Los medios corporativos e Israel Vallarta

 

El caso de Israel Vallarta no es el único. Según el INEGI, una tercera parte de la población actualmente encarcelada no ha sido sentenciada. El hecho es que el caso Vallarte se mediatizó desde el primer momento. Un montaje fabricado por Genaro García Luna, exdirector de lo que fue la AFI, instancia policial creada por Vicente Fox, y exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy encarcelado en Estados Unidos por narco, Luis Cárdenas Palomino, el torturador de Vallarta y otras personas, Carlos Loret de Mola, Televisa, TvAzteca, lo fijó en la opinión pública hace casi 20 años.

Ahora bien, el papel de los medios corporativos es fundamental, pero es solo uno de los aspectos que distinguen el caso de Israel Vallarta respecto a otros. También, lo que se ha dado en llamar la sociedad civil, es decir una serie de membretes y organizaciones que se autonombraron la “sociedad civil”, recibiendo, además, millones de pesos de los gobiernos del PRIAN. Dinero público para defender los abusos, la corrupción, el saqueo y las complicidades del gobierno de Vicente Fox, y las atrocidades de la guerra de Felipe Calderón, y la terrible corrupción, saqueo y represión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El papel del Poder Judicial fue otro factor. Durante 20 años no pudieron probar la culpabilidad de Israel Vallarta. Y resulta que la jueza que lo declaró inocente, usó los mismos argumentos que en su momento la SCJN determinó para liberar a Florence Cassez, sin olvidar el conflicto diplomático que el asesino Felipe Calderón genero con el presidente de Francia. Igualmente, hay que recordar la actuación, muy desafortunada, tanto de lo que fue la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la actual Fiscalía General de la República. Son múltiples las aristas del caso de Israel Vallarta.

Con todo, los medios corporativos, la prensa, las televisoras, las radiodifusoras, con gran mezquindad y abuso de la libertad de expresión y el derecho a la información, fueron centrales en la condena de Israel Vallarta. Aunque durante 20 años no se pudo probar su culpa, los medios lo condenaron, incluso a pesar de saber, desde el primer momento, que se fabricó un montaje, no una “recreación” como cínica e hipócritamente afirma María Elena Morera, dueña de una organización de la autollamada sociedad civil, que fue creada para aplaudir a Genaro García Luna y la espantosa y criminal guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Los medios corporativos tradicionales, construyeron una narrativa que victimizó y culpó, sin pruebas, a Israel Vallarta. El ominoso papel de esos medios –televisión, prensa, radio- muestra el periodismo basura que actualmente, y desde hace 20 años, se hace en México. La liberación de Vallarta evidencia el uso faccioso de los medios tradicionales, el Poder Judicial, el gobierno, la sociedad civil, en lo que fue un acto concertado entre todos los poderes fácticos. No hubo en el montaje casualidades. La participación de los medios victimizando a Vallarta, defendiendo un montaje que celebraron y afirmando la culpabilidad de una persona a partir de intereses oficialistas, los hace culpables de un proceso en el que usaron su poder, previos pagos pactados con Genaro García Luna. Todos los medios involucrados y sus escribanos, locutores y lectores de teleprompter recibieron, por diversas vías, generosos fajos de dinero público.

Israel Vallarta es inocente, a pesar de que los medios corporativos y sus amanuenses pretendan lo contrario. La sentencia de la jueza es clara, según lo recuperado por la prensa, tanto independiente como por medios como La Jornada. La embestida mediática y los abrazos a Carlos Loret de Mola, simplemente es un intento por salvar a esa prensa golpista. Según lo posteado en redes sociales y sugerido en los medios corporativos, la presidenta de México ordenó la liberación de Vallarta. La prensa papanatas no ha leído la sentencia de la jueza, y sigue repitiendo lo que el PRIAN dice.

Torpeza intelectual derechista

 

El intelectual orgánico de los gobiernos neoliberales y de la derecha, Enrique Krauze, hace gala de nuevo de su torpeza intelectual. De considerar al derechista exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como un nuevo Mariano Otero, un liberal al que se considera, con Manuel Crescencio Rejón, creador del juicio de amparo en el siglo XIX, ahora convierte al mito genial de la derecha mexicana, Ernesto Zedillo, en “hijo del 68”. Es notable la narrativa de la imbecilidad derechista, cuya intencionada posverdad busca hacer sus propios héroes, manipulando personajes y hechos históricos. Su reciente artículo en el periódico Reforma, elogiando al mediocre expresidente como supuesto “gran reformador”, revela que, como intelectual neoliberal, ha perdido los estribos y la brújula, si es que alguna vez los tuvo.

Inicialmente, una entrevista en Nexos, y un ensayo en Letras Libres, desvelaron el obsceno objeto del deseo de la intelectualidad neoliberal y derechista por encumbrar a un expresidente, Ernesto Zedillo, quien es recordado, no como el “gran reformador”, sino como un vulgar asesino de indígenas y campesinos, artífice de una de las peores crisis económicas de México, bajo el neoliberalismo. Asimismo, los mexicanos del sexenio Zedillista, no olvidan el impacto de la crisis de fines de 1994, la que canceló miles de historias personales y familiares pues, quien no se suicidó, cayó en la pobreza más indignante. Tampoco los mexicanos deben olvidar que Zedillo disolvió la SCJN, dando un golpazo al tercer poder de la República, lo que no está sucediendo ahora, pues el Constituyente decidió reformar al Poder Judicial. No fue una decisión unipersonal.

El expresidente Zedillo no es, ni será el nuevo héroe de la derecha. Su sexenio fue un desastre que arrastró al mundo globalizado, al imponer a rajatabla las doctrinas neoliberales. La derecha añora el regreso, pero particularmente porque los gobiernos del PRIAN solían repartir dinero a los intelectuales derechistas, los medios corporativos, la comentocracia mediática y a todos los que favorecían sus supuestas “reformas” y sus masacres. Enrique Krauze se equivoca de nuevo. La democracia sin adjetivos es la entelequia de la derecha. Ernesto Zedillo jamás fue demócrata, menos “hijo del 68”. Es hasta un insulto venderlo como parte de un hecho en el que miles de estudiantes fueron masacrados y desaparecidos por el PRI.

Si la derecha intelectual, en su torpeza intelectual, quiere convertir a Zedillo en “hijo del 68”, no es solo porque carece de héroes e ideas, sino también porque manipula y miente. Si Zedillo es “hijo del 68”, lo es de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, los asesinos y represores. Y el expresidente siguió muy bien las elecciones de Díaz Ordaz. Las masacres de Acteal, El Charco, entre otras, son su huella presidencial. Asimismo, las recientes revelaciones de audios en los que su esposa y familiares aparentemente pactan con narcos de su época, no los puede rebatir la intelectualidad derechista mexicana. Las masacres Zedillistas, nunca se esclarecieron y jamás el expresidente aclaró sus decisiones al respecto. En el caso de Guerrero, su compadre Figueroa renunció, pero nunca se pronunció por las crueles matanzas de los guerrerenses.

Los héroes de la derecha mexicana, nunca tendrán buen fin. Enrique Krauze ha intentado reescribir la historia mexicana. Sus escritos, nada geniales, se dedicaron a justificar la dictadura de Porfirio Díaz, denostar a Francisco I. Madero, rebajar a los caudillos mexicanos, entre otros personajes y periodos de la historia mexicana. No es extraño que defienda a políticos de la derecha mexicana e insulte a la 4T y otros políticos de izquierda. Pero al defender a un personaje como Ernesto Zedillo, intentando convertirlo en “héroe” del 68, miente. El expresidente es hijo de la represión, del PRI que hundió al país, que empobreció a millones de mexicanos, que se retiró con una pensión millonaria, que enriqueció a unos pocos, que privatizó empresas a las que después se incorporó como empleado. Es un individuo que tiene años sin vivir en México, que desconoce nuestro país. Es la derecha ignorante que intenta erigirse en caudillo de un país que no conoce.

1 de junio de 2025: renovar el Poder Judicial

 

No hay duda que el próximo 1 de junio de 2025, resumirá demandas, cuestionamientos, los votos del 2024 a favor de Claudia Sheinbaum, la coalición “Juntos seguimos haciendo historia”, y la fundamental necesidad de renovar un Poder Judicial corrupto, corrompido por las elites económicas y la delincuencia organizada, y alejado de los ciudadanos. Son miles los mexicanos que están en la cárcel sin haber sido sentenciados o que enfrentan cargos falsos, mientras delincuentes como Genaro García Luna, han sido favorecidos por resoluciones a favor de su esposa para desbloquear sus cuentas bancarias, y empresarios como Ricardo Salinas Pliego, cuyos adeudos por miles de millones de pesos al fisco, están siendo protegidos por la SCJN.

Sin duda, hay jueces, magistrados y ministros que no viven de la corrupción del Poder Judicial, quienes además no tienen vínculos indecibles con el poder económico y la delincuencia organizada, pero se siguen documentando casos de integrantes del Poder Judicial, cuya dudosa actuación los exhibe. Jueces liberando delincuentes de cuello blanco y delincuentes ligados a carteles del narcotráfico u organizaciones criminales de otro tipo; jueces y ministros protegiendo a deudores fiscales; ministros que buscan devolver miles de millones de pesos, con intereses, a grandes grupos empresariales; magistrados que liberan cuentas de delincuentes.

Es el panorama mayoritario y la reforma judicial, en el ejercicio electoral del 1 de junio de 2025, que tendrá el efecto de comenzar a limpiar el Poder Judicial. La complejidad de ese proceso electoral es evidente, además de la incógnita sobre la asistencia a las urnas del electorado mexicano, en el contexto de una guerra mediática para desalentar a los mexicanos. El hecho es que la propaganda en contra de la elección de las personas juzgadoras, coincide con situaciones que no pueden ser ignoradas: los asesinatos de los funcionarios del gobierno de la CDMX, el llamado de la CNTE a boicotear las elecciones del Poder Judicial –ya se deslindaron, pero no fue un deslinde contundente.

El domingo 1 de junio de 2025, los mexicanos van a renovar el Poder Judicial. La derecha mediática juega con el número de asistentes, con la finalidad de que, si la asistencia es baja, prepararán amparos que de seguro el corrupto Poder Judicial actual, los aceptará. El problema con esos amparos es que el Congreso de la Unión no estableció un límite en cuanto al número de votos. Es decir, si votamos 3 personas –es un decir-, se harán valer nuestros votos. Pero la derecha está preparando una guerra judicial, pues sabe que la guerra mediática no tendrá un gran impacto. No se debe minimizar el griterío mediático. Es parte del golpe blando, el cual está bien dispuesto en libros y documentos estadounidenses.

La derecha estadounidense e internacional, sabe bien que Morena, la 4T y la presidenta de México, tienen el apoyo mayoritario de un país que podría convertirse en faro del progresismo, la izquierda electoral y muchos movimientos sociales en América Latina. Tanto en México como en los países latinoamericanos, el discurso y la intervención de la derecha han sido limitados. Por ejemplo, las recientes elecciones en Venezuela, en las que el partido en el poder arrasó en las gubernaturas, lo que incluso demuestra a algunos sectores y gobernantes de la izquierda latinoamericana (Colombia, Brasil, Chile), que el triunfo de Nicolás Maduro, aunque cuestionado, ha sido ratificado a nivel regional y local.

A la derecha interna y externa, le preocupa la consolidación de la 4T y Morena, porque las elecciones de las personas juzgadoras tendrán ese significado. Los poderes de la Unión en México, terminarán de ser renovados por la vía democrática. En 2024, los mexicanos salimos a votar por consolidar el proceso que actualmente está en marcha. No solo se trató de elegir a la presidenta de México y aprobar el plan C, sino de continuar la transformación, lo que la derecha repele.

La banalización de la justicia en México

 

29 delincuentes, incluido el otrora famoso capo Rafael Caro Quintero, fueron enviados, bajo los preceptos de la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución de México, a Estados Unidos. El viernes pasado, después de una conferencia de prensa en la que se precisó el “traslado” de los narcos, el Consejo de la Judicatura Federal salió a defender a los jueces que han estado retrasando por décadas la extradición de los capos. Afirmó: si no están de acuerdo con las resoluciones, impugnen. Es decir, esperen décadas, amparos, recursos infinitos y ríos de dinero para retrasar juicios e impedir que los capos sean juzgados en Estados Unidos. Es el Poder Judicial mexicano, en donde la corrupción campea. Acorde con los procedimientos legales establecidos, una resolución de extradición debe tardar un máximo de 45 días, pero los jueces y ministros se solazan con los recursos que los abogados de los delincuentes interponen, y todo queda en el limbo.

En México, estos delincuentes han cometido multitud de delitos, incluidos asesinatos, lavado de dinero, tráfico de drogas, etc., pero el Poder Judicial suele dar marcha atrás a las acusaciones banalizando la justicia. Que no fue esa la hora en la que la autoridad señala que los detuvo, que no estaban en flagrancia a pesar de tener armas exclusivas de las fuerzas armadas, que la carpeta de investigación estaba mal sustentada. Son solo algunas de las justificaciones, infundadas o no, de jueces, magistrados y ministros para otorgar amparos y proteger a delincuentes. Por eso es explicable que la presidenta de México alabe la decisión de los mexicanos por refundar el Poder Judicial. Aberrante y ofensiva la corrupción del Poder Judicial, dijo. Desde hace décadas que el Poder Judicial está en manos de corruptos –con muchas excepciones, claro- y funcionarios que están al servicio de delincuentes y oligarcas.

La decisión del gobierno de México, que asume política y jurídicamente el gabinete de seguridad, es parca y definitiva. Se entregó a 29 delincuentes a solicitud del gobierno estadounidense. Si es moneda de cambio para salvaguardar la economía mexicana, evitando la aplicación de las tarifas Trumpistas, se verá pronto. Los medios corporativos y sus corifeos salieron rápido a gritar y manotear: que el hecho muestra la debilidad de la presidenta, que Trump quiere más y tiene abierta una investigación contra AMLO, que se sometió a Trump, que se violentó el sistema jurídico, etc., pero en ningún caso se ofrecen pruebas de tanta especulación. La prensa mexicana tiene ya una larga historia de mentiras y narrativas sin fundamento, todas con la finalidad de golpear a los gobiernos progresistas de la 4T. Los medios corporativos, por un lado, afirman que la 4T y Morena arropan a los narcos, y por el otro, ante el inusitado hecho, gritan que la 4T, Morena y la presidenta de México fueron sometidos por Trump. Al menos deberían ponerse de acuerdo en su esquizofrenia.

El ruido mediático es parte de la banalización de la justicia. Mientras el Poder Judicial ampara y libera delincuentes de todo tipo, y no resuelve miles de casos de personas que permanecen por años encarcelados, muchos sin pruebas de culpabilidad, los medios corporativos construyen narrativas sobre el supuesto vínculo y protección de los gobiernos de la 4T con los narcos. Intentan también banalizar los contundentes hechos sucedidos en los gobiernos del PAN y el PRI. Con Vicente Fox se “escapó” el Chapo Guzmán, con Felipe Calderón se nombró a un narco como secretario de Seguridad para encabezar una guerra contra un grupo del narco, favoreciendo a otro. Hoy está preso en Estados Unidos. También, con Enrique Peña Nieto la relación con la delincuencia organizada creció y se consolidó. Es de lo que la prensa sicaria no escribe. Tanto los medios corporativos como el Poder Judicial, han construido un marco perverso para proteger a delincuentes, no para hacer justicia. El caso más emblemático actual, es Ayotzinapa. Muchos de los inculpados obtuvieron beneficios de es Poder Judicial corrupto.

Violencia machista patriarcal y Poder Judicial

 

El caso de Mafer Turrent, encarcelada y liberada, es ejemplo de los vínculos entre el poder económico y el judicial en México. Si se supone que es un asunto político –la 4T quiere dominar al Poder Judicial- mienten. Acorde con La Jornada –en ningún periódico de la prensa corporativa golpista se publicó- hay una mafia corrupta de hombres que han construido, con apoyo del Poder Judicial, un marco para su actuación y para golpear a mujeres e hijos/as que denuncian la violencia machista. El patriarcado no es una entelequia. Existe y teje corruptas y violentas redes, con la finalidad de golpear, jurídica y físicamente, a las mujeres. La violencia machista patriarcal inventa cualquier mentira, con el apoyo de corruptos del Poder Judicial y de las fiscalías locales, para humillar a las mujeres. Es hora de denunciar y luchar.

La postura de la secretaria de la Mujeres del gobierno de la presidenta de México, ha sido fundamental para desactivar y denunciar algunas arbitrariedades, pero tiene limitaciones importantes. Es necesario que esa instancia gubernamental se convierta en bastión de las mujeres; su mediación es fundamental, pero también debe ser más activa, no solo en acompañamiento, también en denuncias y seguimientos de casos. Por ejemplo, haría bien la titular en entrenar a personas funcionarias que estuvieran monitoreando todos los días a todos los estados del país, incluida la CDMX, con la finalidad de anticiparse a la violencia contra las mujeres. Urge tener un padrón de agresores de mujeres. Igualmente, la violencia vicaria es un asunto a reconsiderar. Que hombres o mujeres –conozco casos de mujeres- inciten a sus hijos a odiar a sus madres o padres, debe ser un delito grave.

Como quiera, la violencia en contra de las mujeres tiene un contexto más amplio: la violencia patriarcal. En otro lado he planteado que hombres y mujeres educamos a las mujeres para que sean objetos –sexuales, de abuso, humillación, desvalorizadas, etc.-, pero es un mecanismo de poder y dominación del patriarcado. En muchas marchas de las mujeres, las feministas arengan con “va a caer”, refiriéndose al colapso del patriarcado, pero mientras sigamos viviendo en el capitalismo, el patriarcado no va a caer. Por ejemplo, en los medios se celebra el machismo y el papel del hombre poderoso y dominador. El arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no solo implica que un macho blanco anglosajón protestante gobierne al imperio, sino que el patriarcado se enseñoree en contra, tanto de la diversidad sexual como en contra de las mujeres. En su primer mandato, la Suprema Corte de ese país revirtió el derecho al aborto de las mujeres, pero no solo eso: revirtió un derecho para favorecer al patriarcado.

En México, la SCJN ha hablado claro: las legislaciones estatales tienen que cambiar para dar paso al derecho de las mujeres a abortar. Hasta ahora ha habido cambios en muchos estados del país, pero debería de quedar claro que se trata de los derechos reproductivos de las mujeres, no solo a abortar. Asimismo, las mujeres tienen derecho a vivir una vida sin violencia. En mi corta, pero larga vida, he conocido hombres que le imponen a las mujeres la maternidad. Si el primer embarazo produce una mujer, se presiona para buscar al varón, sin considerar que las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo y pueden tomar decisiones. Muchas mujeres aceptan estas decisiones patriarcales como si fueran “naturales”, pero en realidad es parte de los procesos de dominación y poder del patriarcado. A cuántos hombres he escuchado decir que las hijas son “producto para caballero”, en clara alusión machista, insultante y patriarcal.

La denuncia de la violencia machista y patriarcal debe ser constante y continua. La llamada igualdad sustantiva tiene que ser impuesta, ya sea por vía gubernamental o por la lucha de las mujeres. El patriarcado debe caer, pero también el capitalismo. La sociedad capitalista puede garantizar ciertos derechos de las mujeres, pero siempre habrá alguien –Trump- que los revierta.

La decadente SCJN

 

Con la salida del exministro Luis María Aguilar, a fines del 2024, la aplanadora de la SCJN, conformada ahora por 7 ministros derechistas que pretenden legislar en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, cae en la irrelevancia. La derecha partidista, “ciudadanos” y organizaciones financiadas por la oligarquía golpista, que presentan amparos en contra de las reformas constitucionales, las cuales son improcedentes e ilegales, pero que los ministros derechistas aceptan con la finalidad de golpear a los legisladores, los Congresos estatales y la presidenta de México, se han quedado sin cómplices en la SCJN. Como ya se había hecho regular, la derecha siempre votaba en contra de las reformas constitucionales por supuestas violaciones al proceso legislativo. Una imbecilidad golpista para oponerse a las reformas constitucionales, en las que la SCJN nada tiene que hacer ni decir. SCJN golpista, fascista.

La decadencia de la SCJN tiene sus contrastes. De un lado avala la ilegal suspensión del Poder Judicial para continuar con los trabajos del comité que debe analizar a quienes se inscribieron para competir electoralmente en junio de 2025. Lo interesante de esta suspensión es que quienes se podrían quedar sin registrar a los cargos en competencia, no dicen nada. No se amparan, no dan entrevistas. Solo se someten a los designios de la derecha judicial. Por otro lado, la mayoría de la SCJN no puede echar abajo –ilegalmente- buena parte de las reformas empujadas a la Constitución. El patetismo de la SCJN ha implicado que dictámenes en contra, sean retirados porque se sabe que no van a obtener la mayoría para disputarle el poder al Congreso constituyente. No porque no lo pretendan, sino porque sus siete votos no les alcanzan para repeler leyes constitucionales que la derecha partidista promueve a través de amparos ilegales.

Sin duda, en los hechos, el Poder Judicial, se ha erigido en el gran represor, fascista e intentando un golpe de Estado para amedrentar a los ciudadanos. Deleznable y corrupto. Nada tiene que hacer. Su intentona siniestra solo revela la decadencia de ese sistema judicial. Al Poder Judicial y la SCJN solo le importan las elites, no los ciudadanos. Cada vez que aceptan un amparo –ilegal- y liberan delincuentes, mientras miles de personas no tienen una sentencia, el Poder Judicial refrenda su corrupción y saqueo al gobierno y al pueblo mexicano. La reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la única instancia constitucionalmente superior, que ordena al comité del Poder Judicial reiniciar sus trabajos y prepara una acusación en contra del juez de distrito de Michoacán que “ordenó” detener dicho proceso, señala sin ambages que el amparo en contra de la elección de personas juzgadoras no procede, además de recalcar que ningún juez tiene atribuciones en este campo.

El nuevo tropiezo de Norma Piña, presidenta de la SCJN que se presta a manipular y violentar la ley, para favorecer a la derecha, resalta, no solo su fiasco político, sino también el fin de una carrera judicial que avanzó por voluntad expresa de otro hombre, Enrique Peña Nieto, cuando aún era presidente de México. La mujer que afirmó, cuando fue electa presidenta del más alto tribunal del país, que rompía el piso de cristal, es en realidad rehén del patriarcado político y sus usos. Detrás están los hombres –Claudio X. González, presidentes de partidos políticos derechistas, empresarios que financia al golpismo, etc.- que le dicen qué hacer y cómo violentar las leyes y la Constitución mexicana. En este tiempo de mujeres, la ministra Piña llegó al poder para caer de manera estrepitosa. Si bien se retirará con cuantiosos recursos del erario público para inventar un despecho de abogados que busque seguir su guerra patriarcal en contra el gobierno mexicano.

Asimismo, desafortunadamente, su actuación ha llevado a la decadencia de la SCJN. Sin freno, manipula, miente, violenta la normativa vigente e intenta declarar, con sus cómplices ministros y una ministra, la inconstitucionalidad de la Constitución mexicana.

Violencia contra las mujeres

 

La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres o Día Naranja, el 25 de noviembre, decretado oficialmente por la ONU en 1999, nos recuerda que, en el capitalismo, la sociedad patriarcal sigue ejerciendo las peores violencias contra las mujeres de todo el orbe. No hay nada que celebrar, sino arreciar la marcha hacia una sociedad en la que el proceso civilizatorio arraigue una cultura en la que los hombres respeten la vida, el cuerpo, los sueños, los intereses, las aspiraciones, de las mujeres. En México, una mujer es asesinada cada 2.5 horas, pero no es un homicidio o una muerte “simple”; es un feminicidio, porque a las mujeres los hombres –parejas, familiares, crimen organizado, delincuencia- las matan por ser mujeres. Son crímenes de odio.

Asimismo, la violencia contra las mujeres tiene otras manifestaciones: bajos salarios, discriminación laboral y social, violencia económica, familiar, psicológica, vicaria, abusos, maltrato violaciones. Y la situación puede ser más grave tratándose de mujeres indígenas, de comunidades originarias y afromexicanas. Todavía, por ejemplo, en algunas comunidades de Oaxaca, la venta de las niñas es parte de las prácticas locales. En la violencia contra las mujeres, no solamente el Estado mexicano tiene un papel; igualmente, la Iglesia católica y el Poder Judicial. A nivel nacional se multiplican los casos de mujeres encarceladas por abortar, independientemente de las circunstancias. No olvidemos el caso de una niña de 14 años, a quien el fiscal de Querétaro ordenó prisión domiciliaria y la había condenado a pagarle, a su violador, 500 mil pesos por un aborto espontáneo. Muchas mujeres están en la cárcel por defenderse de su agresor.

El patriarcado no descansa reglamentando y normando la vida reproductiva, sexual, laboral, emocional, sentimental de las mujeres. A la mayoría, se les educa para ser objetos sexuales. Objetos para el uso, abuso y disfrute del hombre. La erradicación de la perversa “costumbre” del piropeo lascivo, pervertido y lujurioso, es difícil, porque hay mujeres que, como parte de su educación como objeto sexual, lo esperan y celebran. Si los hombres no las lascivan en la calle, se sienten rechazadas. Pero no es porque solo porque se vean así mismas como objetos sexuales, sino porque el patriarcado las educó de ese modo y les exige actuar en consecuencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum, lanzó una campaña para concientizar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque no es normal. Aunque el patriarcado y el machismo en que las cosas son como los hombres deciden, es necesario ponerle un alto a las múltiples violencias contra las mujeres. En las relaciones, interacciones y vínculos entre los hombres y las mujeres, nada es natural ni normal. Todo está atravesado por construcciones sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas y de género. La manera en la que los hombres perciben e interactúan con las mujeres, está socialmente construida por el género. Y no, la “ideología de género”, espantajo terminológico inventado por el machismo, la derecha y el fascismo, no existe. El género es una construcción social y cultural, basada en las expectativas del patriarcado y el machismo sobre las mujeres. No hay nada natural.

En el actual sexenio, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirma de manera contundente que no llegó sola, sino todas las mujeres, la erradicación de la violencia contra las mujeres es esencial. De ningún modo se hace a un lado a los hombres, pero sí se les exige que repiensen su sitio en el entramado social, cultural, económico, político, religioso, que sostiene al patriarcado y el machismo. Las masculinidades están obligadas a cambiar. Es necesario que la sociedad mexicana rechace las normas heterosexuales, machistas y patriarcales. No habrá paz si la violencia contra las mujeres no es erradicada. Los feminicidios deben parar. Los hombres machistas, libidinosos, deben asumir que la transformación urge detener la violencia de todo tipo.

La nueva campaña de la derecha: narcoterrorismo

 

La derecha mexicana no ceja de promover campañas golpistas, a pesar de sus estridentes fracasos. El intento golpista usando a la SCJN –la pirueta inconstitucional, de 8 a 6 votos, de la corrupta ministra Norma Piña, es lo más tragicómico de ese fiasco- y al Poder Judicial, fracasó porque compraron a una torpe jurista que no sabe ocultar o disimular sus intenciones, pues no es una política, sino un remedo de ministra impuesta por Enrique Peña Nieto y elevada a la presidencia de la SCJN por esa derecha que pretende regresar y adueñarse de México. La derecha ahora acudirá a la CIDH de la OEA, esperando que ese organismo derribe la Constitución mexicana, ya que lo que siguen llamando “reforma judicial” es ya parte del texto constitucional. La intención es usar la “reforma judicial” como violatoria de los derechos humanos, claro, de ministros, magistrados y jueces, no de quienes exigen justicia. Miles de mexicanos encarcelados, con procesos pendientes, están siendo violentados en sus derechos humanos. Lo demás es parte de la tragicomedia.

En este contexto, el PAN está impulsando la campaña sobre supuesto “narcoterrorismo”, en la cual la derecha cree que pronto lo arropará Donald Trump, quien durante su campaña electoral amenazó a México con aranceles si no detenía la migración, el trasiego de drogas y a los carteles del narcotráfico. Según el fracasado líder del PAN, Marko Cortés, lo del “narcoterrorismo” es una “opinión” y exige a la presidenta de México “respetar” sus exabruptos golpistas e intervencionistas. Exigir que los carteles del narcotráfico sean identificados como “narcoterroristas” y pedir que Estados Unidos invada nuestro país, sí es traición a la patria, acorde con el Código Penal mexicano. No es una “opinión”. Recordemos cómo la derecha ha pedido históricamente la intervención extranjera, trayendo príncipes europeos, ejércitos extranjeros y que, en el caso de Estados Unidos, haga de nuestro país lo que le convenga como imperio.

Ante el fracaso de la última andanada golpista que finalmente terminó de hundir a la SCJN y al Poder Judicial en la ignominia y el descredito, el PAN pretende encabezar la nueva campaña golpista. No será extraño que los medios corporativos –prensa, tv, radio, plataformas digitales, redes sociales- pronto inunden con “sesudas” columnas de la comentocracia pagada por la derecha sus espacios impresos y virtuales. Tampoco debe extrañar que la ridiculez y traición a la patria encabezadas por Marko Cortés y Lilly Téllez, sean pronto la bandera mejor pagada por la derecha. Y no deberá extrañar que en Estados Unidos se renueve el ataque a nuestro país. Tanto Donald Trump como su vicepresidente Vance, compiten como los energúmenos con más poder en ese país. Nada saben de relaciones bilaterales e internacionales, pero suponen que su beligerancia en América del Norte les será favorable. Consumidores estadounidenses, prepárense para una mayor inflación y desempleo.

Por la amenaza de subir las tarifas, lo que los blancos anglosajones, celebran, repercutirá en los precios que todos los productos que sean importados de México. Son los blancos anglosajones que pagarán la estupidez de Trump de aumentar los aranceles a México. En nuestro país no hay plantas chinas que construyan o armen automóviles. Son estadounidenses, europeas o japonesas. Los autos que son exportados a Estados Unidos tienen componentes de esos orígenes. No chinos. La disputa comercial con China es una de las grandes estupideces de los gobiernos –demócrata y republicanos- estadounidenses. En realidad, es una disputa por el comercio mundial, en el que China presiona fuerte a las economías capitalistas occidentales. No es México el “problema”, es la debacle del imperio estadounidense. La guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza han alentado a la industria militar, pero no es suficiente.

La postura de la derecha mexicana se topará con barreras, más que ideológicas, económicas. Estados Unidos la puede acompañar, pero la relación bilateral es más importante.

La nueva derrota de la derecha

 

La sesión de la SCJN en la que se pretendía violar la Constitución, dejó en claro la torpeza política y el afán de torcer la ley de la ministra presidenta Norma Piña, quien debería renunciar, no solo porque aprobó que los partidos políticos PAN, PRI, MC, presentaran acciones de inconstitucionalidad ilegalmente, sino también porque jamás le ha interesado respetar la Constitución, la legalidad, el estado de derecho y el orden constitucional. Ante la postura del ministro Alberto Pérez Dayán, quien rompió el bloque de los 8 que parecían dispuestos a violentar la Constitución, al aceptar que no estaba de acuerdo con la “reforma judicial”, pero tampoco podía excederse en sus atribuciones, la ministra Piña intentó cambiar las reglas de la votación.

El hecho es que fracasó la derecha de nuevo. Supuso que, al adueñarse de la SCJN, usándola para afianzar su narrativa golpista y violentar el orden constitucional y el estado de derecho, tendría un poder a su servicio para imponer su narrativa y rumbo a un país que votó en contrario. La jugada de la ministra presidenta Norma Piña, pretendiendo cambiar las reglas de la votación al afirmar que no se necesitaban 8 votos sino 6, no solo la exhibió como una vulgar golpista, sino como una jurista dispuesta a torcer la ley sin pena, en transmisión directa por el canal oficial de la SCJN. La ministra y sus 6 amigos deberían renunciar, pues su circunstancia en la SCJN no tiene un buen camino. La derrota es profunda.

Si bien, la derecha mexicana busca posicionarse como supuesta defensora de la legalidad, al empujar a la SCJN y el Poder Judicial en su aventura anti “reforma judicial”, prácticamente ha logrado lo contrario. Su intención de convertir a la SCJN en el supremo poder conservador, le ha propinado a los ministros y ministras que son parte de la intentona golpista, reveses de todo tipo. Si los 8 pensaban retirarse como prestigiosos juristas, tendrán que pensar si continúan, no solo como ministros de la SCJN, sino también como arietes de las intentonas golpistas derechistas. La peligrosidad del jefe del cartel de la derecha, Claudio X. González, es evidente. Sus torpezas políticas, planes golpistas y narrativas, con todo y los fiascos que arrastra, ponen en peligro los cambios por los que los mexicanos votaron.

En este sentido, las derrotas de la derecha dejan ver a un grupúsculo de golpistas y fascistas, cuya furia podría impactar de diverso modo al país, pues no se conforman con sus derrotas y menos parecen aprender de sus fracasos. Apenas pierden una bandera, inventan otra, pero el problema es que cuentan con algunos apoyos soterrados a nivel extranjero. En el caso del derechista Claudio X. González, sus organismos disfrazados de organizaciones de la sociedad civil, se sabe que reciben financiamiento de instancias de Estados Unidos claramente intervencionistas. La USAid y la NED (National Endownment for Democracy), CIA, DEA, entre las más conocidas, financian golpes de estado y grupos abiertamente contra los gobiernos progresistas de América Latina. Tampoco olvidemos los criminales bloqueos a Cuba y Venezuela impuestos por EEUU.

Sin duda, no se cerró el caso promovido por la SCJN y el Poder Judicial. Haber perdido la votación que intentó declarar inconstitucional la Constitución, no finaliza el embate legaloide –Lawfare- contra la 4T y la presidenta de México. Una nueva campaña se está reforzando, sobre todo con el triunfo de Donald Trump, la cual retoma la intentona de vincular a AMLO y Claudia Sheinbaum con el narcotráfico, pero con la variante del narcoterrorismo. La intención de la derecha, en particular el PAN y su fracasado líder, Marko Cortes, es vincular las recientes situaciones de violencia en Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas, con el narcoterrorismo. En las últimas semanas, el lidercillo panista ha exigido declarar a los carteles del narcotráfico como narcoterroristas, lo que implicaría abrir las fronteras del país para favorecer la invasión de Estados Unidos. De esto va la reciente campaña de la derecha y el fascismo mexicanos.

¿Dos Constituciones?

 

El sedicioso y golpista exministro fascista Cossío lanzó una serie de sentencias ilegales y sin sostén jurídico en una “entrevista” con la fascista Azucena Uresti en Radio Fórmula, con la admiración y deseo de derrocar a la presidenta de México de la primera, y las mentiras y golpismo del segundo para alimentar a una ignorante mujer y su auditorio en contra del marco constitucional vigente. El sedicioso y golpista exministro señaló que de favorecer las patrañas del ministro González Alcántara Carrancá y, que de incurrir en desacato, tanto la presidenta como las tres terceras parte de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, serían destituidos y encarcelados. El exministro sabe bien que eso es imposible, pero los uh y ah de la fascista Azucena Uresti, en su ignorancia e imbecilidad, cree que es posible. Era notable la fascinación fascista de la locutora.

Con todo, la supina ignorancia de la locutora de Radio Fórmula no sustituye a la realidad. De caer en desacato, como lo imagina lascivamente el exministro Cossío, amanuense del junior tóxico Claudio X. González, la presidenta de México y el Poder Legislativo no pueden ser tocados. Primero porque esa acusación es ilegal en todos sus términos. La SCJN aceptó una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad de partidos políticos que carecen de interés jurídico. Es decir, que sus recursos son ilegales. Segundo, es la SCJN la que está violentando el estado de derecho y el orden constitucional, no la presidenta de México. Tercero, el absurdo del exministro al afirmar que habría dos constituciones, es parte de la cadena de irregularidades en la que cae diariamente la SCJN y sus 8 ministros golpistas, porque el texto constitucional vigente está por encima de lo que decidan.

La SCJN, como muchos juristas y constitucionalistas han dicho, no es legisladora. Solo el Constituyente (Mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos locales) puede modificar la Constitución. El mandato del 2 de junio de 2024 es claro: se le dio a la 4T mayorías para modificar la Constitución y las leyes necesarias que favorezcan al pueblo. Acorde con recientes encuestas, 70% de los mexicanos apoyan a la presidenta de México, es decir, poco más de los votos que recibió en las urnas. En tanto, los 8 ministros que pretenden legislar y modificar la Constitución, no fueron electos por los ciudadanos. Son producto, en todos los casos de propuestas de anteriores presidentes y de cuotas partidistas. Es claro que esos 8 ministros, sin olvidar a un ministro y una ministra que traicionaron a AMLO, están políticamente inclinados a la derecha y fueron parte de negociaciones para favorecer al PRIAN.

En este sentido, la SCJN y el Poder Judicial no pueden presumir –peor si Ernesto Zedillo lo hace en el Washington Post, expresidente que aniquiló la SCJN existente durante su mandato para nombrar una a su modo- de independencia y neutralidad. En esa época, nunca fueron cuestionadas las privatizaciones, el FOBAPROA que obliga a los mexicanos a pagarles billones de pesos a banqueros y empresarios corruptos, las masacres de Acteal y Aguas Blancas, y otras ilegales medidas que ningún ministro tocó. Incluso, esa SCJN zedillista liberó a los asesinos de Acteal, según los cuestionables resultados jurídicos de un grupúsculo de estudiantes y abogados del CIDE, CPI del CONACYT que fue colonizado y capturado por los neoliberales, para ponerlo al servicio de las elites y la delincuencia de cuello blanco y criminales de todo tipo.

A unas horas de que 8 ministros decidan dilapidar lo que les resta de vida profesional por violentar el estado de derecho y el orden constitucional, los medios corporativos golpistas intentan erigirse en los prístinos defensores, no de la Constitución, tampoco del estado de derecho, menos del orden constitucional, sino de un grupúsculo de privilegiados que representa a la derecha y la oligarquía que intentan recuperar lo que la democracia les arrebató. No fueron votados unos y otros perdieron estrepitosamente en las urnas. Los ciudadanos tomaron decisiones.

Poder absoluto

 

Los medios corporativos golpistas, la mafia derechista y la “izquierda buenaondita” se retuercen ante la aprobación de la supremacía constitucional. En realidad, salvo una serie de previsiones que fueron retiradas para dar certeza a defensores de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, se elevó a nivel constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo. Durante varias semanas jueces y magistrados han estado lanzando amparos ilegales con la finalidad de bloquear la reforma judicial, cuya constitucionalidad no puede ser puesta en duda, mientras la SCJN se autodesigna revisora y recibe acciones de inconstitucionalidad y otras ilegalidades, siendo que la Constitución mexicana es muy clara: la SCJN no puede declarar inconstitucional la Constitución. Finalmente, el Poder Judicial, aunque el Consejo de la Judicatura Federal ordenó terminar con su ilegal paro, sigue intentando golpear a la presidenta y la 4T.

Con todo, recordemos que, en su momento, la derecha tuvo el “poder absoluto” y modificó la Constitución a su antojo. Y ahora la derecha miente, porque el “poder absoluto” es simplemente lo que el Constituyente decida, el cual está respaldado por 36 millones de votos. La mayoría de los mexicanos votaron porque Morena y sus aliados, para que reformaran la Constitución, a pesar de la derecha y la “izquierda buenaondita”. No olvidemos que el “poder absoluto” por el que pelean la SCJN y el Poder Judicial, tanto en los medios corporativos y en menguadas marchas, a las que obligan a asistir a algunos empleados de jueces y magistrados, como por medio del uso faccioso y mentiroso de la ley –amparos, acciones de inconstitucionalidad, aceptación de trámites a amparos y acciones promovidas por entidades que no tienen personalidad jurídica-, defendió en su momento al narco Genaro García Luna, a través de emplear a gente parte de su estructura criminal y la liberación de cuentas de la esposa para llevarse fuera del país. También, la SCJN, ministros, jueces y magistrados, han favorecido a los magnates mexicanos para no pagar impuestos, como es el caso del dueño de TvAzteca y Eleketra, además de liberar delincuentes de cuello blanco y criminales los sábados.

La supremacía constitucional puede tener un uso faccioso, acorde con los partidos políticos que tengan mayoría calificada en el Congreso de la Unión, por lo que no está demás cuestionar sus implicaciones, pero rechazarla también puede llevar al país a crisis institucionales y embestidas golpistas provenientes de la SCJN, le Poder Judicial y la oligarquía. No se olviden los golpes de estado perpetrados por la derecha y Estados Unidos en Latinoamérica, por medio del uso faccioso de la ley-Lawfare-, los medios corporativos y las fuerzas armadas, los cuales dejaron estelas sangrientas de represión, asesinatos, desapariciones y exilios forzados. En este sentido, la supremacía constitucional busca ser un muro que detenga las ilegalidades y mentiras de partidos políticos, ministros, magistrados, jueces, y en general de sectores derechistas de la oligarquía mexicana y extranjera.

El reciente galimatías del ministro Alcántara Carranca, quien pretende declarar inconstitucional la Constitución mexicana, postura que exhibe bien las arbitrariedades de la SCJN y el Poder Judicial. Los ministros que la apoyen, podrían ser objeto de juicios políticos o, en algún momento, que la presidenta de México use una facultad presidencial que tiene: disolver la SCJN, como lo hizo el criminal Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fabricó con el Congreso que entonces estaba vigente, un decreto que desapareció la SCJN y conformó otra SCJN a modo. No se espera que se ejerzan ambas facultades –juicio político y disolución de la SCJN-, porque tanto la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión como la presidenta de México, comparten una postura que favorezca el estado de derecho y el orden constitucional, mientras la SCJN y el Poder Judicial pretenden generar una crisis constitucional para hacerse del poder absoluto que le reclaman al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

Sin salida

La SCJN podrá, en un momento dado, decidir que su “revisión” de la reforma judicial va, pero será una decisión ilegal totalmente. Los 8 ministros que insisten en revisar la constitucionalidad de la Constitución, están cada día más desacreditados, mientras el Poder Judicial se derrumba entre paros ilegales, gritos, amparos y presiones de grupos de interés, políticos y económicos, que están acelerando la crisis política y social del Poder Judicial y la SCJN. La pretensión de la SCJN y sus acompañantes privilegiados y elitistas, de convertirse en el gran vigilante, el gran hermano, parafraseando a George Orwell, quien en su extraordinario libro, 1984, dibujó a un gobierno totalitario y autoritario que vigila y domina la vida cotidiana de todos los ciudadanos, es a lo que finalmente apuestan 8 ministros, algunos de ellos por dejar su silla en la SCJN.

¿Soberbia? ¿Insensatez? ¿Estupidez? O es solo la agenda de la derecha partidista y la oligarquía. En días recientes aceptaron más acciones de inconstitucionalidad claramente ilegales, llevadas a la SCJN por el PRI, el PAN y otros actores políticos. Ya son más de 150 amparos y acciones de inconstitucionalidad. En este contexto, la SCJN está acumulando recursos para lo único que le queda: ir a Washington, a la OEA, a exigir la intervención de la CIDH. Ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, por lo mismo, y acudir a la Unión Europea. Es decir, si la tergiversación y violación de la Constitución no le funcionan, el corrupto Poder Judicial gritará “gobierno autoritario y dictatorial”, para que internacionalmente acosen y presionen a México. En el país, la mayoría de los mexicanos siguen comprometidos con la reforma judicial, y rechazan al grupúsculo que ilegalmente estuvo en paro y vociferaba contra de la presidenta de México, la 4T y Morena.

La pretensión del Poder Judicial de suplir, de manera autoritaria y dictatorial, al Congreso de la Unión, cuyo Constituyente –que incluye a los Congresos estatales- es el único con atribuciones para reformar la Constitución y legislar en diversos planos, no solo viola el estado de derecho, sino también la vida democrática en nuestro país. Los recientes amparos “definitivos”, acompañados de amenazas contra la presidenta de México, buscan desestabilizar al país. Lo que finalmente está metiendo al Poder Judicial en un camino sin salida. La mayoría de los mexicanos votó por Claudia Sheinbaum y el famoso Plan C, el cual planteaba la reforma constitucional. Acorde con la más reciente encuesta de De las Heras-Demotecnia, la aprobación de la mandataria roza el 70%, incluso más de los votos que recibió en las urnas para asumir la Primera Magistratura del país. Su triunfo es legal y legítimo, además de que recibió el mandato popular para reformar la Constitución.

Desesperados, los “paristas” del Poder Judicial, inventan una “contramañanera” que solo sirve para seguir hundiéndolo, a pesar de tener a sus órdenes a todos los medios corporativos golpistas, mientras el Consejo de la Judicatura Federal, por cuatro votos a favor y 3 en contra, incluido el de la ministra presidenta de la SCJN, ordena el regreso a los juzgados, sugiriendo que se podría usar la fuerza para abrirlos si es que hay oposición. Seguir con el ilegal paro, con los medios corporativos a su favor, no les ha servido de mucho. La mayoría de los mexicanos los rechaza y sigue empujando la reforma constitucional. Los “paristas” lo saben. Los 150 amparos que lanzaron para detener al INE, no les sirvieron de mucho. El TEPJF confirmó que es “constitucionalmente imposible” detener el proceso electoral para elegir a jueces y magistrados en 2025. Y la diatriba amenazante de juezas, jueces y magistrados, solo causa risa, tanto de la presidenta de México como de millones de mexicanos.

Otro fracaso de Claudio X. González, quien de seguro repartió millones de pesos a nombre de la oligarquía golpista, de los medios corporativos, cuya letra y habla de sus comentócratas, aunque bien pagadas, no logra conectar con la gente, y de los partidos derechistas PRIAN y MC. De seguir con su basura se seguirán hundiendo y hundirán aún más al Poder Judicial y la SCJN. 

No a la provocación

 

Ante el ilegal intento de 8 ministros de la SCJN, para “revisar” la constitucionalidad de la Constitución, por su ilegal y absurda decisión de dar trámite a solicitudes de jueces y magistrados que buscan controvertir la reforma judicial, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es contundente. El Poder Judicial, en la desesperación y sin razón, está inventando una crisis para desestabilizar al gobierno y al país. Los leguleyos aplauden la cínica y golpista decisión de la SCJN, pero saben que no se trata de un asunto jurídico, sino político. Tanto la presidenta como el Poder Legislativo, han dicho que la reforma judicial se aplicará independientemente de los amagos ilegales. Los ministros golpistas podrán concluir que la SCJN si puede “revisar”, pero jamás contarán con los medios para que sus extralimitaciones funcionen.

La admisión a “análisis”, como afirmó la corrupta ministra Margarita Ríos Farjat, quien llegó a la SCJN por propuesta de AMLO, corrompida rápidamente y cómplice golpista del Poder Judicial que no hace justicia, sino protege intereses de grupos económicos y políticos que mueven a los 8 ministros, es ilegal. Quizás el intento golpista se les aguó, como sentenció la presidenta de México, pero es necesario que los mexicanos estemos atentos ante el amago judicial que 8 ministros pretenden construir como camino para invalidar la propia Constitución mexicana. La desesperación, la estupidez, el golpismo dominan, no solo al Poder Judicial en su conjunto, sino sobre todo a 8 ministros que buscan que la SCJN no solo viole la Constitución, sino también se convierta en el supremo poder, intentando someter al Constituyente y al Poder Ejecutivo.

Al rechazar la provocación, la presidenta de México llamó a los amagos del Poder Judicial, la SCJN, 8 ministros y los trabajadores, jueces y magistrados, en ilegal paro, por lo que siguen cobrando sus onerosos salarios los segundos, mientras los primeros defienden la corrupción y saqueo al que están acostumbrados, “golpe aguado”. Y la ministra Lenia Batres, una de las tres que votaron en contra de la “revisión”, retó a los 8 ministros a que le digan en que parte de la Constitución se dan atribuciones a la SCJN para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. No hay duda que 8 ministros corruptos y saqueadores buscan disparar una crisis política para imponer reglas que de las que carecen atribuciones constitucionales. Por ello es necesario que los ciudadanos vislumbren la ilegalidad en la que actúa la SCJN.

Para aprobar la “revisión”, los 8 ministros manipularon un artículo de una ley secundaria de la propia SCJN que no le otorga la facultad de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Los ministros golpistas inventan un trámite a partir de mentiras, manipulación y escenarios políticos, esperando que la provocación tenga algún resultado. Recordemos que tanto al Ley de Amparo como la Constitución prohíben expresamente que una reforma constitucional sea controvertida. La Ley de Amparo es clara: ningún amparo puede ser otorgado o tiene validez cuando una reforma constitucional es llevada a cabo. Ni siquiera sugiere que el procedimiento del Constituyente pueda ser “revisado”. Por su parte, la Constitución es clara ante las reformas constitucionales: establece claramente la ruta para su discusión y aprobación. Asimismo, en ninguna parte de la Carta Magna otorga facultades a la SCJN y al Poder Judicial para revisar, suspender y controvertir una reforma constitucional.

Como la presidenta de México dijo: es una provocación de la SCJN y el Poder Judicial. Sin duda es una maquinación política para acudir a instancias internacionales, armar otro escándalo ante la corrupta OEA, organismo que obedece a Washington y la derecha internacional. Se trata de que la CIDH intervenga con decisiones que vulneren la soberanía nacional. El Poder Judicial y la SCJN pretenden que un organismo internacional controvierta la Constitución mexicana, pero sus perversos oficios seguro serán rechazados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el pueblo.

Caos mediático, digital y judicial

 

Los medios corporativos, las redes sociales y el Poder Judicial, están empeñados en hacer del caos su peor estrategia para demostrar que el poder de las elites políticas y la oligarquía marcarán la presidencia de Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial orquestó una maniobra para forzar una ruptura institucional que generara una crisis constitucional, en la que la requisa, los juicios políticos y las inhabilitaciones pudieron alcanzar a jueces, magistrados, ministros y trabajadores, lo que hubiese aplaudio a la derecha internacional y sus organismos como la OEA, la CIDH, la ONU, el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado, muy dispuestos a intervenir, sin descartar una invasión militar, por los gritos de “presos y perseguidos políticos”, a pesar de que el podrido Poder Judicial es uno de los principales instigadores del caos.

El Poder Judicial, ha operado, durante casi todo el sexenio de AMLO, una guerra legal –Lawfare- contra el gobierno legítimo y democráticamente electo. La liberación de delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes, miembros de carteles delincuenciales, descalificación de reformas –la eléctrica entre las más importantes-, fallos a favor de empresarios que no pagan impuestos, congelamiento de demandas por adeudos fiscales, uso faccioso de la ley, entre otros, culminan ahora con las ilegales huelgas y paros de ministros, jueces, magistrados, trabajadores, amparos que buscaron detener la discusión y aprobación de la reforma judicial. No es que al Poder Judicial importe la legalidad y los derechos de sus trabajadores y los ciudadanos, sino que le interesa defender sus privilegios, corruptelas, saqueo y protección a delincuentes, elites políticas y la oligarquía.

Como parte del caos, con la reforma constitucional aprobada y en espera de ser operada con sus leyes secundarias y demás normativa, Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, vuelve a aceptar “consultas” de jueces que esperan controvertir la reforma judicial, sin importarle que el Poder Judicial estaría violentando el marco constitucional y la misma Constitución. En esta línea está transitando la llamada “izquierda verdadera” o la “izquierda buenaondita” al gritar que AMLO le deja a la ya, en breve, presidenta constitucional un “grave” problema, con lo que pretenden que el nuevo gobierno continuara atado a las veleidades de la guerra legal de la derecha, en la que el Poder Judicial juega un papel fundamental sostenido en la normativa actual. Al parecer, a la derecha y la izquierda en México les va bien con el viejo régimen. No vislumbran que la reforma judicial busca cambiar de fondo, no solo la impartición de justicia, sino también que la justicia sea para todos los mexicanos.

A los medios corporativo y sus escribanos no les importa la impartición de justicia y que todos los mexicanos accedan por medio de un piso parejo a la justicia, les importa defender al establishment porque de ese modo se garantiza la complicidad, la impunidad, el saqueo y la corrupción. No olvidemos que varios medios corporativos eran beneficiarios de la distribución de medicamentos, la concesión de hospitales y cárceles, incluida una pista del NAIM de Texcoco, entre otros negocios en los que el dinero público fluía para los bolsillos de los propietarios de los medios y para sus escribanos. Sin duda, todos eran activos participantes de la corrupción y el saqueo, por lo que su activismo en el caos mediático es muy importante. Las redes sociales han escalado su golpismo por medio de inyecciones de recursos privados y públicos, para golpear a AMLO, la 4T, Morena, Claudia Sheinbaum y los mexicanos que apoyan la transformación.

El caos mediático, digital y judicial sigue en marcha. Los intentos por desacreditar al próximo gobierno será una constante, lo que hará de la presidenta constitucional y la 4T, un baluarte en contra del golpismo de la derecha y el fascismo. Los mexicanos decidieron seguir con los cambios, quienes buscan impedirlos repelen la democracia y la decisión mayoritaria de un pueblo.

La tiranía de las mayorías

 

En una pasada reflexión escribí sobre la derecha creativa. Lo que la derecha llama “la tiranía de las mayorías” es una narrativa que intenta descalificar la democracia y el voto libre. Es decir, es malo que los ciudadanos den su voto mayoritario a una determinada fuerza política, porque ese voto condena a las minorías a ser minoría. Sin duda, es la narrativa de la derecha y el fascismo. En México, la participación ciudadana ha estado cambiando, a pesar de las mañas y triquiñuelas de la derecha. Después del fraude electoral de 1998, orquestado por el gobierno priista, en 2006 y 2012, el PRIAN operó de nuevo para intentar detener el voto ciudadano. Porque los dos últimos fraudes electorales, no solo se trató de la figura de AMLO como líder político y social, cabeza de un movimiento transformador, sino también de los mexicanos que experimentaron tales fraudes, y sabían que su voto fue burlado. En estos procesos, la estafa de la transición y la traición de Vicente Fox a una elección que lo llevó a la presidencia, jugó un papel importante.

Si la derecha supone que las dos últimas elecciones presidenciales -2018 y 2024- llevan a la sociedad mexicana al autoritarismo y la tiranía de las mayorías, es porque ocultan su propia debacle. No es que no hayan entendido la nueva realidad, como incluso entre los medios alternativos y la “izquierda verdadera” youtubera se plantea, sino que sus fracasos en las urnas, a pesar del apoyo de los medios corporativos golpistas, la derecha empresarial, el financiamiento de Estados Unidos y la Unión Europea a dizque organizaciones de la sociedad civil, reflejan que hace años dejaron de representar a los mexicanos. Incluso, hasta sus bases se han ido diluyendo. Sus derrotas nada tienen que ver con el autoritarismo y la tiranía de las mayorías. AMLO gobernó con el apoyo de millones de mexicanos. Claudia Sheinbaum, no solo refrendó la necesidad de dar continuidad a la transformación, sino que también gobernará con mayorías que rechazan a una minoría que sigue con sus mismas mañas, corruptelas, saqueo y triquiñuelas.

La derecha mexicana continúa viviendo una realidad alterna en la que la manera en que la gente del PRIAN sigue actuando, un modo de hacer política normalizado que tiene a la corrupción y el saqueo como elementos centrales, prevalece. La tiranía de las mayorías fue intentada conceptualizar por intelectuales de derecha, pero fallaron, pues les niegan a muchos ciudadanos, no solo ser reflexivos, sino hacer su voto válido como a sus intereses convenga. 36 millones de mexicanos votaron por Morena y Claudia Sheinbaum, mientras la derechista Xóchitl Gálvez fue rechazada de modo contundente. La tiranía de las mayorías es otro recurso narrativo de la derecha para descalificar a la ciudadanía y la democracia en general. A la derecha no le resulta cómoda una mayoría votante, menos una mayoría legislativa. En el caso de la reforma judicial, jueces y magistrados han interpuesto amparos que resultan en simples golpes mediático, tanto para la derecha y la oligarquía nacional como para los gobiernos extranjeros intervencionistas.

Ningún amparo contra la reforma judicial constitucional procede. Así lo prevé la Constitución y la Ley de Amparo. Entonces, no es que la derecha no conozca las leyes o sus abogados sean ignorantes. Suponen que el impacto mediático a nivel nacional e internacional, facilitará la intervención de gobiernos extranjeros golpistas, como Estados Unidos, organismos multilaterales –ONU, OCDE, FMI, BM, BID, OEA-, calificadoras desestabilizadoras, organizaciones de la supuesta sociedad civil. Pero esta intervención, aunque se haga a nombre de la democracia, en realidad está cargada de intereses políticos, económicos, financieros, extranjeros. La “tiranía de las mayorías” es un simple epíteto para negar a los pueblos del mundo ejercer su soberanía, participar para tomar las decisiones en entornos que les afectan, votar por mayorías calificadas para que legislen a su favor. El Poder Judicial está podrido, no ofrece justicia a las mayorías, solo a quienes pagan los favores de jueces, magistrados y ministros.

Neoliberalismo y Poder Judicial

 

Es claro que la defensa ilegal, mentirosa y belicosa del Poder Judicial, va más allá de los privilegios, abusos, complicidades y uso faccioso de la ley a favor de la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia organizada, los políticos corruptos y la oligarquía. A inicios de su sexenio, AMLO declaró extinto el neoliberalismo, pero fue en realidad una narrativa política que favoreció la concientización de millones de mexicanos, porque el programa neoliberal sigue vigente. Los mejores ejemplos, son los bancos, cuyas obscenas ganancias ascendieron a más de 200 mil millones de pesos el año pasado, y la concentración de riqueza y poder en pocas manos, destacando un puñado de mexicanos y sus familias con miles de millones de dólares en sus arcas. En ambos casos, ganancias y enriquecimiento son producto de las políticas neoliberales que delinearon durante más de 30 años el saqueo y corrupción en México.

La injerencista postura de congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas, inventando una supuesta afectación de la reforma judicial al TMEC, es clara: no están defendiendo la democracia, sino a las corporaciones de su país y el saqueo y corrupción que han practicado durante siglos en México, con la venia de la derecha y el Poder Judicial, en diferentes momentos de la historia mexicana. De acuerdo con esa carta, el maíz transgénico, el fracking, el litio, el sector eléctrico, las instancias supuestamente reguladoras y autónomas, destacan en su defensa. Es decir, sus alegatos, además de mentirosos, manipuladores, injerencistas, imperialistas, buscan que el Poder Judicial mexicano siga como está, pues las corporaciones, transnacionales y demás empresas estadounidenses, usan cotidianamente al Poder Judicial para imponer sus intereses corporativos. El maíz transgénico, de una industria altamente subsidiada por el gobierno de Estados Unidos, busca ser impuesto al pueblo mexicano, a costa de su producción y alimentación milenaria.

El fracking es una de las prácticas extractivas más contaminantes, invasivas y ambientalmente insostenibles. Contamina el agua a raudales y provoca daños irreversibles, pero a las corporaciones estadounidenses lo que menos les importa es el cambio climático y el ambiente. Les importan los negocios, el dinero. El litio es un material que en las recientes décadas adquirió gran importancia, particularmente para el desarrollo de tecnologías supuestamente limpias. La industria automotriz e informática, encabezan la lista de las ambiciones del capitalismo salvaje. Y las transnacionales estadounidenses buscan apropiárselo para su beneficio sin importar el daño ambiental. El sector eléctrico es una de las industrias más deseadas, sobre todo por los subsidios gubernamentales que favorecen a los privados y las ganancias de un mercado desregulado.

Los órganos supuestamente reguladores y autónomos, fueron instancias impuestas por el FMI, BM, BID, acorde con las políticas neoliberales, cuyo principal interés es favorecer a las corporaciones extranjeras y nacionales, desregulando el mercado, imponiendo prácticas empresariales y reduciendo la operación de las empresas estatales. Organismos como la COFECE, INAI, entre otros, no responden a los intereses de la ciudadanía –usuarios y consumidores, acorde con la terminología neoliberal que desfigura a las personas y las convierte en simples individuos compradores- sino a lo que a las empresas privadas importa. Por ejemplo, en el sector eléctrico, se impusieron una serie de normas que usaban la red eléctrica nacional y el presupuesto público a favor de las transnacionales, las que imponían las tarifas eléctricas que se les antojaban. El INAI, suele restringir datos y sospechosas acciones fraudulentas de políticos, empresarios y empresas, además de que sus “consejeros” viven con grandes privilegios.

Sin duda, la defensa del Poder Judicial es la defensa del neoliberalismo que aún subsiste. Un neoliberalismo declarado políticamente extinto por AMLO para promover la concientización de México. Transformar el Poder Judicial, será, ahora sí, declarar la muerte neoliberal.

De minoría descalificada a mayoría calificada

 

Durante 36 años, el PRIAN ejerció su mayoría implacablemente. En ese lapso, hizo cambios trascendentales a la Constitución mexicana, haciendo del país, no solo un mercado abierto en el contexto de la globalización y el libre comercio, sino también un territorio para explotar, saquear, contaminar, arrebatar a los mexicanos sus tierras, recursos naturales y formas de organización. Miles de mexicanos fueron expulsados de sus vidas y localidades con la promesa del primer mundo, pero cayeron en las trampas del mercado capitalista: no pasaron de ser consumidores y trabajadores endeudados con salarios precarios y anclarse en la pobreza, mientras la tecnocracia, los gobiernos del PRIAN, los partidos políticos, algunos funcionarios públicos, patrimonializaban el dinero público y convertían muchas instituciones públicas en medios de transferencias de dinero público para los bolsillos de las elites de cuello blanco y sectores oligárquicos.

Los cambios que en su momento operó el PRIAN para reformar la Constitución y la ley electoral, fueron para favorecer a ambos partidos políticos en el Congreso de la Unión y sus gobiernos traidores (Vicente Fox), espurios (Felipe Calderón) y fraudulento y corrupto (Enrique Peña Nieto). Si bien en 2018 ganó AMLO, no consiguió asegurar mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y de Senadores, aunque sí mayorías simples. Asimismo, el Poder Judicial se alineó a la derecha partidista, políticos corruptos y saqueadores, y la oligarquía, con la finalidad de detener cualquier reforma constitucional promovida por AMLO y sus legisladores. Pero el pasado 2 de junio de 2024, los ciudadanos iniciaron otra rebelión democrática al otorgarle a Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, y a Morena, PT y PVEM, los votos suficientes para operar reformas constitucionales, como la del Poder Judicial para que la justicia llegue.

A la derecha no le importa la justicia. Al articular el coro medios corporativos-redes sociales a favor de violar la Constitución, mostraron su talante golpista y fascista. Su mayoría se esfumó desde 2018, pero siguen pretendiendo tenerla –ya no en el Congreso, pero sí entre la ciudadanía- aunque mientan e inventen cualquier realidad alterna. En este contexto, observamos cómo los papeles de han invertido. AMLO y Morena, fueron, antes de 2018, atacados sin cesar. Eran la minoría descalificada, mientras la derecha PRIAN y su adherente el PRD, se alzaban como la mayoría calificada. Entre 2018 y 2024, cambios profundos se han operado entre la ciudadanía, la que ha decidido convertir a Morena y sus aliados PT y PVEM, en una mayoría calificada. No se trata nada más de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, sino de facto.

El 2 de junio de 2024, millones de ciudadanos salieron a las calles para votar por profundizar los cambios que la 4T, AMLO, Morena, PT, PVEM, pregonan. No se trata nada más de reformas constitucionales, sino también seguir promoviendo la concientización, reposicionar a los ciudadanos, particularmente los más vulnerables, como sujetos de la historia y su historia individual y colectiva. El proceso civilizatorio mexicano tiene que pasar por la fundación real de una sociedad de derechos, pero no los que muchas organizaciones no gubernamentales o de la llamada sociedad civil han secuestrado para sus fines elitistas y acorde con los designios de la derecha y la oligarquía. Los derechos tienen que estar respaldados por la Constitución. El derecho a la justicia, por ejemplo, tiene que estar garantizado por la nueva mayoría calificada. La gente votó por reformar al Poder Judicial para ponerlo al servicio del pueblo, de las mayorías, no de las elites partidistas, los delincuentes de cuello blanco, los narcos y la oligarquía.

Por ello es crucial que el TEPJF cumpla con su papel, respaldando a la mayoría calificada, más allá de las fobias derechistas, las que promueven una campaña de odio y desprecio, no solo en contra de Morena y sus aliados, sino también en contra de la mayoría de los mexicanos que votaron para convertirse en la mayoría calificada de este país. No es nada más el Congreso. Es el país.

Injerencismo y desestabilización

 

Para el éxtasis de la oligarquía, la derecha partidista, los medios corporativos y sus escribanos golpistas, el injerencista y desestabilizador embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, “habló fuerte y contundente”, contra la reforma judicial. Ignoran que hace unas semanas la postura de este personaje fue contraria. El hecho es que repite la conocida historia del injerencismo estadounidense en México, la que ha implicado invasiones militares, desconocimiento de gobiernos y desprecio a la soberanía. Al parecer, Joe Biden pretende abrir un frente guerrero al norte de América, con el discurso de su embajador, quien pisotea sin ambages una relación bilateral que prende de delicados equilibrios discursivos y el comercio. El presidente Biden abre también un frente político electoral que busca minar la retórica intervencionista, racista y guerrerista del candidato republicano Donald Trump, en sus andanadas electoreras contra la población mexicana nacida y residente en la Unión Americana, y contra México.

Ignorante como muchos estadounidenses de clase media blancos, al parecer devoto de los Tink Tank derechistas y fascistas de Estados Unidos, el embajador Salazar, desde su chato protestantismo –afirmó la intromisión de entes “diabólicos- vinculó la reforma judicial, en particular la elección popular de jueces, magistrados y ministros, con el comercio bilateral, el narcotráfico y otros aspectos, buscando proteger a bancos, empresas, financieros, calificadoras, etc., de su país. La justicia y la pudrición del Poder Judicial mexicano, no es preocupante. Al contrario, la oligarquía de su país hace negocios en México con la anuencia del corrupto Poder Judicial. A las empresas, bancos y demás “entes diabólicos” del capitalismo estadounidense, les preocupa perder el manto protector de un Poder Judicial podrido, al servicio de los poderes fácticos. El poder económico, tanto nacional como internacional, hacen negocios en los mejores términos del capitalismo salvaje, corruptos y saqueador.

En ninguna parte de su discurso, el embajador Salazar hace mención de que el Poder Judicial mexicano no imparte justicia -70 mil casos que al menos desde hace 15 años no han sido resueltos- pero libera delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes. Asimismo, está hundido en la corrupción y el saqueo. Excepto la defensa de los bancos, empresas y negocios estadounidenses, al embajador de Estados Unidos, no le interesa lo que realmente anima la reforma judicial. 36 millones de mexicanos votaron el 2 de junio de 2024, incluyendo a prácticamente a todos los sectores y clases sociales de la sociedad mexicana, apremiando a Morena, PT y PVEM, a reformar el Poder Judicial. La oligarquía, los delincuentes de cuello blanco, los narcos, no sufren lo que miles de mexicanos cuando enfrentan al Poder Judicial –con razón o no- porque el poder del dinero, las corruptelas, los privilegios, la connivencia, dominan. Al embajador le hace falta información: periodistas de investigación y estudios de diverso tipo han documentado los vínculos entre jueces, delincuentes de cuello blanco y narcos, nepotismo, privilegios para unos pocos, saqueo, corrupción.

Como quiera, a Joe Biden, bancos, empresas, calificadoras, inversionistas, no les interesa la impartición de justicia y un Poder Judicial que no sea corrupto y saqueador. Negocios son negocios, sin importar si se corrompe a jueces, ministros y magistrados, para favorecerlos. En la larga lista destacan el maíz transgénico, el fracking, las energías “limpias”, la venta y distribución de gasolinas y otros combustibles, las inversiones en diversos sectores económicos, la minería a cielo abierto, la contaminación, el uso de agrotóxicos prohibidos en Estados Unidos, el pago de impuestos. Ahora bien, no solo se trata de negocios, también de dominar y desestabilizar al próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el intervencionismo, injerencismo y desestabilización de Estados Unidos. Los mexicanos ya lo saben.

Sobrerrepresentación y letrismo: torcer la ley

 

La derecha mexicana tiene una agenda política e ideológica bastante creativa. No pasa un día en la que inventan nuevos términos y realidades alternas, a los que rellenan de supuestos argumentos que reivindican su proclividad a torcer la ley. En diferentes momentos, la derecha gritó “la ley es la ley”, en distintos escenarios. Las marchas rosas fueron operadas para vociferar “el INE no se toca”, “el Poder Judicial no se toca” y, en general, a todos y todo aquello que les favorece y que usan para oponerse a gobiernos democráticos o para derrocar a gobiernos progresistas. Hoy, la retórica de la “la ley es la ley” está muy activa de nuevo: de la llamada “sobrerrepresentación” llegan a intentar violar la Constitución exigiendo evitar el “letrismo”, es decir, piden al INE y al TEPJF no respetar la Carta Magna, porque lo que señala es simple “letrismo”. Exigen “interpretar” lo que la Constitución establece de acuerdo a sus intereses partidistas, políticos, elitistas y oligárquicos les interesa.

Si bien, la derecha mexicana puede presumir “creatividad”, el relleno de los términos y realidades alternas que promueven, son mentiras, vacíos argumentativos, simples exigencias ideológicas y políticas para sus intereses. En pasadas elecciones, nunca objetaron lo que la Constitución establece sobre la asignación de diputados, pues les favorecía. Hoy que esa disposición constitucional no favorece sus intenciones y la de las elites y oligarcas que la financian, exigen que no se le otorgue a Morena y sus aliados PT y PVEM, lo que constitucionalmente les corresponde. Y la derecha miente cuando dice que la coalición Sigamos haciendo historia al haber obtenido solo 54% de los votos quiere quedarse con el 75% del Congreso. Ese criterio no es el que prevalece para la asignación de las curules. Se usa el porcentaje de votos que los partidos políticos obtuvieron por distrito electoral. Morena y sus aliados ganaron en 85% de los distritos, pero ese porcentaje no define el número de curules que le asignaría, sino lo que cada partido político obtuvo en cada distrito.

Ahora bien, el “letrismo” que ahora aducen los abajofirmantes –la derecha golpista de nuevo- es una novedosa narrativa derechista para exigir que se viole la Constitución. No se puede hacer caso a la letra constitucional, dicen. Solo falta que declaren inconstitucional la Constitución. Recordemos que el presidente de la República envió una iniciativa para reformar la norma constitucional electoral que evitaba lo que la derecha llama hoy sobrerrepresentación, pero fue rechazada por la oposición. Es decir, de haber sido aprobada esa reforma, la discusión actual quizás estaría en otro polo, y no en intentar robar diputados y senadores legítimamente ganados por la coalición Morena-PT-PVEM. Porque no se trata nada más de Morena, sino que, de hacer caso el INE y el TEPJF del griterío derechista para violar la Constitución, la coalición Seguimos haciendo historia se vería fuertemente afectada, mientras la alianza neofascista PRIANRD obtendría más legisladores de los que realmente obtuvo el 2 de junio. Asimismo, se estaría violentando el mandato popular, pues claramente millones de mexicanos votaron por el Plan C.

La oposición suele ser “creativa” –AMLO, peligro para México, deriva autoritaria, narcopresidente, mesías tropical, etc.- con sus epítetos antidemocráticos, pero solo exhiben el vació de sus intelectuales orgánicos y partidos políticos que detestan la democracia. Si no obtienen lo que anhelan –aunque la realidad no les cumpla sus anhelos- arrebatan. En la campaña electoral de 2006, la derecha amedrentó a los ciudadanos con su perversa propaganda. Incluso, la hoy autollamada “izquierda verdadera”, se creyó lo del comunismo y el chavismo-castrismo. En 2012, operó una mafia derechista que trastocó la votación comprando a manos llenas votos, vendiendo una falsa imagen televisiva. En 2018 y 2024, los mexicanos dijeron basta. La violencia propagandística de la derecha es tan evidente, que los ciudadanos decidieron por sí mismos.

La pudrición del Poder Judicial

 

Mientras la presidenta de la SCJN, Norma Piña, reunía a diversos ponentes derechistas que favorecen la corrupción e impunidad de los poderes judiciales de sus países y en cualquier parte del mundo, y el sindicato del Poder Judicial en México amenaza con una huelga de aprobarse la reforma judicial, Mario Marín, el exgobernador que torturó y secuestro a la periodista Lydia Cacho, quien lo denunció por proteger a una red de pederastas y violentarla, era liberado por una jueza para que siga su proceso en la comodidad de su fastuosa residencia. Asimismo, en Oaxaca, un juez ordenaba la libertad del autor intelectual y sus cómplices por intento de feminicidio y violencia con químicos en contra de la saxofonista María Elena Ríos, hecho que finalmente fue revocado por una jueza, ante la flagrante violación de los derechos de la víctima a recibir justicia.

Ambos hechos se suman a la liberación de delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes. Es el Poder Judicial mexicano, podrido hasta el tuétano, en el que la gente no encuentra jamás justicia. Se sabe que más de 70 mil casos permanecen sin sentencia, después de más de 15 años de iniciado su proceso, además de que un alto porcentaje de esos juicios son inventados, gracias al dinero que reparten los acusadores para encarcelar a inocentes, aprovechando la corrupción e impunidad de la que gozan juzgadores y magistrados de cualquier nivel y distrito.

Recuerdo, de nuevo, el caso abusivo de Rodrigo de la Peza, juez de distrito que ordenó al TEPJF elegir a dos magistrados, afines a la derecha, para calificar la elección presidencial, cuando era evidente el abuso e invasión de jurisprudencia de un organismo que no está sujeto a jueces y magistrados ajenos a la materia electoral. Incluso, la SCJN rechazó la impugnación e intento de la derechista Xóchitl Gálvez de intervenir para detener la calificación de la elección presidencial, porque ese alto tribunal carece de atribuciones para intervenir en la conformación y decisiones del TEPJF. Los llamados “sabadazos” ya son parte de la norma judicial, aunque no sean legales, aprovechados por jueces y magistrados para liberar delincuentes de cuellos blanco y narcotraficantes.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en su alocución en su reunión internacional a modo, tuvo del descaro de declarar al Poder Judicial “patrimonio”. Es decir, la impunidad, el abuso, los privilegios, la corrupción, la justicia retorcida para quienes pueden pagar, mientras los vulnerables jamás obtienen justicia, son un gran patrimonio de unos cuantos. Si durante décadas, los gobiernos del PRIAN patrimonializaron las instituciones y el presupuesto público, para generar privilegios, corrupción y saquear a gobiernos de todo nivel y el Estado mexicano, la narrativa de Norma Piña, apunta a hacerle creer a la población que el Poder Judicial y la justicia son patrimonio de unos cuantos, particularmente de las elites, la oligarquía, la delincuencia de cuello blanco y los narcotraficantes.

Hoy 15 de agosto de 2024, fue un día histórico. La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo fue reconocida por el TEPJF como presidenta electa de México, la primera mujer que en 200 años gobernará la República a partir del 1 de octubre. En sus discursos, de recepción y celebración, la presidenta electa reiteró que la reforma al podrido Poder Judicial es un mandato popular. Asimismo, la integración de las Cámaras de Diputados y Senadores, es clara en la Constitución mexicana y la legislación electoral, por lo que deberá respetarse. La afirmación de la presidenta electa, hace énfasis, no solo en el caudal de votos que la llevó a la presidencia, sino también en los ciudadanos que ejercieron su derecho a votar, dándole a los partidos de la coalición Seguimos haciendo historia, los diputados y senadores suficientes para reformar la Constitución, en particular el Poder Judicial. También, denota los caminos que seguirá durante su mandato, en el que la transformación continúa y buscará profundizar lo hecho por AMLO.