Coahuayana

 

Hace poco más de un año, fue ejecutado un apreciable amigo, abogado, defensor de los derechos humanos, cuando hacia sus cotidianos ejercicios en un parque deportivo cercano a su casa. Como abogado, atendía casos en los que se involucraban litigios por tierras y otros asuntos. Según algunos indicios, porque el caso no ha sido resuelto, nadie ha sido identificado y detenido, lo habían amenazado por defender a un cliente con líos de tierras en los que, al parecer, la delincuencia organizada tenía algún interés. Comento esta situación, en parte como un recuerdo doloroso por la pérdida de una persona cercana. Cuando sucedió el hecho, en medio de la tristeza me preguntaba porque gente buena era asesinada de este modo. En Coahuayana, el coche bomba que acabó con la vida de cinco personas, cuyo impacto explosivo se expandió a unos 300 metros, parece estar relacionado con una disputa más entre grupos delincuenciales.

Sin embargo, el ataque en el municipio de Coahuayana, con frontera al mar pacífico, tierras ricas en minerales y hermosas playas, envidiadas por políticos, caciques y empresarios ligados con la delincuencia organizada, es otra expresión de la violencia delincuencial en Michoacán. No fue un atentado terrorista, porque los grupos involucrados no tienen objetivos específicamente políticos, pero su impacto, en el contexto del encuentro de la presidenta de México con miles de ciudadanos que la apoyan y respaldan a la 4T, fue más allá del bombazo. El caso de mi amigo cimbró a muchos. El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan también, si bien la esposa, quien ocupa ilegalmente la presidencia municipal de ese municipio, ha decidido usar su muerte como bandera política. El bombazo en Coahuayana, ilustra también una situación la descomposición social en la que la delincuencia organizado juega un papel central.

Ahora bien, el bombazo en Coahuayana exhibe la falta de pericia del actual gobernador, además de que una de sus parientes ha sido señalada por vínculos con la delincuencia organizada, y la sociedad y política que Morena heredó del PRIAN. No olvidemos que la hermana del expresidente espurio Felipe Calderón, cuando quiso ser gobernadora por el PAN, pactó con el crimen organizado. Hay videos que han recorrido las redes sociales, probando esos encuentros. Asimismo, varios exgobernadores del PRI han sido señalados por similares vínculos. Por ejemplo, el exgobernador interino del PRI, Jesús Reyna García (22 de abril al 23 de octubre de 2013), fue encarcelado por sus encuentros con la delincuencia organizada grabados en videos, aunque la PGR de Enrique Peña Nieto lo exoneró en 2018. En Michoacán han proliferado carteles y células de carteles mayores de delincuentes, varios vinculados a políticos y empresarios. Es el caso de Uruapan, zona en la que se entretejen alianzas político-empresariales-delincuenciales.

En Coahuayana se tejen diversas complicidades. Efectivamente, el autobomba en el que murieron dos personas que iban en ese auto, el conductor y un acompañante –aun sin aclarar si se autoinmolaron- fue una atroz apuesta para golpear a las guardias comunitarias. Según indicios, una persona de ese grupo de guardianes de la comunidad podría estar involucrado. La corrupción y complicidad no son privativas de los gobiernos. También a nivel local se tejen corruptelas, sobre todo si la recompensa delincuencial es jugosa. En Michoacán, el crimen organizado ha actuado de manera frontal. Amenaza a las autoridades, las copta, y convierte en un infierno los gobiernos locales si los funcionarios, de cualquier nivel, no acceden a sus presiones y amenazas. No hay disculpa al respecto, pero, como en los tiempos del porfiriato y la revolución, los cañonazos –literales y en efectivo-, definen muchos vínculos con la delincuencia organizada. Como señalé en otro escrito, a pesar de estas situaciones, Michoacán no es un narco estado, pero las dudas siguen.

A nivel local, las redes entre delincuentes y funcionarios públicos prevalecen. Para el gobierno federal debería ser un foco de atención estas veleidosas relaciones.