La derecha en picada

 

La reciente decisión del TEPJF, establece que los tres poderes del Estado mexicano pueden promover la elección del 1 de junio. Esta decisión, por mayoría de votos, echó abajo la norma del INE que, en los hechos, boicoteaba el proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras. La decisión puso otro alto a las intenciones de Norma Piña, la presidenta de la SCJN y sus cómplices en el INE y otros círculos políticos, partidistas, académicos, oligárquicos y de la llamada sociedad civil, para invisibilizar y bloquear dicho ejercicio democrático. Como en otras ocasiones, se intentaba restringir la participación de la ciudadanía en decisiones fundamentales para la integración del corrupto Poder Judicial.

Al parecer, la derecha y sus representantes no terminan de entender que la reforma del Poder Judicial es constitucional y debe seguir su curso. Pero no solo eso. Sino que es urgente que los ciudadanos sepan de qué se trata esta importante elección. Este escribano ha planteado que la reforma judicial es algo enredada, además de que sus bases no son muy claras, pero es el inicio de un cambio en el que los ciudadanos decidirán quienes formarán parte del Poder Judicial, el cual jamás ha estado a la altura de las demandas de justicia de los mexicanos. Más de 70 mil casos sin resolver, muchos de los cuales no han recibido sentencia alguna, muchos en los que involucran a personas inocentes y muchos en los que hay mexicanos que están en las cárceles por mentiras, manipulaciones, inventos y uso del poder que les confirieron funcionarios públicos cómplices.

En este contexto, vale la pena recordar los montajes de Carlos Loret de Mola, quien transmitió en vivo, en Televisa, cómo torturaban a un presunto secuestrador, quien lleva más de una década en la cárcel, sin sentencia. Y acorde con algunas investigaciones periodísticas es inocente. Incluso, la banda de secuestradores de la que dicen era parte, nunca existió, fue un invento del narco Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Tampoco hay que olvidar el dolor que la supuestamente fallecida Isabel Miranda de Wallace infringió a varios ciudadanos y ciudadanas mexicanas que jamás participaron en el secuestro y muerte de su hijo, según el periodista Ricardo Raphael, quien ha documentado con pruebas contundentes las mentiras de esa mujer a quien el narcopresidente Felipe Calderón le dio poderes extraconstitucionales, avalado por el corrupto Poder Judicial.

Los anteriores son casos emblemáticos, los que han recibido atención mediática por sus implicaciones, pero hay miles de personas que están en la cárcel no por cometer algún delito probado, sino por la complicidad del Poder Judicial. Tampoco olvidemos a los cientos de delincuentes –cuello blanco, narcos y demás- que han sido liberados por jueces, magistrados y ministros. Por ello, la sentencia del TEPJF, es fundamental. Los poderes de la República pueden promocionar la elección judicial acorde con ciertas circunstancias. A nivel estatal, también se ordenaron ciertas normas. Si el INE pretendió ocultar, siguiendo las directrices de sus amos de la derecha, se les cayó el intento, porque se resolvieron diversas controversias, las que cuestionaban la cerrazón del INE para promocionar la elección del 1 de junio de 2025.

Sin duda, los ciudadanos y ciudadanas harán la diferencia en la elección de las personas juzgadoras. Aunque se requiere la participación masiva de los mexicanos, si solo vota el 1% o menos del padrón electoral, la elección será válida y constitucional. El problema es que un margen muy pequeño de votantes, abriría la posibilidad de la derecha de cuestionar legalmente y usar al Poder Judicial para poner más piedras en el camino de la elección del 1 de junio. El TEPJF sentenció que, salvo inclinarse por algún candidato en particular, los tres poderes de la Unión pueden promover el voto. Es importante que los mexicanos voten. Es una elección histórica para renovar al corrupto Poder Judicial. El pueblo tiene el voto.

Retórica, amenaza y freno migratorio

 

Pocos minutos después de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump anunció lo que previamente ya había declarado. Acorde con sus amenazas, manoteos y golpes mediáticos, parece muy probable que la migración sea frenada por al menos cuatro años. Igualmente, será importante considerar el impacto que marcarán sus Órdenes ejecutivas en el sistema migratorio estadounidense. Es decir, no se tratará solo de medidas antiinmigrantes, sino un cambio en la legislación y el aparato que sostiene la inmigración en ese país –refugio, estatus especiales, acogida, movilidad laboral, visas de todo tipo, etc. El Wall Street Journal, reportó que apenas asumiera el poder, decretaría la emergencia fronteriza, declararía a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y anularía la Enmienda 14 que da a los nacidos en Estados Unidos, la ciudadanía.

Sin embargo, las Órdenes ejecutivas tienen sus límites, además de que no puede anular la Constitución estadounidense. Al parecer Norma Piña y sus corruptos ministros le sirvieron de inspiración. No olvidemos la batalla que han tenido que librar el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, contra las perversas intenciones de la derecha, todavía adueñada de la SCJN y el Poder Judicial en México. Por supuesto, es importante analizar el impacto de esas Órdenes ejecutivas en la política inmigratoria y sus alcances continentales, pues, aunque la inmigración es un tema exclusivo de Estados Unidos, un asunto estrictamente doméstico, al declararlo cuestión de seguridad, extienden sus alcances fuera de su territorio.

Asimismo, el freno a la migración tendrá implicaciones a nivel latinoamericano y en otros países. En el caso de México, mientras las mafias de la migración sigan alentando caravanas, el arribo de más inmigrantes a nuestro territorio se convertirá en uno de los grandes retos. Las deportaciones a México y Guatemala están en marcha, no con la masividad prometida, pero tanto en la frontera como vía aérea, el gobierno mexicano ha recibido a los mexicanos expulsados. Desde un principio, los expertos afirmaron que las expulsiones podrían referirse a algunas categorías: personas que están en el sistema por delitos menores; encarceladas por crímenes mayores, y quienes no obedecieron una orden de deportación establecida. Asimismo, con la cancelación de la CBP-One, que bajo el gobierno de Biden permitía solicitar cita, sobre todo a migrantes no mexicanos, para revisar su caso de asilo, cientos, si no es que miles, se quedaron varados en la frontera.

En este contexto declarativo, amenazante y retórico, vale la pena comenzar el análisis de lo que parece la acentuada derechización de una parte importante de la población latina o hispana. Sin prejuicios, es necesario revisar cómo entre las diversas generaciones de inmigrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, etc., creció el huevo de la serpiente. Sin duda, muchos hispanos o latinos buscan proteger lo que han construido social y económicamente desde su arribo a Estados Unidos. También, es importante considerar los orígenes locales de muchos inmigrantes a nivel latinoamericano. En el caso de México, los orígenes rurales de la emigración pueden dar pistas sobre el conservadurismo prevaleciente en las diferentes olas migratorias mexicanas al país del norte.

No se trata de criticar o denostar a la comunidad latina o hispana, sino analizar con las herramientas y conceptos de las ciencias sociales y humanidades, la respuesta migrante a la derechización de la política estadounidense. Un proceso en el que el fascismo, el clasismo, el racismo, la discriminación y el desprecio por los propios padres y madres de los inmigrantes y de sus paisanos, prevalece. Lo que está siendo usado por la oligarquía de Estados Unidos que ya se instaló en la Casa Blanca. El gobierno de los súper ricos y su retórica neofascista, toca de manera particular el llamado sueño americano, el que parece ser exclusivo para los blancos anglosajones.