La reforma constitucional que devolvió a PEMEX y CFE su carácter de
empresas estatales, la reforma judicial, así como la desaparición de los
llamados “órganos autónomos constitucionales”, tienen el efecto de devolver
atribuciones y funciones al Estado mexicano. Como empresas “productivas”, PEMEX
y CFE estaban sujetas a los vaivenes del mercado, en el que las empresas
privadas eran privilegiadas, recibiendo incluso subsidios multimillonarios. La reforma
judicial, no se trata nada más de que los mexicanos elijan a jueces,
magistrados y ministros, sino también rehacer al Poder Judicial que está al
servicio de políticos, partidos políticos, empresarios y empresas extranjeras y
nacionales, y la oligarquía. Los “órganos autónomos constitucionales”
cercenaron funciones esenciales al Estado, además de que los gobiernos
neoliberales, al plasmarlos en la Constitución, buscaron proteger a instancias
garantes de privilegios, empresas nacionales y extranjeras, información y grupos
de supuestos expertos que no podían ser cuestionados.
Durante tres décadas, el neoliberalismo buscó transformar la estructura
económica y social, por medio de reformas constitucionales que favorecieran al
mercado, las transnacionales y las empresas nacionales. Por ejemplo, es el caso
de los “órganos autónomos constitucionales” que operaron bajo la idea de la “preponderancia”
para marginar y quebrar a las empresas del Estado mexicano, mientras protegían
las inversiones privadas y a las empresas transnacionales y mexicanas. Según la
derecha en el Congreso de la Unión, la 4T acabó con “contrapesos”, lo que
llevará al autoritarismo, pero en la Constitución no dice nada de estas
instancias como “contrapesos”; solo se les daba la función de reguladoras (mercados
de energías, telecomunicaciones, hidrocarburos, información, política social y
educativa). Pretender convertirlas en “contrapesos”, oculta la naturaleza real
de estos organismos que recibieron la protección de los gobiernos del PRIAN.
En los hechos, los “órganos autónomos constitucionales” desregulaban el mercado,
al tomar sus comisionados y consejeros decisiones a favor de las empresas
privadas, impidiendo a las empresas del Estado mexicano, competir realmente. Por
ejemplo, la conectividad vía Internet era una atribución exclusiva de la
iniciativa privada, porque si el gobierno pretendía intervenir en el mercado,
le era aplicada la fórmula de la “preponderancia”; es decir, si se trataba de
una empresa conformada con dinero público, de inmediato se le repelía, solo por
ser parte del gobierno. No se trataba de competencia, competitividad e
innovación, sino de salvaguardar un mercado que se suponía exclusivo del sector
privado. El caso de la transparencia y la información –INAI- el organismo,
además de que varios de sus comisionados estaban envueltos en escándalos de
corrupción y saqueo del erario público, ocultó información que supuestamente
era de importancia para la seguridad nacional, como el informe que Felipe
Calderón entregó sobre su fatídica guerra contra el narco. Si bien, en otros
casos favoreció la transparencia –la Estafa Maestra-, en otros colaboró con la
oposición para inventar situaciones para golpear al gobierno –la casa gris.
Los años neoliberales aún no terminan, pero está en proceso el
desmantelamiento de la estructura jurídica neoliberal. Con este hecho, el neoliberalismo
en México no sucumbe de tajo, como cuando en los años dorados del salinismo, el
zedillismo, el foxismo, el calderonismo y el peñanietismo, se impusieron sin
consideraciones de ningún tipo reformas constitucionales para moldear el país
acorde con las necesidades del mercado y del capital. Porque el neoliberalismo
no solo se trató de los “órganos autónomos constitucionales”, sino de entregar
dinero público, recursos naturales, tierras y privilegios fiscales,
condonaciones de impuestos, a las elites económicas y políticas. Asimismo,
estas instancias estuvieron sujetas al reparto de cuotas políticas y
partidistas. Sus titulares y comisionados tenían vínculos evidentes con las
elites económicas y políticas.
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