La reciente decisión del TEPJF, establece que los tres poderes del
Estado mexicano pueden promover la elección del 1 de junio. Esta decisión, por
mayoría de votos, echó abajo la norma del INE que, en los hechos, boicoteaba el
proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras. La decisión puso otro
alto a las intenciones de Norma Piña, la presidenta de la SCJN y sus cómplices
en el INE y otros círculos políticos, partidistas, académicos, oligárquicos y
de la llamada sociedad civil, para invisibilizar y bloquear dicho ejercicio
democrático. Como en otras ocasiones, se intentaba restringir la participación
de la ciudadanía en decisiones fundamentales para la integración del corrupto
Poder Judicial.
Al parecer, la derecha y sus representantes no terminan de entender que
la reforma del Poder Judicial es constitucional y debe seguir su curso. Pero no
solo eso. Sino que es urgente que los ciudadanos sepan de qué se trata esta
importante elección. Este escribano ha planteado que la reforma judicial es
algo enredada, además de que sus bases no son muy claras, pero es el inicio de
un cambio en el que los ciudadanos decidirán quienes formarán parte del Poder
Judicial, el cual jamás ha estado a la altura de las demandas de justicia de
los mexicanos. Más de 70 mil casos sin resolver, muchos de los cuales no han
recibido sentencia alguna, muchos en los que involucran a personas inocentes y
muchos en los que hay mexicanos que están en las cárceles por mentiras,
manipulaciones, inventos y uso del poder que les confirieron funcionarios
públicos cómplices.
En este contexto, vale la pena recordar los montajes de Carlos Loret de
Mola, quien transmitió en vivo, en Televisa, cómo torturaban a un presunto
secuestrador, quien lleva más de una década en la cárcel, sin sentencia. Y acorde
con algunas investigaciones periodísticas es inocente. Incluso, la banda de
secuestradores de la que dicen era parte, nunca existió, fue un invento del
narco Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Tampoco hay que olvidar
el dolor que la supuestamente fallecida Isabel Miranda de Wallace infringió a
varios ciudadanos y ciudadanas mexicanas que jamás participaron en el secuestro
y muerte de su hijo, según el periodista Ricardo Raphael, quien ha documentado
con pruebas contundentes las mentiras de esa mujer a quien el narcopresidente
Felipe Calderón le dio poderes extraconstitucionales, avalado por el corrupto
Poder Judicial.
Los anteriores son casos emblemáticos, los que han recibido atención mediática
por sus implicaciones, pero hay miles de personas que están en la cárcel no por
cometer algún delito probado, sino por la complicidad del Poder Judicial. Tampoco
olvidemos a los cientos de delincuentes –cuello blanco, narcos y demás- que han
sido liberados por jueces, magistrados y ministros. Por ello, la sentencia del
TEPJF, es fundamental. Los poderes de la República pueden promocionar la
elección judicial acorde con ciertas circunstancias. A nivel estatal, también
se ordenaron ciertas normas. Si el INE pretendió ocultar, siguiendo las
directrices de sus amos de la derecha, se les cayó el intento, porque se
resolvieron diversas controversias, las que cuestionaban la cerrazón del INE
para promocionar la elección del 1 de junio de 2025.
Sin duda, los ciudadanos y ciudadanas harán la diferencia en la elección
de las personas juzgadoras. Aunque se requiere la participación masiva de los
mexicanos, si solo vota el 1% o menos del padrón electoral, la elección será
válida y constitucional. El problema es que un margen muy pequeño de votantes,
abriría la posibilidad de la derecha de cuestionar legalmente y usar al Poder
Judicial para poner más piedras en el camino de la elección del 1 de junio. El TEPJF
sentenció que, salvo inclinarse por algún candidato en particular, los tres
poderes de la Unión pueden promover el voto. Es importante que los mexicanos
voten. Es una elección histórica para renovar al corrupto Poder Judicial. El pueblo
tiene el voto.
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