La reforma migratoria por venir (4 y última)

La visita de Obama a México, el entusiasmo mediático que provocó o la crítica que generó, no movió un ápice el rumbo de la reforma migratoria integral en el Senado. De acuerdo con ILW.com, sitio web de apoyo legal a la inmigración, en el Comité Judicial donde se discute la iniciativa, sus miembros han planteado alrededor de 300 enmiendas a la S.744.

Uno de los planteamientos que es visto como amenaza es la enmienda sobre los derechos gay, la cual permitiría a los gay estadounidenses apoyar a sus parejas extranjeras para solicitar una green card. Diversos grupos proinmigrantes se oponen, pues podría descarrilar toda la iniciativa. El tema, señalan, hay que dejarlo para otro momento.

La enmienda, acorde con uno de los senadores republicanos impulsores de la S.744, podría fracturar a los republicanos, no sólo en el Senado sino particularmente en la Cámara de Representantes. Según ILW.com, la revisión es “fútil” y contraproducente. Afirma que es necesario ver la reforma como un todo; después habrá tiempo y un contexto más favorable.

Mientras el debate sube de tono, me referiré a un asunto que los expertos prevén que promoverá la iniciativa, de ser aprobada: fortalecer la economía y el mercado laboral estadounidense. En efecto, buena parte de los contenidos se centra en cambios fundamentales al sistema de visas laborales, sus características y requisitos.

Lo anterior no significa que la reforma atienda únicamente este aspecto, pues las nuevas visas están vinculadas al reforzamiento de la frontera México-Estados Unidos, y a la aplicación de la ley en los centros de trabajo. La reforma establece la visa W para no inmigrantes, permitiendo el empleo multianual y la opción de solicitar la residencia legal.

Establece una nueva oficina de estadísticas, que haría recomendaciones a los tomadores de decisiones sobre límites numéricos y otros aspectos del sistema de visas laborales; incrementa los límites de la visa H-1B y plantea nuevas regulaciones para los patrones que la usan, y otorga autorizaciones de trabajo a algunos cónyuges de ciertos países.

Como parte del paquete, introduce sustanciales cuotas y restricciones a los patrones que contraten amplios números de trabajadores por medio de visas laborales temporales. También establece un nuevo registro en línea para las visas H-1B, y expande y modifica el suministro de trabajadores temporales para reemplazar el programa de visas H-2A.

Detrás de estos cambios sustanciales, observamos la eliminación de las visas de diversidad, solicitudes de hermanos y e hijos casados mayores de 31 años; no reconoce a parejas; el estatus en espera RPI queda sujeto a la seguridad fronteriza, y no se puede transitar a residente legal hasta que todas las peticiones de visas disponibles sean aprobadas.

Asimismo, las visas de trabajadores W inicialmente tienen un límite de 20 mil, lo que se considera bajo. Quienes accedan al estatus en espera, no podrán calificar al sistema de méritos hasta diez años después, y quienes ingresen a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011 serán sujetos de detención y deportación.

La iniciativa establece el programa E-verify obligatorio; un nuevo programa de seguridad fronteriza que costaría más de 4 mil millones de dólares; nuevos criterios de inadmisibilidad y deportación relacionados a documentos y pasaportes fraudulentos, membresía en alguna banda criminal, y conducir un vehículo con aliento alcohólico.

Pondera también situaciones como violencia doméstica, abuso infantil, acoso, violación de órdenes de restricción y faltas al no denunciar a un depredador sexual. Establece nuevas penalidades por ingreso ilegal, obstrucción a investigaciones inmigratorias, y exclusiones por 3 a 10 años por presencia ilegal, entrada ilegal y privación de la libertad.

Desde una perspectiva crítica, las bondades que se le atañen a la iniciativa, destacadamente la legalización, estarán acotadas y delimitadas por un sistema punitivo y costoso. En el caso de las multas e impuestos a cubrir, una familia con un número importante de miembros, tendría que pagar hasta 10 mil dólares.

Es claro que la reforma integral promovida por la Pandilla de los ocho, busca la aprobación y los votos de los legisladores más reticentes a la misma, pero es una iniciativa restrictiva, cuyos ejes centrales son mayores controles fronterizos, castigos, impuestos y limitaciones que al parecer opacarán los indudables beneficios que implicaría la legalización.

Con todo, no está claro si tantas restricciones en verdad serán un dique para los futuros flujos migratorios, tanto mexicanos como los provenientes de Centroamérica y otras nacionalidades que escogen la ruta mexicana para ingresar a Estados Unidos. Un problema adicional, observado por algunos expertos, es que no prevé un programa de integración.

Con excepción de aprender inglés y civismo, el Migration Policy Institute destaca esta ausencia. Pero detrás de la idea integracionista está el viejo planteamiento asimilacionista y nativista. Para muchos sectores estadounidenses reacios a legalizar a millones de indocumentados, la falta de integración seguirá siendo un problema.

Obviedades. 1. En una interesante entrevista al titular del SAT, Carmen Aristegui (MVS noticias, 05/14/2013) enfrentó un farragoso y legaloide discurso que al final de cuentas justificó el regalo adelantado de cerca de 3 mil millones de pesos a la empresa Televisa, además de culpar al Congreso de la Unión de aprobar leyes que favorecen y dan ventaja a las elites económicas que contribuyeron al retorno del dinosaurio. 2. La ruta elegida por los normalistas ya llegó a un punto sin retorno, que podría en derivar en lo que buscan: represión y violencia. Desde un punto de vista crítico, no es posible que se les sigan otorgando más privilegios a grupos irreflexivos y que nada proponen para superar su empantanado activismo. 3. El fallo histórico contra el dictador y genocida guatemalteco, Ríos Mont, aún pende de una elite que podría borrar de un plumazo la condena, pero es el un ejemplo de una lucha incansable encabezada por muchas mujeres víctimas de la atroz dictadura guatemalteca. 4. En México, los genocidas descansan en paz en sus tumbas, en sus soleadas mansiones o en instituciones de elite en otros países. La justicia en México por nuestros muertos seguirá siendo un anhelo no cumplido. 5. Estado de excepción o ingobernabilidad en Michoacán. Normalistas secuestradores; guardias comunitarias; el jefe de los malosos amenazando porque le devuelvan “sus” pueblos; asesinatos y ejecuciones por doquier; cuerpos flotando en los ríos; habitantes vilipendiados por organizarse para defender su patrimonio y hábitat; éxodos de zonas de alto riesgo. What is all about? 6. Y la suciedad de la administración caderonista sigue saliendo a la luz pública: Pemex demandó a César Nava, ex-presidente del PAN, ex-director jurídico de la paraestatal, consentido del panismo michoacano y las elites políticas entonces reinantes, ante una corte de Nueva York por participar en una conspiración criminal, junto con dos compañías extranjeras, para cometer fraude en las obras de la Refinería de Cadereyta. 7. Finalmente el SPUM determinó levantar su huelga, mientras el SUEM amenaza y chantajea con iniciar otra. Sindicatos cuyos derechos han sido convertidos en privilegios, en tanto las autoridades se parapetan detrás de discursos ocurrentes y sin sentido, carentes de autoridad.