29 delincuentes, incluido el otrora famoso capo Rafael Caro Quintero,
fueron enviados, bajo los preceptos de la Ley de Seguridad Nacional y la
Constitución de México, a Estados Unidos. El viernes pasado, después de una
conferencia de prensa en la que se precisó el “traslado” de los narcos, el
Consejo de la Judicatura Federal salió a defender a los jueces que han estado
retrasando por décadas la extradición de los capos. Afirmó: si no están de
acuerdo con las resoluciones, impugnen. Es decir, esperen décadas, amparos,
recursos infinitos y ríos de dinero para retrasar juicios e impedir que los
capos sean juzgados en Estados Unidos. Es el Poder Judicial mexicano, en donde
la corrupción campea. Acorde con los procedimientos legales establecidos, una
resolución de extradición debe tardar un máximo de 45 días, pero los jueces y
ministros se solazan con los recursos que los abogados de los delincuentes
interponen, y todo queda en el limbo.
En México, estos delincuentes han cometido multitud de delitos, incluidos
asesinatos, lavado de dinero, tráfico de drogas, etc., pero el Poder Judicial
suele dar marcha atrás a las acusaciones banalizando la justicia. Que no fue
esa la hora en la que la autoridad señala que los detuvo, que no estaban en
flagrancia a pesar de tener armas exclusivas de las fuerzas armadas, que la
carpeta de investigación estaba mal sustentada. Son solo algunas de las
justificaciones, infundadas o no, de jueces, magistrados y ministros para
otorgar amparos y proteger a delincuentes. Por eso es explicable que la
presidenta de México alabe la decisión de los mexicanos por refundar el Poder
Judicial. Aberrante y ofensiva la corrupción del Poder Judicial, dijo. Desde hace
décadas que el Poder Judicial está en manos de corruptos –con muchas
excepciones, claro- y funcionarios que están al servicio de delincuentes y oligarcas.
La decisión del gobierno de México, que asume política y jurídicamente
el gabinete de seguridad, es parca y definitiva. Se entregó a 29 delincuentes a
solicitud del gobierno estadounidense. Si es moneda de cambio para salvaguardar
la economía mexicana, evitando la aplicación de las tarifas Trumpistas, se verá
pronto. Los medios corporativos y sus corifeos salieron rápido a gritar y
manotear: que el hecho muestra la debilidad de la presidenta, que Trump quiere
más y tiene abierta una investigación contra AMLO, que se sometió a Trump, que
se violentó el sistema jurídico, etc., pero en ningún caso se ofrecen pruebas
de tanta especulación. La prensa mexicana tiene ya una larga historia de
mentiras y narrativas sin fundamento, todas con la finalidad de golpear a los gobiernos
progresistas de la 4T. Los medios corporativos, por un lado, afirman que la 4T
y Morena arropan a los narcos, y por el otro, ante el inusitado hecho, gritan
que la 4T, Morena y la presidenta de México fueron sometidos por Trump. Al menos
deberían ponerse de acuerdo en su esquizofrenia.
El ruido mediático es parte de la banalización de la justicia. Mientras
el Poder Judicial ampara y libera delincuentes de todo tipo, y no resuelve
miles de casos de personas que permanecen por años encarcelados, muchos sin
pruebas de culpabilidad, los medios corporativos construyen narrativas sobre el
supuesto vínculo y protección de los gobiernos de la 4T con los narcos. Intentan
también banalizar los contundentes hechos sucedidos en los gobiernos del PAN y
el PRI. Con Vicente Fox se “escapó” el Chapo Guzmán, con Felipe Calderón se
nombró a un narco como secretario de Seguridad para encabezar una guerra contra
un grupo del narco, favoreciendo a otro. Hoy está preso en Estados Unidos. También,
con Enrique Peña Nieto la relación con la delincuencia organizada creció y se
consolidó. Es de lo que la prensa sicaria no escribe. Tanto los medios
corporativos como el Poder Judicial, han construido un marco perverso para proteger
a delincuentes, no para hacer justicia. El caso más emblemático actual, es
Ayotzinapa. Muchos de los inculpados obtuvieron beneficios de es Poder Judicial
corrupto.
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