Gobierno fallido y derechos humanos

Los derechos humanos no importan al gobierno fallido. Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Copala, Oaxaca, comunidad Triqui, sitiada por paramilitares; el fallo de la SCJN contra los ombudsman; el rechazo del gobierno a la condena de la ONU sobre Oaxaca, y su intento porque se ignoren en Europa los feminicidios, hablan por sí solos.
No otra cosa se espera de un grupo en el poder que vende sin miramientos (México, negocio que da utilidades, dice) y con mentiras a un país en crisis; privilegia la guerra contra el narco, por encima de los derechos de la gente, y ofrece obsequioso los deteriorados recursos naturales y la riqueza de una sociedad que profundiza la exclusión.
En Copala, Oaxaca, la muerte estaba anunciada; el gobernador de esa entidad ha dado muestras de intolerancia, autoritarismo, violencia, protección a grupos de choque, y hasta cierta xenofobia. La condena de los relatores de la ONU no es exagerada, no así la falacia gubernamental, cuyo planteamiento desdeña el papel de los derechos humanos.
Si bien, en Europa el representante del gobierno fallido se comprometió a esclarecer la emboscada de Copala, nada indica que cumplirá; la semana anterior a la cumbre Unión Europea-América Latina, sus operadores buscaban eliminar de la agenda el tema de los feminicidios, incluyendo la histórica sentencia de la CIDH contra el gobierno mexicano.
Al deterioro de la defensa de los derechos humanos y la mayor vulnerabilidad de los defensores de los mismos, se añade la actitud de la SCJN, organismo cupular y faccioso que ha negado facultades a los ombudsman para demandar la inconstitucionalidad en leyes que no respeten los tratados internacionales en la materia.
Mientras la secretaria de Estado de la Unión Americana sostenía que el gobierno fallido carece de una “estrategia efectiva” de combate al narcotráfico, el mexicano representante del mismo, precisaba que a pesar de la violencia su “estrategia” seguiría. Lo que habla del desdén de las implicaciones de “su” guerra, que ya alcanzó a prominente panista.
Sin duda la vida del panista “desaparecido”, “secuestrado” o lo que el gobierno diga, vale lo mismo que la de cualquier mexicano y ser humano; el asunto es que la mayoría de quienes han perecido por y padecido la violencia del narco, como “problema menor”, no reciben atención mediática y menos la del aparato burocrático para su esclarecimiento.
En tanto, la PGR confirma los fallos del gobierno fallido: “los cárteles de la droga y grupos del crimen organizado han implantado su ley de violencia y muerte en regiones donde la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad eran ya una problemática profunda y arraigada” (La Jornada, 13/05/10).
La profundización del fallido gobierno panista corre paralelo al deterioro de los derechos humanos. Incluso boicoteó la condena contra la homofobia (17 de mayo) con una declaración políticamente correcta: “Día de la Tolerancia”, que diluye la defensa explícita de los derechos de la diversidad, y favorece al oscurantismo y la derecha.
El cambio social y cultural de la sociedad democrática, es resistido de manera violenta por el autoritarismo, la derechización de los grupos sociales, los privilegios de los poderosos y un gobierno que no solamente se identifica con el oscurantismo, sino también pone en marcha su aparato burocrático y sostiene a sus aliados para socavar los derechos humanos.