Los “demócratas” y la comercialización de la política

 

No es extraño que un grupo de abajofirmantes del neoliberalismo se asuma como el único que “si sabe”, que debe de ser “escuchado” y que “tiene la razón” en diversos temas que atañen a la ciudadanía, el gobierno, el Poder Judicial y, hoy, la reforma electoral que viene. Un grupo que, en los hechos, fue artífice de fraudes electorales o que los legitimó. Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, como titulares del IFE y el INE, respectivamente, operaron los fraudes electorales de 2006 y 2012, aunque el segundo intentó ser “sutil”, legitimando la grosera compra de votos que le dio el triunfo a EPN. José Woldenberg, por su parte, garantizó y legitimó la simulación de Ernesto Zedillo que le entregó al PAN la presidencia de la República. Son quienes se autoasumen como “los demócratas”, los únicos que pueden dirimir qué es la democracia y cuál democracia es la que conviene a los mexicanos.

Sin embargo, revisando una de sus demandas, en la que exigen duplicar el número de plurinominales, es notable que lo único que proponen es una supuesta “igualdad” artificial de legisladores para quebrar la mayoría calificada de la actual coalición que llegó al Congreso de la Unión por la vía electoral y ha votado a favor de las reformas impulsadas por la presidenta de México. La representación de las minorías pasó de 100 en 1979 a 200 en 1986, convirtiendo en un jugoso negocio estas posiciones, las cuales son nombradas por las dirigencias partidistas; es decir, estos “legisladores” les deben sus privilegiadas curules a sus líderes, sean de izquierda o de derecha. Los otrora poderosos partidos, hoy de oposición, reparten curules, acorde con sus particulares intereses, no porque quienes ocupen esas posiciones sean expertos legisladores, sino porque les representan lealtades y favores.

Los abajofirmantes, “demócratas” probados, solo buscan proteger sus privilegios y de sus allegados. No les interesa la democracia, porque los plurinominales no son electos por los ciudadanos, sino nombrados por las cúpulas partidistas. Los abajofirmantes le apuestan a seguir mercantilizando la política, además de asegurar posiciones para oponerse a las iniciativas y políticas gubernamentales. No hay que olvidar que el PRIAN votó en contra de las políticas de bienestar; es decir, convertir en constitucionales los derechos de los ciudadanos a recibir una pensión universal. Preferían que continuara siendo una dádiva partidista. Durante los gobiernos neoliberales, se entregaba a los legisladores cuantiosas cantidades de dinero para “gestorías”. Manejaban millones de pesos para manipular a grupos e individuos, a cambio de apoyos y migajas, porque muchos de esos “legisladores” se convirtieron en millonarios operando sus corruptelas.

Sin duda, los “demócratas”, quienes se autoasumen como los que “saben” que democracia les conviene a los mexicanos, han vivido del presupuesto público y los privilegios asociados a sus cargos como funcionarios públicos. La reforma electoral no les interesa. Están defendiendo intereses individuales y de grupo, no a la ciudadanía. Recién Lorenzo Córdova publicó lo que cree que la reforma electoral “debe” ser. Resume en cuatro ejes sus intereses y los de su grupúsculo de “expertos”, quienes fueron funcionarios públicos, se enriquecieron en los cargos que tuvieron y representan a las elites políticas y económicas que los promueven. Sus llamados a marchar están patrocinados –no puedo asegurar que económicamente, pero uso el término para referenciar que al menos políticamente representan a grupos políticos y económicos de derecha- para promover una democracia que solamente es para unos pocos. Así como la riqueza está concentrada en pocas manos, Lorenzo Córdova, Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg y sus amigos, pretenden que la democracia sea de unos pocos.

A los “demócratas” no les importan los ciudadanos, menos su participación en las decisiones que les importan. Suponen que todo debe ser decidido por algunas elites. El pueblo no les importa.

SCJN: normalizar el racismo y el clasismo

 

En los hechos, la SCJN no solo amparó el supuesto “honor” y los “derechos humanos” de Lorenzo Córdova, sino sentó un precedente peligroso y autoritario: legalizar el racismo y el clasismo. La resolución del ministro Javier Laynez Potisek que concedió el citado amparo, es una respuesta de clase de un funcionario público al que no le avergonzó manipular la ley para amparar a un racista y clasista. La segunda sala de la SCJN, por tres votos a favor y dos en contra, intenta sembrar un criterio que cualquier racista y clasista podría usar para ampararse, si creyera que por sus dichos racistas y clasistas supusiera que su “honor” y sus “derechos humanos” están siendo vulnerados por alguna autoridad. No importa si se insulta y desprecia a grupos vulnerables, como los pueblos originarios, los privilegios de clase cuentan por encima de los derechos de cualquier grupo marginado, vulnerable. Se trata de normalizar el desprecio racista y clasista.

Se puede argumentar que el comentario extralimita el amparo que se le concedió a Lorenzo Córdova, pero es preocupante que la máxima autoridad judicial se incline por un personaje racista y clasista, quien no tuvo tapujos en su llamada telefónica, la que dice fue “privada” y por lo que presentó una denuncia en la FGR, aunque son dos funcionarios públicos los que participan de esa conversación, en la que Córdova se explaya insultando y dejando claro su talante racista y clasista en contra de un representante de un pueblo originario. Para este personaje, los pueblos indígenas no importan. Es lo que el amparo le concedió a Córdova: por el “honor” de un exfuncionario público, la SCJN siembra un criterio autoritario por medio del cual se protege a un individuo privilegiado, integrante de una clase social privilegiada, y se vulneran los derechos de los pueblos originarios, los que no tienen nada que alegar ante un blanco perteneciente a las elites.

El ministro Laynez Potisek, propuesto por Enrique Peña Nieto, no solo consideró que era correcto amparar a un racista y clasista, sino que no lo importó las implicaciones del amparo que concedió. Otra arista del amparo concedido, es la orden de no distribuir y retirar los libros impresos, lo que en un momento dado hasta podría llegar al fascismo de destruirlos solo para negar la historia y ocultar el hecho de una conducta racista y clasista a la que se pretende proteger. El ministro que despotrica en contra de la reforma judicial, como recientemente lo volvió a hacer, a unas semanas de que deje el poder que le confirió un presidente corrupto y saqueador, se va sin gloria, pero sí con mucha pena. Su cierre como funcionario público no enaltece el trabajo de la SCJN. Al contrario, muestra bien el talante de la mayoría de sus miembros, todos cercanos a Norma Piña. El manejo discrecional e interesado de las leyes y la institución que se supone garante de la justicia en el país es una vergüenza.

Otorgar el citado amparo a Lorenzo Córdova, es un quiebre adicional que da la patada final a la actual SCJN, propinada por sus integrantes más conservadores, quienes deben su puesto y privilegios a los gobiernos del PRIAN. No me cabe ninguna duda que el amparo es un acto autoritario, fascistoide, que, más allá de sus ditirambos jurídicos para “salvaguardar la honorabilidad” de Córdova, de seguir en funciones esta SCJN, podría dar pie a aceptar nuevas solicitudes que finalmente convertirían el racismo y el clasismo en “normales”, sobre todo en una sociedad en la que el racismo y clasismo soterrado prevalecen. Por fortuna, el ministro Laynez Potisek se va en unas semanas, a menos que pretenda erigirse en el salvador inescrupuloso de su SCJN. Sus declaraciones, despotricando en contra del proceso electoral que dio paso a lo que podría ser una nueva SCJN, son ominosas. Son las de un funcionario público que está perdiendo un sitio en el que seguro se ha hecho millonario con tantos privilegios, pero también un cargo que manejó a favor de los poderes fácticos y personajes como Lorenzo Córdova. El amparo, no solo protege a un racista y clasista, sino también es una vía para normalizar racismo y clasismo.

Los medios corporativos e Israel Vallarta

 

El caso de Israel Vallarta no es el único. Según el INEGI, una tercera parte de la población actualmente encarcelada no ha sido sentenciada. El hecho es que el caso Vallarte se mediatizó desde el primer momento. Un montaje fabricado por Genaro García Luna, exdirector de lo que fue la AFI, instancia policial creada por Vicente Fox, y exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy encarcelado en Estados Unidos por narco, Luis Cárdenas Palomino, el torturador de Vallarta y otras personas, Carlos Loret de Mola, Televisa, TvAzteca, lo fijó en la opinión pública hace casi 20 años.

Ahora bien, el papel de los medios corporativos es fundamental, pero es solo uno de los aspectos que distinguen el caso de Israel Vallarta respecto a otros. También, lo que se ha dado en llamar la sociedad civil, es decir una serie de membretes y organizaciones que se autonombraron la “sociedad civil”, recibiendo, además, millones de pesos de los gobiernos del PRIAN. Dinero público para defender los abusos, la corrupción, el saqueo y las complicidades del gobierno de Vicente Fox, y las atrocidades de la guerra de Felipe Calderón, y la terrible corrupción, saqueo y represión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El papel del Poder Judicial fue otro factor. Durante 20 años no pudieron probar la culpabilidad de Israel Vallarta. Y resulta que la jueza que lo declaró inocente, usó los mismos argumentos que en su momento la SCJN determinó para liberar a Florence Cassez, sin olvidar el conflicto diplomático que el asesino Felipe Calderón genero con el presidente de Francia. Igualmente, hay que recordar la actuación, muy desafortunada, tanto de lo que fue la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la actual Fiscalía General de la República. Son múltiples las aristas del caso de Israel Vallarta.

Con todo, los medios corporativos, la prensa, las televisoras, las radiodifusoras, con gran mezquindad y abuso de la libertad de expresión y el derecho a la información, fueron centrales en la condena de Israel Vallarta. Aunque durante 20 años no se pudo probar su culpa, los medios lo condenaron, incluso a pesar de saber, desde el primer momento, que se fabricó un montaje, no una “recreación” como cínica e hipócritamente afirma María Elena Morera, dueña de una organización de la autollamada sociedad civil, que fue creada para aplaudir a Genaro García Luna y la espantosa y criminal guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Los medios corporativos tradicionales, construyeron una narrativa que victimizó y culpó, sin pruebas, a Israel Vallarta. El ominoso papel de esos medios –televisión, prensa, radio- muestra el periodismo basura que actualmente, y desde hace 20 años, se hace en México. La liberación de Vallarta evidencia el uso faccioso de los medios tradicionales, el Poder Judicial, el gobierno, la sociedad civil, en lo que fue un acto concertado entre todos los poderes fácticos. No hubo en el montaje casualidades. La participación de los medios victimizando a Vallarta, defendiendo un montaje que celebraron y afirmando la culpabilidad de una persona a partir de intereses oficialistas, los hace culpables de un proceso en el que usaron su poder, previos pagos pactados con Genaro García Luna. Todos los medios involucrados y sus escribanos, locutores y lectores de teleprompter recibieron, por diversas vías, generosos fajos de dinero público.

Israel Vallarta es inocente, a pesar de que los medios corporativos y sus amanuenses pretendan lo contrario. La sentencia de la jueza es clara, según lo recuperado por la prensa, tanto independiente como por medios como La Jornada. La embestida mediática y los abrazos a Carlos Loret de Mola, simplemente es un intento por salvar a esa prensa golpista. Según lo posteado en redes sociales y sugerido en los medios corporativos, la presidenta de México ordenó la liberación de Vallarta. La prensa papanatas no ha leído la sentencia de la jueza, y sigue repitiendo lo que el PRIAN dice.

Guanajuato y Jalisco

 

Guanajuato, continúa siendo el foco de los homicidios dolosos. Desafortunadamente, la entidad gobernada por el PAN, presumida por este partido político por su supuesto éxito económico, está sumida en la violencia sistémica. Es un estado prisionero de la delincuencia organizada, sobre todo local, aunque con presencia de carteles que a nivel nacional mantienen indudable dominio. En el caso de Jalisco, la denuncia del hallazgo de un sitio de entrenamiento y exterminio del CJNG, lo pone en el reflector público, no solo porque ese lugar fue inspeccionado antes por la Fiscalía estatal y, según informes oficiales, no halló lo que hoy una organización de buscadoras de personas desaparecidas está documentando. Hasta hoy, tanto el gobierno estatal jalisciense, que pretendió deslindarse afirmando que no fue en la administración que hace poco que empezó, como la anterior, tienen mucho que decir. Aunque el exgobernador Enrique Alfaro, ya goza del producto de su corrupción en España, como el asesino Felipe Calderón y el corruptazo Enrique Peña Nieto.

Ambos estados son ejemplo de lo que sucede en nuestro país. Por ello, la comentocracia y los medios corporativos desvían la atención hacia entidades como Sinaloa, donde la guerra entre los narcos encabezados por los “chapitos” y los “mayitos”, a raíz del secuestro y entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos, está activa y sus secuelas de violencia son evidentes. Con todo, en Guanajuato, según los datos oficiales, los homicidios dolosos se incrementaron un 33% en los últimos meses, mientras Jalisco es una de las entidades del país con el mayor número de desaparecidos. En 2022, el exgobernador Enrique Alfaro, decidió no reportar las desapariciones, con el pretexto de que era usado “políticamente” por las madres buscadoras. En Guanajuato, un exfiscal, o no actuó o era cómplice o tenía tratos con la delincuencia organizada, lo que llevó al estado a momentos de horror –masacres, asesinatos diarios, complicidades de las autoridades locales y estatales- que siguen golpeando a la población guanajuatense. En Jalisco, se han documentado los vínculos del exgobernador con el CJNG.

Las implicaciones de ambas relaciones gubernamentales con los narcos, son evidentes: masacres, asesinatos, desapariciones. En Jalisco, el exgobernador decidió no documentar, desde hace tres años, la desaparición de personas, una situación que sufre cotidianamente la sociedad jalisciense. Bajo la argucia de ofrecer empleo, muchos hombres jóvenes, quizás incluso mujeres, el CJNG atraía gente hacia sus dominios y prácticamente los esclavizaba para hacerlos formar parte de sus filas. Y si se oponían, los asesinaba y cremaba. Las fotografías que han circulado en los medios y las redes sociales, son aterradoras. Cientos de zapatos, ropa, mochilas, de personas que atendían el llamado de los oferentes de empleo, y acudían con sus pertenencias a supuestas capacitaciones. La deshumanización de quienes los mantenían como esclavos, es realmente impactante. Porque, acorde con testimonios de quienes pudieron escapar, el abuso y el maltrato, pretendía convertirlos en parte de la delincuencia organizada, deshumanizándolos para cumplir con los horrores del CJNG en su operación y expansión.

En Guanajuato, no solo las cifras oficiales dan cuenta del horror del exterminio creciente, sino también de la imposibilidad de las autoridades, incluida la actual gobernadora de esa entidad, de revertir las aterradoras situaciones que los guanajuatenses tienen que enfrentar cotidianamente. La emblemática entidad del PAN, está sucumbiendo ante una delincuencia que crece, asesinando a ciudadanos, policías y cualquier persona que se le oponga. Es lamentable también. Pero los vínculos de los anteriores funcionarios, como el caso del exfiscal, tienen que ser revisados y, en caso de comprobarse relaciones de complicidad e impunidad, deben ser indiciados. Aunque la derecha mexicana y sus medios corporativos golpistas oculten lo que pasa en Guanajuato y Jalisco, culpando al gobierno federal, lo que sucede en esos estados debe ser atendido por sus gobiernos.

La banalización de la justicia en México

 

29 delincuentes, incluido el otrora famoso capo Rafael Caro Quintero, fueron enviados, bajo los preceptos de la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución de México, a Estados Unidos. El viernes pasado, después de una conferencia de prensa en la que se precisó el “traslado” de los narcos, el Consejo de la Judicatura Federal salió a defender a los jueces que han estado retrasando por décadas la extradición de los capos. Afirmó: si no están de acuerdo con las resoluciones, impugnen. Es decir, esperen décadas, amparos, recursos infinitos y ríos de dinero para retrasar juicios e impedir que los capos sean juzgados en Estados Unidos. Es el Poder Judicial mexicano, en donde la corrupción campea. Acorde con los procedimientos legales establecidos, una resolución de extradición debe tardar un máximo de 45 días, pero los jueces y ministros se solazan con los recursos que los abogados de los delincuentes interponen, y todo queda en el limbo.

En México, estos delincuentes han cometido multitud de delitos, incluidos asesinatos, lavado de dinero, tráfico de drogas, etc., pero el Poder Judicial suele dar marcha atrás a las acusaciones banalizando la justicia. Que no fue esa la hora en la que la autoridad señala que los detuvo, que no estaban en flagrancia a pesar de tener armas exclusivas de las fuerzas armadas, que la carpeta de investigación estaba mal sustentada. Son solo algunas de las justificaciones, infundadas o no, de jueces, magistrados y ministros para otorgar amparos y proteger a delincuentes. Por eso es explicable que la presidenta de México alabe la decisión de los mexicanos por refundar el Poder Judicial. Aberrante y ofensiva la corrupción del Poder Judicial, dijo. Desde hace décadas que el Poder Judicial está en manos de corruptos –con muchas excepciones, claro- y funcionarios que están al servicio de delincuentes y oligarcas.

La decisión del gobierno de México, que asume política y jurídicamente el gabinete de seguridad, es parca y definitiva. Se entregó a 29 delincuentes a solicitud del gobierno estadounidense. Si es moneda de cambio para salvaguardar la economía mexicana, evitando la aplicación de las tarifas Trumpistas, se verá pronto. Los medios corporativos y sus corifeos salieron rápido a gritar y manotear: que el hecho muestra la debilidad de la presidenta, que Trump quiere más y tiene abierta una investigación contra AMLO, que se sometió a Trump, que se violentó el sistema jurídico, etc., pero en ningún caso se ofrecen pruebas de tanta especulación. La prensa mexicana tiene ya una larga historia de mentiras y narrativas sin fundamento, todas con la finalidad de golpear a los gobiernos progresistas de la 4T. Los medios corporativos, por un lado, afirman que la 4T y Morena arropan a los narcos, y por el otro, ante el inusitado hecho, gritan que la 4T, Morena y la presidenta de México fueron sometidos por Trump. Al menos deberían ponerse de acuerdo en su esquizofrenia.

El ruido mediático es parte de la banalización de la justicia. Mientras el Poder Judicial ampara y libera delincuentes de todo tipo, y no resuelve miles de casos de personas que permanecen por años encarcelados, muchos sin pruebas de culpabilidad, los medios corporativos construyen narrativas sobre el supuesto vínculo y protección de los gobiernos de la 4T con los narcos. Intentan también banalizar los contundentes hechos sucedidos en los gobiernos del PAN y el PRI. Con Vicente Fox se “escapó” el Chapo Guzmán, con Felipe Calderón se nombró a un narco como secretario de Seguridad para encabezar una guerra contra un grupo del narco, favoreciendo a otro. Hoy está preso en Estados Unidos. También, con Enrique Peña Nieto la relación con la delincuencia organizada creció y se consolidó. Es de lo que la prensa sicaria no escribe. Tanto los medios corporativos como el Poder Judicial, han construido un marco perverso para proteger a delincuentes, no para hacer justicia. El caso más emblemático actual, es Ayotzinapa. Muchos de los inculpados obtuvieron beneficios de es Poder Judicial corrupto.

Filantropía golpista y corrupción

 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quizás sea el gran ejemplo de golpismo y corrupción filantrópica. Recientemente, el Estado mexicano le prohibió seguir siendo ente receptor de donaciones, sin que sus donantes no paguen impuestos. Es decir, los donantes tendrán que pagar impuestos por los millones de pesos que le donan para golpear al gobierno mexicano. La entidad del derechista y golpista Claudio X. González podrá recibir donaciones, pero tendrán que pagar impuestos. No nos perdamos la lluvia de amparos que promoverán los corruptos María Amparo Casar y su mentor, además de declararse “perseguidos políticos”. La narrativa de la derecha ya no tiene efectos, porque los ciudadanos identifican a ambos como parte de los golpistas que han intentado, con sus “investigaciones”, narrativas y marchas rosas, derribar al gobierno progresista, tanto a AMLO como a la presidenta de México.

El MCCI es parte de ese entramado promovido por los gobiernos neoliberales para que la autollamada sociedad civil se apropie de los derechos de los ciudadanos. En este caso, el empresariado mexicano, de la mano del “hijo pródigo”, Claudio X. González, compró la franquicia de la lucha contra la corrupción y la impunidad, siendo sus integrantes corruptos e impunes de todo. Si bien, quienes les hacían –mal hacían- sus investigaciones supuestamente periodísticas, recibían pagos de esta instancia financiada por los gobiernos del PRIAN, Estados Unidos y otras organizaciones extranjeras, no significa que no fueran cómplices del golpismo promovido por MCCI. Entre esas “investigaciones” destacamos sus inventos sobre la producción de cacao en Tabasco, la que afirmó que un programa social estaba al servicio de los chocolates de los hijos de AMLO, la casa gris rentada por un hijo de AMLO en Estados Unidos, cuyo dueño nada tenía que ver con PEMEX, o la renta de otra casa a una persona asociada al periódico La Jornada. Casos de risa, mentira y fakenews.

Los periodistas que se involucraron en estas mentiras y complicidades –algunos conocidos y que pudieron convertirse en eminencias, o que ya lo eran y se hundieron en las artimañas de la derecha- construyeron sus narrativas desde el odio y desprecio a un personaje político, no a partir de evidencias y pruebas contundentes. Por ejemplo, los hijos de AMLO jamás ocuparon cargos públicos durante el mandato de su padre, por lo que las alusiones de nepotismo o corrupción eran bromas construidas para favorecer al golpismo de la derecha y sus aliados. Recordemos las farsas mediáticas de Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, quien durante sus cargos –que jamás ganó- legislativos iba a las puertas de la FGR, una calle antes de dejar su bicicleta después de haber llegado en su camioneta blindada, para acusar a los hijos de AMLO. O cuando espió y acosó al hijo de AMLO en una casa que, incluso, ya no rentaba, en Texas.

Incluso, un periodista ligado a MCCI y @AristeguiOnline, escribió un libro sobre una casa rentada que pretendió ser comparada con la famosa “Casa Blanca” que, efectivamente, Enrique Peña Nieto sí había recibido en pago de favores de un conocido empresario mexicano. La “casa gris” fue rentada por un hijo de AMLO y su esposa en Texas; y es propiedad de un empresario estadounidense que no vivía en Estados Unidos, sino en Canadá, y que en algún momento de su trayectoria empresarial había hecho algunos negocios con PEMEX, pero en el momento de rentar su casa no tenía vínculos con la petrolera y tampoco conocía al hijo de AMLO. El enredo fue inventado por MCCI y @AristeguiOnline, con la finalidad de golpear a AMLO. El problema es que el asunto nunca tuvo interés periodístico y fue parte de una trama en la que se fabricaron vínculos e interacciones entre los involucrados, sin haberlos realmente. MCCI no combate la corrupción, menos la impunidad. María Amparo Casar se beneficia de una millonaria pensión de PEMEX a la que nunca ha tenido derecho. Se le otorgó por corrupción e impunidad.

La decadente SCJN

 

Con la salida del exministro Luis María Aguilar, a fines del 2024, la aplanadora de la SCJN, conformada ahora por 7 ministros derechistas que pretenden legislar en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, cae en la irrelevancia. La derecha partidista, “ciudadanos” y organizaciones financiadas por la oligarquía golpista, que presentan amparos en contra de las reformas constitucionales, las cuales son improcedentes e ilegales, pero que los ministros derechistas aceptan con la finalidad de golpear a los legisladores, los Congresos estatales y la presidenta de México, se han quedado sin cómplices en la SCJN. Como ya se había hecho regular, la derecha siempre votaba en contra de las reformas constitucionales por supuestas violaciones al proceso legislativo. Una imbecilidad golpista para oponerse a las reformas constitucionales, en las que la SCJN nada tiene que hacer ni decir. SCJN golpista, fascista.

La decadencia de la SCJN tiene sus contrastes. De un lado avala la ilegal suspensión del Poder Judicial para continuar con los trabajos del comité que debe analizar a quienes se inscribieron para competir electoralmente en junio de 2025. Lo interesante de esta suspensión es que quienes se podrían quedar sin registrar a los cargos en competencia, no dicen nada. No se amparan, no dan entrevistas. Solo se someten a los designios de la derecha judicial. Por otro lado, la mayoría de la SCJN no puede echar abajo –ilegalmente- buena parte de las reformas empujadas a la Constitución. El patetismo de la SCJN ha implicado que dictámenes en contra, sean retirados porque se sabe que no van a obtener la mayoría para disputarle el poder al Congreso constituyente. No porque no lo pretendan, sino porque sus siete votos no les alcanzan para repeler leyes constitucionales que la derecha partidista promueve a través de amparos ilegales.

Sin duda, en los hechos, el Poder Judicial, se ha erigido en el gran represor, fascista e intentando un golpe de Estado para amedrentar a los ciudadanos. Deleznable y corrupto. Nada tiene que hacer. Su intentona siniestra solo revela la decadencia de ese sistema judicial. Al Poder Judicial y la SCJN solo le importan las elites, no los ciudadanos. Cada vez que aceptan un amparo –ilegal- y liberan delincuentes, mientras miles de personas no tienen una sentencia, el Poder Judicial refrenda su corrupción y saqueo al gobierno y al pueblo mexicano. La reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la única instancia constitucionalmente superior, que ordena al comité del Poder Judicial reiniciar sus trabajos y prepara una acusación en contra del juez de distrito de Michoacán que “ordenó” detener dicho proceso, señala sin ambages que el amparo en contra de la elección de personas juzgadoras no procede, además de recalcar que ningún juez tiene atribuciones en este campo.

El nuevo tropiezo de Norma Piña, presidenta de la SCJN que se presta a manipular y violentar la ley, para favorecer a la derecha, resalta, no solo su fiasco político, sino también el fin de una carrera judicial que avanzó por voluntad expresa de otro hombre, Enrique Peña Nieto, cuando aún era presidente de México. La mujer que afirmó, cuando fue electa presidenta del más alto tribunal del país, que rompía el piso de cristal, es en realidad rehén del patriarcado político y sus usos. Detrás están los hombres –Claudio X. González, presidentes de partidos políticos derechistas, empresarios que financia al golpismo, etc.- que le dicen qué hacer y cómo violentar las leyes y la Constitución mexicana. En este tiempo de mujeres, la ministra Piña llegó al poder para caer de manera estrepitosa. Si bien se retirará con cuantiosos recursos del erario público para inventar un despecho de abogados que busque seguir su guerra patriarcal en contra el gobierno mexicano.

Asimismo, desafortunadamente, su actuación ha llevado a la decadencia de la SCJN. Sin freno, manipula, miente, violenta la normativa vigente e intenta declarar, con sus cómplices ministros y una ministra, la inconstitucionalidad de la Constitución mexicana.

La nueva campaña de la derecha: narcoterrorismo

 

La derecha mexicana no ceja de promover campañas golpistas, a pesar de sus estridentes fracasos. El intento golpista usando a la SCJN –la pirueta inconstitucional, de 8 a 6 votos, de la corrupta ministra Norma Piña, es lo más tragicómico de ese fiasco- y al Poder Judicial, fracasó porque compraron a una torpe jurista que no sabe ocultar o disimular sus intenciones, pues no es una política, sino un remedo de ministra impuesta por Enrique Peña Nieto y elevada a la presidencia de la SCJN por esa derecha que pretende regresar y adueñarse de México. La derecha ahora acudirá a la CIDH de la OEA, esperando que ese organismo derribe la Constitución mexicana, ya que lo que siguen llamando “reforma judicial” es ya parte del texto constitucional. La intención es usar la “reforma judicial” como violatoria de los derechos humanos, claro, de ministros, magistrados y jueces, no de quienes exigen justicia. Miles de mexicanos encarcelados, con procesos pendientes, están siendo violentados en sus derechos humanos. Lo demás es parte de la tragicomedia.

En este contexto, el PAN está impulsando la campaña sobre supuesto “narcoterrorismo”, en la cual la derecha cree que pronto lo arropará Donald Trump, quien durante su campaña electoral amenazó a México con aranceles si no detenía la migración, el trasiego de drogas y a los carteles del narcotráfico. Según el fracasado líder del PAN, Marko Cortés, lo del “narcoterrorismo” es una “opinión” y exige a la presidenta de México “respetar” sus exabruptos golpistas e intervencionistas. Exigir que los carteles del narcotráfico sean identificados como “narcoterroristas” y pedir que Estados Unidos invada nuestro país, sí es traición a la patria, acorde con el Código Penal mexicano. No es una “opinión”. Recordemos cómo la derecha ha pedido históricamente la intervención extranjera, trayendo príncipes europeos, ejércitos extranjeros y que, en el caso de Estados Unidos, haga de nuestro país lo que le convenga como imperio.

Ante el fracaso de la última andanada golpista que finalmente terminó de hundir a la SCJN y al Poder Judicial en la ignominia y el descredito, el PAN pretende encabezar la nueva campaña golpista. No será extraño que los medios corporativos –prensa, tv, radio, plataformas digitales, redes sociales- pronto inunden con “sesudas” columnas de la comentocracia pagada por la derecha sus espacios impresos y virtuales. Tampoco debe extrañar que la ridiculez y traición a la patria encabezadas por Marko Cortés y Lilly Téllez, sean pronto la bandera mejor pagada por la derecha. Y no deberá extrañar que en Estados Unidos se renueve el ataque a nuestro país. Tanto Donald Trump como su vicepresidente Vance, compiten como los energúmenos con más poder en ese país. Nada saben de relaciones bilaterales e internacionales, pero suponen que su beligerancia en América del Norte les será favorable. Consumidores estadounidenses, prepárense para una mayor inflación y desempleo.

Por la amenaza de subir las tarifas, lo que los blancos anglosajones, celebran, repercutirá en los precios que todos los productos que sean importados de México. Son los blancos anglosajones que pagarán la estupidez de Trump de aumentar los aranceles a México. En nuestro país no hay plantas chinas que construyan o armen automóviles. Son estadounidenses, europeas o japonesas. Los autos que son exportados a Estados Unidos tienen componentes de esos orígenes. No chinos. La disputa comercial con China es una de las grandes estupideces de los gobiernos –demócrata y republicanos- estadounidenses. En realidad, es una disputa por el comercio mundial, en el que China presiona fuerte a las economías capitalistas occidentales. No es México el “problema”, es la debacle del imperio estadounidense. La guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza han alentado a la industria militar, pero no es suficiente.

La postura de la derecha mexicana se topará con barreras, más que ideológicas, económicas. Estados Unidos la puede acompañar, pero la relación bilateral es más importante.