Los falsos moralismos de la izquierda

 

Cuando inicia el actual sexenio que está por finalizar, el que en 2018 marcó un giro político, ideológico, económico, social en el país, con el arribo de AMLO al Poder Ejecutivo y el intenso proceso de cambio que comenzó en diversos campos de la vida pública y las relaciones del gobierno con los mexicanos, se fueron decantando, en la izquierda mexicana, algunos sectores. El PRD se autollamó la “izquierda verdadera”; en los medios corporativos, algunos escribanos que eran identificados como de izquierda, se fueron deslindando de AMLO y Morena, con agrias y amargas críticas; otros, que regularmente han tenido una postura de izquierda, llegaron a negar la existencia de la 4T y que México se estuviera transformando; los menos, presumiendo cierto aire de izquierda, aunque nunca lo han sido, declararon que acompañarían a la 4T desde una perspectiva crítica; finalmente, en las redes sociales algunos usuarios –Youtubers, Tuiteros- asumieron también actitudes de izquierda, varios a favor de AMLO y la 4T, pocos desde una impostura más cercana a la derecha, pero declarativamente de izquierda.

A raíz de la aprobación de la reforma judicial, quienes en su momento dijeron que acompañarían a AMLO y la 4T, pero regularmente con fuertes críticas, muchas muy cercanas a la derecha, y algunos izquierdistas de redes sociales, iniciaron un golpeteo político por el modo en que fue aprobada. En la Cámara de Diputados, Morena, PT y PVEM, tienen una holgada mayoría capaz de impulsar reformas constitucionales, no así en el Senado, donde falta un voto para completar similar mayoría. La reforma fue aprobada, en el Senado, con el voto de un diputado del PAN, hoy en proceso de expulsión, y la ausencia de otro de Movimiento Ciudadano, la que la oposición buscó usar alegando que estaba secuestrado o detenido por el gobierno de Campeche. Lo que realmente enfureció a ese pequeño sector de la izquierda, fue el voto del panista Yunes, miembro de una corrupta y saqueadora familia veracruzana. El pragmatismo salvaje, como el reconocido periodista fundamentó, Francisco Cruz, fue parte de la estrategia de AMLO, Morena, PT, PVEM, para alcanzar la mayoría calificada.

Un sector de la izquierda youtubera criticó acremente esa decisión, pero entendió mucho mejor que esa izquierdita infantil –Julio Astillero y amigos opinantes, Hernán Gómez Bruera, Carlos Pérez Ricard- la operación de ese pragmatismo salvaje. La reforma judicial tiene más adeptos que los sectores “rebeldes” del Poder Judicial, la derecha golpista y la izquierda “acompañante” que no tardó en deslindarse de AMLO y la 4T. Armando Bartra, reconocido izquierdista de décadas y miembro de avanzados movimientos sociales, ha dicho que Morena debe realizar un esfuerzo crítico como partido político, pero no rechazó con tal furia, como los izquierdistas de ocasión, la aprobación de la reforma judicial. No solo era un mandato popular, también significa romper con el monopolio de sectores de la derecha y la oligarquía que se han adueñado del Poder Judicial. La reforma judicial no podía consumirse en narrativas puristas izquierdistas. El voto del panista Yunes estaba ahí. Por supuesto que hubo una negociación y algo se acordó, pero sus implicaciones están más allá del berrinche moralista de los “izquierdistas”.

La 4T emergió de la convergencia de diferentes sectores del pueblo mexicano, promovido y empujado por AMLO y otros liderazgos. Las autollamadas “izquierda verdadera” y la “izquierda buenaondita”, nunca se sumaron al movimiento, lo que exhibe su oportunismo político e ideológico. No hay que olvidar que Julio Astillero, en su programa youtubero y en cuanto foro que aparece, niega rotundamente el cambio en este sexenio. Quizás esperaba la estatización de la economía, disolución de la propiedad privada, etc., lo que igualmente esas izquierdas repelerían, porque en su infantilismo no cabe la gradualidad, el progresismo desde una perspectiva no radical. En el movimiento de la 4T y Morena, no hay duda: izquierda moderada.

De minoría descalificada a mayoría calificada

 

Durante 36 años, el PRIAN ejerció su mayoría implacablemente. En ese lapso, hizo cambios trascendentales a la Constitución mexicana, haciendo del país, no solo un mercado abierto en el contexto de la globalización y el libre comercio, sino también un territorio para explotar, saquear, contaminar, arrebatar a los mexicanos sus tierras, recursos naturales y formas de organización. Miles de mexicanos fueron expulsados de sus vidas y localidades con la promesa del primer mundo, pero cayeron en las trampas del mercado capitalista: no pasaron de ser consumidores y trabajadores endeudados con salarios precarios y anclarse en la pobreza, mientras la tecnocracia, los gobiernos del PRIAN, los partidos políticos, algunos funcionarios públicos, patrimonializaban el dinero público y convertían muchas instituciones públicas en medios de transferencias de dinero público para los bolsillos de las elites de cuello blanco y sectores oligárquicos.

Los cambios que en su momento operó el PRIAN para reformar la Constitución y la ley electoral, fueron para favorecer a ambos partidos políticos en el Congreso de la Unión y sus gobiernos traidores (Vicente Fox), espurios (Felipe Calderón) y fraudulento y corrupto (Enrique Peña Nieto). Si bien en 2018 ganó AMLO, no consiguió asegurar mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y de Senadores, aunque sí mayorías simples. Asimismo, el Poder Judicial se alineó a la derecha partidista, políticos corruptos y saqueadores, y la oligarquía, con la finalidad de detener cualquier reforma constitucional promovida por AMLO y sus legisladores. Pero el pasado 2 de junio de 2024, los ciudadanos iniciaron otra rebelión democrática al otorgarle a Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, y a Morena, PT y PVEM, los votos suficientes para operar reformas constitucionales, como la del Poder Judicial para que la justicia llegue.

A la derecha no le importa la justicia. Al articular el coro medios corporativos-redes sociales a favor de violar la Constitución, mostraron su talante golpista y fascista. Su mayoría se esfumó desde 2018, pero siguen pretendiendo tenerla –ya no en el Congreso, pero sí entre la ciudadanía- aunque mientan e inventen cualquier realidad alterna. En este contexto, observamos cómo los papeles de han invertido. AMLO y Morena, fueron, antes de 2018, atacados sin cesar. Eran la minoría descalificada, mientras la derecha PRIAN y su adherente el PRD, se alzaban como la mayoría calificada. Entre 2018 y 2024, cambios profundos se han operado entre la ciudadanía, la que ha decidido convertir a Morena y sus aliados PT y PVEM, en una mayoría calificada. No se trata nada más de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, sino de facto.

El 2 de junio de 2024, millones de ciudadanos salieron a las calles para votar por profundizar los cambios que la 4T, AMLO, Morena, PT, PVEM, pregonan. No se trata nada más de reformas constitucionales, sino también seguir promoviendo la concientización, reposicionar a los ciudadanos, particularmente los más vulnerables, como sujetos de la historia y su historia individual y colectiva. El proceso civilizatorio mexicano tiene que pasar por la fundación real de una sociedad de derechos, pero no los que muchas organizaciones no gubernamentales o de la llamada sociedad civil han secuestrado para sus fines elitistas y acorde con los designios de la derecha y la oligarquía. Los derechos tienen que estar respaldados por la Constitución. El derecho a la justicia, por ejemplo, tiene que estar garantizado por la nueva mayoría calificada. La gente votó por reformar al Poder Judicial para ponerlo al servicio del pueblo, de las mayorías, no de las elites partidistas, los delincuentes de cuello blanco, los narcos y la oligarquía.

Por ello es crucial que el TEPJF cumpla con su papel, respaldando a la mayoría calificada, más allá de las fobias derechistas, las que promueven una campaña de odio y desprecio, no solo en contra de Morena y sus aliados, sino también en contra de la mayoría de los mexicanos que votaron para convertirse en la mayoría calificada de este país. No es nada más el Congreso. Es el país.

Injerencismo y desestabilización

 

Para el éxtasis de la oligarquía, la derecha partidista, los medios corporativos y sus escribanos golpistas, el injerencista y desestabilizador embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, “habló fuerte y contundente”, contra la reforma judicial. Ignoran que hace unas semanas la postura de este personaje fue contraria. El hecho es que repite la conocida historia del injerencismo estadounidense en México, la que ha implicado invasiones militares, desconocimiento de gobiernos y desprecio a la soberanía. Al parecer, Joe Biden pretende abrir un frente guerrero al norte de América, con el discurso de su embajador, quien pisotea sin ambages una relación bilateral que prende de delicados equilibrios discursivos y el comercio. El presidente Biden abre también un frente político electoral que busca minar la retórica intervencionista, racista y guerrerista del candidato republicano Donald Trump, en sus andanadas electoreras contra la población mexicana nacida y residente en la Unión Americana, y contra México.

Ignorante como muchos estadounidenses de clase media blancos, al parecer devoto de los Tink Tank derechistas y fascistas de Estados Unidos, el embajador Salazar, desde su chato protestantismo –afirmó la intromisión de entes “diabólicos- vinculó la reforma judicial, en particular la elección popular de jueces, magistrados y ministros, con el comercio bilateral, el narcotráfico y otros aspectos, buscando proteger a bancos, empresas, financieros, calificadoras, etc., de su país. La justicia y la pudrición del Poder Judicial mexicano, no es preocupante. Al contrario, la oligarquía de su país hace negocios en México con la anuencia del corrupto Poder Judicial. A las empresas, bancos y demás “entes diabólicos” del capitalismo estadounidense, les preocupa perder el manto protector de un Poder Judicial podrido, al servicio de los poderes fácticos. El poder económico, tanto nacional como internacional, hacen negocios en los mejores términos del capitalismo salvaje, corruptos y saqueador.

En ninguna parte de su discurso, el embajador Salazar hace mención de que el Poder Judicial mexicano no imparte justicia -70 mil casos que al menos desde hace 15 años no han sido resueltos- pero libera delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes. Asimismo, está hundido en la corrupción y el saqueo. Excepto la defensa de los bancos, empresas y negocios estadounidenses, al embajador de Estados Unidos, no le interesa lo que realmente anima la reforma judicial. 36 millones de mexicanos votaron el 2 de junio de 2024, incluyendo a prácticamente a todos los sectores y clases sociales de la sociedad mexicana, apremiando a Morena, PT y PVEM, a reformar el Poder Judicial. La oligarquía, los delincuentes de cuello blanco, los narcos, no sufren lo que miles de mexicanos cuando enfrentan al Poder Judicial –con razón o no- porque el poder del dinero, las corruptelas, los privilegios, la connivencia, dominan. Al embajador le hace falta información: periodistas de investigación y estudios de diverso tipo han documentado los vínculos entre jueces, delincuentes de cuello blanco y narcos, nepotismo, privilegios para unos pocos, saqueo, corrupción.

Como quiera, a Joe Biden, bancos, empresas, calificadoras, inversionistas, no les interesa la impartición de justicia y un Poder Judicial que no sea corrupto y saqueador. Negocios son negocios, sin importar si se corrompe a jueces, ministros y magistrados, para favorecerlos. En la larga lista destacan el maíz transgénico, el fracking, las energías “limpias”, la venta y distribución de gasolinas y otros combustibles, las inversiones en diversos sectores económicos, la minería a cielo abierto, la contaminación, el uso de agrotóxicos prohibidos en Estados Unidos, el pago de impuestos. Ahora bien, no solo se trata de negocios, también de dominar y desestabilizar al próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el intervencionismo, injerencismo y desestabilización de Estados Unidos. Los mexicanos ya lo saben.

Sobrerrepresentación y letrismo: torcer la ley

 

La derecha mexicana tiene una agenda política e ideológica bastante creativa. No pasa un día en la que inventan nuevos términos y realidades alternas, a los que rellenan de supuestos argumentos que reivindican su proclividad a torcer la ley. En diferentes momentos, la derecha gritó “la ley es la ley”, en distintos escenarios. Las marchas rosas fueron operadas para vociferar “el INE no se toca”, “el Poder Judicial no se toca” y, en general, a todos y todo aquello que les favorece y que usan para oponerse a gobiernos democráticos o para derrocar a gobiernos progresistas. Hoy, la retórica de la “la ley es la ley” está muy activa de nuevo: de la llamada “sobrerrepresentación” llegan a intentar violar la Constitución exigiendo evitar el “letrismo”, es decir, piden al INE y al TEPJF no respetar la Carta Magna, porque lo que señala es simple “letrismo”. Exigen “interpretar” lo que la Constitución establece de acuerdo a sus intereses partidistas, políticos, elitistas y oligárquicos les interesa.

Si bien, la derecha mexicana puede presumir “creatividad”, el relleno de los términos y realidades alternas que promueven, son mentiras, vacíos argumentativos, simples exigencias ideológicas y políticas para sus intereses. En pasadas elecciones, nunca objetaron lo que la Constitución establece sobre la asignación de diputados, pues les favorecía. Hoy que esa disposición constitucional no favorece sus intenciones y la de las elites y oligarcas que la financian, exigen que no se le otorgue a Morena y sus aliados PT y PVEM, lo que constitucionalmente les corresponde. Y la derecha miente cuando dice que la coalición Sigamos haciendo historia al haber obtenido solo 54% de los votos quiere quedarse con el 75% del Congreso. Ese criterio no es el que prevalece para la asignación de las curules. Se usa el porcentaje de votos que los partidos políticos obtuvieron por distrito electoral. Morena y sus aliados ganaron en 85% de los distritos, pero ese porcentaje no define el número de curules que le asignaría, sino lo que cada partido político obtuvo en cada distrito.

Ahora bien, el “letrismo” que ahora aducen los abajofirmantes –la derecha golpista de nuevo- es una novedosa narrativa derechista para exigir que se viole la Constitución. No se puede hacer caso a la letra constitucional, dicen. Solo falta que declaren inconstitucional la Constitución. Recordemos que el presidente de la República envió una iniciativa para reformar la norma constitucional electoral que evitaba lo que la derecha llama hoy sobrerrepresentación, pero fue rechazada por la oposición. Es decir, de haber sido aprobada esa reforma, la discusión actual quizás estaría en otro polo, y no en intentar robar diputados y senadores legítimamente ganados por la coalición Morena-PT-PVEM. Porque no se trata nada más de Morena, sino que, de hacer caso el INE y el TEPJF del griterío derechista para violar la Constitución, la coalición Seguimos haciendo historia se vería fuertemente afectada, mientras la alianza neofascista PRIANRD obtendría más legisladores de los que realmente obtuvo el 2 de junio. Asimismo, se estaría violentando el mandato popular, pues claramente millones de mexicanos votaron por el Plan C.

La oposición suele ser “creativa” –AMLO, peligro para México, deriva autoritaria, narcopresidente, mesías tropical, etc.- con sus epítetos antidemocráticos, pero solo exhiben el vació de sus intelectuales orgánicos y partidos políticos que detestan la democracia. Si no obtienen lo que anhelan –aunque la realidad no les cumpla sus anhelos- arrebatan. En la campaña electoral de 2006, la derecha amedrentó a los ciudadanos con su perversa propaganda. Incluso, la hoy autollamada “izquierda verdadera”, se creyó lo del comunismo y el chavismo-castrismo. En 2012, operó una mafia derechista que trastocó la votación comprando a manos llenas votos, vendiendo una falsa imagen televisiva. En 2018 y 2024, los mexicanos dijeron basta. La violencia propagandística de la derecha es tan evidente, que los ciudadanos decidieron por sí mismos.

Del periodismo delirante a la pérdida de confianza

 

El arribo de AMLO a la presidencia de México en 2018, llevó a los medios corporativos a integrarse como un grupo compacto informal. Excepto cuando el narcopresidente Felipe Calderón, los convocó a autocensurarse, posteriormente no se conoció un llamado oficial similar, pero, al parecer, la voz de la oligarquía mexicana y extranjera los unificó. El plan siempre fue –y sigue siendo- atacar a AMLO. Previo a la elección del 2 de junio de 2024, para evitar que la 4T continuara, el uso de los hashtags narcopresidente y narcocandidata en las redes sociales, volvió a unificar a la prensa y sus comentócratas, además de intentar esparcir mentiras por medio de la televisión, la radio y la prensa impresa. Las mentiras y los ataques no cesan, pero muestran cómo han perdido la confianza de sus audiencias, acorde con un estudio de Reuters.

A poco más de un mes del triunfo de Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados, los medios corporativos siguen en su activismo antigobiernista y anti 4T. Previo al 2 de junio de 2024, los medios corporativos, plataformas en Internet, redes sociales, se acoplaron para impulsar una costosa y beligerante campaña plagada de mentiras, fakenews, descalificaciones, odio e intentos de vincular al presidente de México y la candidata progresista con la delincuencia. Entonces, se pretendía descarrilar, no solo a la morenista y la 4T, sino también a AMLO. Algo similar está sucediendo ahora: la misoginia y gritos histéricos de la derecha para que la virtual presidenta electa se “deslinde” de AMLO, están encaminadas a socavar su legitimidad y gran apoyo ciudadano, además de denigrar el legado del presidente que está por finalizar su sexenio.

La campaña mediática, fue la base política e ideológica de la derecha opositora. Toda la propaganda partidista (PAN, PRI, PRD) centró su atención en mentiras de todo tipo. Por un lado, inventándole una vida de fantasía a su fracasada, mentirosa y corrupta candidata Xóchitl Gálvez, y por el otro, intentando imponer una realidad paralela en la que enfatizaban el supuesto desastre económico, violencia desatada, obras de infraestructura costosas e innecesarias, catástrofe ecológica, particularmente en el sureste del país debido a la construcción del Tren Maya, entre otros. Ni la fantasiosa vida de una candidata ni las mentiras sobre el país y la acción gubernamental tuvieron éxito. Pero, a pesar del fracaso tripartidista –PRD, declarado inexistente, PRI y PAN, fracasando estrepitosamente a nivel local, estatal y nacional- esos partidos políticos continúan alineados a los medios corporativos en campaña contra de la 4T, Claudia Sheinbaum y AMLO.

En este contexto, hoy esos medios corporativos, promueven la campaña mediática sobre la supuesta sobrerrepresentación. Las elecciones del 2 de junio, otorgaron a Morena y sus aliados, PT y PVEM, amplios triunfos a nivel nacional. Si se interpreta políticamente, los ciudadanos votaron por esta coalición para que legisle y apruebe, no solo las iniciativas presentadas por AMLO, sino todo aquello que favorezca a la ciudadanía. Para eso les dieron mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aunque en la de Senadores le faltarían un par de miembros para similar mayoría. La Constitución prevé esta situación. Y es muy clara. Ningún partido político puede tener 300 o más diputados, pero sí cifras que los acerquen a la mayoría calificada. La oposición no alcanzó los niveles de votación que Morena y sus aliados, por lo que sus partidos tendrán el número de diputados que la Constitución mandata. No hay sobrerrepresentación.

Las campañas mediáticas de los medios corporativos, buscan instalar en el imaginario ciudadano dudas a partir de falsedades. Por eso Reuters no se equivoca: sus audiencias, aunque continúan siguiéndolos, ya no creen en ellos. Televisa, TvAzteca, Aristegui, ya no generan confianza entre los ciudadanos porque durante casi seis años han promovido campañas de mentiras, Fakenews y ataques, sin pruebas, en contra de AMLO, su familia, la 4T, y las políticas gubernamentales. El caso más dramático es el de Carmen Aristegui, cuyo alineamiento derechista le cuesta credibilidad.

Continuidad con cambio, Segunda parte

 

Acorde con las directrices pactadas en el seno del consejo nacional de Morena, los participantes -4 morenistas, 1 del PT y 1 del PVEM- buscan que la ciudadanía –no esa difusa y bastarda sociedad civil de la derecha- conozca, compare y se informe de primera mano, más allá de una decisión presidencial y cupular, sobre cómo podrían dar continuidad a la 4ª transformación. La diferencia fundamental con la oposición y su larga fila de aspirantes, es que hay un movimiento social y político que conoce los grandes ejes del cambio impulsado por AMLO, mientras los opositores navegan en decisiones cupulares, propaganda que difama, pero nada propone, la imposición de una alianza derechista encabezada por un depredador económico que ha hecho fortuna con financiamiento de gobiernos extranjeros, condonaciones y sin pagar impuestos, facciones de la oligarquía que añoran saqueo y corrupción, la sociedad civil y académicos derechistas alineados a políticos y empresarios saqueadores y corruptos.

El primero de julio cumplirá cinco años el triunfo de AMLO y el amplio, complejo y, a veces, extraño movimiento social y político al que se integraron políticos, exfuncionarios, ciudadanos, izquierdistas –radicales y moderados-, empresarios medianos y pequeños, adultos, mujeres y hombres de diversas clases sociales y orígenes étnicos. La inclusión es el signo del obradorismo y el morenismo, aunque algunos sectores minoritarios –como la comunidad LGBT+, feministas radicales- se hicieron a un lado. Con todo, el camino está abierto para el tránsito de millones de ciudadanos. Según las encuestas más recientes, la aprobación de AMLO alcanza niveles nunca antes vistos: 60-70% de los mexicanos aprueban su mandato. Incluso, una encuesta reciente del periódico Reforma a personas que aseguran que jamás votarían por Morena, deja respuestas ambiguas como “habría que darle otra oportunidad a Morena” o “AMLO o Morena no han hecho un mal gobierno”.

La encuesta de Reforma (21/06/2023) es interesante, pues aún entre su muestra, específica y acotada, de personas que “jamás” votarían por Morena, surgen grietas. Asimismo, en encuestas a población abierta solamente entre el 25% y el 30% está inconforme contra AMLO, Morena y la 4ª transformación, pero la encuesta de Reforma muestra un comportamiento interesante de ciudadanos que, referidos al porcentaje que está en contra del gobierno actual, no son un bloque inamovible. La aprobación de AMLO no puede ser trasladada de modo automático y acrítico, tanto a Morena como a sus aspirantes. De ahí lo interesante del experimento que AMLO lanzó y que está siendo torpedeado por una derecha opositora que cada día suma más candidatos a sus deseos por la presidencia de la República. En su libro (La disputa por México: dos proyectos frente a frente para 2024, Harper Collins, 2022), Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, describen dos visiones de nación que se confrontarían en 2024. Pero no hay paralelo.

Es decir, los aspirantes a coordinar la 4ª transformación tienen un proyecto, ejes centrales, valores, principios y un camino pavimentado por AMLO, mientras la derecha opositora solo ofrece no acabar con los programas sociales, consagrados en la Constitución mexicana, pero sí regresar a saqueo y corrupción. La oposición derechista no tiene propuestas de nación. Para la derecha, lo fundamental es recuperar el país perdido en 2018 a manos del “autoritarismo” y el “chavismo-obradorista”. Según la derecha fascistoide, millones de mexicanos apoyamos a un “dictador” que, paradójicamente, no usa al ejército para reprimirlos, no cesa a la SCJN –Ernesto Zedillo- comprada y cooptada por las elites económicas y políticas, no censura a la prensa sicaria –pero señala sus mentiras y estupideces- y no ha confiscado la propiedad privada –lo del tramo del Ferrocarril Transínstimico fue recuperar parte de una concesión. No hay “dictadura” castro-chavista”. Es la imbecilidad de la derecha.