miércoles, 22 de enero de 2025

La decadente SCJN

 

Con la salida del exministro Luis María Aguilar, a fines del 2024, la aplanadora de la SCJN, conformada ahora por 7 ministros derechistas que pretenden legislar en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, cae en la irrelevancia. La derecha partidista, “ciudadanos” y organizaciones financiadas por la oligarquía golpista, que presentan amparos en contra de las reformas constitucionales, las cuales son improcedentes e ilegales, pero que los ministros derechistas aceptan con la finalidad de golpear a los legisladores, los Congresos estatales y la presidenta de México, se han quedado sin cómplices en la SCJN. Como ya se había hecho regular, la derecha siempre votaba en contra de las reformas constitucionales por supuestas violaciones al proceso legislativo. Una imbecilidad golpista para oponerse a las reformas constitucionales, en las que la SCJN nada tiene que hacer ni decir. SCJN golpista, fascista.

La decadencia de la SCJN tiene sus contrastes. De un lado avala la ilegal suspensión del Poder Judicial para continuar con los trabajos del comité que debe analizar a quienes se inscribieron para competir electoralmente en junio de 2025. Lo interesante de esta suspensión es que quienes se podrían quedar sin registrar a los cargos en competencia, no dicen nada. No se amparan, no dan entrevistas. Solo se someten a los designios de la derecha judicial. Por otro lado, la mayoría de la SCJN no puede echar abajo –ilegalmente- buena parte de las reformas empujadas a la Constitución. El patetismo de la SCJN ha implicado que dictámenes en contra, sean retirados porque se sabe que no van a obtener la mayoría para disputarle el poder al Congreso constituyente. No porque no lo pretendan, sino porque sus siete votos no les alcanzan para repeler leyes constitucionales que la derecha partidista promueve a través de amparos ilegales.

Sin duda, en los hechos, el Poder Judicial, se ha erigido en el gran represor, fascista e intentando un golpe de Estado para amedrentar a los ciudadanos. Deleznable y corrupto. Nada tiene que hacer. Su intentona siniestra solo revela la decadencia de ese sistema judicial. Al Poder Judicial y la SCJN solo le importan las elites, no los ciudadanos. Cada vez que aceptan un amparo –ilegal- y liberan delincuentes, mientras miles de personas no tienen una sentencia, el Poder Judicial refrenda su corrupción y saqueo al gobierno y al pueblo mexicano. La reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la única instancia constitucionalmente superior, que ordena al comité del Poder Judicial reiniciar sus trabajos y prepara una acusación en contra del juez de distrito de Michoacán que “ordenó” detener dicho proceso, señala sin ambages que el amparo en contra de la elección de personas juzgadoras no procede, además de recalcar que ningún juez tiene atribuciones en este campo.

El nuevo tropiezo de Norma Piña, presidenta de la SCJN que se presta a manipular y violentar la ley, para favorecer a la derecha, resalta, no solo su fiasco político, sino también el fin de una carrera judicial que avanzó por voluntad expresa de otro hombre, Enrique Peña Nieto, cuando aún era presidente de México. La mujer que afirmó, cuando fue electa presidenta del más alto tribunal del país, que rompía el piso de cristal, es en realidad rehén del patriarcado político y sus usos. Detrás están los hombres –Claudio X. González, presidentes de partidos políticos derechistas, empresarios que financia al golpismo, etc.- que le dicen qué hacer y cómo violentar las leyes y la Constitución mexicana. En este tiempo de mujeres, la ministra Piña llegó al poder para caer de manera estrepitosa. Si bien se retirará con cuantiosos recursos del erario público para inventar un despecho de abogados que busque seguir su guerra patriarcal en contra el gobierno mexicano.

Asimismo, desafortunadamente, su actuación ha llevado a la decadencia de la SCJN. Sin freno, manipula, miente, violenta la normativa vigente e intenta declarar, con sus cómplices ministros y una ministra, la inconstitucionalidad de la Constitución mexicana.

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