En el contexto de la apoteósica asunción de Obama a la Presidencia de Estados Unidos, analistas y opinión pública enderezaron la crisis financiera, hoy crisis laboral, como el principal asunto de la nueva administración. La inmigración pasó a un lejano plano, aunque la reciente reforma al sistema de salud favorece a niños de inmigrantes.
La semana pasada el gobierno estadounidense dio los primeros pasos para reposicionar el tema inmigratorio. La postura de Rahm Emanuel, jefe de la oficina de Obama, estaría “evolucionando”, como lo demuestra su apoyo a la reforma del sistema de salud, la que no habría pasado sin su compromiso, acorde con líderes hispanos.
Asimismo, el mismo presidente Obama, en entrevista en el programa de gran audiencia Piolín por la mañana, de La Nueva 101.9 FM, dijo que convocaría a los líderes en el tema para preparar el borrador de una reforma integral, aunque es probable que políticamente sea difícil su aprobación por la situación económica.
En el programa radiofónico dijo que era necesario comenzar a trabajar; aunque su aprobación quizás tarde, está “muy comprometido” para hacer realidad la reforma. Llamó a las organizaciones pro-inmigrantes a proponer ideas para que sea aprobada por el Congreso. Además de la reforma, buscará mejorar el sistema de inmigración legal.
Si bien Obama expresó su compromiso por hacer realidad una de sus promesas de campaña, la reforma inmigratoria comprehensiva, su contenido, alcances y éxito estará condicionado por la respuesta del Congreso, la evolución de la crisis financiera, económica y laboral, y un cambio efectivo en las reglas de la inmigración legal.
Este reposicionamiento es importante, pues llega en un momento crítico para la inmigración: las secuelas de la política de Bush se siguen sintiendo, a pesar de que Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), anunció la revisión del programa de deportación y las redadas.
Política que golpea severamente a las comunidades de inmigrantes, independientemente de su estatus legal. En diversos puntos, prevalece la inseguridad y un perfil racial en la aplicación de la ley migratoria, pues se enfoca particularmente en la población latina o con apariencia hispana, inhibiéndola de reportar crímenes y de ejercer sus derechos.
Un reciente estudio del Pew Hispanic Center precisa que la política inmigratoria que heredó Obama está llenando las cárceles de latinos, representando actualmente el 40 por ciento de los convictos por delitos federales. 48 por ciento de los latinos están encarcelados por delitos inmigratorios, seguido por asuntos de drogas.
Muchos latinos no son ciudadanos estadounidenses y son sentenciados en alguno de los cuatro estados fronterizos con México. Asimismo, los inmigrantes indocumentados son deportados a sus países de origen al cumplir su sentencia. Según la American Civil Liberties Union la situación muestra la criminalización del sistema inmigratorio.
El reposicionamiento de Obama y los cambios en las percepciones sobre el tema inmigratorio en su gabinete, son sin duda positivos; el problema son las ambigüedades y la persistencia de una política inmigratoria que criminaliza la inmigración indocumentada, además de que tiene como objetivo racial a la población latina o hispana.
Ambigüedades y problemas que en la política interna y las relaciones México-Estados Unidos no parecen tener impacto. Douglas Massey, experto en inmigración de la Universidad de Princeton, en un evento del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) habló de un acuerdo entre ambos países además de la reforma inmigratoria.
El problema es bilateral y su solución no vendrá nada más del cambio de la política inmigratoria estadounidense. Nuestro país debe tomar la iniciativa, sobre todo cuando en Washington crece la preocupación por la seguridad interna en México, mientras la evasión de la realidad y culpar a los otros son política cotidiana panista-calderonista.
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