidades federativas mexicanas también debería importarnos, además del uso faccioso de los recursos e instancias de seguridad, como en los casos del Distrito Federal y Chihuahua. Mientras, el dispendio y la frivolidad se imponen en las “celebraciones” del centenario y el bicentenario, en simulación neoporfirista.
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