El próximo 20 de enero, Estados Unidos de América dará un breve giro a su historia al asumir su presidencia un afroamericano. Ocho años de terror global sustentados en mentiras antiterroristas marcan la despedida de Bush: la masacre perpetrada por el Estado de Israel, Estado terrorista por excelencia, contra el pueblo palestino.
Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad estadounidense contribuyen y se preparan para lo que parece será una apoteósica asunción a la presidencia por Barack Obama, en cuyo entorno se tejen acuerdos y desacuerdos sobre los temas importantes: la crisis financiera-económica, la inmigración, las guerras de Bush, etcétera.
En ese contexto, destacan los impactos dramáticos del legado de Bush en materia inmigratoria: redadas, deportaciones masivas, desintegración familiar, niñ@s sol@s deportad@s. Un reciente estudio del Center for Public Policy Priorities (CPPP), de Austin, Texas, da cuenta de las vicisitudes de más de 40 mil niñ@s indocumentad@s.
Acorde con Amy Thompson, autora de A child alone and without papers. A report on the return and repatriation of unaccompanied undocumented children by the United States (CPPP, September 2008), el gobierno estadounidense compromete los derechos, seguridad y bienestar de los niñ@s indocumentad@s que deporta.
El trato que da a l@s niñ@s migrantes es contrario a las leyes internacionales y a los estándares de bienestar de l@s menores de edad en Estados Unidos. Mientras están en custodia oficial se suceden maltrato y abusos, además de que es imposible identificar si l@s niñ@s son sujetos de las redes de tráfico de personas.
Asimismo, no existe un proceso uniforme para tratar con niñ@s indocumentad@s, ignorándose si tendrán acceso a un abogado, el tiempo de detención y el trato de que serán objeto. Durante la repatriación, la vulnerabilidad de l@s niñ@s aumenta por la falta de coordinación de los países involucrados y procedimientos que guíen el proceso.
Cuando el proceso concluye, no hay seguimiento para prevenir el maltrato infantil, además de faltar procedimientos que aseguren el bienestar de l@s menores y su reinserción social, para impedir que vivan situaciones peligrosas como caer en las redes de tráfico de personas o que regresen a vivir a las calles.
El reporte detalla las diversas situaciones que l@s menores indocumentad@s viven, tanto en Estados Unidos como al momento de ser entregados a las autoridades de sus países de origen. Cita estudios realizados en México y en Honduras como ejemplos de la problemática que enfrentan, estableciendo algunas sugerencias.
Llama a garantizarles el derecho a un consejero; evaluación y planeación consistente de su retorno; establecimiento de estándares transparentes y sólidos para la expulsión y repatriación; registro estadístico y documental de l@s niñ@s indocumentad@s no acompañad@s, y la colaboración entre las agencias binacionales involucradas.
Sugiere límites en el número de niñ@s a ser repatriados en un periodo determinado según los protocolos y capacidad del país de origen; evitar métodos de transporte que los pongan en riesgo innecesario; proveer asistencia de integración para facilitar su expulsión-repatriación, y mecanismos binacionales para compartir datos del proceso.
El caso de los niñ@s indocumentad@s deportad@s no acompañad@s es sintomático de una política inmigratoria que criminaliza la migración indocumentada, no respeta los derechos humanos y discrimina; adicionalmente, es apoyada por las autoridades de los países de origen, a quienes no les importa el trato que dan a l@s menores de edad.
Para consumo interno y espectáculo mediático se han tejido en México discursos sobre la no criminalización de la adolescencia, anatemas contra gobiernos bajo cuya responsabilidad sucedieron desgracias imperdonables (News Divine), vergonzosos usos políticos de adolescentes secuestrados y asesinados, y desprecios por adolescentes muertos por la delincuencia y la soldadesca.
Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad estadounidense contribuyen y se preparan para lo que parece será una apoteósica asunción a la presidencia por Barack Obama, en cuyo entorno se tejen acuerdos y desacuerdos sobre los temas importantes: la crisis financiera-económica, la inmigración, las guerras de Bush, etcétera.
En ese contexto, destacan los impactos dramáticos del legado de Bush en materia inmigratoria: redadas, deportaciones masivas, desintegración familiar, niñ@s sol@s deportad@s. Un reciente estudio del Center for Public Policy Priorities (CPPP), de Austin, Texas, da cuenta de las vicisitudes de más de 40 mil niñ@s indocumentad@s.
Acorde con Amy Thompson, autora de A child alone and without papers. A report on the return and repatriation of unaccompanied undocumented children by the United States (CPPP, September 2008), el gobierno estadounidense compromete los derechos, seguridad y bienestar de los niñ@s indocumentad@s que deporta.
El trato que da a l@s niñ@s migrantes es contrario a las leyes internacionales y a los estándares de bienestar de l@s menores de edad en Estados Unidos. Mientras están en custodia oficial se suceden maltrato y abusos, además de que es imposible identificar si l@s niñ@s son sujetos de las redes de tráfico de personas.
Asimismo, no existe un proceso uniforme para tratar con niñ@s indocumentad@s, ignorándose si tendrán acceso a un abogado, el tiempo de detención y el trato de que serán objeto. Durante la repatriación, la vulnerabilidad de l@s niñ@s aumenta por la falta de coordinación de los países involucrados y procedimientos que guíen el proceso.
Cuando el proceso concluye, no hay seguimiento para prevenir el maltrato infantil, además de faltar procedimientos que aseguren el bienestar de l@s menores y su reinserción social, para impedir que vivan situaciones peligrosas como caer en las redes de tráfico de personas o que regresen a vivir a las calles.
El reporte detalla las diversas situaciones que l@s menores indocumentad@s viven, tanto en Estados Unidos como al momento de ser entregados a las autoridades de sus países de origen. Cita estudios realizados en México y en Honduras como ejemplos de la problemática que enfrentan, estableciendo algunas sugerencias.
Llama a garantizarles el derecho a un consejero; evaluación y planeación consistente de su retorno; establecimiento de estándares transparentes y sólidos para la expulsión y repatriación; registro estadístico y documental de l@s niñ@s indocumentad@s no acompañad@s, y la colaboración entre las agencias binacionales involucradas.
Sugiere límites en el número de niñ@s a ser repatriados en un periodo determinado según los protocolos y capacidad del país de origen; evitar métodos de transporte que los pongan en riesgo innecesario; proveer asistencia de integración para facilitar su expulsión-repatriación, y mecanismos binacionales para compartir datos del proceso.
El caso de los niñ@s indocumentad@s deportad@s no acompañad@s es sintomático de una política inmigratoria que criminaliza la migración indocumentada, no respeta los derechos humanos y discrimina; adicionalmente, es apoyada por las autoridades de los países de origen, a quienes no les importa el trato que dan a l@s menores de edad.
Para consumo interno y espectáculo mediático se han tejido en México discursos sobre la no criminalización de la adolescencia, anatemas contra gobiernos bajo cuya responsabilidad sucedieron desgracias imperdonables (News Divine), vergonzosos usos políticos de adolescentes secuestrados y asesinados, y desprecios por adolescentes muertos por la delincuencia y la soldadesca.
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