lunes, 7 de octubre de 2024

No a la provocación

 

Ante el ilegal intento de 8 ministros de la SCJN, para “revisar” la constitucionalidad de la Constitución, por su ilegal y absurda decisión de dar trámite a solicitudes de jueces y magistrados que buscan controvertir la reforma judicial, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es contundente. El Poder Judicial, en la desesperación y sin razón, está inventando una crisis para desestabilizar al gobierno y al país. Los leguleyos aplauden la cínica y golpista decisión de la SCJN, pero saben que no se trata de un asunto jurídico, sino político. Tanto la presidenta como el Poder Legislativo, han dicho que la reforma judicial se aplicará independientemente de los amagos ilegales. Los ministros golpistas podrán concluir que la SCJN si puede “revisar”, pero jamás contarán con los medios para que sus extralimitaciones funcionen.

La admisión a “análisis”, como afirmó la corrupta ministra Margarita Ríos Farjat, quien llegó a la SCJN por propuesta de AMLO, corrompida rápidamente y cómplice golpista del Poder Judicial que no hace justicia, sino protege intereses de grupos económicos y políticos que mueven a los 8 ministros, es ilegal. Quizás el intento golpista se les aguó, como sentenció la presidenta de México, pero es necesario que los mexicanos estemos atentos ante el amago judicial que 8 ministros pretenden construir como camino para invalidar la propia Constitución mexicana. La desesperación, la estupidez, el golpismo dominan, no solo al Poder Judicial en su conjunto, sino sobre todo a 8 ministros que buscan que la SCJN no solo viole la Constitución, sino también se convierta en el supremo poder, intentando someter al Constituyente y al Poder Ejecutivo.

Al rechazar la provocación, la presidenta de México llamó a los amagos del Poder Judicial, la SCJN, 8 ministros y los trabajadores, jueces y magistrados, en ilegal paro, por lo que siguen cobrando sus onerosos salarios los segundos, mientras los primeros defienden la corrupción y saqueo al que están acostumbrados, “golpe aguado”. Y la ministra Lenia Batres, una de las tres que votaron en contra de la “revisión”, retó a los 8 ministros a que le digan en que parte de la Constitución se dan atribuciones a la SCJN para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. No hay duda que 8 ministros corruptos y saqueadores buscan disparar una crisis política para imponer reglas que de las que carecen atribuciones constitucionales. Por ello es necesario que los ciudadanos vislumbren la ilegalidad en la que actúa la SCJN.

Para aprobar la “revisión”, los 8 ministros manipularon un artículo de una ley secundaria de la propia SCJN que no le otorga la facultad de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Los ministros golpistas inventan un trámite a partir de mentiras, manipulación y escenarios políticos, esperando que la provocación tenga algún resultado. Recordemos que tanto al Ley de Amparo como la Constitución prohíben expresamente que una reforma constitucional sea controvertida. La Ley de Amparo es clara: ningún amparo puede ser otorgado o tiene validez cuando una reforma constitucional es llevada a cabo. Ni siquiera sugiere que el procedimiento del Constituyente pueda ser “revisado”. Por su parte, la Constitución es clara ante las reformas constitucionales: establece claramente la ruta para su discusión y aprobación. Asimismo, en ninguna parte de la Carta Magna otorga facultades a la SCJN y al Poder Judicial para revisar, suspender y controvertir una reforma constitucional.

Como la presidenta de México dijo: es una provocación de la SCJN y el Poder Judicial. Sin duda es una maquinación política para acudir a instancias internacionales, armar otro escándalo ante la corrupta OEA, organismo que obedece a Washington y la derecha internacional. Se trata de que la CIDH intervenga con decisiones que vulneren la soberanía nacional. El Poder Judicial y la SCJN pretenden que un organismo internacional controvierta la Constitución mexicana, pero sus perversos oficios seguro serán rechazados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el pueblo.

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