Mientras la presidenta de la SCJN, Norma Piña, reunía a diversos
ponentes derechistas que favorecen la corrupción e impunidad de los poderes
judiciales de sus países y en cualquier parte del mundo, y el sindicato del
Poder Judicial en México amenaza con una huelga de aprobarse la reforma
judicial, Mario Marín, el exgobernador que torturó y secuestro a la periodista
Lydia Cacho, quien lo denunció por proteger a una red de pederastas y
violentarla, era liberado por una jueza para que siga su proceso en la
comodidad de su fastuosa residencia. Asimismo, en Oaxaca, un juez ordenaba la
libertad del autor intelectual y sus cómplices por intento de feminicidio y
violencia con químicos en contra de la saxofonista María Elena Ríos, hecho que
finalmente fue revocado por una jueza, ante la flagrante violación de los
derechos de la víctima a recibir justicia.
Ambos hechos se suman a la liberación de delincuentes de cuello blanco y
narcotraficantes. Es el Poder Judicial mexicano, podrido hasta el tuétano, en
el que la gente no encuentra jamás justicia. Se sabe que más de 70 mil casos
permanecen sin sentencia, después de más de 15 años de iniciado su proceso,
además de que un alto porcentaje de esos juicios son inventados, gracias al
dinero que reparten los acusadores para encarcelar a inocentes, aprovechando la
corrupción e impunidad de la que gozan juzgadores y magistrados de cualquier
nivel y distrito.
Recuerdo, de nuevo, el caso abusivo de Rodrigo de la Peza, juez de
distrito que ordenó al TEPJF elegir a dos magistrados, afines a la derecha,
para calificar la elección presidencial, cuando era evidente el abuso e
invasión de jurisprudencia de un organismo que no está sujeto a jueces y
magistrados ajenos a la materia electoral. Incluso, la SCJN rechazó la
impugnación e intento de la derechista Xóchitl Gálvez de intervenir para
detener la calificación de la elección presidencial, porque ese alto tribunal
carece de atribuciones para intervenir en la conformación y decisiones del
TEPJF. Los llamados “sabadazos” ya son parte de la norma judicial, aunque no
sean legales, aprovechados por jueces y magistrados para liberar delincuentes
de cuellos blanco y narcotraficantes.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en su alocución en su
reunión internacional a modo, tuvo del descaro de declarar al Poder Judicial
“patrimonio”. Es decir, la impunidad, el abuso, los privilegios, la corrupción,
la justicia retorcida para quienes pueden pagar, mientras los vulnerables jamás
obtienen justicia, son un gran patrimonio de unos cuantos. Si durante décadas,
los gobiernos del PRIAN patrimonializaron las instituciones y el presupuesto
público, para generar privilegios, corrupción y saquear a gobiernos de todo
nivel y el Estado mexicano, la narrativa de Norma Piña, apunta a hacerle creer
a la población que el Poder Judicial y la justicia son patrimonio de unos
cuantos, particularmente de las elites, la oligarquía, la delincuencia de
cuello blanco y los narcotraficantes.
Hoy 15 de agosto de 2024, fue un día histórico. La Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo fue reconocida por el TEPJF como presidenta electa de México,
la primera mujer que en 200 años gobernará la República a partir del 1 de
octubre. En sus discursos, de recepción y celebración, la presidenta electa
reiteró que la reforma al podrido Poder Judicial es un mandato popular.
Asimismo, la integración de las Cámaras de Diputados y Senadores, es clara en
la Constitución mexicana y la legislación electoral, por lo que deberá
respetarse. La afirmación de la presidenta electa, hace énfasis, no solo en el
caudal de votos que la llevó a la presidencia, sino también en los ciudadanos
que ejercieron su derecho a votar, dándole a los partidos de la coalición
Seguimos haciendo historia, los diputados y senadores suficientes para reformar
la Constitución, en particular el Poder Judicial. También, denota los caminos
que seguirá durante su mandato, en el que la transformación continúa y buscará
profundizar lo hecho por AMLO.
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