Indignación, asco, estupefacción, alarma; fueron algunas de las reacciones en medios impresos, electrónicos e internet. La Bestia, el ferrocarril que transporta a los transmigrantes desde el sur hasta la frontera con Estados Unidos, perdió a 72 pasajeros de Centro y Sudamérica, en un final de viaje cruel en Tamaulipas.
El martes de la semana pasada, los informes de la CNDH, organismos humanitarios asentados en la frontera norte, organizaciones internacionales de derechos humanos, hicieron un recuento cruento de la violencia cotidiana hacia los transmigrantes, aunque el “gobierno” mexicano intentó justificar su inacción y desprecio por los migrantes.
Son cotidianos los abusos; están documentadas las vejaciones; peor, se sabe que el círculo de la extrema violencia hacia los transmigrantes está formado por traficantes, polleros, zetas, policías municipales, estatales y federales. Impunidad, complicidad, corrupción, sobresalen y corroen al gobierno fallido y un Estado a punto del colapso.
En los Estados Unidos, entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, se ha criticado acremente la postura del “gobierno” mexicano: En ese país blande un discurso, soso y hueco, en torno al abuso de los indocumentados mexicanos, pero poco hace sobre el trato y abuso a los transmigrantes.
Los transmigrantes, la mayoría centroamericanos, pero también sudamericanos, árabes, cubanos, chinos y de otras nacionalidades, transitan por territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos. La propia política inmigratoria de ese país, al mover las rutas tradicionales de acceso, ha favorecido el tráfico de seres humanos.
En los últimos diez años, el tráfico de personas se convirtió en un negocio lucrativo, involucrando a la delincuencia organizada y a los carteles de la droga. Los transmigrantes, mujeres, niños y niñas, son sus principales víctimas. Los abusos, vejaciones, secuestros, asesinatos, crecen. Para muy pocos el sueño americano es alcanzable.
Los abusos y explotación a los indocumentados mexicanos, en un contexto de xenofobia, racismo y odio en Estados Unidos, son preocupantes; reflejan cuán lejos está una reforma migratoria integral. Pero en México, es vergonzante y horroroso el maltrato que sufren los transmigrantes. No solamente el ferrocarril se ensaña con ellos, la otra “Bestia” también.
Esta otra “Bestia”, la burocracia migratoria, las policías de todos los niveles, se entremezclan con polleros, zetas, traficantes y demás delincuencia, para hacer del derecho a migrar, a la movilidad, un acto peligrosamente aterrador. Huir de la precariedad y la pobreza de un país de origen es un viaje al laberinto del horror en suelo mexicano.
La reforma a la Ley de Población que evita criminalizar a los indocumentados que pasan por México, no les otorgó garantías para denunciar los abusos y las vejaciones. Pero en un país en el que muchas situaciones se norman y sancionan, la justicia sigue estando ausente. El cúmulo de leyes existentes no es garantía de respeto, equidad, imparcialidad.
Asimismo, el “gobierno” mexicano, al asumir la Iniciativa Mérida, se convirtió en garante de la política antiterrorista, antidrogas y antiinmigrante de Estados Unidos. Una de las vertientes del papel de México en dicho acuerdo es reducir la “porosidad” de nuestra frontera sur; es decir, detener el paso de los migrantes.
Las vejaciones sufridas por los mexicanos al internarse en Estados Unidos, las muertes de mexicanos en su intento por alcanzar el “sueño americano”, deberían conducir a una estrategia diplomática y bilateral para resolver el problema migratorio entre ambos países. A la par, se tendría que discutir el problema de los transmigrantes.
Sin duda, en la migración mexicana a Estados Unidos la motivación laboral así como la expectativa de una vida mejor siguen pesando. En México, salvo las mentiras mediáticas de la supuesta recuperación, millones de mexicanos siguen sin empleo; y cuando lo tienen, sobresale la precariedad, inequidad y un salario que ya ni siquiera cubre la canasta básica.
En Centroamérica, Sudamérica, y otros países, la migración laboral sigue conduciendo el flujo migratorio que lleva a Estados Unidos. La supuesta tierra de las oportunidades ha convertido al territorio mexicano en uno de los principales corredores migratorios sur-norte, norte-norte. A pesar de las evidencias, en México no se entiende esto.
La postura de los gobiernos panistas, después del acto fallido Fox-Castañeda, apenas atina a mal administrar una de las caras del proceso migratorio internacional que define en mucho las relaciones México-Estados Unidos: la emigración mexicana. En cambio, la transmigración se la han dejado a la violencia y crueldad de la delincuencia organizada.
Según se sabe, la actual comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), está en su cargo por la gracia de Dios y su amigo Calderón. Informes de todo tipo le han llegado, pero apenas atina a decir que la delincuencia ha invisibilizado a los transmigrantes y culpa a diputados y senadores por no crear una ley de migración.
También sabemos que en el INM, delegaciones estatales y estaciones migratorias, se tejen acompasadamente las redes de la impunidad, complicidad y corrupción. Hay historias desgarradoras de transmigrantes centroamericanos que, al menos a quienes públicamente violentan con su fe católica al Estado laico, deberían compungir su cristiano corazón.
Migrar es un derecho. La movilidad humana, histórica, milenaria, ha llevado a la especie humana, en distintos estadios, a poblar y repoblar el mundo. La hominización, la geografía, la adaptación, el cambio climático, la búsqueda de comida y refugio, el aprovechamiento de los recursos, la organización social, han hecho del caminar humano un signo de evolución.
La constitución de los Estados-nación, la aparición de las fronteras políticas y administrativas, la racialización de la especie humana, el otro, el extraño, las guerras de conquista y colonización, han impuesto normas al caminar humano. En una época de modernización y democracia, la migración tiene que ser reivindicada como un derecho.
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