Poder absoluto

 

Los medios corporativos golpistas, la mafia derechista y la “izquierda buenaondita” se retuercen ante la aprobación de la supremacía constitucional. En realidad, salvo una serie de previsiones que fueron retiradas para dar certeza a defensores de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, se elevó a nivel constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo. Durante varias semanas jueces y magistrados han estado lanzando amparos ilegales con la finalidad de bloquear la reforma judicial, cuya constitucionalidad no puede ser puesta en duda, mientras la SCJN se autodesigna revisora y recibe acciones de inconstitucionalidad y otras ilegalidades, siendo que la Constitución mexicana es muy clara: la SCJN no puede declarar inconstitucional la Constitución. Finalmente, el Poder Judicial, aunque el Consejo de la Judicatura Federal ordenó terminar con su ilegal paro, sigue intentando golpear a la presidenta y la 4T.

Con todo, recordemos que, en su momento, la derecha tuvo el “poder absoluto” y modificó la Constitución a su antojo. Y ahora la derecha miente, porque el “poder absoluto” es simplemente lo que el Constituyente decida, el cual está respaldado por 36 millones de votos. La mayoría de los mexicanos votaron porque Morena y sus aliados, para que reformaran la Constitución, a pesar de la derecha y la “izquierda buenaondita”. No olvidemos que el “poder absoluto” por el que pelean la SCJN y el Poder Judicial, tanto en los medios corporativos y en menguadas marchas, a las que obligan a asistir a algunos empleados de jueces y magistrados, como por medio del uso faccioso y mentiroso de la ley –amparos, acciones de inconstitucionalidad, aceptación de trámites a amparos y acciones promovidas por entidades que no tienen personalidad jurídica-, defendió en su momento al narco Genaro García Luna, a través de emplear a gente parte de su estructura criminal y la liberación de cuentas de la esposa para llevarse fuera del país. También, la SCJN, ministros, jueces y magistrados, han favorecido a los magnates mexicanos para no pagar impuestos, como es el caso del dueño de TvAzteca y Eleketra, además de liberar delincuentes de cuello blanco y criminales los sábados.

La supremacía constitucional puede tener un uso faccioso, acorde con los partidos políticos que tengan mayoría calificada en el Congreso de la Unión, por lo que no está demás cuestionar sus implicaciones, pero rechazarla también puede llevar al país a crisis institucionales y embestidas golpistas provenientes de la SCJN, le Poder Judicial y la oligarquía. No se olviden los golpes de estado perpetrados por la derecha y Estados Unidos en Latinoamérica, por medio del uso faccioso de la ley-Lawfare-, los medios corporativos y las fuerzas armadas, los cuales dejaron estelas sangrientas de represión, asesinatos, desapariciones y exilios forzados. En este sentido, la supremacía constitucional busca ser un muro que detenga las ilegalidades y mentiras de partidos políticos, ministros, magistrados, jueces, y en general de sectores derechistas de la oligarquía mexicana y extranjera.

El reciente galimatías del ministro Alcántara Carranca, quien pretende declarar inconstitucional la Constitución mexicana, postura que exhibe bien las arbitrariedades de la SCJN y el Poder Judicial. Los ministros que la apoyen, podrían ser objeto de juicios políticos o, en algún momento, que la presidenta de México use una facultad presidencial que tiene: disolver la SCJN, como lo hizo el criminal Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fabricó con el Congreso que entonces estaba vigente, un decreto que desapareció la SCJN y conformó otra SCJN a modo. No se espera que se ejerzan ambas facultades –juicio político y disolución de la SCJN-, porque tanto la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión como la presidenta de México, comparten una postura que favorezca el estado de derecho y el orden constitucional, mientras la SCJN y el Poder Judicial pretenden generar una crisis constitucional para hacerse del poder absoluto que le reclaman al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.