Nuestro país vive hoy terribles desastres en Tabasco y Chiapas, los cuales vergonzosamente están siendo usados mediáticamente por la ansiada legitimidad que el fraude del 2006 no otorgó. Asimismo, al otro lado del territorio mexicano transnacional, otro drama se teje entre familias con hijos nacidos en Estados Unidos con un padre o una madre inmigrantes indocumentados.
Un estudio realizado por el Urban Institute, organismo no partidista, no lucrativo, de investigación en política y educación, asentado en Washignton, DC, a pedido del National Council of La Raza (NCLR), una de las más grandes organizaciones nacionales hispanas de defensa de los derechos civiles, aborda los dramas de las redadas y deportaciones que están dejando a miles de niños sin padres o madres en Estados Unidos.
El estudio Paying the price: The impact of immigration raids on American’s children (Pagando el precio: El impacto de las redadas inmigratorias en los niños de América), conducido por Randy Capps, Rosa María Castañeda, Ajay Chaudry y Robert Santos, evalúa las implicaciones de las redadas antiinmigrantes emprendidas por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Acorde con la publicación, su principal objetivo es ir más allá de las historias mediáticas, proporcionando una base factual para discutir el impacto de las medidas judiciales en los niños de padres indocumentados. Se considera que hay cerca de cinco millones de niños con al menos un padre indocumentado.
La intensificación de las redadas pone a los niños en riesgo de separación familiar, dificultad económica y trauma psicológico. El número de inmigrantes indocumentados arrestados en su trabajo se septuplicó de 500 a 3,600 entre 2002 y 2006. Las incursiones en el lugar de trabajo son parte de las deportaciones de inmigrantes que cometieron crímenes y operaciones para arrestar inmigrantes con órdenes de deportación.
El estudio se realizó en tres comunidades donde se llevaron a cabo amplias redadas el año pasado: Greeley, Colorado, Grand Island, Nebraska, y New Bedford, Massachusetts. En las dos primeras, ocurrieron dos de las seis redadas a las plantas empacadoras de carne de Swift & Company. En la tercera se ubica Michael Bianco, Inc., fabrica intervenida que hace mochilas para el ejército estadounidense. La mayoría de los arrestados eran de México, Guatemala u otro país latinoamericano.
Los niños afectados por las redadas representan más de la mitad de los adultos detenidos. Entre los 900 adultos arrestados en los tres sitios de trabajo, los padres en conjunto tienen más de 500 hijos. La mayoría son ciudadanos estadounidenses y los más jóvenes y vulnerables (bebés, niños de primeros pasos y preescolares). En un lugar dos tercios de los niños son ciudadanos, mientras que en los otros dos, el 79% y 88% respectivamente, más de la mitad tiene cinco años de edad o son jóvenes.
El procesamiento y detención implicó el abandono de los hijos; muchos padres firmaron su deportación voluntaria antes de contactar con abogados de inmigración, familiares y consulados. También tuvieron acceso limitado a teléfonos para comunicarse con familiares y algunos fueron ubicados en lugares remotos al lugar de arresto. Unos fueron liberados el mismo día, pero varios estuvieron detenidos por días. Por miedo, muchos no dijeron que tenían niños, creyendo que la autoridad los tomaría en custodia.
Muchos padres fueron deportados pocos días después; en algunos casos tuvieron que hacer arreglos dependiendo si podían reingresar a Estados Unidos legalmente o enfrentar los graves riesgos de hacerlo ilegalmente otra vez. Otros permanecieron meses en la cárcel y solamente fueron liberados después de pagar fianzas de más de diez mil dólares.
Asimismo, un buen número de los inmigrantes fueron liberados hasta su deportación. En esos momentos, las familias experimentaron dificultades, tanto económicas como por el estrés psicológico causado por el arresto y la incertidumbre de no saber si el padre arrestado sería o no liberado.
El estudio comentado de poco más de 100 páginas, basado en entrevistas individuales y colectivas, además de la discusión con líderes, párrocos, familiares, inmigrantes deportados, entre otros, para evaluar la situación colectiva e individual, no deja duda del drama legal, afectivo y emocional enfrentado por niños, padres y familias. Una tragedia sobre la que el calderonato nada ha dicho.
Mientras, en suelo mexicano se acumulan otras tragedias y los medios afines celebran como grandes hazañas las insuficiencias, los desatinos, la falta de coordinación y la ausencia de autoridad en Tabasco y Chiapas. Detrás, una maquinaria defiende las trapacerías y corruptelas del priismo y la complicidad del panismo-calderonismo.
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