Guanajuato, continúa siendo el foco de los homicidios dolosos.
Desafortunadamente, la entidad gobernada por el PAN, presumida por este partido
político por su supuesto éxito económico, está sumida en la violencia
sistémica. Es un estado prisionero de la delincuencia organizada, sobre todo
local, aunque con presencia de carteles que a nivel nacional mantienen
indudable dominio. En el caso de Jalisco, la denuncia del hallazgo de un sitio
de entrenamiento y exterminio del CJNG, lo pone en el reflector público, no
solo porque ese lugar fue inspeccionado antes por la Fiscalía estatal y, según
informes oficiales, no halló lo que hoy una organización de buscadoras de
personas desaparecidas está documentando. Hasta hoy, tanto el gobierno estatal
jalisciense, que pretendió deslindarse afirmando que no fue en la
administración que hace poco que empezó, como la anterior, tienen mucho que
decir. Aunque el exgobernador Enrique Alfaro, ya goza del producto de su
corrupción en España, como el asesino Felipe Calderón y el corruptazo Enrique
Peña Nieto.
Ambos estados son ejemplo de lo que sucede en nuestro país. Por ello, la
comentocracia y los medios corporativos desvían la atención hacia entidades
como Sinaloa, donde la guerra entre los narcos encabezados por los “chapitos” y
los “mayitos”, a raíz del secuestro y entrega del Mayo Zambada a Estados
Unidos, está activa y sus secuelas de violencia son evidentes. Con todo, en
Guanajuato, según los datos oficiales, los homicidios dolosos se incrementaron
un 33% en los últimos meses, mientras Jalisco es una de las entidades del país
con el mayor número de desaparecidos. En 2022, el exgobernador Enrique Alfaro,
decidió no reportar las desapariciones, con el pretexto de que era usado “políticamente”
por las madres buscadoras. En Guanajuato, un exfiscal, o no actuó o era
cómplice o tenía tratos con la delincuencia organizada, lo que llevó al estado
a momentos de horror –masacres, asesinatos diarios, complicidades de las
autoridades locales y estatales- que siguen golpeando a la población
guanajuatense. En Jalisco, se han documentado los vínculos del exgobernador con
el CJNG.
Las implicaciones de ambas relaciones gubernamentales con los narcos, son
evidentes: masacres, asesinatos, desapariciones. En Jalisco, el exgobernador
decidió no documentar, desde hace tres años, la desaparición de personas, una
situación que sufre cotidianamente la sociedad jalisciense. Bajo la argucia de
ofrecer empleo, muchos hombres jóvenes, quizás incluso mujeres, el CJNG atraía
gente hacia sus dominios y prácticamente los esclavizaba para hacerlos formar
parte de sus filas. Y si se oponían, los asesinaba y cremaba. Las fotografías
que han circulado en los medios y las redes sociales, son aterradoras. Cientos de
zapatos, ropa, mochilas, de personas que atendían el llamado de los oferentes
de empleo, y acudían con sus pertenencias a supuestas capacitaciones. La deshumanización
de quienes los mantenían como esclavos, es realmente impactante. Porque, acorde
con testimonios de quienes pudieron escapar, el abuso y el maltrato, pretendía
convertirlos en parte de la delincuencia organizada, deshumanizándolos para
cumplir con los horrores del CJNG en su operación y expansión.
En Guanajuato, no solo las cifras oficiales dan cuenta del horror del
exterminio creciente, sino también de la imposibilidad de las autoridades,
incluida la actual gobernadora de esa entidad, de revertir las aterradoras
situaciones que los guanajuatenses tienen que enfrentar cotidianamente. La emblemática
entidad del PAN, está sucumbiendo ante una delincuencia que crece, asesinando a
ciudadanos, policías y cualquier persona que se le oponga. Es lamentable
también. Pero los vínculos de los anteriores funcionarios, como el caso del
exfiscal, tienen que ser revisados y, en caso de comprobarse relaciones de complicidad
e impunidad, deben ser indiciados. Aunque la derecha mexicana y sus medios corporativos
golpistas oculten lo que pasa en Guanajuato y Jalisco, culpando al gobierno
federal, lo que sucede en esos estados debe ser atendido por sus gobiernos.
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