No hay duda que el próximo 1 de junio de 2025, resumirá demandas,
cuestionamientos, los votos del 2024 a favor de Claudia Sheinbaum, la coalición
“Juntos seguimos haciendo historia”, y la fundamental necesidad de renovar un
Poder Judicial corrupto, corrompido por las elites económicas y la delincuencia
organizada, y alejado de los ciudadanos. Son miles los mexicanos que están en
la cárcel sin haber sido sentenciados o que enfrentan cargos falsos, mientras
delincuentes como Genaro García Luna, han sido favorecidos por resoluciones a
favor de su esposa para desbloquear sus cuentas bancarias, y empresarios como
Ricardo Salinas Pliego, cuyos adeudos por miles de millones de pesos al fisco,
están siendo protegidos por la SCJN.
Sin duda, hay jueces, magistrados y ministros que no viven de la
corrupción del Poder Judicial, quienes además no tienen vínculos indecibles con
el poder económico y la delincuencia organizada, pero se siguen documentando
casos de integrantes del Poder Judicial, cuya dudosa actuación los exhibe. Jueces
liberando delincuentes de cuello blanco y delincuentes ligados a carteles del
narcotráfico u organizaciones criminales de otro tipo; jueces y ministros
protegiendo a deudores fiscales; ministros que buscan devolver miles de
millones de pesos, con intereses, a grandes grupos empresariales; magistrados
que liberan cuentas de delincuentes.
Es el panorama mayoritario y la reforma judicial, en el ejercicio
electoral del 1 de junio de 2025, que tendrá el efecto de comenzar a limpiar el
Poder Judicial. La complejidad de ese proceso electoral es evidente, además de
la incógnita sobre la asistencia a las urnas del electorado mexicano, en el
contexto de una guerra mediática para desalentar a los mexicanos. El hecho es
que la propaganda en contra de la elección de las personas juzgadoras, coincide
con situaciones que no pueden ser ignoradas: los asesinatos de los funcionarios
del gobierno de la CDMX, el llamado de la CNTE a boicotear las elecciones del
Poder Judicial –ya se deslindaron, pero no fue un deslinde contundente.
El domingo 1 de junio de 2025, los mexicanos van a renovar el Poder
Judicial. La derecha mediática juega con el número de asistentes, con la
finalidad de que, si la asistencia es baja, prepararán amparos que de seguro el
corrupto Poder Judicial actual, los aceptará. El problema con esos amparos es
que el Congreso de la Unión no estableció un límite en cuanto al número de
votos. Es decir, si votamos 3 personas –es un decir-, se harán valer nuestros
votos. Pero la derecha está preparando una guerra judicial, pues sabe que la
guerra mediática no tendrá un gran impacto. No se debe minimizar el griterío
mediático. Es parte del golpe blando, el cual está bien dispuesto en libros y
documentos estadounidenses.
La derecha estadounidense e internacional, sabe bien que Morena, la 4T y
la presidenta de México, tienen el apoyo mayoritario de un país que podría
convertirse en faro del progresismo, la izquierda electoral y muchos
movimientos sociales en América Latina. Tanto en México como en los países
latinoamericanos, el discurso y la intervención de la derecha han sido
limitados. Por ejemplo, las recientes elecciones en Venezuela, en las que el
partido en el poder arrasó en las gubernaturas, lo que incluso demuestra a
algunos sectores y gobernantes de la izquierda latinoamericana (Colombia, Brasil,
Chile), que el triunfo de Nicolás Maduro, aunque cuestionado, ha sido
ratificado a nivel regional y local.
A la derecha interna y externa, le preocupa la consolidación de la 4T y
Morena, porque las elecciones de las personas juzgadoras tendrán ese
significado. Los poderes de la Unión en México, terminarán de ser renovados por
la vía democrática. En 2024, los mexicanos salimos a votar por consolidar el proceso
que actualmente está en marcha. No solo se trató de elegir a la presidenta de
México y aprobar el plan C, sino de continuar la transformación, lo que la
derecha repele.
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