El INE, de árbitro a censor golpista

 

Durante casi seis años, el INE ha puesto en claro que no es el árbitro de la democracia que emergió en 2018, sino parte de la oligarquía y sus mafias partidistas. Lo que no es extraño, pues desde su creación como IFE, demostró su servidumbre a favor del PRI, el PRIAN, el PRIANRD, la derecha golpista y el empresariado que añora el pasado de corrupción, saqueo e impunidad. El activismo de los derechistas Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, entre los más destacados de los consejeros del INE, se ha exacerbado por las implicaciones que tuvo el cuestionamiento de la izquierda y el progresismo, antes de 2018, ante los fraudes electorales encabezados por el PRI, el PAN y el PRIAN, y la postura beligerante de esa oposición progresista hoy en el gobierno, ante la continuidad de una estructura electoral que se ha convertido en censora y protectora de privilegios, corrupción, saqueo e impunidad conducida por la derecha partidista y empresarial.

A los mexicanos no se nos puede olvidar que el PRI, además de represor, corrupto, saqueador, protector de privilegios y privilegiados, sustento de impunidad en todos los niveles, dominó a la sociedad mexicana durante décadas. En estas elecciones, como en otras, su propaganda electoral va, de culpar al presidente de México, a su gobierno y a Morena, por supuestos fracasos económicos, a reclamar a los mexicanos que, si hoy sus padres, madres, hijos e hijas, tienen casa, educación, etc., es “gracias” al PRI, por lo que deberían darle su voto. En su caso, el PAN promete el regreso de guarderías, el seguro popular, las migajas de la derecha, con grandes corruptelas, como si fuera lo mejor para los mexicanos. No hay un proyecto de nación. A menos que el remedo de pasado prianista con la política social de AMLO, acotada por “no debe ni puede ser para todos y ni para siempre”, sea lo que millones de mexicanos esperan.

En este contexto, destaca también el uso ilegal del logo y colores del INE por la derechista Xóchitl Gálvez, quien se vio obligada a retirar su propaganda electorera ante un resolutivo de la propia instancia electoral. Sin duda, la derechista buscaba montarse y montar su campaña, ante su estrepitoso fracaso electoral, en el organismo para manipular a los ciudadanos intentando legitimar su remedo de política social, como si el INE la arropara. El hecho no es desdeñable, porque, entre denuncias y quejas del PRIANRD, se ha favorecido a la derechista y la derecha partidista, mientras no se atienden con la celeridad y beligerancia que le otorgan a la derecha, las quejas de la coalición Morena-PT-PVEM. Acorde con la legislación electoral, el uso indebido del logo y colores del INE, debería implicar una multa severa, no solo un extrañamiento, pero el árbitro electoral evita cualquier confrontación con la derecha, la que tiene secuestrado al instituto con la finalidad de generar las condiciones para pretender anular las elecciones del 2 de junio.

Los mexicanos no pueden permanecer impávidos ante el intento de echar a andar el Lawfare, es decir, el uso manipulado de la legislación electoral que sanciona a la coalición Morena-PT-PVEM y al presidente de México –hoy se sabe que el TEPJF busca censurar, cual inquisidor medieval colonialista y nazi-fascista, el libro de AMLO- por cualquier situación y denuncia de la derecha, mientras los excesos –campañas de odio, uso excesivo de recursos privados, mentiras reiteradas, etc.- de la derechista Xóchitl Gálvez, sus partidos políticos y la oligarquía, no los ve el supuesto árbitro electoral. Ahora, veremos en qué acaba la exigencia del PAN al exigir “blindaje electoral” en el que el INE “garantice” que los programas sociales continuarán, aunque “no se vote por Morena. Esto ejemplifica bien el abuso de la derecha para el árbitro electoral se convierta en garante de su propaganda electorera. La ciudadanía sabe bien que el PRIANRD y la oligarquía no están dispuestos a garantizar una política social que proteja los derechos sociales. Dicen que los programas continuarán, pero no los refieren como derechos sociales, sino como simples “programas”. Diferencia que no es solo conceptual, es ideológica y políticamente precisa. Los derechos sociales no son “programas”, son derechos.