Leguleyos y Lawfare

 A juzgar por los recientes acontecimientos (juez deja sin efecto orden de aprehensión contra el exnarcogoberladrón Francisco García Cabeza de Vaca, liberan y retiran cargos a Rosario Robles por la Estafa Maestra, desbloquean cuentas de la esposa del exnarcofuncionario Genaro García Luna y uno de sus narcoamigos Luis Cárdenas Palomino, entre otros), las argucias leguleyas de distintos jueces del Poder Judicial van caminando. Al parecer, la orden de la ministra presidenta Norma Piña declarando la “autonomía” de los juzgadores, está siendo bien aplicada por las mafias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial. El Lawfare y el golpe blando avanzan liberando a acusados por narcos, torturadores, corruptos, saqueadores y desbloqueando dinero saqueado del erario público procedente del narco. ¿Sumando “líderes” a la oposición derechista y ultraderechista? ¿Es cool ser amigo, cómplice y de corruptos y saqueadores?

Uno de los aspectos centrales del Lawfare, es el uso faccioso, partidista y oligárquico de la normatividad jurídica contra los gobiernos progresistas y de izquierda, electos democráticamente, pero en estos casos la oligarquía está usando al Poder Judicial para reconformar la estructura de las elites políticas con sus viejas piezas que hoy se llaman “perseguidos políticos”. Se está reforzando e integrando también un cartel de jueces que abusa de las leyes para limpiar delitos y mafiosos políticos, quizás en ensayo de lo que podría venir ante las elecciones en 2023 y 2024. La “defensa” del INE, la congregación de ciudadanos del 26 de febrero, la desaparición de cargos a delincuentes, son parte del escenario de una vía del Lawfare. El Estado de leyes construido en la globalización. Sabemos que muchas regulaciones –comerciales, derechos, finanzas, etc.- fueron impuestas por organismos multilaterales promovidos y financiados por los estados imperiales, las multinacionales y la oligarquía globalizadora.

La serie de amparos concedidos y reversiones de procesos jurídicos, muestran a un Poder Judicial corrupto y preparado para golpear la democracia, sin importar la justicia ni los derechos de millones de ciudadanos. Parece obvio que el discurso de la ministra Piña al asumir la presidencia de la SCJN, fue simple retórica respecto a la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Nada extraño sería que la SCJN, la Judicatura, los jueces, actúen para revertir derechos ganados por años de lucha ciudadana. La SCJN y los órganos autónomos persisten en la violación de la Constitución, que establece que ningún funcionario público puede tener un salario mayor al del presidente de la República. Asimismo, los organismos encargados de regular la industria energética, violentan la Constitución al amparar y dictar normas que favorecen los monopolios privados. El libre mercado tan defendido por las leyes, solo funciona cuando la empresa privada es favorecida.

El 26 de febrero pasado, la #MarchaFifi exigió a la SCJN revertir, sin argumentos, sin un estudio técnico-jurídico, el Plan B de la reforma electoral. Tanto el exministro Cossio y la priista Beatriz Pagés, oradores de la congregación de las cúpulas de la derecha y ultraderecha mexicanas, mienten al descalificar las reformas a las leyes electorales. Sus discursos se movieron entre la diatriba, la mentira, la manipulación, la complicidad y la arenga a favor del saqueo y la corrupción, además de la narrativa del odio y el desprecio clasista, político e ideológico contra un presidente mexicano y el proyecto de transformación en marcha. No cabe duda que el neocorporativismo y neoclientelismo encabezado por las cúpulas empresariales nacionales y extranjeras, las mafias políticas partidistas y ciudadanos engañados, muchos de los cuales consintieron en ceder sus derechos ciudadanos y libre albedrío para proteger a delincuentes, no solo electorales, sino también de cuello blanco y narcos. Es lo que le espera a este país: un Poder Judicial golpista.