Finalmente fue publicado el decreto que extingue siete órganos autónomos
que los neoliberales crearon para regular diferentes áreas de la vida económica
y transparencia en México, pero que, al ser fijados en la Constitución, ninguna
ley, gobernante, funcionario público y ciudadano, podía interpelarlos. Energía,
telecomunicaciones, hidrocarburos, competencia, políticas sociales,
transparencia, educación, todo estaba vedado. Solo algunos privilegiados podían
entender sus reglas y disfrutar de sus fallos a favor de los monopolios de todo
tipo y el ocultamiento de información sensible –como la guerra del narco Felipe
Calderón-, pero también en contra de las empresas del Estado mexicano, además
de tergiversar hechos sobre algún personaje político combatido por la derecha.
Los siete órganos constitucionales –COFECE, IFT, CRE, CNH, CONEVAL,
MEJOREDU, INAI- que desaparecen de las páginas de la Constitución mexicana,
fueron creados para repartir un pastel de privilegios y favorecer a empresas y
empresarios mexicanos y extranjeros, además de tergiversar la información sobre
algunos sujetos obligados –jerga de la transparencia neoliberal- y duplicar
estudios y análisis sobre las políticas sociales y la educación. Siete órganos
en los que los exorbitantes sueldos y las estructuras burocráticas –directores generales,
directores adjuntos, directores del director y un largo y obsceno organigrama-
eran la norma. Y como eran “órganos autónomos constitucionales”, nadie podía
cuestionar. Durante el gobierno de AMLO, nos enteramos de los abusos de
funcionarios del INAI. Ninguno está en la cárcel o devolviendo lo que se
gastaron en viajes y table-dances.
Sin duda, el neoliberalismo no solo anhelaba privatizar todo el Estado,
sino repartir privilegios para algunos, mientras sus políticas económicas
restringían el salario mínimo de los trabajadores mexicanos. Los sueldos de todos
los funcionarios de los siete organismos –más “prestaciones”- son realmente
insultantes. Entre seguros médicos privados de más de 70 mil pesos, jugosos
aguinaldos y primas vacacionales, viajes pagados a donde se les ocurriera,
comidas y uso de recursos públicos para ir a bares y lugares donde la trata de
mujeres para la lascivia del macho patriarcal son comunes, los funcionarios
públicos –titulares o no- eran protegidos por la Constitución. En este sentido,
la extinción de estos órganos constitucionales cambiará, no solo cómo
pretendían regular los mercados, favoreciendo a las empresas nacionales y extranjeras,
en contra del Estado mexicano, sino también el uso de la información y la
duplicidad –privilegiada- de datos gubernamentales.
A medida que el neoliberalismo constreñía al Estado, inventaba
instancias para proteger al mercado, no para regular. Por ejemplo, la CFE quedó
totalmente descartada del mercado como productora de energía eléctrica, pero
toda su infraestructura fue puesta a disposición de las empresas eléctricas
extranjeras, las que además recibían jugosos subsidios y quebrantaban las
reglas del despacho y distribución de energía eléctrica. Los supuestos “socios”
–Oxxo, entre los más evidentes- que se “asociaban” a las compañías extranjeras
por un dólar, burlaban la propia normativa de la COFECE y otras instancias,
mientras la empresa estatal sucumbía ante un mercado “competitivo”, pero en el
que jamás pudo competir.
Igualmente, PEMEX fue fraccionado, se crearon filiales de todo tipo,
mientras era endeuda perversamente para quebrarla y buena parte de las coquizadoras
y refinerías fueron abandonadas para que la empresa estatal sucumbiera y fuera
vendida al mejor postor a precios irrisorios. Es la breve historia de los
órganos constitucionales que se convirtieron en entes privilegiados, pero no
regulaban. Eran instancias de cuello blanco, con funcionarios privilegiados que
vivían del erario público y favorecían a las empresas privadas. Jamás a las
empresas del Estado mexicano.
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