jueves, 28 de noviembre de 2024

La recomposición del Estado mexicano: los “órganos autónomos constitucionales”

 

La reforma constitucional que devolvió a PEMEX y CFE su carácter de empresas estatales, la reforma judicial, así como la desaparición de los llamados “órganos autónomos constitucionales”, tienen el efecto de devolver atribuciones y funciones al Estado mexicano. Como empresas “productivas”, PEMEX y CFE estaban sujetas a los vaivenes del mercado, en el que las empresas privadas eran privilegiadas, recibiendo incluso subsidios multimillonarios. La reforma judicial, no se trata nada más de que los mexicanos elijan a jueces, magistrados y ministros, sino también rehacer al Poder Judicial que está al servicio de políticos, partidos políticos, empresarios y empresas extranjeras y nacionales, y la oligarquía. Los “órganos autónomos constitucionales” cercenaron funciones esenciales al Estado, además de que los gobiernos neoliberales, al plasmarlos en la Constitución, buscaron proteger a instancias garantes de privilegios, empresas nacionales y extranjeras, información y grupos de supuestos expertos que no podían ser cuestionados.

Durante tres décadas, el neoliberalismo buscó transformar la estructura económica y social, por medio de reformas constitucionales que favorecieran al mercado, las transnacionales y las empresas nacionales. Por ejemplo, es el caso de los “órganos autónomos constitucionales” que operaron bajo la idea de la “preponderancia” para marginar y quebrar a las empresas del Estado mexicano, mientras protegían las inversiones privadas y a las empresas transnacionales y mexicanas. Según la derecha en el Congreso de la Unión, la 4T acabó con “contrapesos”, lo que llevará al autoritarismo, pero en la Constitución no dice nada de estas instancias como “contrapesos”; solo se les daba la función de reguladoras (mercados de energías, telecomunicaciones, hidrocarburos, información, política social y educativa). Pretender convertirlas en “contrapesos”, oculta la naturaleza real de estos organismos que recibieron la protección de los gobiernos del PRIAN.

En los hechos, los “órganos autónomos constitucionales” desregulaban el mercado, al tomar sus comisionados y consejeros decisiones a favor de las empresas privadas, impidiendo a las empresas del Estado mexicano, competir realmente. Por ejemplo, la conectividad vía Internet era una atribución exclusiva de la iniciativa privada, porque si el gobierno pretendía intervenir en el mercado, le era aplicada la fórmula de la “preponderancia”; es decir, si se trataba de una empresa conformada con dinero público, de inmediato se le repelía, solo por ser parte del gobierno. No se trataba de competencia, competitividad e innovación, sino de salvaguardar un mercado que se suponía exclusivo del sector privado. El caso de la transparencia y la información –INAI- el organismo, además de que varios de sus comisionados estaban envueltos en escándalos de corrupción y saqueo del erario público, ocultó información que supuestamente era de importancia para la seguridad nacional, como el informe que Felipe Calderón entregó sobre su fatídica guerra contra el narco. Si bien, en otros casos favoreció la transparencia –la Estafa Maestra-, en otros colaboró con la oposición para inventar situaciones para golpear al gobierno –la casa gris.

Los años neoliberales aún no terminan, pero está en proceso el desmantelamiento de la estructura jurídica neoliberal. Con este hecho, el neoliberalismo en México no sucumbe de tajo, como cuando en los años dorados del salinismo, el zedillismo, el foxismo, el calderonismo y el peñanietismo, se impusieron sin consideraciones de ningún tipo reformas constitucionales para moldear el país acorde con las necesidades del mercado y del capital. Porque el neoliberalismo no solo se trató de los “órganos autónomos constitucionales”, sino de entregar dinero público, recursos naturales, tierras y privilegios fiscales, condonaciones de impuestos, a las elites económicas y políticas. Asimismo, estas instancias estuvieron sujetas al reparto de cuotas políticas y partidistas. Sus titulares y comisionados tenían vínculos evidentes con las elites económicas y políticas.

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