El Poder Judicial en su laberinto

 

La huelga del Poder Judicial, parece haber entrado a un callejón sin salida. Lo único que defienden es la supuesta superioridad de un poder corrupto, cooptado por la oligarquía, comprado por la delincuencia de cuello blanco y los criminales. Se parapetan en la defensa de una autonomía perversa que no reconoce a los otros poderes del Estado mexicano. Se van a la huelga por una reforma que todavía no sucede. Cuestionan el contenido de la reforma judicial que en ningún lado afirma que va a golpear a los empleados y sus derechos laborales esenciales. La perversidad de un grupúsculo de ministros, magistrados, jueces, se impuso al razonamiento básico, a quienes no les importan los derechos de los trabajadores, sino solo sus privilegios. De los 55 mil trabajadores del Poder Judicial, una minoría se embolsa millones de pesos anuales y cuenta con privilegios de todo tipo, incluidos una serie de fideicomisos con miles de millones de pesos, mientras la mayoría de los empleados gana, en promedio, unos 5 mil pesos mensuales.

Con el avance de la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, integrantes del Poder Judicial, una minoría y sus grupos de choque, bloquearon el recinto camaral lo que obligó a los diputados a sesionar en una sede alterna. En este contexto, jueces y juezas decidieron violar la Ley de Amparo y la Constitución, autoamparándose. Asimismo, lanzaron a la calle a estudiantes de universidades privadas, la UNAM y la UAM, cuyos liderazgos están vinculados a personajes cercanos a Claudio X. González, además de que las marchas han sido encabezadas por la derecha partidista y grupúsculos ligados a la marea rosa. El rechazo a la reforma judicial es, en este momento, el objetivo de la derecha, pero ignoran que los mexicanos están claros de la necesidad de cambiar el Poder Judicial, pues no solo es un nido de corrupción, nepotismo, saqueo, violaciones constitucionales, abusos de poder, casos sin resolver, ausencia de justicia para los más vulnerables, también es un coto de privilegios. Una isla dorada elitista.

Tanto el Poder Judicial como la derecha partidista y de la llamada sociedad civil, han argüido durante décadas “la ley es la ley”, además de esgrimir una de sus frases favoritas, estado de derecho, pero en las últimas semanas vemos que la ley es la ley y el estado de derecho son a conveniencia de sus intereses. Gritan cuando marchan y dicen que defienden al INE, la SCJN, el Poder Judicial, pero en cuanto la ley y la Constitución les son adversas, exigen violar cualquier normativa porque afecta sus privilegios. Durante la calificación de las elecciones del 2 de junio de 2024, ante el masivo voto a favor de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la mayoría calificada de Morena y sus aliados, inventaron cualquier artimaña para violar la ley electoral y la Constitución. Hoy, con la reforma judicial a punto de ser aprobada, violentan la Ley de Amparo y la propia Constitución emitiendo autoamparos y amenazas, sin pudor.

El laberinto del Poder Judicial está llevando a este poder del Estado mexicano a su debacle, pero no por la reforma judicial, sino por la persistencia de las violaciones a las leyes y la Constitución perpetradas por la SCJN, el CJF (Consejo de la Judicatura Federal), jueces, ministros y magistrados. El Poder Judicial está creando las condiciones para una crisis constitucional, la cual el Congreso de la Unión tiene las atribuciones constitucionales para revertir. Desde juicios políticos y hasta el extremo de una requisa, pueden ser argumentados y llevados a cabo por Morena y sus aliados. El presidente de la República ha insistido en la necesidad de operar los cambios de manera democrática. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en el Senado, son producto del juego democrático. Millones de mexicanos, a pesar del desprecio y el odio de la derecha, salieron a votar por transformar un Poder Judicial que no les garantiza justicia, que tuerce la ley a favor de la oligarquía y los delincuentes, y en contra de millones de mexicanos vulnerables y vulnerados por el Poder Judicial.

“Lo hicimos entre todos”

 

Esta frase es el corolario de seis años de un gobierno que alentó a millones a integrarse al proceso de transformación, enojó a otros tantos, quienes permanentemente buscaron derrocarlo, además de denostarlo, y algunos autollamados la “izquierda verdadera”, cuyos miembros, entre estalinistas, izquierdistas neozapatistas, izquierdistas columneros de los medios corporativos, izquierdistas youtuberos y tuiteros, izquierdistas radicales, reclaman a AMLO, autoritarismo, falta de radicalidad, molestia personal y supuesta incongruencia. Asimismo, izquierdas y derechas demandan lo que señalan como militarización. En muchos casos, la “izquierda verdadera”, tanto periodística como parte de algunas organizaciones, suele acercarse a la derecha en diversas quejas, aunque lo niegan.

Sin duda, quedan muchos pendientes, como Ayotzinapa, los desaparecidos, la inseguridad, pero no se pueden negar los avances. Aunque prometió resolverlos, la descomposición del país que heredó después de la larga noche neoliberal instrumentada por el PRIAN, apoyada por el PRD, partido “de izquierda” ya declarado extinto por el INE, tuvo graves implicaciones sociales, políticas, económicas, culturales e ideológicas. Se señala que AMLO no incluyó a los desaparecidos en su 6to Informe, lo cual es falso. No hizo mención en su discurso de cierre, que es diferente a ignorar las devastadoras consecuencias de la desaparición forzada, perpetrada en los gobiernos del PRIAN, tanto por el Estado mexicano como por la delincuencia organizada. Durante su gobierno la desaparición forzosa ha sido un hecho perpetrado por delincuentes, y en algunos casos, con la complicidad de gobiernos del PAN y MC, como en Jalisco y Guanajuato. El gobierno federal no está desapareciendo mexicanos.

Ayotzinapa es la herida abierta que el gobierno mexicano no pudo resolver. La desaparición de los estudiantes normalista durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la complicidad de sectores de las fuerzas armadas, autoridades locales, policías municipales y narcos, se convirtió en la papa caliente de AMLO. Con fuertes presiones de grupos del ejército, los padres organizados, el Poder Judicial liberando implicados, organizaciones de la sociedad civil, la “izquierda verdadera”, la derecha golpista, los medios corporativos, entre otros poderes fácticos, la solución no llegó. No es solo que desde dentro del Estado mexicano se tejieron complicidades y se fraguó un crimen de lesa humanidad, sino que también la oligarquía y la derecha impiden el avance. La inseguridad es otro tema pendiente. De un lado, se mal interpretó el lema “abrazos no balazos”, y del otro la derecha partidista, los medios corporativos, la “izquierda verdadera”, se alinearon y corrieron a la derecha para reclamar la supuesta militarización, sin plantear mecanismos y propuestas viables. De lo que se trató fue no reconocer el descenso de la violencia e inventar una explosión social.

Pero en este contexto, es menester reconocer que hubo avances importantes en lo económico (crecimiento, alza salarial, intercambio comercial con Estados Unidos fuerte, fortalecimiento del mercado interno, etc.), social (reconocimiento constitucional de derechos, rechazo al racismo, al clasismo y la discriminación), cultural (centrar a los pueblos originarios en el discurso y la realidad mexicana). Por ello, la frase “lo hicimos entre todos”, cobra relevancia política e ideológica. La transformación impulsada por AMLO, la 4T, Morena y sus aliados, no es un gesto político, voluntarioso e individual, sino la apertura de los caminos necesarios para transformar el país, y restaurar la República. A contrapelo, la derecha partidista, los medios corporativos, la oligarquía, la derecha intelectual, entre otros actores, arreciaron su golpismo, buscando derrocar a un gobierno legítimo y democráticamente electo. “Lo hicimos entre todos”, también tiene que ver con los resultados electorales del 2 de junio de 2024. Claudia Sheinbaum es presidenta electa, y a partir del 1 de octubre presidenta constitucional que garantizará la continuidad del cambio.