Órganos autónomos: opacidad, privilegios y malversación de dinero público

 

En su momento, AMLO abordó con particular interés público el caso de los órganos autónomos, creados en el contexto del neoliberalismo, con la finalidad de promover la competencia e innovación, pero en realidad sirven para justificar las veleidades del mercado y favorecer a las empresas privadas y la oligarquía. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, de las reformas al artículo 27 constitucional que sujetaron las tierras ejidales al mercado, generando una nueva concentración de la tierra en pocas manos, a las llamadas reformas estructurales impuestas por Enrique Peña Nieto con el apoyo del PRIANRD, pasando por la destrucción de empresas públicas como Luz y Fuerza del Centro que lanzó a las calles del desempleo a más de 40 mil trabajadores, situación orquestada por la dupla del narcogobierno encabezado por Felipe Calderón y Genaro García Luna, el objetivo ha sido favorecer la depredación del país.

Competencia, competitividad, innovación, son tres términos que han devenido mitos geniales del neoliberalismo en México. Fueron el gran pretexto para inventar organismos reguladores que no regulan, porque en nuestro país los monopolios privados abundan. Los mal vistos son los públicos. Según esa terminología, las empresas públicas no compiten, pues no crean riqueza e impiden a la iniciativa privada invertir libremente; no son competitivas, pues son ineficientes, burocráticas y corruptas, y no innovan, inhiben la innovación, porque no compiten ni son competitivas. Son un lastre para el mercado. De ser verdad, entonces ¿por qué empresas públicas con números rojos, como Telmex, fueron malbaratadas? ¿por qué Pemex fue fragmentada y algunas de sus filiales fueron vendidas sin ganancias para la empresa estatal? Preguntas similares pueden ser hechas sobre la industria eléctrica. La producción de energía eléctrica era parte de un monopolio privado, cuyos privilegios abarcaban no pagar por la infraestructura y la transmisión eléctrica.

Hoy, con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la aprobación en lo general de una iniciativa que desaparecerá a siete órganos “autónomos”, la oposición grita sus supuestas bondades, pero nada dice que fueron pillados en corruptelas y favoritismos. Pero no es solo ese el problema. Los autollamados órganos autónomos han construido sus propios castillos de privilegios, corruptelas y saqueos. Las estructuras burocráticas han sido erigidas, no para regular lo que en sus normas plantean, sino para favorecer componendas económicas y políticas, además de que, como en el INE, por ejemplo, esos organismos eran repartidos acorde con los intereses de los partidos políticos, cabilderos de empresas privadas y la oligarquía. Más de 30 mil millones de pesos han costado al erario público, mientras se han convertido en espacios para las componendas con transnacionales y negocios nacionales.

Que desaparezca el INAI, el IFT, la COFECE, el CONEVAL, entre otros órganos autónomos, no causará inestabilidad o retroceso, pues las funciones de los mismos existían previamente a su declaración de organismos constitucionales, con lo que se pretendió blindar al mercado y los negocios privados, condenando a las empresas públicas a la desaparición. La autonomía técnica prevalece, pero se les quita la protección constitucional para avalar componendas, fraudes, negocios, privilegios, corruptelas y saqueos. En Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, existen organismos que cumplen con las funciones técnicas de los supuestos órganos constitucionales mexicanos, y jamás se ha inventado la “necesidad” de protegerlos en las Constituciones de esos países y áreas económicas. Para el neoliberalismo mexicano era “necesario”, pues no se trataba de innovación, competitividad y competencia, sino de tener a la disposición de las transnacionales y las empresas mexicanas instancias que protegieran sus negocios y arreglos.

La oposición afirma que se afectan los derechos humanos, la estabilidad, a los consumidores, pero son solo parte de una narrativa de la derecha, que pretende defender instancias a las que ahora llaman “contrapesos”, cuando en la Constitución solo se les dieron funciones técnicas y regulatorias. Los siete organismos autónomos que desparecerán, jamás han sido “contrapesos”.