sábado, 21 de diciembre de 2024

Órganos autónomos: constitucionalmente extintos

 

Finalmente fue publicado el decreto que extingue siete órganos autónomos que los neoliberales crearon para regular diferentes áreas de la vida económica y transparencia en México, pero que, al ser fijados en la Constitución, ninguna ley, gobernante, funcionario público y ciudadano, podía interpelarlos. Energía, telecomunicaciones, hidrocarburos, competencia, políticas sociales, transparencia, educación, todo estaba vedado. Solo algunos privilegiados podían entender sus reglas y disfrutar de sus fallos a favor de los monopolios de todo tipo y el ocultamiento de información sensible –como la guerra del narco Felipe Calderón-, pero también en contra de las empresas del Estado mexicano, además de tergiversar hechos sobre algún personaje político combatido por la derecha.

Los siete órganos constitucionales –COFECE, IFT, CRE, CNH, CONEVAL, MEJOREDU, INAI- que desaparecen de las páginas de la Constitución mexicana, fueron creados para repartir un pastel de privilegios y favorecer a empresas y empresarios mexicanos y extranjeros, además de tergiversar la información sobre algunos sujetos obligados –jerga de la transparencia neoliberal- y duplicar estudios y análisis sobre las políticas sociales y la educación. Siete órganos en los que los exorbitantes sueldos y las estructuras burocráticas –directores generales, directores adjuntos, directores del director y un largo y obsceno organigrama- eran la norma. Y como eran “órganos autónomos constitucionales”, nadie podía cuestionar. Durante el gobierno de AMLO, nos enteramos de los abusos de funcionarios del INAI. Ninguno está en la cárcel o devolviendo lo que se gastaron en viajes y table-dances.

Sin duda, el neoliberalismo no solo anhelaba privatizar todo el Estado, sino repartir privilegios para algunos, mientras sus políticas económicas restringían el salario mínimo de los trabajadores mexicanos. Los sueldos de todos los funcionarios de los siete organismos –más “prestaciones”- son realmente insultantes. Entre seguros médicos privados de más de 70 mil pesos, jugosos aguinaldos y primas vacacionales, viajes pagados a donde se les ocurriera, comidas y uso de recursos públicos para ir a bares y lugares donde la trata de mujeres para la lascivia del macho patriarcal son comunes, los funcionarios públicos –titulares o no- eran protegidos por la Constitución. En este sentido, la extinción de estos órganos constitucionales cambiará, no solo cómo pretendían regular los mercados, favoreciendo a las empresas nacionales y extranjeras, en contra del Estado mexicano, sino también el uso de la información y la duplicidad –privilegiada- de datos gubernamentales.

A medida que el neoliberalismo constreñía al Estado, inventaba instancias para proteger al mercado, no para regular. Por ejemplo, la CFE quedó totalmente descartada del mercado como productora de energía eléctrica, pero toda su infraestructura fue puesta a disposición de las empresas eléctricas extranjeras, las que además recibían jugosos subsidios y quebrantaban las reglas del despacho y distribución de energía eléctrica. Los supuestos “socios” –Oxxo, entre los más evidentes- que se “asociaban” a las compañías extranjeras por un dólar, burlaban la propia normativa de la COFECE y otras instancias, mientras la empresa estatal sucumbía ante un mercado “competitivo”, pero en el que jamás pudo competir.

Igualmente, PEMEX fue fraccionado, se crearon filiales de todo tipo, mientras era endeuda perversamente para quebrarla y buena parte de las coquizadoras y refinerías fueron abandonadas para que la empresa estatal sucumbiera y fuera vendida al mejor postor a precios irrisorios. Es la breve historia de los órganos constitucionales que se convirtieron en entes privilegiados, pero no regulaban. Eran instancias de cuello blanco, con funcionarios privilegiados que vivían del erario público y favorecían a las empresas privadas. Jamás a las empresas del Estado mexicano.

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