miércoles, 30 de octubre de 2024

Sembrar un golpe de estado

 

La derecha, el fascismo y los medios corporativos, ante el fracaso de sus estrategias encabezadas por la SCJN y el Poder Judicial –amparos, acciones de inconstitucionalidad, revisiones ilegales e intentos por declarar inconstitucional la Constitución mexicana- arrecian su campaña en la prensa escrita, la radio y la televisión, sembrando la urgencia de un golpe de estado liderado por la SCJN. En reciente entrevista con la misógina y fascista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el fascista exministro José Ramón Cossío Díaz, amanuense del narco foxismo-calderonismo, sembró la “hipótesis” en la que la SCJN declara la inconstitucionalidad de la Constitución y aprueba la ilegal “revisión” del ministro González Alcántara Carranca, dando pasó a “dos constituciones”, y el supuesto desacato de la presidenta de México y el Congreso de la Unión a la ilegal resolución, implicando que la SCJN podría destituir y detener a Claudia Sheinbaum, diputados y senadores.

En su delirio mediático, los fascistas Uresti y Cossío, la primera con expresiones de asombro y felicidad, el segundo jugando con la ignorancia y estupidez de la locutora, intentan sembrar un golpe de estado, pero el exministro nada dice sobre la ilegalidad total de la SCJN y el Poder Judicial en sus amparos y “revisiones”, atentando en contra de la Carta Magna. Tanto la Ley de Amparo –artículo 61- como el artículo 135 constitucional son más que claros: la Constitución mexicana, porque ya no estamos hablando de “la reforma judicial”, sino de la Constitución que ya incorporó lo que el Constituyente revisor y reformador mandató, a través de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos estatales. Para la derecha es fácil manipular la ley y hacerse los expertos y sabihondos, pero lo único que hace es usar la ignorancia de una mediocre entrevistadora para “hipotetizar” sobre un presunto golpe de estado que le permita a la derecha y al fascismo mexicano apoderarse del país de nuevo.

Hasta hoy, han renunciado los 8 ministros que buscan, con sus ilegales medidas, derrocar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. En todos los casos, además de ingentes autoelogios en sus supuestas cartas de renuncia –ya el presidente del Senado de la República comentó, irónicamente, que no se las dirigen acorde con su cargo, sino al elusivo “pleno” del Senado- se declaran en contra de la Constitución –siguen usando el epíteto de “reforma judicial”, que ya no es-, pero se acogen a lo que dice sobre su haber de retiro. Es decir, intentan declarar inconstitucional la Constitución, pero renuncian acorde con lo que la Constitución establece. Se llevarán un millonario haber de por vida, porque en todos los casos se trata de recursos públicos que no les serán otorgados por una única vez, sino de por vida, incluyendo a sus familiares directos. En este contexto, tal parece que la SCJN y la oligarquía, con sus partidos derechistas comparsas, ante su estrepitoso fracaso golpista, pretenden poner en la mesa una extorsión o una negociación.

En este sentido, usan el supuesto de que la “propuesta” de González Alcántara Carranca para extorsionar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo: te amenazo con aprobar la ilegalidad, pero renuncio para embolsarme millones de pesos, si no aceptas las falacias legaloides que esgrimo y genero una crisis constitucional. O, en todo caso, buscan negociar una salida airosa de los 8 ministros para eludir un posible juicio político o una disolución de la SCJN y un golpe mayor al Poder Judicial. En ambos escenarios, el golpismo trata de erigirse como el factor determinante. La escena mediática protagonizada por el exministro Cossío con la ignorante entrevistadora Uresti, es parte de la extorsión o la negociación. Incluso, la “izquierda buenaondita” comandada por Julio Astillero dedicó parte de su programa youtubero especula sobre la “necesidad” de que la presidenta de México y el Poder Legislativo “acepten” la ilegal resolución de la SCJN, sin más argumento que “más vale rendirse” para negociar un elusivo acuerdo con una ilegal decisión, desde el origen, de la SCJN, en el que el conflicto de interés, el abuso de poder y el autoritarismo campean.

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