En 1986, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, miembro del
Partido Republicano, promovió y aprobó la llamada “amnistía”, que formalmente
es la Immigration Reform and Control Act (IRCA), ley que modificó el sistema
inmigratorio estadounidense y legalizó la estancia de al menos 2 millones de
inmigrantes mexicanos y de origen mexicano, por medio de dos programas. En
1996, Bill Clinton, presidente del país del norte, miembro del Partido
Demócrata, impuso una nueva ley migratoria, la Illigal Immigration Reform and
Immigration Responsability Act (IIRIRA), una ley que criminalizó la inmigración
indocumentada. Recordemos programas como Gatekeeper y otros que restringieron
el acceso en la frontera México-EEUU, además de redirigir la entrada de
migrantes a zonas muy peligrosas. Son incontables las víctimas –muchas no
identificadas- de este proceso.
Los ataques terroristas a Nueva York y el Pentágono, en 2001, durante el
mandato del republicano George Bush, incrementaron los controles migratorios.
El Acta Patriótica (Patrior Act) jugó un papel importante. Asimismo, durante
los tres primeros lustros del presente siglo, creció el número de migrantes
mexicanos que, en ese periodo, ante el temor de las deportaciones, permaneció
en Estados Unidos, rompiendo la circularidad migratoria, aunque le emigración
mexicana a ese país continuó, con importantes reducciones. Pero el terror de
las deportaciones se hizo realidad con Barack Obama, presidente miembro del
Partido Demócrata, quien durante sus dos mandatos presidenciales fue como el
“deportador en jefe”, porque expulsó a cerca de 4 millones de inmigrantes
indocumentados
El republicano, Donald Trump, durante su primer periodo gubernamental,
ordenó acelerar la construcción del muro fronterizo y una serie de incursiones
en lugares de trabajo que implicaron el arresto y la expulsión de inmigrantes
de diverso origen, sobre todo mexicanos. Asimismo, amenazó al gobierno de AMLO
con mayores aranceles si no regulaba los flujos migratorios del sur que se
dirigen a Estados Unidos. Después de décadas en la que la política migratoria
mexicana no cambiaba, la 4T tuvo que hacer ajustes para responder a las
coacciones del derechista Trump. El retorno del energúmeno a la presidencia del
país del norte, con notorios cambios, pues tendrá al Congreso estadounidense,
la Suprema Corte y el gobierno, a su servicio. Algunos analistas han insistido
en que las campañas electorales imponen ciertos comportamientos, pero al llegar
al gobierno, el candidato deberá ejecutar lo necesario para ponerlos en
práctica, lo que no necesariamente sucede.
Con todo, es urgente observar la composición de sus funcionarios para la
frontera y para la política exterior, la que pondrá gran atención en el sur
latinoamericano, particularmente la migración. Durante la campaña electoral,
Trump amenazó, no solo a los inmigrantes de origen mexicano y al gobierno
mexicano, sino también se mostró más dispuesto a poner en práctica sus extremas
políticas, tanto migratorias como económicas, para delinear lo que la MAGA
desea: recobrar el “sueño americano”. La narrativa Trumpista no incluye a los
inmigrantes latinos/hispanos, aunque residan legalmente o hayan nacido en
Estados Unidos; va dirigida a los blancos anglosajones, en particular a los del
medio rural y de áreas en las que la clase trabajadora enfrenta importantes
situaciones. Si bien no es real que los inmigrantes les arrebaten los empleos,
su sentimiento es que su “sueño americano” no los alcanza como les inculcaron.
La película de Trump y los inmigrantes ya la hemos visto. Las amenazas a
los inmigrantes de origen mexicano y al gobierno mexicano también. De hacerse
realidad el extremismo fascista de la nueva administración Trumpista, podríamos
asistir a cambios fundamentales en la relación bilateral, más allá de relación
comercial. En este contexto, Trump y sus fanáticos tienen la palabra.
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