Migración, entre el bienestar y el abuso

Las remesas no son únicamente las transferencias en dólares que el Banco de México registra, de las que persisten dudas sobre si lo que califica esta institución como “Remesas familiares” son efectivamente los envíos de los migrantes a sus familiares o incluyen otros rubros, son también parte de historias regularmente ignoradas por muchos.

Como múltiples investigaciones de campo lo demuestran, las remesas, el salario de los migrantes que residen y trabajan en Estados Unidos, independientemente de su situación legal, proporcionan bienestar a las familias y localidades de origen de los migrantes, por medio del consumo, el financiamiento a la educación, salud, vivienda, entre otros.

Asimismo, el impacto de las remesas a nivel local y regional resulta contradictoriamente positivo a los mercados (alimentos, agricultura, construcción de vivienda, vestido, etc.) y negativo, porque la derrama económica favorece a empresas y negocios regionales y extra-regionales, mientras en las localidades es marginal.

Por ello, en lo álgido del debate sobre la inversión productiva o no de las remesas en los pasados diez años, destacó lo que desde la década de los setenta del siglo pasado se había documentado: la profunda dependencia de familias, localidades y regiones de los envíos de los migrantes, lo que las sujeta también a los vaivenes de los mercados laborales.

Lo anterior resume esquemáticamente lo que muchos hemos investigado con detalle en las localidades y regiones de origen de los migrantes, pero poco se sabe sobre las situaciones que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Detrás de los vaivenes del mercado hay contextos más o menos dramáticos y altamente explosivos.

En los pasados diez años, con antecedentes singularmente trágicos en la última década del siglo pasado cuando la política inmigratoria estadounidense tendió a ser más restrictiva, el gobierno del ex-presidente Bush, en el contexto de los ataques terroristas de 2001, fue implementando instancias, programas y acciones cuyos resultados hoy están a la vista.

La política inmigratoria estadounidense ha tendido a restringir la entrada de los indocumentados; por un lado, modificando las rutas de acceso tradicionales, incrementando el riesgo migratorio, de lo que han resultado más de 5 mil muertes en 1998-2008, y por el otro, ha promovido su arresto en lugares de trabajo y en las calles.

Como parte de este contexto, en varios estados de la Unión Americana las percepciones y actitudes hacia la inmigración indocumentada han dado un vuelco. En diversos casos, grupos xenofóbicos, antiinmigrantes, derechistas y fascistas han presionado, tanto a la opinión pública como a los políticos, hasta incluir en las agendas políticas sus fobias.

Asimismo, hemos visto cómo el restriccionismo se convierte en política y ley. El sonado caso de la HB 1070 de Arizona es paradigmático; aunque sus artículos más controversiales que criminalizan y discriminan a los inmigrantes indocumentados fueron bloqueados por una jueza federal, el activismo de las autoridades gubernamentales a favor sigue.

Pero este ha sido el caso más publicitado, pues actualmente existen varias leyes (Alabama, por ejemplo) que han sido sancionadas estatalmente y están siendo controvertidas ante las autoridades, tanto por activistas a favor de la inmigración como por los propios inmigrantes, pues las restricciones violan flagrantemente los derechos humanos.

De acuerdo con el informe “Violaciones de los Derechos Humanos contra los mexicanos detenidos en Estados Unidos”, elaborado por varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en la frontera, cuatro de cada 10 migrantes repatriados fueron objeto de abuso verbal o físico, y se les negó acceso a atención médica y un abogado.

Basado en entrevistas a migrantes deportados entre 2010 y 2011, el informe documenta las violaciones a las propias normas del gobierno estadounidense por personal gubernamental, así como la normatividad internacional, al impedir a los detenidos comunicación con sus familiares y negarles el acceso a atención médica básica.

Este es el caso de los deportados, pero como señala el The New York Times (03/27/12), en torno a una audiencia realizada en marzo pasado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, irónicamente llamada “Holiday on ICE”, sobre el trato a los inmigrantes detenidos en centros penitenciarios en Estados Unidos, no hay tal fiesta.

Acorde con el periódico, las draconianas leyes inmigratorias han hecho de la detención de inmigrantes la más veloz y en aumento forma de encarcelamiento. Actualmente hay más de 30 mil hombres, mujeres y niños en custodia inmigratoria en cárceles y centros penitenciarios, varios manejados por compañías privadas.

Y la audiencia sugiere que el trato que reciben es el mejor, rayando en lujos que otros no reciben. Pero igualmente insinúa que esas 30 mil personas vulnerables tienen pocos derechos a la atención médica, que viven en condiciones lujosas, y que no es responsabilidad, tanto del gobierno como de la sociedad estadounidense protegerlos.

El reciente informe de Amnistía Internacional (Violaciones a Derechos Humanos al implementar las leyes de inmigración en Estados Unidos), afirma que en el caso de las comunidades indígenas fronterizas, con territorio en México y la Unión Americana, la aplicación de las normas migratorias aumenta su vulnerabilidad, discriminación y abusos.

Históricamente, los indígenas, parte de estas comunidades, atraviesan frecuentemente la frontera, y debido a las restricciones fronterizas son intimidados y acosados por policías fronterizos por hablar poco inglés o español y tener documentos de identificación tribales. También la política inmigratoria interna y las leyes estatales tienen efectos adversos.

Sin duda, como afirma Amnistía Internacional, las percepciones, actitudes y opiniones sobre la inmigración en Estados Unidos están construyendo una visión en la que los sobrevivientes del tráfico humano y crímenes como la violencia doméstica, son observados como criminales y no como víctimas.

La documentación de estas situaciones proporciona un contexto necesario en el que las remesas son el resultado de la venta de la fuerza de trabajo en un mercado internacional. Son parte de procesos complejos donde la movilidad humana y sus múltiples motivaciones son igual de importantes que los salarios de los migrantes.

El proceso migratorio México-Estados Unidos es actualmente muy complejo social, cultural, económica y políticamente hablando. Si bien la migración laboral sigue siendo la principal motivación, las expectativas que rodean a la movilidad humana tienen implicaciones más allá de los salarios pagados por el trabajo migratorio.

Por ello, es importante observar ese contexto. Y hemos insistido en este espacio y en encuentros académicos y publicaciones que las remesas son la punta del bienestar familiar y local, pero poco pueden hacer respecto al desarrollo local, regional y nacional. En más de 150 años de migración, Michoacán continúa con profundos rezagos de todo tipo.