La emigración mexicana a la Unión Americana ha tendido a bajar, por lo menos desde 2006, presentando una caída importante en 2009-2010, pero actualmente alrededor de 12 millones de mexicanos reside en ese país, 11 por ciento de la población de México; 3 de cada 5 vive en California y Texas.
Tanto el CONAPO como la OCDE destacan el descenso, según recientes reportes; el número de mexicanos en Estados Unidos da una idea de su impacto demográfico en el mercado laboral y la sociedad estadounidense en general, además de que la crisis entre los indocumentados ha tenido mayores consecuencias respecto a otros grupos.
Asimismo, dicha cifra, aunada a los efectos de la crisis, alimenta, por un lado, el rechazo injustificado a los inmigrantes, traducido en xenofobia y odio por conservadores, ultraderechistas, supremacistas y antiinmigrantes, y por el otro, la objeción a una reforma migratoria que encamine soluciones al problema inmigratorio.
Es interesante observar, acorde con una encuesta de Gallup, que el 50 por ciento de los estadounidenses se opone a la demanda interpuesta por el gobierno de Obama contra la ley Arizona, opinión que refuerza los resultados de otras encuestas en los que importantes mayorías apoyaron la SB1070 cuando fue promulgada.
La retórica del gobierno estadounidense parece estar en línea con ambas opiniones, pues a pesar de la demanda contra dicha ley, prácticamente será imposible impulsar una propuesta de reforma inmigratoria este año. Las elecciones de noviembre próximo y la negativa de los republicanos, según el presidente Obama, hacen imposible cualquier paso a favor.
Pero esta postura cómoda e hipócrita, pretende sacar del debate las acciones emprendidas por la administración demócrata, las cuales han reforzado lo impuesto por Bush, haciendo de la política inmigratoria un conjunto de medidas antiinmigrantes. Así, en vez de redadas, se audita a las empresas, las que se ven obligadas a despedir a los indocumentados.
Tampoco se puede ignorar que la SB1070 no es la única medida antiinmigrante. En diversas localidades proliferan iniciativas, varias aprobadas, quizás menos severas, que impulsan la dispersión de los inmigrantes en busca de empleo, menor hostilidad, además de evitar la racialización de los mexicanos, tema presente en la discusión, pero ocultado.
En un reciente reporte, Human Rights Watch propone un marco para mejorar las leyes locales, y apoya una reforma migratoria que lleve a la legalización de los indocumentados, asegure la protección gubernamental de sus derechos, reduzca su vulnerabilidad, y promueva que denuncien ante la autoridad cuando son victimas de delitos.
Como la prensa y los políticos estadounidenses repiten diariamente, el sistema inmigratorio estadounidense está “roto” y exige una cirugía mayor, pero la retórica y la hipocresía poco hacen. Adicionalmente, las medidas de la era Bush siguen intactas, haciendo de la inmigración indocumentada una condición cada vez más vulnerable.
Por lo pronto, este año la reforma inmigratoria está fuera del alcance de los millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. Mientras, crece el apoyo a medidas más severas contra los inmigrantes, particularmente los de origen mexicano, y la retórica pro y antiinmigrante campea en los discursos políticos, legales y académicos.
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