La derecha mexicana, a través de sus organizaciones pseudoambientalistas, financiadas por gobiernos extranjeros y empresarios golpistas, continúan sus ataques al gobierno mexicano, el presidente de México y la #4T. En evidente actitud intervencionista, el autollamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza orquestó una supuesta consulta entre algunas comunidades mayas por cuyos territorios atraviesa el Tren Maya, para “ordenar” el cese inmediato del megaproyecto. Los medios corporativos mexicanos retomaron el resultado de dicha reunión con la finalidad de atacar la emblemática obra, sin cuestionar que esa organización solo congregó a “líderes” opositores de las poblaciones convocadas, sin documentar argumentos a favor del Tren Maya, además de que ese organismo carece de representatividad y sus cónclaves no son vinculantes.
El autonombrado Tribunal fue creado en 2014, tiene su sede en Ecuador, y
está conformado por “jueces y juezas” que al parecer se autoeligieron, dicen
defender los “derechos de la tierra” y su financiamiento es opaco. Sin duda
este tipo de organismos surgen del activismo y preocupación por la problemática
ambiental, el cambio climático y el impacto de la explotación irracional de los
recursos, pero también son parte del abandono promovido por el neoliberalismo y
los gobiernos neoliberales, y del nuevo corporativismo y clientelismo
neoliberal. Son organizaciones financiadas por la derecha, Estados Unidos, la
Unión Europea y una serie de organizaciones por medio de las cuales las
empresas transnacionales, la oligarquía, algunos multimillonarios supuestamente
filántropos, diluyen parte de sus ostentosas ganancias para “atender” una
problemática que las mismas multinacionales han generado.
Sin embargo, los buenos deseos del autollamado Tribunal Internacional de
los Derechos de la Naturaleza no llegan al fondo de la problemática que dicen
combatir: la devastación y depredación capitalista. Recordemos que solo durante
la pandemia de COVID 19, las farmacéuticas estadounidenses, europeas y chinas
incrementaron sus ganancias de manera perversa y morbosa. Y muchas de estas
empresas financian a las organizaciones que dicen defender la naturaleza, los
pueblos originarios y los derechos de la gente. Mientras estas organizaciones
no se deslinden del financiamiento empresarial, sus vínculos con la derecha, la
oligarquía y el Lawfare que busca derrocar gobiernos democráticos, sus acciones
se verán limitadas a la narrativa golpista derechista.
Asimismo, no vemos en México que este tipo de grupúsculos se deslinde y
combata evidentes desastres ambientales que afectan la salud de múltiples
pueblos, como ha sido el caso de las mineras, las empresas de supuestas energías
limpias que manipulan los precios de la energía, además de que se han apropiado
de territorios de los pueblos originarios sin otorgarles el bienestar que dicen
promover con sus energías alternas. Tampoco hemos conocido sobre su
posicionamiento contra la devastación de la empresa Calica, asentada en
Quintana Roo, y que ha provocado tremendo desastre ambiental extrayendo
materiales para exportar a Estados Unidos para la construcción de carreteras en
ese país. Permiso que fue concedido durante el gobierno neoliberal de Ernesto
Zedillo.
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